(Publicado en la Carta Semanal 693 – ver en catalán) 

El nuevo gobierno de Pedro Sánchez, cuando fue constituido a primeros de junio, anunció que estaba obligado a respetar el presupuesto para 2018 de Rajoy formalmente aún no aprobado y negociado con Ciudadanos y el PNV a cambio de algunas medidas parciales favorables a los pensionistas, con la contrapartida de nuevos “dineros” para la CAV y de romper el sistema de pensiones de reparto introduciendo impuestos finalistas.

Pero Sánchez justificó la medida asegurando que el nuevo presupuesto para 2019 conocería un cambio sustancial con el aumento importante de los presupuestos sociales. Sin embargo, a finales de julio la mayoría aplastante de los diputados –de hecho todos excepto el grupo del PSOE y el del PNV– rechazaron el “techo de gasto” que cumplía la Ley de Estabilidad Presupuestaria de Montoro –ministro de Rajoy– aplicando las directivas europeas, o sea las exigencias del capital financiero de reducir el déficit.

En la nueva negociación abierta estos días el Gobierno anuncia que ha conseguido ampliar el objetivo de déficit del 1,3 por ciento del PIB (que era el compromiso con Bruselas) al 1,8 por ciento. Lo cual, segun el gobierno, da un margen suficiente.

Sin embargo antes de abordar consecuentemente esta cuestión es preciso, a nuestro entender, analizar algunas de las consecuencias de los planes de austeridad que al servicio del capital financiero y en nombre del rescate de los bancos se han dejado sentir EN TODOS los países europeos y más allá.

Algunas lecciones del desastre de Génova del 14 de agosto

La emoción e indignación del pueblo italiano ante un desastre anunciado es compartido por todos los trabajadores y los pueblos de Europa: 43 muertos, cientos de heridos, una ciudad centro industrial y cultural de Italia en estado de excepción, con barrios enteros abandonados, 50000 trabajadores amenazados de despido, son algunas de las consecuencias.

Pero esta tragedia TIENE responsables. De entrada los diferentes gobiernos de izquierda y derecha que desde el 82 se han lanzado a la fiebre privatizadora. Y la Unión Europea, en la que dirigentes italianos como Prodi y Draghi han tenido o tienen aún un papel central, emitiendo directivas de liberalización de la economía y privatización.

Son responsables las grandes multinacionales que consiguieron que las administraciones dejasen en sus manos las infraestructuras (desde el diseño hasta el control de seguridad), en este caso el control de las autopistas, puentes y viaductos. Privatización que no ahorra dinero al Estado: Italia es tal vez el país que más dinero paga a las concesionarias privadas. La sociedad Atlantia (propiedad de la familia Benetton) gestiona el 52 por ciento de los 2.300 kilómetros de pago de las autopistas italianas, entre ellas la A10, en la que está el viaducto Morandi por el cual atraviesa la ciudad el tránsito que viene de Francia, España y parte del norte de Europa, con un aumento espectacular del tráfico de camiones impulsado por la desreglamentación del flete ferroviario y aéreo. Y los gobiernos ni siquiera han controlado que la empresa privada revisase la seguridad (tenía que renovar el puente hace 25 años).

Recordemos que Atlantia acaba de hacerse con el control de Abertis en una operación conjunta con ACS, con lo que controlará en gran parte la red de peaje de España que tiene 2.530 kilómetros. Los gobiernos españoles han autorizado esa fusión, dejando las autopistas en manos de los especuladores que han causado el desastre de Génova y del mafioso Florentino Pérez, que ha timado al Estado en particular con el proyecto Castor. Todavía el Gobierno tendrá que autorizar que las controle la nueva compañía. ¿Va a poner obstáculos?

Atlantia ha obtenido 43.000 millones en 10 años y unos beneficios netos legalmente “declarados” de unos 5.000. El contrato “secreto” de concesión con el gobierno italiano hace que jurídicamente si el nuevo gobierno italiano (acusado de fascista por la prensa biempensante) recupera la concesión, segun declaran sus ministros, debería indemnizar a Atlantia unos 20.000 millones (regalo envenenado de los anteriores gobiernos de “izquierdas y derechas”)

Y sin embargo NO es una cuestión italiana.

El 16 de agosto la prensa internacional publicaba un documento de la OCDE difundido por la BBC sobre el estado de las inversiones públicas en infraestructuras a escala internacional.

En diez años, o sea desde el “inicio” de la actual crisis y la puesta en practica de los planes de austeridad, el descenso de las inversiones en autopistas y carreteras ha sido espectacular:
Italia de 13.660 millones de euros en el 2017 a 5.150 en 2015.

Francia de 14.000 millones a 10.000 y España de 8.000 a 4.000.

El estudio no se limita a Europa, por ejemplo en los Estados Unidos los dos tercios de las infraestructuras están deterioradas y sin mantenimiento.

