Carta Semanal 810 en catalán
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Cuando escribimos esta carta, ha llegado a haber cerca de 2500 inmigrantes hacinados, durmiendo en el suelo y al aire libre, en el muelle de Arguineguín (Gran Canaria), adonde las patrulleras de la Guardia Civil conducen a los inmigrantes que intentan llegar en pateras a Canarias. El lunes pasado, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, decía en una entrevista en Antena 3 que “en el muelle de Arguineguín [los migrantes] no están nunca más de 72 horas porque pasan al régimen de acogida”, una afirmación que se han apresurado a desmentir la alcaldesa de Mogán, Analia Bueno; el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales; el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres; la presidenta en Europa de la organización Human Rights Watch, Judith Sunderland; el Colegio de Abogados de Las Palmas y el propio juez del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), Arcadio Díaz, que explica el caso de siete migrantes que estuvieron 24 días en el muelle “con la misma ropa”. La alarma se instala en la población, porque actualmente hay casi la misma gente en el muelle de Arguineguín que en todo el pueblo.
Al mismo tiempo, varias organizaciones sociales convocaban una jornada de luto nacional para este viernes 13 de noviembre en Senegal, donde al menos 480 personas migrantes han muerto o desaparecido en el mar rumbo a Canarias desde Senegal en las últimas semanas.
Son dos caras de una misma moneda. Un tragedia real, la muerte de cientos de migrantes, y una crisis artificial en Arguineguín, porque el hacinamiento de los inmigrantes es responsabilidad exclusiva del Ministerio del Interior, que no pone los medios para acoger dignamente a los inmigrantes y para redistribuirlos en distintos lugares, y ha decido, por el contrario, mantenerlos inhumanamente en el muelle y, no sacarlos de Canarias porque, dice “generaría un efecto llamada”. Pero mantener a miles de inmigrantes en un pequeño pueblo y a decenas de miles de Canarias en distintos guetos son medidas que parecen buscar generar alarma social.
De la destrucción planificada de los países…
Los inmigrantes que llegan a Canarias, en su mayor parte subsaharianos, huyen de la miseria, resultado de la destrucción económica de su países a manos del imperialismo y de sus organismos económicos, (FMI, Banco Mundial…). Las potencias imperialistas han colocado al frente de los gobiernos a gobernantes corruptos que trabajan en beneficio de las multinacionales (y propio). La agricultura tradicional ha sido destruida en beneficio de cultivos de exportación, sometidos al monopolio de las operadoras del mercado mundial. Cultivos que utilizan poca mano de obra, arrojando a los campesinos desposeídos de sus tierras a suburbios de infraviviendas en las ciudades y a la emigración.
Veamos el caso de Senegal, de dónde viene buena parte de las pateras que llegan a Canarias. Los datos son claros: a largo plazo, entre 1960 y 2015, el ingreso real per cápita en Senegal se ha estancado. En 2018 la deuda pública fue de 12.242 millones de dólares, cifra que supone que la deuda en 2018 alcanzó el 61,55% del PIB de Senegal. La deuda per cápita es de 772€ euros por habitante, una cifra notable, ya que el salario medio anual es de menos de 1800 euros. Senegal ocupa el puesto 158 de 196 países en PIB per cápita. La principal fuente de ingresos del país es la exportación de cacahuetes, dándose la circunstancia de que el precio por tonelada de ese producto era de 2600 € en 1980, menos de 1000 euros de media hasta 2006, y entre 1300 y 2000 en 2020.
No es de extrañar que miles de senegaleses se lancen desesperados al mar, jugándose la vida, en busca de un lugar donde poder ganársela.
En el caso de los inmigrantes que llegan a Italia o Grecia, es la destrucción física de sus países por las guerras impuestas por las potencias imperialistas. Citemos, por ejemplo, el caso de Siria, de donde se calcula que casi 4 millones y medio de personas han huido de la guerra civil (casi un 40% de la población total de ese país). Guerra que no es otra cosa que una guerra de destrucción de su país organizada por el imperialismo y sus aliados, los regímenes reaccionarios del golfo.
Y todo ello agravado por la pandemia, que ha atacado con especial agudeza a estos países, que no tienen un sistema sanitario mínimamente construido.
