(Publicado en la Carta Semanal 781 – ver en catalán)
Cuatrocientos once trabajadores y trabajadoras, militantes, sindicalistas, jóvenes, pensionistas, de distintas organizaciones y orientaciones políticas y sindicales y de diferentes puntos del Estado, han firmado un llamamiento, que ha sido entregado el 6 de mayo a las principales organizaciones que hablan en nombre de la población trabajadora. En ese texto, titulado “¡Lo que hay que reconstruir son los derechos de los trabajadores, la juventud, las mujeres y los mayores!” se formulan 14 exigencias elementales, que exponemos de manera sintética:
- Realización masiva de test de coronavirus
- Incautar las residencias de mayores privadas.
- Cumplimiento de todas las normas de protección antes de toda reincorporación al trabajo
- Prohibición inmediata de todos los despidos.
- Subsidio de desempleo indefinido y suficiente para todos los parados.
- Reversión de todos los recortes y privatizaciones en servicios públicos.
- Inversión pública y planes de emergencia que generen empleo público
- Recuperar la producción industrial que garantice los suministros básicos
- Derogación de las reformas laborales.
- Defensa, garantía y mejora del sistema de pensiones de reparto. Derogar las reformas de pensiones.
- Derogación de la LOMCE y todas las leyes que han destruido la enseñanza pública.
- Derogación de la ley mordaza, del artículo 3 del Código Penal y de todas las medidas contra las libertades y la acción sindical.
- Derogar el artículo 135.3 de la Constitución
- Que paguen la reconstrucción los especuladores, los banqueros y las grandes fortunas, los 60.000 millones del rescate de la banca.
Podrían haber sido más exigencias, y hay muchas que no están incluidas explícitamente en el texto y sin embargo, se deducen de la línea del mismo.
La rápida difusión del texto demuestra que son medidas compartidas por miles de militantes. Y habría que preguntarse por qué el Gobierno no las ha llevado a cabo
No se han derogado las contrarreformas
Alguien dirá que el gobierno llevaba apenas dos meses cuando comenzó la pandemia, y que ya habrá tiempo de derogarlas. Una verdad a medias: aunque es cierto que el gobierno de coalición se formó en enero, Pedro Sánchez gobierna desde la moción de censura del 15 de junio de 2018, apoyándose en la misma mayoría parlamentaria en que se apoya su gobierno actual, y no ha tomado ningún paso hacia su derogación. Tan sólo ha derogado una medida: el despido por enfermedad, y lo mismo que derogó esa podía haberlo hecho con otras muchas.
No es una cuestión menor. En las durísimas condiciones actuales, los empresarios gozan, gracias a las reformas laborales, de despidos mucho más fáciles y baratos, de mecanismos para imponer modificaciones de las condiciones laborales.
En el caso de la ley Mordaza, no sólo no se ha derogado, sino que el ministro Marlaska ha impuesto una verdadera orgía de multas (cerca de 800.000) y detenciones (7.000) durante el Estado de Alarma, utilizando esa ley. Se vanagloria de ello y proclama a los cuatro vientos la “utilidad” de esa ley.
Cuando el gasto añadido por las medidas adoptadas durante el Estado de Alarma (se calcula un mínimo de 200.000 millones de euros) amenaza con llevar la deuda pública al 120% del PIB, y el pago de intereses a 36.000 millones al año, el artículo 135.3 de la Constitución, que coloca el pago de la deuda y sus intereses por encima de cualquier otra necesidad (de las pensiones, del gasto sanitario, del salario de los empleados y empleadas públicos, y, en este caso por encima de las vidas de decenas de miles de vecinos) compromete toda posibilidad de dedicar los fondos necesarios a la reconstrucción. Y el 120% del PIB de deuda compromete a gobiernos y generaciones futuras. Razón de más para aplicar la exigencia del punto 14 del llamamiento, para tomar medidas para que pague la reconstrucción el 1% de la población que se embolsa el 25% de la riqueza producida en el país cada año y, en particular, los 60.000 millones regalados a los banqueros en 2010-2011.
Había que incautar las residencias de mayores y las industrias esenciales
Basándose en la Ley Orgánica 4/1981, que regula los estados de alarma, excepción y sitio, el decreto ley del 14 de marzo imponiendo el Estado de Alarma, a fin de conseguir bienes y servicios para proteger la salud faculta a: “intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, incluidos los centros, servicios y establecimientos sanitarios de titularidad privada, así como aquellos que desarrollen su actividad en el sector farmacéutico. Practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales”. Una orden del 24 de marzo faculta para intervenir así las residencias de mayores.
Pero ante la catástrofe criminal de las residencias de mayores, diez comunidades autónomas han intervenido unas docenas de residencias (de las 5.467), con más de 14.000 muertos por coronavirus. No ha habido un plan general de intervención cuando la mortandad era general.
Ante la escandalosa carencia de mascarillas, EPI o respiradores durante casi dos meses, el Gobierno no intervino con carácter de urgencia industrias textiles para fabricar mascarillas y batas protectoras, laboratorios para hacer pruebas, industrias manufactureras para fabricar respiradores… Así se respetaron los beneficios de las multinacionales. Y el Gobierno se lanzó a tratar con especuladores, que al cabo de semanas le facilitaron productos dudosos y aun fraudulentos, mientras las muertes se disparaban día a día a pesar de los esfuerzos de los trabajadores de la sanidad.
