(Publicado en la Carta Semanal 791 – ver en catalán)

Durante los 40 años de su reinado, los medios de comunicación construyeron un relato a medida sobre Juan Carlos de Borbón. Lo presentaron como “el rey demócrata”, a pesar de que había sido el heredero designado por el dictador Franco y, en calidad de tal, había jurado los “principios fundamentales del Movimiento Nacional”. Educado en España por preceptores designados por el dictador, durante todos los años que pasó a su sombra no se le oyó ni una mínima crítica. En septiembre de 1975, meses antes de jurar la Corona tras la muerte de Franco, presidió junto a él una “manifestación patriótica” en apoyo a los últimos fusilamientos del franquismo.

También nos lo presentaron, tras el golpe militar del 23-F, como el “salvador de la democracia”, cuando hoy sabemos que el golpe fracasó por las diferencias entre sus participantes y que el Rey estuvo durante horas maniobrando antes de decidirse a poner fin a la aventura golpista.

Del mismo modo, nos hablaban del “rey campechano”, cuando se trataba de un personaje aficionado a los lujos, los yates y las amantes de postín, que sacaba del banco cada mes 100.000 euros para sus gastos. No le bastaba con los más de cinco millones al año que le asignaban los Presupuestos del Estado.

Y, por supuesto, nos ocultaban sus negocios, la fortuna de más de 1.700 millones de euros que amasó durante su reinado, provenientes, en su mayoría, de cobros por intermediar en las compras y ventas de empresas españolas en el extranjero y por las ventas de multinacionales a España (cazas, construcción del AVE). Controlaba en exclusiva las compras de petróleo a algunos países árabes, con sustanciosas comisiones.

Se le mantuvo a salvo del escándalo de corrupción de su yerno Iñaki Urdangarín, como se mantuvo a cubierto en la sentencia del caso a su hija Cristina, a pesar de que existen cientos de precedentes en que el cónyuge es condenado por los delitos contra la Hacienda Pública de su pareja. Y eso que absolverla suponía poco menos que considerarla ciega, sorda y corta de entendederas.

Toda esta formidable maniobra de propaganda y de ocultación no se hacía en vano. Obedecía a una necesidad, la de preservar a la Monarquía, institución que actúa como la clave de bóveda del entramado institucional organizado a la muerte de Franco y tras los pactos de la Moncloa para mantener a las principales instituciones del aparato de Estado de la dictadura sin depuración alguna: el aparato judicial, las fuerzas represivas, el ejército los servicios secretos… El Monarca, sin que nadie le tosa, se permite convocar a todas las instituciones del Estado, como hizo Juan Carlos al cerrar el golpe del 81 para imponer reformas, o Felipe VI en su discurso del 3 de octubre de 2017 para lanzarlas a rebato contra el pueblo catalán y sus representantes.

Todo esto saltó por los aires cuando Juan Carlos de Borbón tuvo el accidente cuando cazaba elefantes en Botsuana junto con su amante Corinna Larsen. Se abrió una dinámica que finalmente condujo a su abdicación.

Un aparato de Estado contra la democracia

El aparato de Estado que preside el Rey y al que tantos se empeñan en defender no es cualquier cosa. Acaba de desvelarse cómo el CNI (los servicios secretos) mantiene una red de espionaje contra los republicanos catalanes. Seguro que no son los únicos espiados. La prensa se pregunta si lo hace “cumpliendo la ley” (es decir, con autorización judicial de Tribunal Supremo) o saltándosela. El País, en su editorial, llega al colmo del cinismo, criticando las escuchas si se han hecho sin autorización judicial, y justificándolas si han tenido esa autorización.

La cuestión es que ese aparato de Estado utilizó a sus fuerzas policiales para apalear a los ciudadanos catalanes que querían votar, a su poder judicial para perseguir a los dirigentes republicanos catalanes, a sus servicios secretos para espiarles (con o sin complicidad del aparato judicial). Como los utiliza cada día para reprimir manifestaciones obreras y populares, apoyar a los esquiroles en caso de huelga…

El Rey, a la cabeza de ese aparato de Estado, preside el Consejo de Seguridad Nacional, curiosa institución en la que un gobierno elegido rinde cuentas de sus actuaciones a los  militares, los cuerpos policiales y los servicios secretos.

Todo ello, naturalmente, se hace al servicio de los intereses del capital financiero. Basta con ver la intervención del Rey en el cierre del foro empresarial organizado por la CEOE.

Mantener la impunidad

A pesar de que se acumulan las revelaciones sobre negocios fraudulentos de Juan Carlos de Borbón, y fraudes a Hacienda, el poder judicial franquista y las propias Cortes han decidido que no puede ser investigado ni juzgado por ninguno de esos delitos que cometió cuando aún era Rey.

Se apoyan para ello en el artículo 56.3 de la Constitución, que dice que “La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2”. Y el artículo  64 dice que: “Los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes. La propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno, y la disolución prevista en el artículo 99 (…) serán refrendadas por el Presidente del Congreso”; y que “De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden”.