… a la destrucción organizada de los derechos
En el Estado Español, decenas de miles de inmigrantes trabajan como mano de obra barata en la recolección de cosechas. Son utilizados por las patronales para mantener a la baja los salarios legales, y para pagar por debajo de ellos siempre que pueden. La concentración de miles de trabajadores sin permiso de residencia o de trabajo ha hecho que se repitan las situaciones de los años 1930: en las plazas de muchos pueblos los patronos van a buscar jornaleros al precio que ellos quieren, a menudo a través de “manijeros” mafiosos, sin respetar ni salarios ni condiciones ni jornada de los convenios colectivos del campo. Se aprovechan de la pasividad cómplice la Inspección de Trabajo (por otra parte, desbordada de trabajo por su falta de plantilla), y de la situación de necesidad tanto de “nativos” como de “extranjeros”. Y del marco legal: recordemos que el artículo 8 del Estatuto de los Trabajadores establece que en caso de no existir contrato de trabajo escrito, “el contrato se presumirá celebrado por tiempo indefinido y a jornada completa, salvo prueba en contrario”, pero este artículo no se considera aplicable a los trabajadores “ilegales”, lo que les pone indefensos ante el patrón, pues tienen todo que perder si aparece una inspección de trabajo o denuncian los sindicatos.
Ni siquiera la necesidad imperiosa de mano de obra durante la pandemia ha modificado esta situación. Las asociaciones y colectivos de inmigrantes solicitaron una regularización especial, que permitiera que los inmigrantes sin regularizar puedan trabajar en las cosechas sin problemas. Pero el gobierno, en su decreto sobre trabajos agrarios, se negó a recoger esta medida.
Responsables de asociaciones de inmigrantes denuncian que la actitud del gobierno “progresista” ha sido mera continuadora de las políticas de los gobiernos de las derechas. Antonio Abad, miembro de ASISTI y del Colectivo de Trabajadores Africanos, declaraba en abril a Información Obrera que “para las administraciones, es como si fueran invisibles. Incluso en Lepe, donde el asentamiento está en plena población. Yo pensaba que en una situación tan grave se iba a reaccionar de otra manera, pero se sigue ignorando a esta gente”. Bueno, ignorando, excepto si hay fresas que recoger. Porque Antonio explicaba que “este año, como todos, cuando haga falta, los que no tienen papeles van a trabajar, las autoridades y la inspección de trabajo van a mirar para otro lado”.
Los trabajadores inmigrantes están pasando una situación especialmente dura. La mayoría vive en asentamientos de infraviviendas. La única visita de las autoridades y de la UME ha sido para pasar con megafonía recordando que deben permanecer confinados. ¡Confinados sin ingresos de ningún tipo! Dependiendo, en muchos casos, de la ayuda humanitaria para comer.
La política migratoria europea
La Unión Europea ha cerrado sus fronteras a los inmigrantes, confinándolos en infames campos de refugiados en Turquía y Grecia. El “protocolo de Dublín” establece que los países fronterizos se las apañen como puedan, ya que impone a las personas solicitantes de asilo presentar su solicitud en el primer país de la Unión al que accedan, aunque no conozcan el idioma ni tengan afinidades culturales. Esta política generó una verdadera crisis en algunas islas italianas, colapsada por el gran número de inmigrantes que se obligaba a mantener allí. Y se complementa con un vergonzoso acuerdo con Turquía, en virtud del cual, a cambio de hasta 6.000 millones de euros, Turquía se queda con los inmigrantes que huyen de Siria, Afganistán, Irak, etc. Y la Unión Europea cierra los ojos y los oídos ante la situación de esos inmigrantes en los campos de refugiados turcos.
El resultado de esta política es de todos conocido, más de 35.000 muertos entre ahogados, muertos en las fronteras por la policía y -no pocos- suicidados.
La actuación del gobierno “progresista” es prolongación de esa política. Ahora quiere aplicar a toda mecha las “devoluciones en origen” (avaladas por la “Justicia” europea), mientras mantiene las condiciones indignas de los infames CIEs o incluso al raso en un muelle, como en Arguineguín. Y todo ello a pesar de que la evolución demográfica de España exige incorporar a población inmigrante para mantener la producción y los servicios públicos.
Nuestra posición se basa en las mejores tradiciones del movimiento obrero y en nuestra propia historia. No olvidamos a los miles de refugiados encerrados en campos de concentración en Francia en 1939 ni a los miles que tuvieron que emigrar a Alemania, Francia o Suiza. Es obligación del movimiento obrero defender la abolición de la Ley de Extranjería que atenta contra los Derechos Humanos más elementales de los que huyen de la miseria y de las guerras provocadas por el imperialismo y el capitalismo, así como el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), en los que, en la práctica, están secuestrados jóvenes inmigrantes de nuestra clase social, así como la regularización de todos los trabajadores inmigrantes, la aplicación a todos ellos del Estatuto de los Trabajadores y los convenios colectivos. Exigimos, igualmente, el inmediato traslado de los miles de inmigrantes de Arguinegín –así como el de los que se hacinan en los CIE de Ceuta y Melilla- a sitios dignos, tanto en Canarias como en la Península.