(publicado en la Carta Semanal 517)
Las elecciones andaluzas han demostrado sin que quepa la menor duda el inmenso rechazo que las políticas de Rajoy despiertan en el conjunto de la población. Hace tres años, el PP fue la fuerza más votada en esas elecciones: recibió 1.560.000 votos y sacó 50 parlamentarios. Ahora, ha tenido 1.060.000 votos y sacado 33 parlamentarios. Ha perdido, por tanto, 500.000 votos (un 33 % de los que tuvo hace dos años) y ha perdido, también, 17 parlamentarios. El PP sólo ha sido apoyado por un 17 % del censo electoral de Andalucía.
La derrota electoral del PP, expresión del rechazo generalizado a sus políticas de recortes sociales y democráticos, se ha expresado a través del voto al PSOE, a Podemos y a IU. Incluso el voto a la derecha “moderna” de Ciudadanos representa a gente que no quiere votar al PP.
Y eso, a pesar de una abstención del 36%, que es una de las expresiones de la desconfianza de amplios sectores de la población en la posibilidad de que haya un cambio dentro del sistema político, del régimen monárquico de 1978, y de la división del voto de rechazo entre esa abstención y los votos a distintas candidaturas.
Las fuerzas que representan ese rechazo, fundamentalmente IU, Podemos y PSOE, han obtenido casi 2.300.000 votos, frente a 1.430.000 votos de la derecha (PP +Ciudadanos). 67 escaños frente a 42. Con estos resultados, la propia aritmética dicta un posible gobierno (cualquiera que sea su composición concreta) que se apoye en esta mayoría, cuya intención de voto es un giro a la izquierda, para acabar con todos los recortes en la enseñanza, la sanidad, los servicios públicos administrados por la Junta de Andalucía. Las diferencias entre PSOE, IU y Podemos no pueden dar lugar a que la derecha se siente en el gobierno de Andalucía o a que se apliquen en Andalucía los recortes impuestos por el gobierno Rajoy. Eso supondría torcer la voluntad de voto del pueblo andaluz.
Apoyándose en el pueblo andaluz y en su movilización ese nuevo gobierno andaluz puede hacer frente al supuesto “imperativo legal” que pretende obligar a mantener o imponer recortes. Por el contrario, lo que sucede en Grecia demuestra que aceptar ese marco -por impuesto que sea- lleva finalmente a gobernar contra el pueblo.
Ni un día más Rajoy
Hace 35 años, la derrota de los franquistas “democratizados” de la UCD en el referéndum del 28 de febrero abrió el camino a su expulsión del gobierno. Ahora, la derrota de los franquistas del PP ¿no debe abrir el camino a la lucha por la dimisión inmediata del gobierno Rajoy y por la derogación automática de todas sus contrarreformas?
Los ritmos electorales del régimen exigirían esperar a finales de este año o incluso a principios de 2016, a las próximas elecciones generales, y entretanto celebrar las elecciones municipales y autonómicas en mayo. Lo que significaría permitir que hasta tanto Rajoy siga en el gobierno, la reforma laboral se siga aplicando, dejando a millones de trabajadores sin convenio colectivo, o que se aplique la reforma 3+2 para expulsar a miles de hijos de la clase trabajadora de la Universidad, que se imponga la Ley-mordaza o que cientos de sindicalistas vayan a la cárcel en aplicación del artículo 315.3 del Código penal “reformado y pactado”. Pero aceptar esto sería dar la espalda a lo que ha expresado el pueblo de Andalucía, punta de lanza, ahora como en 1980, de la voluntad de todos los pueblos y de la clase trabajadora de todo el Estado. ¿Cómo puede aceptarse que un partido que sólo tiene el apoyo del 17% de la población pueda seguir impunemente haciendo estos destrozos?
Para respetar esta voluntad popular, todas las fuerzas políticas, sindicales y populares que pretenden representar a los trabajadores y al pueblo deben actuar en unidad, llegando a acuerdos, por encima de sus legítimas diferencias, para presentar una exigencia clara y nítida: la inmediata dimisión del gobierno Rajoy.
