(publicado en la Carta Semanal 448)

La reciente huelga del personal de limpieza viaria de Madrid –a la que pueden seguir nuevas huelgas de otros servicios municipales privatizados, como la que se anuncia del alumbrado público– ha sido objeto de un importante debate en el movimiento obrero. Información Obrera ha publicado un artículo bastante extenso de balance de la misma, que ha sido también distribuido en forma de separata. No vamos a repetir aquí los argumentos de ese artículo – aunque sí recomendamos encarecidamente su lectura y difusión– pero sí vemos necesario volver a considerar el papel del movimiento obrero y de sus organizaciones en la situación actual.

La clase obrera busca cómo utilizar a sus organizaciones para resistir

Desde las cúpulas de las organizaciones políticas y sindicales, quienes hablan en nombre de los trabajadores intentan transmitirnos una y otra vez el mismo mensaje: la culpa de lo que sucede es de los trabajadores y trabajadoras, que no se movilizan y “consienten” los ataques. Esta corriente de opinión se infiltra como un veneno en muchos cuadros sindicales. Sería esta “pasividad” de la clase trabajadora lo que justificaría la tregua que los dirigentes han dado al Gobierno desde la jornada de huelga general del 14 de noviembre de 2012. En esta lógica, hay que esperar a las elecciones de 2015 para que las cosas puedan cambiar. ¿Y hasta entonces? El Gobierno tendría “legitimidad” para aplicar sus recortes. Esta argumentación de los dirigentes se complementa con el discurso de los supuestos “izquierdistas”, que nos repiten que “nada puede esperarse de estos sindicatos subvencionados[1] y traidores”.

Ambos discursos chocan con la realidad de la huelga de barrenderos y jardineros de Madrid. El balance de esta huelga nos demuestra cómo este sector de la clase trabajadora supo plantear concretamente la unidad, en torno a las reivindicaciones: ningún despido, no a los recortes salariales, retirada del plan, y planteó la huelga indefinida, como lo hacen también los trabajadores del alumbrado de Madrid, como lo hicieron en su día los profesores de Madrid y de Baleares. Y ese sector de la clase puso firmes a sus sindicatos en defensa de esas posiciones de clase. Lo que fue posible en la limpieza de Madrid es posible en cualquier otro sector, para  desgracia de los “izquierdistas” que citamos antes.

Pero también el éxito de esa movilización con objetivos claros y disposición de luchar hasta vencer demuestra que los dirigentes oficiales se equivocan: la clase trabajadora no está pasiva. Cientos de conflictos recorren cada día el país. Aquí en defensa de un convenio, allí contra cierres y despidos, en el otro lado contra el desmantelamiento o la privatización de un hospital o un servicio público, en defensa de un comedor escolar… Todos ellos aislados. Por no hablar de la masiva respuesta de todos los sectores a la huelga de la enseñanza el 24 de octubre. No, la población no está pasiva en general. Lo está ante las “jornadas de movilización” sin continuidad, las manifestaciones carrusel, sin objetivos ni reivindicaciones claras, que sólo sirven para desgastar, y que no buscan derrotar al Gobierno y sus contrarreformas, sino tan sólo “presionar” para resucitar el diálogo social. Por eso los dirigentes huyeron como del diablo de hacerse ver en las movilizaciones de los barrenderos, y de llamar al resto de empleados municipales y a todo el aparato sindical a apoyar en los hechos la movilización.

Si por un lado la clase busca romper la política de diálogo social, y en algunas ocasiones lo consigue arrastrando a todos sus sindicatos, a partir de una posición sindical firme, como la huelga de la limpieza de Madrid, por otro esta política sostenida por los dirigentes confederales permite al Gobierno continuar con sus planes de ataques.

El miércoles pasado el Congreso de los Diputados ha aprobado la nueva reforma contra el régimen de pensiones, en una situación de debilidad del Gobierno tal –pese a las mayorías absolutas parlamentarias– que la ministra ha tenido que ofrecer algunos cambios de cara a la tramitación en el Senado. Pero, en lugar de atacar hasta el fin, los dirigentes confederales, bajo el paraguas protector de la CES, llaman a manifestaciones en todo el país en torno a generalidades y sin ninguna continuidad, preparando así el fracaso de esas mismas manifestaciones. Y a pesar de todos estos obstáculos decenas de miles han vuelto a demostrar que están dispuestos a la lucha.