Son muchos los juristas que opinan que son sola y exclusivamente estos actos citados en el artículo 64, los refrendados por el gobierno y que carecen de validez sin ese refrendo, los que están cubiertos por la inviolabilidad del artículo 56.3 de la Constitución. Como señala Joan Carles Carbonell Mateu, Catedrático de Derecho penal de la Universitat de València, “No es casual que se contengan en el mismo párrafo y separados por un punto y seguido la declaración de inviolabilidad y la minuciosa regulación de los actos del Rey, la exigencia de refrendo y la traslación de responsabilidad a quienes los refrendan”. Que sepamos, ningún gobierno ha refrendado los trapicheos del hoy “emérito”.

Es de lógica que la inmunidad no sea absoluta. En lo que los defensores del orden burgués llaman “estado de derecho”, nadie puede pretender que el Rey pueda asesinar a una anciana, robar a mansalva o violar a un niño sin que pueda ser acusado o condenado por ello.

La supuesta inmunidad no es sino otra operación de cobertura, como las que explicábamos al comienzo de esta carta.

Ahora toca salvar a su hijo

Ahora, roto el muro de silencio, cada día sale una nueva revelación sobre los negocios del “rey emérito”. Que si regaló 64 millones de euros a su amante Corinna, que si sacaba 100.000  euros al mes de sus cuentas en paraísos fiscales para sus gastos, que si cobró comisiones por el AVE de la Meca, y así sucesivamente.

Ahora, todos los que antes se esforzaban por ocultar las andanzas de Juan Carlos de Borbón, y que ahora defienden su inmunidad, se apresuran a señalar que su hijo Felipe VI  no tuvo nada que ver, no sabía nada.

El propio Felipe VI trata de poner tierra de por medio respecto de su padre. Le ha retirado la asignación que percibe del presupuesto de la Casa Real (calderilla, a juzgar por la fortuna del “emérito”), ha declarado que renuncia a su herencia. El problema es que esa renuncia es un gesto falso, de cara a la galería, ya que el artículo 991 del Código Civil establece que “nadie podrá aceptar ni repudiar sin estar cierto de la muerte de la persona a quien haya de heredar y de su derecho a la herencia”. Además, la renuncia a la herencia –si fuera cierta- plantearía otro problema a Felipe de Borbón. Según el artículo 990 del Código Civil, “la renuncia herencia no podrá hacerse a parte”. Pero si renunciara totalmente a la herencia, ¿no estaría también renunciando a la corona, que según la Constitución “es hereditaria en los sucesores” de Juan Carlos I? Son los embrollos que acarrean las declaraciones mentirosas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, explicaba que considera “inquietantes y perturbadoras” las informaciones sobre los presuntos negocios del rey Juan Carlos, pero que valora que Felipe VI, esté “marcando distancias” con su padre.

De nuevo, se trata de salvar a la institución monárquica a toda costa, aunque sea haciéndonos creer que Felipe VI, como su hermana Cristina, era sordo y ciego. El problema es que también aparecen revelaciones sobre el rey actual. Por ejemplo, que se gastó más de 500.000 euros en su luna de miel (la mitad la financió un empresario, amigo de su padre y de Franco y, que según dicen le pagaba al hoy “emérito” los veleros). O que le acabamos de pagar un nuevo coche, un Mercedes-Maybach S600 Guard, que, según la revista El Motor, “ofrece estándares insuperables de amplitud, confort de conducción y características de lujo a bordo”, y que cuesta 550.000 euros. La real pareja acudió a su visita a la barriada del Polígono Sur de Sevilla en ese lujoso vehículo, que cuesta lo que ingresan en un año cien vecinos del barrio.

La Monarquía no puede seguir impune

Para salvar a la Monarquía, quieren mantener la impunidad de Juan Carlos y dejar de lado a su hijo Felipe. Se habla incluso de un posible exilio dorado para que el “emérito” se ponga a salvo de la justicia.

Todo eso cuando la indignación popular crece y las encuestas dicen que, hoy, son mayoría los partidarios de la República.

El gobierno Sánchez, formado por partidos que se declaran republicanos, está confrontado a esta contradicción: Ha jurado respetar la Constitución monárquica, y cada día que pasa este juramento aparece más contradictorio con responder positivamente a las demandas populares. La Monarquía, las instituciones heredadas que ésta preside, han aparecido claramente como un obstáculo de primer orden para luchar contra la pandemia y contra las consecuencias de la crisis económica. Acabar con estas instituciones es un problema de salud  pública. Defenderlas como hace el gobierno le sitúa contra las necesidades de la mayoría.

Para acabar con la corrupción instalada en las instituciones, de la base a la cúspide, y para dar satisfacción a las principales reivindicaciones de los trabajadores y los pueblos del Estado Español, hay que acabar con esa monarquía a la que tantos quieren proteger. La República que el pueblo va a traer juzgará, sin duda, los crímenes de la monarquía.