(Publicado en la Carta Semanal 631)
La liquidación del Banco Popular, y su entrega al Banco de Santander por el precio simbólico de un euro suponen un nuevo episodio de la “crisis bancaria”. Un proceso de concentración bancaria que ha llevado a pasar de 62 bancos y cajas de ahorros a tan solo 11 en apenas una década, y a lanzar al Banco Santander como el líder absoluto del sector, con más de 1,4 billones de euros en activos a escala internacional, y también en España, donde supera los 400.000 millones. BBVA, CaixaBank, Sabadell y la futura fusión de Bankia y BNM son los otros cuatro bancos con más de 200.000 millones. El resto de bancos son mucho más pequeños (no llegan a los 70.000 millones de euros en activos), y se preparan nuevas fusiones-absorciones. En su último informe anual, el Banco de España alienta a una mayor concentración en el sector. Se habla de un futuro con 5 ó 6 bancos.
Ahora le ha tocado el turno al Popular, en una serie de acontecimientos que demuestra que las instituciones, los reguladores, los gobiernos, están al servicio del asalto de los especuladores con sus movimientos a corto plazo.
En este proceso se han quedado atrás más de 80.000 empleos en la banca y miles de oficinas bancarias. Se empieza a vivir en el medio rural una situación como la de Portugal, donde cientos de poblaciones se han quedado sin banco, obligando a la gente a desplazarse para sacar dinero o para cualquier gestión.
En este episodio del Popular, al parecer, el Banco Central Europeo, el Gobierno, y sobre todo el Banco Santander están satisfechos porque en una noche se cargaron el banco. ¿Qué significa para los trabajadores y los pueblos?
Un golpe “resolutivo”
El periodista José Mª Izquierdo se preguntaba en la SER: “¿Es posible que una entidad del porte del Banco Popular, que valía casi 20.000 millones hace unas semanas, haya podido comprarse por un euro, apenas unos céntimos más que un chupachups? ¿Cómo se puede disolver como un azucarillo una corporación con cerca de 15.000 empleados y 300.000 accionistas?”
La respuesta está en el Mecanismo Único de Resolución de la Unión Europea (MUR), creado el 19 de agosto de 2014 para aplicar la Directiva [europea] de recuperación y resolución bancaria para bancos en quiebra. Esta directiva hace al BCE directamente competente respecto de las fases de planificación y resolución de los bancos de los países que forman parte de la unión bancaria, colocándolo por encima de toda autoridad de los países miembros.
La crisis del Banco Popular se arrastra desde hace años, por su elevada exposición a la deuda del ladrillo, y es una demostración palpable de adónde conducen los mecanismos especulativos bajo el capitalismo: el Banco Popular ha pasado de ser entre 1992 y 1997, el banco más rentable del mundo, a la situación actual. El valor de las acciones del Banco ha ido cayendo progresivamente, y una ampliación de capital realizada hace unos meses no ha bastado para protegerle del ataque de los especuladores. A comienzos del año los títulos de Popular cotizaban a 0,91 euros y hace solo una semana a 0,64 euros, el martes a cerca de 0,33 euros y al día siguiente, por decisión del MUR, valían 0 euros. Es más, han desaparecido: las acciones han sido amortizadas. Algo que no hace sino poner la puntilla a una sangría en el valor de sus títulos, que ya habían sufrido una caída del 65% desde enero y un 51% desde el pasado miércoles.
¿Quiénes pierden?
Con la decisión del MUR lo han perdido todo los accionistas, entre los que hay miles de pequeños accionistas, y los detentadores de una emisión de bonos por 2.000 millones de euros. Eran accionistas tres de cada cuatro empleados del banco que sumaban algo más del 4% del capital social (se calcula que han perdido más de 80 millones de euros).
Entre los grandes accionistas, hay que destacar que en las últimas semanas había reducido su inversión BlackRock, la mayor gestora de fondos del mundo, que anunció 6 días antes de la quiebra que reducía su participación en el capital del 4,1% al 1,77%. Lo mismo ha hecho, según varias fuentes, el banco francés Crédit Mutuel, que dos días antes de la intervención del MUR anunciaba su salida del consejo de administración del Popular. Es decir, que hay especuladores que apostaron contra el Popular que se reparten ganancias.
