(Publicado en la Carta Semanal 762 – ver en catalán)

La Constitución del 78 otorga al rey poderes amplios, que le constituyen como la clave de bóveda del régimen. Es heredero de la dinastía borbónica y, a la vez, heredero del dictador Franco, que designó a su padre, Juan Carlos I, tras educarle en los “principios fundamentales” del Movimiento, a los que juró fidelidad, como su heredero como Jefe de Estado. No debe olvidarse que fue coronado apenas dos días después de la declaración del fallecimiento del dictador. Y en 2014 abdicó en favor del actual rey, Felipe VI. Como heredero de Franco, es el jefe y custodio de todo el aparato de Estado heredado del franquismo y, como tal, es el único con mando real sobre el aparato militar, judicial y policial concreción de ese aparato de Estado heredado del franquismo. Como se demostró en el golpe de estado del 23 de febrero de 1981, cuando todos los altos mandos militares, tanto insurrectos como pasivos, sólo obedecieron las órdenes que finalmente, tras muchas dudas, dictó su padre Juan Carlos, tras haber pasado por encima del gobierno y del ministro de defensa, el teniente general Gutiérrez Mellado.

Por tanto, y a pesar de las múltiples operaciones de ocultación y maquillaje que rodean a la figura del rey, es un hecho objetivo que tiene competencias en la formación del gobierno. Y, sin embargo, desde diciembre de 2018… seguimos con un “gobierno en funciones”, como también ocurrió entre octubre de 2015 y octubre de 2016. Y esto expresa un doble fenómeno: La crisis de todos los partidos, expresión de la crisis del régimen, y el creciente cuestionamiento, más o menos explícito según los casos, de la Monarquía y del “régimen del 78”. A pesar de que le han salido “nuevos defensores” -como veremos- como la dirección de Podemos.

¿Lejos del discurso guerrero del 3 de octubre de 2017?

Dos días después del referéndum catalán del 1 de octubre, cuando todo el mundo estaba conmocionado por las escenas de violentas cargas policiales contra ciudadanos que sólo querían votar pacíficamente, Felipe VI pronunció un discurso ante las cadenas de televisión en el que, en nombre de todas las instituciones del régimen y del capital, no sólo aplaudió  a los miles de policías que acudieron a Cataluña desde todo el Estado, sino que convocó a todas las fuerzas a actuar con la máxima contundencia contra el pueblo catalán. Conocemos el resultado… No hay que olvidar que el rey acudió recientemente a Barcelona a reivindicar la sentencia del Supremo, la represión de las policías y toda la ofensiva antidemocrática, y fue recibido por la mayor manifestación antimonárquica que se recuerde.

Pero por más que la ofensiva haya sido intensa, ha chocado con la resistencia de las masas y las contradicciones en las instituciones. Así, nueve republicanos catalanes sufren la cárcel, condenados por tribunales que atacan derechos y libertades de todos los pueblos, de los trabajadores (ahí está la reciente sentencia que avala el despido por estar enfermo) y de la juventud. Y es cierto también que la represión continúa y que hay más encausados.

Pero el juicio en su conjunto fue una farsa (a este respecto, recomendamos leer el folleto editado por Información Obrera sobre “El mayor juicio de la Monarquía”), como lo son todos los juicios franquistas, y esto a corto o largo plazo se paga. Esta vez ha sido a corto.

La sentencia del Tribunal Europeo simplemente recuerda que el Tribunal Supremo español ni siquiera respetó sus propias leyes. O sea, que podría ser sujeto de prevaricación. En un país verdaderamente parlamentario la sentencia sería, más que probablemente, anulada.

Sin embargo, el gran jefe del sistema judicial español es el rey, en cuyo nombre se ejerce la “justicia” y se dictan las sentencias. Felipe VI preside cada año con pompa y boato el inicio del año judicial.

La alegalidad de la sentencia toca al rey directamente. Por ello, tiene prisa en que se forme gobierno y que éste cargue con el problema. Pero la cuestión es que necesitan del apoyo de ERC (aunque sea bajo forma de abstención) … y ésta está obligada a pedir algo a cambio.

A esta complicada situación se añaden los rumores persistentes de que las informaciones sobre la fortuna de Juan Carlos I, conseguida con toda una serie de “pelotazos”, saldrán de nuevo a la luz, afectando claro está a su heredero…

No en vano Felipe VI ha citado en su discurso como una de sus preocupaciones, “el deterioro de la confianza de muchos ciudadanos en las instituciones” (entre ellas, la que él encarna: a pesar de que el discurso, a pesar de que es transmitido por 25 cadenas de televisión, ha perdido más de medio millón de espectadores con respeto al año anterior.

