(Publicado en la Carta Semanal 555)

Mientras el conjunto de candidaturas hace campaña con sus diversas propuestas de salvar al régimen, aunque haya que hacer “pequeños cambios” más cosméticos que otra cosa (ver Carta Semanal anterior), el capital financiero y sus instituciones, ajenos a la farsa electoral, ya tienen escrito el programa que van a exigir al nuevo gobierno, sea cual sea su composición.

Así lo han explicado los “gurús económicos”, pero también lo han dicho sin recato en los últimos meses y días las principales instituciones del capital financiero, en especial el FMI, la OCDE, la Unión Europea.

Como han gritado miles de manifestantes en tantas movilizaciones obreras y populares, “no hay democracia si gobiernan los mercados”, lo que supone que para que haya democracia es preciso que haya candidaturas y gobiernos que se rebelen contra la dictadura del capital financiero (“los mercados”). Sólo caben dos posibilidades: insumisión o acatamiento frente a las exigencias del capital financiero.

9.000 millones más de ajuste inmediato

El pasado mes de octubre, cuando el gobierno Rajoy presentó su proyecto de Presupuestos Generales del Estado, el Comisario Europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, salió a la palestra declarando que el gobierno español no iba a cumplir el déficit marcado por la Comisión Europea y que había que cambiar ese proyecto. Pero el presidente de la Comisión Europea intervino para venir a decir que había que dejar a Rajoy pasar las elecciones en paz, y que luego el gobierno que saliera de las elecciones llevara a cabo los recortes, que Bruselas cifra en 9.000 millones. Según la Comisión Europea, las previsiones de crecimiento del PIB y de reducción del déficit del gobierno “no son realistas”, por lo que la UE plantea que la solución para cumplir con los objetivos marcados para los próximos años será que el próximo gobierno siga recortando salarios y derechos de los trabajadores a la vez que pida un año adicional para cumplir con los “deberes” que exige la UE. Cumplir con los objetivos de reducción del déficit público no significa, para la UE, otra cosa que recortar en derechos sociales y salariales de los trabajadores. Estos representantes de los grandes capitalistas no van a “recetar” planes de ajustes para los culpables de la crisis, ellos mismos.

Bruselas apoya las “reformas” de Rajoy…

Ya en plena campaña electoral, El País hacía público un Informe de Vigilancia post Programa de España, elaborado por la Comisión Europea, y que en 44 páginas examina la situación de España tras el rescate financiero, y hace –¡cómo no!– una serie de “recomendaciones”. El informe de la Comisión hace, como se podía esperar, una valoración básicamente positiva de las reformas de Rajoy (que, en su conjunto, han sido dictadas por la propia Comisión), pero también pone sobre al mesa nuevas exigencias al Gobierno que salga de las elecciones del 20 de diciembre.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, se ha apresurado a decir que lo que hace Bruselas es “marcar una senda de actuación a futuro desde el punto de vista de las actuaciones, desde el punto de vista de la política”, aunque añadió que “lógicamente hay retos, siempre hay”. Guindos continuó diciendo que “el informe es claramente positivo, indica las fortalezas de la economía española y el crecimiento de la economía española. Indica, además, que se han hecho reformas en muchos ámbitos importantes en comparación o durante el periodo de tiempo entre el informe actual y el anterior. Y respecto al sector financiero español dice que está en una situación de solvencia”.

Finalmente Guindos se apoyó en el Informe para advertir que “las reformas han funcionado y que cualquier reversión de estas reformas llevaría a una marcha atrás en la recuperación de la economía española, porque todavía no hemos salido de la crisis”.

… y añade nuevas exigencias

Entre las “recomendaciones” (es decir, exigencias), que hace, Bruselas reclama más ajustes en el presupuesto de 2016, para cumplir con el objetivo de déficit, profundizar en la reforma laboral y acelerar la privatización de Bankia y BMN, las dos entidades participadas mayoritariamente por el Estado a través del FROB.

