(publicado en la Carta Semanal 480)
A raíz de la última Carta Semanal, varios lectores nos plantean que hoy la defensa de los sindicatos exige hablar de su financiación. Tienen razón. Cuanto menos, todo el mundo convendrá en que la negativa a entregar a los sindicatos todo el patrimonio sindical, la dependencia de las subvenciones y los fondos de formación ha supuesto dejar las llaves de los ingresos del sindicato en manos de los gobiernos, que pueden, por tanto, estrangular financieramente a las organizaciones cuando les convenga, o jugar al palo y la zanahoria en respuesta a las movilizaciones convocadas por las organizaciones.
Nosotros vamos más lejos. No se trata sólo de que la financiación externa suponga dejar la llave de la caja en manos del enemigo de clase –que ya es bastante– sino que supone también que la organización no depende de las cuotas de sus afiliados, lo que en última instancia refuerza la independencia del aparato frente a los afiliados, es decir, se convierte en una cuestión de democracia sindical.
En agosto de 1940, en un artículo titulado “Los sindicatos en la era de la decadencia imperialista”, Trotski escribía que “hay una característica común, en el desarrollo, o para ser más exactos en la degeneración, de las modernas organizaciones sindicales de todo el mundo; su acercamiento y su vinculación cada vez más estrecha con el poder estatal”. La financiación a cargo del Estado es parte de la integración corporativa de los sindicatos en el aparato de Estado. Financiación estatal y diálogo social son la cara y cruz de esa moneda.
¿Dónde nace esta situación en los sindicatos recién “legalizados” a finales de los 70?
A la muerte de Franco los trabajadores levantaron sus organizaciones sindicales en ruptura con el sindicato vertical fascista, ruptura que fue el resultado de la lucha de clases, y no de la voluntad de muchos dirigentes, (recordemos la política que Carrillo, secretario general del PCE, impuso a los dirigentes de CCOO, basada en transformar el Vertical en un “sindicato de nuevo tipo”, de afiliación obligatoria y unidad impuesta). Esos sindicatos nacientes, que afiliaron entonces a muchos millones de trabajadores, no tenían financiación suficiente ni tan siquiera para pagar algunas veces los desplazamientos de sus dirigentes a actos que conllevaban un gasto, lo que muchas veces se solucionaba con el desembolso personal del militante. En aquel momento, las únicas aportaciones importantes que recibían los sindicatos del Estado eran las que les venían como consecuencia de la devolución cicatera y a cuentagotas del Patrimonio Sindical. Cada paso en esa devolución hubo que forzarlo con la movilización, la ocupación de locales, es decir, la propia lucha de clases.
El Pacto de la Moncloa, la sumisión de los sindicatos a la “reforma pactada” del franquismo y el sacrificio de las reivindicaciones a esa política vaciaron rápidamente de afiliados a los sindicatos, y colocaron sobre la mesa el problema de su falta de medios económicos. Se plantea entonces por parte del aparato dirigente la necesidad de buscar otros medios de financiación. Se empieza a hablar de “sindicato de servicios”.
La PSV fue la primera muestra de cómo esa línea lleva al descrédito de las organizaciones sindicales. UGT utilizó los fondos aportados por los cooperativistas para sus viviendas para sufragar los gastos de la campaña de elecciones sindicales, forzados por los preavisos masivos que hizo CCOO en las elecciones sindicales de esas fechas. Un dirigente de la unión provincial de UGT de Sevilla en aquellos tiempos nos explicaba recientemente cómo llegó a tener más de 250 personas a su cargo sólo haciendo elecciones. El resultado fue, como todos sabemos, la quiebra de PSV, el descrédito de UGT y la necesidad de cubrir las pérdidas con fondos del propio sindicato: la supuesta solución del problema económico se convirtió en un nuevo agujero económico.
Entonces, se intentó otra vía: el “canon sindical”, es decir, cobrar a los trabajadores por la negociación de los convenios colectivos. Una propuesta que los tribunales tumbaron. Ello llevó a una nueva vía de financiación: los acuerdos de Concertación Social, que corresponden a la política que lanza la Unión Europea desde el Acta Única de 1986. Así vemos su plasmación inicial en 1988 en Asturias para desviar el movimiento de masas, en 1989 en Madrid o Aragón, en 1992 en Castilla La Mancha, en 1993 en Andalucía.