Hay que tomar nota de lo que han dictado las urnas en Andalucía, negando el pan y la sal al gobierno Rajoy y rompiendo todo acuerdo con éste. Cualquier acuerdo con Rajoy, en esta situación, y sea cual sea su tema o su contenido, no supone otra cosa que un apoyo a ese gobierno, un balón de oxígeno que le permita seguir en pie y dar nuevos zarpazos a la clase trabajadora y a sus conquistas. Lo que significa, también, que los dirigentes de UGT y CCOO deben poner fin a la farsa del “diálogo social”, que apuntala a este gobierno, y ocupar su lugar natural, en defensa de las reivindicaciones y conquistas de la clase trabajadora, poniendo todas sus fuerzas al servicio de la campaña por su dimisión, y contribuyendo a organizar en unidad todas las fuerzas de la clase trabajadora. Organizando la movilización, que podría traducirse en la convocatoria de una marcha masiva sobre Madrid con esa exigencia de dimisión de Rajoy como eje central. Todas las fuerzas que defienden las libertades y los derechos de los trabajadores deben apoyarse en el impulso que suponen estos resultados, para organizar esta movilización, acabar con el gobierno Rajoy y abrir una nueva etapa.
Por otra parte, sólo esa movilización puede permitir que el gobierno andaluz resultado de estas elecciones se enfrente a los recortes y gobierne en beneficio de los trabajadores y de la inmensa mayoría.
¿Y las municipales?
Quienes han hecho del respeto de las convocatorias y los ritmos electorales de la Monarquía su brújula y su Biblia pueden decir, sin duda, que una campaña política como esa no toca ahora, que lo que hay que hacer es preparar las elecciones municipales. Pero ¿cómo preparar candidaturas que defiendan el cambio en los ayuntamientos, candidaturas obreras y populares, dando la espalda a la exigencia de echar a Rajoy y al PP, que acaba de expresarse en las elecciones andaluzas? ¿Acaso no se trata de la misma campaña? Salvando las diferencias, recordamos que la derrota del PP en las elecciones andaluzas de hace dos años, cuando se les cerró la puerta de un gobierno que todas las encuestas les pronosticaban, fue el resultado de la movilización obrera que preparaba en aquellas fechas la huelga general del 29-M de 2012. La movilización contra el gobierno no es un obstáculo para preparar las municipales, al contrario, debe ser la mejor campaña.
Se trata, por tanto, de hacer de estas elecciones, en cierto sentido, un 14 de abril que lleve no sólo a cambiar los ayuntamientos, sino a expulsar a Rajoy y los franquistas del PP del gobierno. En este sentido, se impone una discusión: sean cuales sean las candidaturas que finalmente se presenten, deben partir de un acuerdo común: el primer objetivo de todas ellas debe ser expulsar al PP de todas los gobiernos municipales. Ningún cálculo partidista, ninguna teoría de la “casta” debe alimentar una división que permita al PP gobernar los ayuntamientos, solo o en coalición.
En este sentido, hay que preocuparse de los movimientos que, perdiendo de vista la perspectiva de cambiar los ayuntamientos, se centran en cómo conseguir unos cuantos concejales, unos cuantos puestos en las instituciones del Estado, aún a costa de divisiones artificiales entre candidaturas que tienen programas muy similares, y que olvidan, o dejan en segundo plano, todas ellas, la necesidad de comprometerse a la unidad para acabar con los gobiernos del PP.
De inmediato, abrir la discusión
Los resultados de las elecciones andaluzas abren un nuevo camino: el camino de la unidad de todas las fuerzas que representan a los trabajadores, a la juventud, al pueblo, para acabar con Rajoy y con todo lo que Rajoy representa. En todas partes, hay que ayudar a la discusión sobre cómo organizar una campaña, cómo dirigirse a las direcciones de las distintas organizaciones para que asuman sus responsabilidades y se pongan a la cabeza de esta exigencia necesaria para dar salida a la situación del pueblo trabajador.