Bruselas reclama al futuro gobierno “una vuelta de tuerca” a la reforma laboral, invocando, “reducir la segmentación” entre contratos fijos y temporales, que “arriesga las ganancias de productividad y afecta negativamente a las condiciones de trabajo”. La misma justificación de todas las reformas anteriores, la idea de “reducir la dualidad” entre empleos fijos y temporales. Es decir, reducir aún más los derechos de los trabajadores fijos para equipararlos a los (míseros) derechos que tienen los temporales. En particular, Bruselas pide nuevos recortes al derecho a la negociación colectiva. Aplaude la moderación salarial, pero critica la lentitud en la “descentralización” de los convenios y pide más medidas para favorecer los convenios de empresa por encima de los sectoriales.

Bruselas insiste también en la necesidad de ajustes para reducir la deuda. “Nadie imaginó nunca que la Unión Monetaria estaría dividida entre acreedores permanentes y deudores eternos”, dijo el jefe del BCE, Mario Draghi, tras la tormenta que se llevó a España por delante a mediados de 2012, recién llegado al Gobierno Mariano Rajoy. El problema es que para hacer la reducción de deuda que ha venido reclamando la Unión Europea, haría falta un Plan de Ajuste de ¡700.000 millones de euros!, algo que despertaría tales resistencias que sería inconcebible sin una derrota aplastante de la clase trabajadora.

La otra “pata” del informe es sobre la banca, donde Bruselas insiste en la necesidad de nuevas medidas de “reestructuración”. El informe advierte de que “las turbulencias, especialmente en América Latina, podrían dañar la rentabilidad de los grandes bancos (Santander y BBVA), significativamente expuestos”. Señala “las presiones para eliminar las cláusulas suelo de las hipotecas”, y advierte de la situación de la Sareb, el “banco malo” que se tragó los activos tóxicos de bancos y cajas, que sigue en pérdidas y su futuro arroja serias dudas.

Un chantaje sin respuestas

Aparte de los shows televisivos, vivimos bajo el engaño de una campaña todo sonrisas. Todos parecen haberse puesto de acuerdo en no hablar de lo que consideran que puede “animar” la campaña. Sobre algunas cosas no dicen ni pío, no se pronuncian sobre cuestiones graves que nos aguardan a la vuelta de la esquina después de las elecciones, tales como el programa económico de recortes descrito en esta Carta y la guerra.

Sobre la marcha hacia una nueva guerra, con tropas y aviones españolas en Mali o en Siria, el silencio es estruendoso. Pero el imperialismo exige la implicación de todos los países en esa guerra que se avecina.

Semejantes exigencias económicas, sociales, y militares, hechas a un gobierno futuro en plana campaña electoral, bien hubieran merecido una respuesta por parte de quienes hablan en nombre de los trabajadores y trabajadoras. Incluso, por parte de cualquiera que defienda la democracia frente a imposiciones externas de quienes no han sido elegidos por le pueblo. Y sin embargo, en esta campaña en la que casi todos se desviven por aparecer en programas de animación en la tele, nadie ha respondido a ellas.

Por el contrario, Pedro Sánchez ha anunciado que, si logra la investidura en el Parlamento, negociará con la Comisión Europea unos nuevos plazos para el cumplimiento del déficit y un nuevo esquema de ingresos y gastos que se traducirá en un “Presupuesto rectificativo” con un objetivo de déficit avalado por Bruselas. ¿No debería negociar su programa económico con el pueblo trabajador, y no con los representantes del capital financiero?

UGT y CCOO se han pronunciado claramente por la derogación de la reforma laboral. Pedro Sánchez dice una cosa y después lo contrario, jugando con un nuevo estatuto de los trabajadores. Lo que esperan los trabajadores es recuperar todos los derechos perdidos. ¿No debería ser este el compromiso de todos los partidos que dicen hablar en nombre de los trabajadores? Podemos e IU-UP tienen en su programa la derogación de la reforma laboral de Rajoy. ¿No deberían, por tanto, responder públicamente al informe de Bruselas que llama a profundizarla? También tienen en su programa revertir los recortes sociales de Rajoy, lo que es incompatible con aplicar los nuevos ajustes que exige Bruselas, ¿no deberían, entonces, decir, alto y claro, “no aceptaremos las imposiciones de la Comisión Europea”? ¿No deberían anunciar, en campaña y después de ella, su oposición a la guerra? Porque no es obligatorio obedecer las exigencias del capital financiero. Es una decisión que pueden negarse a tomar, apoyándose en la movilización popular que busca defender sus derechos y sus conquistas sociales.