Carta Semanal 986 en catalán
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El 21 de abril se celebran en el País vasco las elecciones autonómicas o sea al Parlamento vasco (Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, recordemos que Navarra es un autonomía aparte). La Prensa de todo el Estado se ha hecho eco de los últimos sondeos que dan como partidarios de la independencia a un 22 % de la población (algunos sondeos dan solo un 13 %). Dato histórico, pues nunca había sido tan bajo.
A esto se suma un 33 % que sería partidario de la desconexión con el resto de España «según las circunstancias ».
La contradicción está en que en los mismos sondeos dicen que los partidos que se reclaman en última instancia de la independencia del país vasco -o sea el PNV y Bildu- obtendrían entre los dos los dos tercios de los votos.
De esas previsiones es fácil deducir algunas conclusiones: para la mayoría de la población vasca -en particular para los trabajadores- es impensable separarse del resto de los pueblos del Estado, y vive un conciencia más o menos clara de pertenecer a la misma clase social, con los mismos intereses, de Cádiz a Bilbao, de A Coruña a Barcelona.
Clase obrera que ha luchado y lucha en común, que tiene las mismas conquistas y derechos y sufre los mismos enemigos: el régimen de la Monarquía, las instituciones franquistas y los gobiernos que se someten a ellas.
Esta conciencia de pertenencia a una misma clase se refleja por ejemplo en algo tan importante como es el Sistema Público de Pensiones y la Seguridad Social, conquista común que, a pesar de todas las medidas para dinamitarlo, al día de hoy no han conseguido su objetivo.
Por ejemplo, en el Pacto que firmó el gobierno de Sánchez, después de las elecciones de julio de 2023, se incluía el acuerdo con los partidos vascos de «transferencia de la gestión de la Seguridad Social al gobierno vasco”, medida que implica un paso hacia la ruptura de la Caja única. Sin embargo esta medida no es tan fácil de aplicar hasta sus últimas consecuencias.
Por un lado por la resistencia de los trabajadores y los diferentes movimientos de pensionistas y gran parte de la base de los sindicatos, y por otro por un dato esencial: el gasto en pensiones del año 2023 llegó a unos 11.000 millones de euros en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) mientras que las cotizaciones no superaron los 6.700 millones.
La pensiones en el País Vasco son en general más elevadas que en otras zonas porque la reestructuración industrial -llevada a cabo en particular bajo los gobiernos de Felipe González- implicaron despidos masivos con condiciones de jubilación altas, y porque los nuevos empleos, creados en condiciones de precariedad y recortes de derechos por las sucesivas reformas laborales, implican cotizaciones mucho más bajas. .
La ruptura de la Caja única daría un sistema autonómico “vasco” deficitario, que implica una bajada de las pensiones y/o su privatización. Sin duda esta es la «agenda oculta » del PNV y quizás de otros, pero que por la oposición social son incapaces de plantearla abiertamente.
Aberri Eguna y campaña electoral
El 31 de marzo se celebró el tradicional Aberri Eguna (día de la patria vasca) cuando tradicionalmente los partidos vasquistas se movilizan por sus reclamos identitarios.
En el mitin del PNV en la Plaza nueva de Bilbao se resaltó en primer lugar la presentación del nuevo candidato a lehendakari, Imanol Pradales, que sustituye a Iñigo Urkullu (que ocupó la presidencia desde diciembre de 2012, últimamente en coalición con el PSE/PSOE). Todos los observadores señalan el mínimo «impulso soberanista” del candidato, que se concentró en la necesidad de desarrollar la economía, resolver «los problemas de la gente», ocuparse de las «cosas de comer» al lado de los sobados temas de la “digitalización», la «sostenibilidad ecológica”, la «economía circular» y todo el bla bla bla de moda.
Al mismo tiempo al margen de la campaña electoral crecen los conflictos, en particular ante la bancarrota del sistema de salud, OSAKIDETZA. Cuestión que no es vasca, pues afecta a todas las comunidades con formas más o menos agravadas.