Las direcciones confederales de la época vieron con alivio lo que parecía un respiradero, pero a partir de ahí se va creando una situación donde entras en una dinámica de locura, donde se juega y hay la posibilidad de mucho dinero para conseguir las metas perseguidas… es decir, la financiación no independiente de los sindicatos se ha convertido en un monstruo que está devorando hasta a los mismos creadores de dicha estrategia, convertidos en rehenes de la situación. En ello se apoya hoy la campaña de los que buscan destruir la UGT y también CCOO.
En definitiva, una pescadilla que se muerde la cola. La política de pacto social aleja a los trabajadores de los sindicatos obligando a buscar fuentes de financiación externas que, a su vez, comprometen aún más a los sindicatos en la colaboración con los gobiernos vía diálogo social.
¿Qué ha ocurrido para que todo esto haya estallado?
Todo este edificio ha estallado en los últimos años como resultado de la propia lucha de clases y de la necesidad del capital y del aparato del Estado de amordazar a los sindicatos. El primer elemento de ruptura de este edificio se produjo en Madrid, donde la resistencia de los trabajadores y trabajadoras a la privatización de la sanidad obligó a los sindicatos a organizar movilizaciones que tomaron la forma, en muchos casos, de boicot a los actos institucionales y las inauguraciones de Esperanza Aguirre y sus consejeros, actos en los que participaban de manera destacada los sindicalistas. La Comunidad de Madrid decidió entonces reducir drásticamente las subvenciones y el número de liberados sindicales. Es decir, la política de Concertación Social pierde pie en cuanto los Estados, empujados por la UE y el capital, desmantelan los presupuestos sociales (de empleo, servicios públicos….) y también los derechos sindicales. Pronto el ejemplo de Madrid fue seguido por el Estado y el conjunto de Administraciones Públicas.
El aparato policial y judicial ha continuado esa ofensiva arremetiendo contra el cobro de dinero por parte de los sindicatos en la negociación de ERE, lo que es discutible como política sindical pero es perfectamente legal. Y sin embargo, el gobierno Rajoy y los medios de comunicación hacen un escándalo de eso, cuando aquí el Supremo creó una teoría nueva para absolver a Botín, nunca más se supo de los chanchullos de Francisco González tras perderse los papeles en el incendio de Azca, y los empresarios no van a la cárcel por los accidentes laborales.
Han continuado luego esa ofensiva con los fondos de formación, financiados con cotizaciones de los trabajadores y trabajadoras. Es también discutible ese dispositivo, probablemente sería más adecuado que la formación la garantice directamente el estado bajo el control de los sindicatos. Pero los sindicatos han dado formación a millones de trabajadores.
El hecho es que los dirigentes que han aplicado la política de financiar los sindicatos más allá de las cuotas de los afiliados corren hoy el riesgo de que les metan en prisión los mismos que les empujaron a ello.
Sindicatos democráticos e independientes
La experiencia de estos últimos años ha demostrado que la línea de dependencia económica de los sindicatos lleva a la destrucción de las organizaciones. Los militantes de la IV Internacional, que defendemos incondicionalmente a las organizaciones sindicales frente a los ataques del capital y del aparato de estado, decimos a todos los militantes y cuadros sindicales que esta defensa exige la independencia total e incondicional de los sindicatos respecto del estado capitalista. Independencia política que supone la ruptura con la línea de diálogo social e independencia económica que exige acabar con la financiación a cargo del Estado y luchar desde ahora por una financiación exclusivamente por medio de las cuotas de los afiliados, de la venta de materiales y de los servicios que presten (asesoría jurídica, etc.).
Esta propuesta no corresponde a los intereses de los revolucionarios, sino a los de los propios trabajadores y afiliados de los sindicatos. No tenemos recetas ni fórmulas mágicas, solo los propios sindicatos, sus instancias, mediante un debate democrático en las organizaciones, son capaces de elaborar y poner en práctica otro modelo. Nadie ha de dictar nada a las organizaciones constituidas por los trabajadores, solo la plena soberanía de los afiliados en sus congresos y de sus órganos elegidos puede responder al ataque que hoy sufren, como parte de la respuesta de los trabajadores y sus organizaciones a los ataques diarios de este gobierno.