(Publicado en la Carta Semanal 700 – ver en catalán)
Si algo se ha podido comprobar en los últimos meses a partir de la constitución del gobierno de Pedro Sánchez, es que las expectativas creadas en torno a lo que pudiera o no hacer aquel para resolver el “problema” catalán, para mejorar las condiciones de vida de millones de trabajadores o para revertir la crítica situación de los servicios públicos después de años y años de recortes, están fuertemente condicionadas en primera instancia por los límites que impone la existencia del régimen monárquico, y todos sus mecanismos institucionales antidemocráticos establecidos para impedir desarrollar una política favorable a la mayoría, y por la supeditación a Bruselas. De aquí que, desde el punto de vista de los trabajadores, adquiera la máxima importancia la lucha por la República, por la República del pueblo y para los pueblos, como única forma de dar salida a las aspiraciones de la mayoría social que quiere acabar con las políticas de austeridad que asfixian a todos. Que quiere que se gobierne respetando la voluntad popular, y que quiere resolver democráticamente las aspiraciones de los pueblos sobre la base de la libertad y de la fraternidad entre ellos.
El acuerdo PSOE-Podemos, pendiente de Bruselas
Así es y así lo reconoce el propio gobierno, que por otro lado lo fía todo al hecho de que Bruselas tenga su punto de mira centrado hoy en Italia, y que por esta razón, el gasto social que supone el acuerdo PSOE-Podemos pase más desapercibido pueda ser tolerado por situarse, de manera flexible, dentro de los márgenes fijados por la Comisión. Ya no se trata sólo del hecho de que se acepte que la soberanía de un país, y la capacidad de sus gobernantes para decidir y aplicar las políticas que consideren oportunas, se vean mermadas por la presión y las limitaciones que impone la UE. Es que son esas limitaciones las que impiden paliar la difícil situación que viven hoy millones de trabajadores y adaptarse a las mismas es darles la espalda. Es que cualquier medida que vaya –por tímida que sea– en la línea de acabar parcialmente con los efectos tremendamente lesivos que han tenido las políticas de austeridad es acusada de poner en riesgo la recuperación económica y la estabilidad del país. El FMI y la patronal, azorados por la caída de la economía exigen nuevos recortes que agravarían ese hundimiento para dar aire a los especuladores. Es lo que ha dicho el presidente de la CEOE respecto a la subida del salario mínimo. Y es lo que han dicho también los portavoces del PP, auxiliados por C’s, con la desvergüenza propia de quién tiene la caradura de afirmar que el aumento de 5.000 millones en gasto social pone en peligro la economía, ellos que aprobaron el año pasado un gasto en Defensa de 8.000 millones de euros, ellos que dilapidaron el Fondo de Reserva de las pensiones.
Qué impide solucionar la cuestión catalana?
Lo hemos podido ver en los últimos meses. Cualquier paso que haya podido dar el gobierno de Pedro Sánchez para solucionar, por ejemplo, el tema de los presos ha sido inmediatamente contestado. Abiertamente y subterráneamente. De manera directa, la excusa de la separación de poderes y de la independencia judicial, que se esgrime como argumentos de “peso” para disuadir a quien quiera que se le pase por la cabeza dar instrucciones a la Fiscalía General del Estado, no se la creen ni los mismos que la sostienen. No hay más que recordar decenas de episodios en los que las instrucciones políticas buscan “afinar” la acción de los fiscales. Y subterráneamente, desencadenando las más sucias campañas contra quién ose traspasar la línea roja del intocable poder judicial heredado del franquismo.
Desde luego no solo influye la resistencia del aparato de Estado, empezando por la institución monárquica, a aceptar una solución democrática a la cuestión catalana. También hay que tener en cuenta la limitación que se autoimponen los propios dirigentes del PSOE cuando ceden a la presión de determinados poderes. Los mismos poderes que claman al cielo cuando se les insinúa la posibilidad de realizar un referéndum acordado y pactado que de salida a los deseos de una amplia mayoría del pueblo catalán, y que sin embargo no pusieron ningún tipo de obstáculo cuando se modificó la Constitución en agosto de 2011 –y en 24 horas– para adecuarla a las necesidades del capital financiero que exigía establecer como prioridad el pago de la deuda y no las necesidades ciudadanas. Hablan de la soberanía del pueblo español pero la cercenan cada día. Y niegan el derecho de cualquier ayuntamiento o parlamento a pronunciarse por la República. Solo defienden el reaccionario aparato franquista que garantiza la dominación del gran capital.