Las reacciones al discurso

Como es acostumbrado, las principales fuerzas del régimen han respondido al discurso con la más absoluta adulación. Pero este año ha habido una diferencia con los anteriores: el silencio de la mayoría de dirigentes de Izquierda Unida y de Podemos.

En años anteriores, Pablo Iglesias había criticado los discursos del rey. El año pasado dijo que “la monarquía “pertenece a otro siglo” y que era “una institución que difícilmente puede responder a los anhelos democráticos e igualitarios de la sociedad española”. Por parte de Podemos, sólo ha hablado Íñigo Echenique, que acaba de incluir la bandera monárquica en su identificación en redes sociales, y que ha dicho que los “retos” que el borbón ha marcado en su discurso coinciden con los que se ha fijado Podemos en las negociaciones con el PSOE para formar gobierno y que “frente al Felipe VI de 2017, que ataba su destino a la derecha con una visión estrecha y autoritaria”, el rey ha demostrado “un mejor olfato político ante la nueva época que se abre”. Ni Pablo Iglesias ni Irene Montero han dicho nada. Pero más llamativo es el caso del dirigente de Izquierda Unida, Alberto Garzón, que tampoco ha abierto la boca (en su página web tampoco había ninguna valoración del discurso). Algún medio ironiza con la moderación que les ha dado su condición de “ministrables”. Pero a muchos les preocupa la sumisión ante los poderes del régimen que demuestran estas actitudes.

Sólo los republicanos catalanes y, en menor medida, los nacionalistas vascos, se han mostrado críticos.  Especialmente con la mención del borbón a que Cataluña es “un problema”. Torra le ha respondido que el problema “es España, un Estado en Europa que vulnera los derechos humanos”. El presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, le ha respondido lo que podrían suscribir muchísimos ciudadanos de todo el estado español: que la Monarquía es incapaz de dar una respuesta a la altura de las circunstancias, es decir, “lo que piden el conjunto de catalanes y las catalanas, que es más democracia”.

En este cierre generalizado de ojos y oídos ante el discurso, llama la atención que nadie haya hablado del silencio “real” ante la violencia machista. Como mucho, ha señalado “la desigualdad laboral entre hombres y mujeres” como parte de los “cambios profundos y acelerados que provocan en la sociedad preocupación e inquietud”. La mayoría de empresarios que se benefician de esa discriminación sabrá dar su justo valor a esas palabras que vienen de quien encarna a una institución tan machista como la dictadura de la que procede.

También le preocupan al borbón -como a Vox- “los movimientos migratorios”, pero no los derechos de las personas emigrantes o la destrucción de sus países que les obliga a huir de ellos. Lo que no le importa es la situación de los cientos de miles de ciudadanos de su “reino” cuyos cadáveres siguen en cunetas y fosas comunes. Ni tampoco los políticos corruptos que se cobijan en su régimen. Ni una sola vez ha pronunciado la palabra “corrupción”.

¿Cuál es el interés de los trabajadores y los pueblos?

El que un régimen corrupto, defensor de los privilegios franquistas y de los intereses del capital financiero, enemigo de los pueblos y de todo derecho social se tambalee, debe ser, para la clase trabajadora y los defensores de los derechos de los pueblos, una buena noticia. No olvidemos que la pesada lacra de este régimen ha hecho que los pueblos de España figuren entre quienes padecen el mayor paro y precariedad, menos gasto en salud, educación y servicios sociales, de toda Europa occidental. Tampoco será la juventud trabajadora, cuyo poder adquisitivo sigue siendo mucho más bajo que antes de la crisis, quien se preocupe por las dificultades que vive el régimen (según el Consejo de la Juventud, para que un joven pueda alquilar un piso debería dedicar en promedio el 94% de su salario).

Hoy, más que nunca, la exigencia de libertades, y en particular la libertad de los presos republicanos catalanes y los demás, se aúnan con la exigencia de derechos sociales elementales. Parece casi una burla, que en este momento se esté negando, en nombre de la “legalidad del régimen”, y sin que ninguno de los partidos que han anunciado su apoyo a la creación de un “gobierno de progreso” lo cuestione, el reajuste de las pensiones al IPC, la subida de salario de los empleados públicos… (mientras aprueba la compra de blindados por 2.100 millones pese a estar en funciones). Ninguna reivindicación o derecho puede subordinarse a pactos de palacio. Gobierne quien gobierne, reivindicaciones, derechos y libertades se defienden.

No, el discurso de este año no está lejos de los anteriores, salvo en cuestiones de forma, a las que parece que se agarran con agrado quienes dicen representar los intereses de la mayoría. El discurso del rey, como su propia existencia, es una declaración de guerra contra la democracia. Para los trabajadores y trabajadoras, para la juventud, para las mujeres, para los pueblos a quienes el régimen niega su libertad, combatir por acabar con la Monarquía es, y seguirá siendo, una necesidad vital.