La llamada izquierda abertzale, Euskal Herria Bildu, en su movilización en Pamplona (reivindicando el carácter vasco de esta comunidad) y a través de Ornaldo Otegi, líder de esta formación, insistió en que dar pasos hacia la independencia significa hoy “participar en la gobernabilidad”, ya que para él hay «una ventana de oportunidad en el Estado español» y su carácter de «socio prioritario” de Pedro Sánchez es el principal avance para entrar en el gobierno.
Su campaña tiene como objetivo arrebatar la hegemonía al PNV (que desde 1980 tiene la mayoría minoritaria de los votos) y poder encabezar el gobierno vasco, imitando al BNG gallego con un mensaje «menos soberanista y más social”.
Otegui dio paso en su alocución al nuevo candidato abertzale Pello Otxandiano, que centró su mensaje en la necesidad de una buena educación y vivienda para todos mientras proponía “un fondo soberano de 1300 millones con apoyo de EPSV (fondos de pensiones privadas) y de KUTXABANK”.
De hecho los partidos vasquistas se ofrecen al Estado por intermedio del gobierno Sánchez como socios prioritarios para la gobernabilidad del Estado y a la banca como miembros selectos del sistema capitalista.
Se acabaron las proclamas contra el régimen, y en efecto es de resaltar la ausencia casi total de toda referencia a la Monarquía, en lo que coinciden con los candidatos de Sumar y Podemos que de hecho hablan de federalismo, al parecer en el marco de la Monarquía y respetando sus instituciones heredadas del franquismo (que, por otra parte, se oponen con uñas y dientes a todo paso hacia lo que consideran “separatismo”, como ocurre con la ley de amnistía por parte sobre todo de la judicatura).
No es por casualidad que ante este panorama el interés por la campaña electoral sea mínimo para la mayoría de la población y una proporción inédita de votantes dudan en la utilidad de votar.
El pueblo y los trabajadores vascos
Forman parte de la clase obrera y de los pueblos del Estado no solo por un pasado y un enemigo común: el régimen monárquico agente del gran capital, sino porque su movilización y reivindicaciones son comunes desde décadas y décadas.
A pesar de la utilización torticera y el negocio privado establecido utilizándolo como excusa, la defensa y desarrollo del euskera, sigue siendo patrimonio de civilización y cultura de todos los que vivimos y trabajamos en el País Vasco. E incluso se extiende por otros pueblos hermanos.
Los problemas a los que están confrontados los jóvenes vascos de falta de vivienda son los mismos que en el resto del Estado; el deterioro en que se encuentra la sanidad es parecida; los salarios de la industria o los servicios (en gran medida privatizados) provocan cuatro manifestaciones diarias en Bilbao u otras ciudades, y esto no es solo responsabilidad del gobierno autonómico sino de las políticas del gobierno central.
El pueblo vasco -a pesar de los dirigentes abertzales (patriotas)- se moviliza en apoyo al pueblo palestino y contra el estado sionista genocida, por más que son conocidos los lazos que hay entre el Gobierno Vasco, las Diputaciones e incluso Ayuntamientos, con el Estado de Israel.
La exigencia de ruptura con Israel que las propias organizaciones palestinas proponen al mundo, a las organizaciones, es molesta al parecer para los candidatos autonómicos vascos, que ni la nombran.
El esfuerzo de los militantes revolucionarios e internacionalistas en el país vasco es combatir a nivel político y sindical para mostrar la verdadera identidad de las verdaderas reivindicaciones y la participación en las movilizaciones obreras y democráticas.
En el poco o mucho calor electoral que pueda haber estas semanas la lucha para evitar la ruptura de la caja única a través de la transferencia autonómica de la Seguridad Social se da la mano con la lucha por la amnistía, no solo por solidaridad con los miles de afectados del procés catalán sino para abrir una salida definitiva a los presos vascos y a las décadas del “todo es terrorismo”.
Por mucho que le pese al aparato de estado heredado de la dictadura encabezado por Felipe VI.