La naturaleza destructiva del capitalismo en crisis es una realidad palpable.

Y para no cansar con más cifras, una ultima al respecto. El primer plan de austeridad de ZP en mayo del 2010, que significo un ataque directo al salario y las pensiones, significó algo quizás menos aireado: el ministerio de Fomento fue el más afectado perdiendo 6.045 millones en inversiones (la mitad) a lo que se deben sumar los recortes de las CCAA en infraestructuras, que se calculan en 11.200 millones menos. La unica diferencia con Italia es que la red de autovías, autopistas y vías y AVE es más reciente.

A vueltas sobre el presupuesto

Esta amplia consideración a partir del desastre de Génova viene a cuenta para comprender la importancia vital que tiene la discusión sobre el presupuesto.

Este jueves 23 la prensa a anunciado del acuerdo entre el Gobierno y Podemos para retirar al Senado la potestad de tumbar el techo de gasto. Recordemos que esta medida absolutamente antidemocrática fue introducida por Montoro en el marco de la ley de Estabilidad Presupuestaria. El PP es mayoría en el Senado, tiene el 60 por ciento de los diputados con el 30 por ciento de los votos (esto forma parte del entramado antidemocrático de las instituciones elegidas que permite que una minoría –por el sistema de elección- de controlar una institución clave). Esta decisión que devuelve al Congreso la capacidad de decidir puede permitir restablecer el debate sobre la senda del Presupuesto.

Pero no resuelve el problema.

Por el momento el Gobierno plantea que no puede derogar la ley de Estabilidad Presupuestaria que se deriva del articulo 135 de la Constitución (modificado en agosto del 2011 con alevosía y celeridad, en los estertores del gobierno Zapatero en acuerdo con Rajoy) porque el Gobierno entiende que esto seria romper con Bruselas y su politica de reducción del déficit. Podemos planteaba “renegociar con Bruselas” y derogar esta ley. Al parecer lo van a resolver enmendando algunos puntos de la Ley en un proceso que durará meses.

La reacción franquista ha sido muy rápida. PP y Ciudadanos se presentan como los adalides de Bruselas y el capital financiero. Cuando estaban en el Gobierno iban hinchando la deuda y falseando las cifras de déficit.

Con las enmiendas que se proponen introducir en la ley de Estabilidad Presupuestaria, con el tope del 1,8 de déficit para este año, el Gobierno plantea que hay margen para mejorar las pensiones, alguna mejora en la administración, etc.

Habrá que esperar a las cifras. Alguna mejora van a introducir. Pero la política del gobierno seguirá marcada por mantener los recortes e incluso agravarlos según los casos, con la presión del tope comprometido con Bruselas y sobre todo bajo la presión de la deuda del Estado descomunal dejada por siete años y medio de gobierno Rajoy, cuyo pago es prioritario según el art. 135. Con el margen que acuerden…

• ¿habrá libre negociación en las administraciones y los servicios? (Que presiona a la negociación en el sector privado).
• ¿van a recuperar los salarios públicos el dinero perdido desde hace años?
• ¿van a actualizar las pensiones, recuperando lo perdido, siendo el estado garante del equilibrio del sistema y no por medio de préstamos?
• ¿van a poner en marcha un plan de choque para sacar de la situación crítica a la sanidad, la educación, los ayuntamientos, las infraestructuras?

A la espera de las cifras, todo indica que con el marco presupuestario que el Gobierno va a tratar de sacar del Congreso no parece que vaya a crear empleo masivamente ni que salgamos de la continuidad en el ajuste y los recortes.

Los trabajadores esperan que el Gobierno tome medidas elementales para la mayoría social cerrando la política de austeridad que como demuestra Grecia, NO ERA UNA NECESIDAD SINO UN CASTIGO al pueblo griego que osó movilizarse contra la Troika, y votar contra ella en el referéndum de julio de 2015, cuyo resultado fue traicionado por Syriza y Tsipras.

Los hechos demuestran que NO SE TRATA de falta de medios. El 21de agosto la prensa internacional informaba que durante el segundo trimestre del 2018 las grandes empresas del mundo entero, incluidas las españolas, habían distribuido entre sus accionistas casi medio billón de euros (o sea más del 12,9 por ciento que en el primer trimestre). Asistimos en realidad a una transferencia masiva de rentas al capital en detrimento de los salarios y las inversiones sociales y públicas. No se trata de falta de medios sino de falta de VOLUNTAD política.

El movimiento obrero y sus organizaciones no son neutrales ante este debate. Es crucial para las condiciones materiales y sociales el próximo periodo.

Si el Gobierno quiere hacerse una base social SOLO tiene un camino, cambiar la orientación económica. En cambio, aceptar las exigencias del entramado institucional del régimen monárquico y del capital financiero solo le llevaría a enajenarse a la mayoría obrera y los pueblos. Es lo que esta en juego en la orientación que se acuerde en el Congreso en las próximas semanas.