La posición del enemigo de clase

El Gobierno y el capital son conscientes de su debilidad y, por eso, profundizan los ataques contra los sindicatos y se dotan de nuevas medidas represivas contra la movilización popular. Los Presupuestos del Estado propuestos por el Gobierno mantienen y profundizan todos los recortes. Pero la Comisión Europea, por boca del Comisario Europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, plantea que hacen falta más recortes (35.000 millones más en tres años). Y el presidente del Eurogrupo ha declarado que en España se prepara una segunda reforma laboral. Recordemos que el nuevo Tratado Europeo permite a la UE inmiscuirse en los presupuestos nacionales, eliminando toda sombra de soberanía.

El Gobierno se resiste a cumplir estas “recomendaciones”, temiendo que, a pesar de los esfuerzos de los dirigentes por salvar al régimen, trasladándolo todo a las elecciones de 2015, el hilo se tense tanto que al final se rompa.

De ahí la necesidad de mantener y profundizar la ofensiva mediática y judicial contra los sindicatos, y reforzarla con nuevas medidas de represión contra la movilización social. El Gobierno ha presentado recientemente dos instrumentos que suponen gravísimos ataques a las libertades democráticas y, en particular, a la libertad de expresión, a los derechos de manifestación y reunión, al derecho de huelga y a toda movilización. Se trata de la reforma del Código Penal y la de la Ley de Seguridad Ciudadana. Y anuncia una ley contra las huelgas en nombre de la “regulación” de los servicios mínimos.

No vamos a hacer aquí un análisis detallado de estas dos leyes, pero sí a relatar algunas de sus previsiones. Con la reforma del Código Penal propuesta, si los trabajadores de una empresa, ante una agresión empresarial, deciden tras una asamblea concentrarse o encerrarse en las dependencias de la empresa, podrían ser condenados a entre uno y 6 años de prisión. La misma represión penal podrá aplicarse a una reunión o asamblea no autorizada. Si cortaran el tráfico a las puertas de la empresa interrumpiendo el transporte público, a entre 3 meses y dos años de prisión, lo mismo sería de aplicación a los piquetes en las huelgas del transporte). Si se resistieran “violentamente” a un policía que les golpea, sería delito de atentado, con entre uno y cuatro años de prisión. Igual pena se aplicaría a quien arrojara una piedra en una manifestación. Las actuaciones contra el personal de Seguridad Privada se equiparan a las que se hagan frente a la policía, una privatización de la represión. Quienes inciten o “refuercen la disposición” a los “desórdenes públicos” también podrán ser condenados a entre tres y doce meses de prisión. Todos estos supuestos penales pueden dar lugar a multas igualmente drásticas.

En cuanto a la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, refuerza brutalmente las sanciones administrativas. Hasta 600.000 euros de multa por convocar manifestaciones no autorizadas, graves sanciones por grabar las actuaciones represivas de los policías (lo que supone consagrar la impunidad, justo cuando las denuncias contra policías se acumulan, gracias a los nuevos medios de grabación disponibles).

Defender los sindicatos, cambiar su política

La huelga de barrenderos demuestra la necesidad de los trabajadores de disponer de sus propias organizaciones, de sus sindicatos, a los que hay que defender contra los ataques del Gobierno y de los medios de prensa del capital. Pero hay que señalar que la política de tregua hacia el Gobierno que practican los dirigentes debilita y destruye a los sindicatos, provoca la desafección de los trabajadores y la desafiliación, alimenta las campañas de la prensa patronal y de todos los que llaman a destruir los sindicatos.

La lucha para que los dirigentes rompan la tregua con el Gobierno y lleven hasta el fin la lucha por la retirada de la reforma de pensiones, de todas las contrarreformas, y hagan frente a los nuevos proyectos represivos del Gobierno, es parte fundamental de la defensa de los sindicatos.

Para impulsar esa lucha es necesario organizarse en todas partes, dentro de los sindicatos, fuera de ellos, con los trabajadores afiliados y los militantes que ya no soportan más esta situación, con los no afiliados, con los parados. En primer lugar con los jóvenes que son siempre los más decididos en la movilización y los más defraudados por los dirigentes.

Para levantar desde todas partes un grito común: ¡Romped con el Gobierno! ¡A las fábricas y centros de trabajo y estudio! ¡A los barrios y pueblos! A organizar la movilización unida de todos los sectores en cada rincón del país. Millones esperan la señal ¡Ni un gramo de oxígeno al gobierno de la Troika! ¡A por él!

A este esfuerzo quieren contribuir los militantes agrupados con el Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos que, participando en la lucha común, preparan una Conferencia Obrera para la primavera próxima. Os invitamos a entrar en contacto con ellos y discutir y promover sus iniciativas en defensa de los derechos y las libertades.