De la misma manera, ha sido el respeto de los beneficios de las industrias lo que ha llevado a la incorporación apresurada de cientos de miles de trabajadores a sus puestos de trabajo, en pleno confinamiento, sin medidas de protección adecuadas ni en la empresa ni en el transporte público. Esto se refleja incluso en las estadísticas de contagio oficiales.
Una conclusión se impone: a pesar de que el gobierno ha declarado en muchas ocasiones que su prioridad era y es salvar vidas, resulta incuestionable que es imposible conseguir este objetivo respetando el interés privado por encima del interés público.
La prohibición de los despidos
El Gobierno anunció a bombo y platillo la prohibición de los despidos durante el Estado de Alarma. Pero no es cierto, la prohibición sólo afecta a los despidos realizados alegando como causa el coronavirus. Así lo establece el decreto de “prohibición” en su artículo 2: “La fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley (…) no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido”.
Como señalaba en su día un artículo publicado en Información Obrera, “Si no se alega como causa justificativa del despido las derivadas del citado Real Decreto, no queda amparado, y si se alega el juzgado de lo social los declarará improcedentes, con indemnización de 33 días”. Es un hecho. Desde el 15 de marzo hay un millón de parados más, una parte por despidos “improcedentes” y otra por no renovación de contratos. Y la patronal exige que el Gobierno le deje las manos libres para miles de despidos individuales y de ERE cuando terminen los ERTE. De hecho, en el acuerdo sobre prolongación de los ERTE, la patronal ha exigido – y gobierno y sindicatos han aceptado- abrir la espita de los despidos: no se obligará al mantenimiento del empleo en los casos de despidos procedentes, el fin del llamamiento de los fijos discontinuos o la extinción de contratos temporales por expiración de periodo del contrato o por finalización de la obra o servicio. Los millones con contratos temporales puede ser, por tanto, despedidos en cuanto termine el ERTE.
Preservar el empleo exigía y exige la prohibición total de los despidos. Así lo reclama el llamamiento de los 411.
¿Quién manda en la Moncloa?
A la vista de lo que hemos señalado, hay que recordar que desde el decreto ley de Estado de Alarma en la Moncloa Sánchez no está solo sino “ayudado” por una representación del Consejo de Seguridad Nacional, presidido por el Rey y formado en particular por los ejércitos y el servicio secreto. Nadie nos ha explicado lo que hacen allí esa gente no elegida, pero se acumulan los hechos. Altísimos jefes militares explican al pueblo atónito cómo se lucha contra el virus. La injerencia de aparatos no elegidos ha sido en estos dos meses un obstáculo a la organización racional del salvamento. Hay cerca de 800.000 ciudadanos multados y no se conoce que ningún dueño de las residencias de mayores esté en la cárcel.
La presión del capital financiero se inclina a favor de un gobierno PSOE-PP, mientras las multinacionales y la embajada norteamericana, por un lado, y por otro sus “ayudantes” del aparato de Estado franquista irrumpiendo en la Moncloa, presionan al Gobierno entre otras cosas para
La búsqueda de un pacto con las derechas
Desde hace semanas, el Gobierno busca por todos los medios un gran “pacto de Estado” con las derechas. Por exigencia del PP, se ha constituido una comisión parlamentaria para preparar ese pacto. La preside Patxi López y actúa como vicepresidente Enrique Santiago, parlamentario de Unidas Podemos y secretario general del PCE.
La primera consecuencia de esa orientación hacia un pacto con la derecha ha sido la ruptura con Esquerra Republicana en la cuestión de la prolongación del Estado de Alarma, una ruptura que si se consolida puede poner en peligro la propia continuidad del gobierno.
Evidentemente un pacto con las derechas es incompatible con una salida de la crisis que reconstruya los salarios, el empleo, los derechos de la mayoría trabajadora, de la juventud, los pensionistas, las mujeres, como reclaman, en nombre de otros muchos, los 411 primeros firmantes del llamamiento. Y significaría, en particular, renunciar de manera definitiva a derogar las reformas laborales y de pensiones.
El Gobierno no ha cumplido, por el momento, las expectativas de sus votantes
Las condiciones son difíciles, sin duda. Los compromisos del gobierno español, de todos los gobiernos, con las leyes de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, su respeto hacia los intereses de las multinacionales, han impedido que se tomen algunas de las medidas que la mayoría trabajadora que les votó esperaba. Ni se han derogado todas las contrarreformas, ni se ha subido el SMI a 1000€ como prometieron Desde el 15 de junio de 2018 y desde enero de 2020 no han faltado las oportunidades. Lo que ha faltado es la voluntad política, que, en estos momentos de emergencia nacional, cuando a los despidos y la epidemia, se añade la amenaza inminente de recortes brutales, ¿pueden los trabajadores seguir indefensos por no derogar la reforma laboral y las demás? Se hace todavía más imprescindible aplicar medidas de urgencia como las que contiene el llamamiento suscrito por 411 sindicalistas y militantes. ¿Hay alguna otra salida? La experiencia de estos últimos meses indica claramente que no. Que sin liberarse de las ataduras que imponen las instituciones del capital financiero no será posible defender el trabajo, el salario, y la salud.
Para que se den pasos hacia la satisfacción de las principales reivindicaciones es necesario organizarse y movilizarse. El llamamiento de los 411 puede ser un instrumento que ayude a ello.