El liderazgo político de la clase obrera es imprescindible
El bloqueo existente en Catalunya amenaza con pudrirlo todo. Las movilizaciones del 11 de septiembre y del 1 de octubre han hecho aflorar públicamente la división y los límites de los partidos nacionalistas, y al mismo tiempo han desmontado el mantra que unía a todos los partidarios de la independencia, según el cual el objetivo común es la independencia, al margen de cualquier contenido social … y después ya veremos. La falsedad de esta fórmula que ha funcionado durante mucho tiempo –sobre todo por las cesiones o la inacción de las organizaciones obreras– se ha hecho patente. Los dirigentes de ERC –o al menos, una parte importante– están convencidos de que para avanzar en sus objetivos es imprescindible ampliar la base social. Pero esto es contradictorio con mantener la unidad de acción con un partido tan antisocial como el PDeCAT o con los restos del mismo, o con el discurso “antiespañol” que de tanto en tanto aflora, por no mencionar la retórica sobre el respeto al mandato popular del 1 de octubre de 2017, que más de la mitad de la población catalana no reconoce.
La parálisis que existe hoy en Catalunya, fruto de la división entre los nacionalistas escenificada en las últimas sesiones del Parlamento catalán, y de la falta de acción política y de decisión que agarrota a las organizaciones que se reclaman de la clase obrera, más preocupadas de criticar los errores y limitaciones de los primeros, que de organizar la ofensiva por la recuperación de derechos sociales, alimenta todo tipo de demagogias. Y este es un terreno peligroso para la clase obrera porque, ante la falta de respuesta de los dirigentes de las organizaciones obreras, hacen de la masa trabajadora un terreno propicio para la manipulación de cualquier tipo. Esto explica que fuerzas antiobreras puedan morder parte del electorado obrero, sumándose a ello la inconsistencia de los representantes de la “nueva” política. Además, el foso que existe hoy en día entre la inmensa mayoría de la clase obrera y las capas medias de la sociedad que han sido tentadas por el señuelo de la independencia, no hace más que agrandarse.
Frente a ello, es urgente que las organizaciones que hablan en nombre de los trabajadores, pasen a la acción. Que abandonen el marco según el cual solo es plausible pronunciarse sobre si la unilateralidad es el camino o no, o sobre la agenda de temas del independentismo gubernamental, y recuperen el terreno de la lucha por las reivindicaciones, por la libertad de los presos, por el derecho a decidir, base insustituible de la unidad de los trabajadores y de la fraternidad entre los pueblos.
En este sentido, aunque pueda parecer un punto de apoyo la reciente votación realizada en el Parlamento catalán a favor de la abolición de la Monarquía –votada favorablemente por JxC, ERC y los Comunes–, la propuesta queda desvirtuada y pierde fuerza cuando se le despoja de todo contenido social.
No hay salida política creíble al margen de la lucha por los derechos sociales
El gobierno de la Generalitat está dirigido por una mayoría de defensores de la “libre empresa” y su última preocupación es la de acabar con los recortes. Hasta ahora, la existencia de presos y la presión judicial y policial, así como la falta de respuesta ante estas cuestiones del gobierno de Pedro Sánchez, ha concedido un cierto margen a quienes no quieren hablar de medidas sociales. Sin embargo todo esto no sirve para salir del bucle, ni para solucionar los problemas inmediatos. La situación catastrófica de la enseñanza y la sanidad (93 centros escolares han empezado el curso con todas las aulas en barracones, y sin solucionar el déficit de maestros, mientras que la sanidad catalana no se ha recuperado de los recortes padecidos en los últimos años, un 27,5%, que han dejado a Catalunya como la penúltima comunidad que menos gasta en sanidad). El 20% de los catalanes está al borde de la pobreza, y la mitad de los recortes en política social aplicados en España entre 2009 y 2017 se hicieron en Catalunya de la mano de los gobiernos de CiU, y se han mantenido bajo el paraguas del “procés”, incluso con los votos de la CUP. Por otro lado, los funcionarios de la Generalitat son los únicos de toda España a los que se les adeuda todavía la paga extra correspondiente a los años 2013 y 2014.
El POSI, que tiene comprometidas sus fuerzas en la lucha porque las organizaciones obreras ocupen el lugar que les corresponde, defendiendo los intereses del conjunto de la población trabajadora, afirma que el combate por liberar a los presos, por imponer al Estado un referéndum en el que todas las opciones puedan ser consideradas, es inseparable de la lucha por las reivindicaciones, por defender la sanidad y la enseñanza públicas, por exigir la derogación de las reformas laborales, por defender las pensiones que son de todos los trabajadores. Es el compromiso de todos los que luchamos por una salida democrática, por la República que garantice los derechos sociales y democráticos, incluido el derecho de autodeterminación, combatiendo en las organizaciones obreras toda subordinación a la Monarquía y al capital financiero en el camino de una representación política fiel a los intereses de los trabajadores