Entre los grandes perdedores, La Sindicatura de Accionistas, propietaria de un 10% de las acciones, donde tiene un papel destacado el Opus Dei, que, con un total más de 402 millones de acciones, perderán cerca de 133 millones de euros al cierre del martes (desde enero han perdido 365 millones). En esta participación, se computan las acciones de Unión Europea de Inversiones, sociedad instrumental participada entre otras por la Fundación de la Universidad de Navarra, con 123 millones de títulos, y por varias entidades del Opus Dei.
Ahora se anuncia que estos “perdedores” preparan largas reclamaciones en los tribunales por la “incautación”, con peligro de que acaben pagando los contribuyentes.
El resultado
El gran beneficiado por la operación, no hace falta decirlo, es el Banco de Santander, que, por el precio de un euro, se hace con un banco que el 31 de diciembre de 2016 contaba con 147.926 millones de euros en activos, siendo la sexta entidad financiera española por volumen de activos. En esa misma fecha, contaba con 1.739 oficinas, 11.948 empleados y 4,6 millones de clientes.
Paralelamente, UGT recuerda que “ambas entidades llevaron a cabo procesos de desvinculación de trabajadores recientemente: unos 2.600 puestos de trabajo en Banco Popular y unos 2.500 en Banco de Santander”.
En manos del Santander, quedan el puesto de trabajo de miles y miles de trabajadores y miles de oficinas (que necesitan los pensionistas, los desempleados, las familias, los autónomos, los pequeños agricultores, comerciantes e industriales, las administraciones). La población, la economía, se ven, una vez más, sacrificadas a los especuladores.
La UGT lo ve desde esta perspectiva:
“Son más de 80.000 los empleos destruidos en el sector financiero español desde el año 2008. La solución al proceso de reestructuración del sistema bancario de nuestro país no puede tener como medida habitual la destrucción de empleo.”
Y reclama: “al Gobierno y al Ministerio de Empleo y Seguridad Social que, de la misma manera que a través del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) han decretado la venta de Banco Popular por 1€ a Banco de Santander, tomen las medidas necesarias para evitar que esta operación financiera suponga destrucción de empleo.”
Por su parte, CCOO decía lo siguiente. “CCOO Servicios valora positivamente esta solución que pone fin al entorno de incertidumbre que afectaba a clientes y mercados. El sindicato espera que sea también la mejor opción para los y las trabajadoras (…) CCOO Servicios exige un Protocolo de Garantías de Empleo que renuncie a la utilización de medidas traumáticas si existiese una reestructuración de plantilla y que preserve las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de ambas Entidades”
¿Y ahora?
Tras este nuevo episodio de crisis y concentración bancaria, hay que preguntarse ¿será más estable el sistema bancario, para beneficio de la economía, la producción, los salarios? Más bien, todo lo contario. Se cumplen 5 años del rescate bancario, cuyo balance hemos señalado. Como antes la liquidación de decenas de cajas, este nuevo episodio prepara la próxima bancarrota.
La única salida, desde el punto de vista de la economía productiva, que necesita de un sistema de crédito que le permita sobrevivir, no es otra que la nacionalización del sistema financiero, el fin del euro y de la tutela del BCE sobre la economía.
En lo inmediato, los trabajadores esperan que sus sindicatos defiendan todas las reivindicaciones, y en primer lugar, el mantenimiento de todos los puestos de trabajo y demás reivindicaciones esenciales para preservar las condiciones de vida de los trabajadores del sector. Es, sin duda el punto de partida, que exigiría mantener toda la red de oficinas de ambos bancos. En segundo lugar, no se puede dejar de lado la exigencia de responsabilidades por esta quiebra anunciada. En tercer lugar, en el camino de la nacionalización de toda la banca, la exigencia de que no se lleve a cabo la privatización de Bankia-BMN, rescatadas con cuantiosos fondos públicos.