(Publicado en la Carta Semanal 756 – ver en catalán)
El potente movimiento revolucionario iniciado el 18 de octubre cuando los estudiantes de Santiago decidieron NO pagar los billetes de metro (que habían sido aumentados de 800 a 830 pesos) ha modificado radicalmente todas las relaciones sociales y políticas del país. Se trata del inicio de un proceso revolucionario.
El gobierno Piñera, que se reclama de la herencia pinochetista, respondió con una brutal represión: 23 muertos, 1747 heridos, más de 16.000 detenidos -cientos de ellos sometidos a juicio-, violaciones indiscriminadas por parte de la gendarmería y el ejército. Al mismo tiempo, retiraba el aumento del billete del metro y buscaba desesperadamente un acuerdo con los partidos de la oposición para acordar reformas que calmaran la rebelión popular.
Estas 4 semanas transcurridas han conocido movilizaciones históricas, de todos los sectores oprimidos de la sociedad: trabajadores, desempleados, estudiantes, minorías indígenas, particularmente los mapuches…
La Unidad Social
Al calor de la movilización de los estudiantes, las principales organizaciones de clase: la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación de Trabajadores de la Banca, La coordinadora no+AFP, las federaciones de portuarios, mineros, las organizaciones de estudiantes…, configuraron la Mesa de Unidad Social que agrupa hoy a 200 organizaciones sindicales, populares y democráticas.
La Unidad Social convocó y preparó una huelga general el 12 de noviembre que movilizó a más de dos millones de trabajadores. Realizando en la práctica la conjunción entre la clase obrera organizada y todos los sectores oprimidos de la población.
Contra las instituciones
El régimen chileno es heredero de la dictadura de Pinochet. A finales de los 80, ante el crecimiento de la movilización popular, los jerarcas del régimen, junto con sectores importantes de la “oposición”, y, en particular, el Partido Socialista, organizaron una “transición” inspirándose explícitamente en la transición española, que buscaba preservar una buena parte de la herencia pinochetista y, en primer lugar, su “obra” económica (privatizaciones masivas, en particular la de las pensiones). Y esta transición se concretó en el mantenimiento de la Constitución de Pinochet aprobada en 1980. La salida de Pinochet en 1990 dio lugar a 20 años de gobiernos de la Concertación (o sea, del pacto entre la Democracia Cristiana y el Partido Socialista, con el apoyo crítico en el último periodo del Partido Comunista). En los 30 años transcurridos desde entonces la herencia pinochetista se respetó.
No es por casualidad que las manifestaciones se dirigieran desde el primer momento contra las instituciones, y, en particular, el Congreso con sede en Valparaíso que materializa la Constitución de Pinochet. No es por casualidad, tampoco, que los estudiantes griten “No son 30 pesos, son 30 años”
¿A quién representan?
El gobierno adoptó, con el apoyo de la dirección del Partido Socialista, el viernes 15 de noviembre un “Acuerdo por la paz y la nueva constitución” proponiendo adoptar la reforma de la Constitución pinochetista en un plebiscito a celebrar en abril del 2020 y nuevas elecciones en octubre.
Sin embargo estos planes se ven enfrentados a dos cuestiones:
- Las masas movilizadas no se reconocen en ningún partido, ni del gobierno, ni de la oposición, ni siquiera el PC o el Frente Amplio que se sitúan más a la izquierda y no firmaron el Acuerdo.
- Según todos los estudios, el 85 por ciento de la población no se siente representada.
En estas circunstancias la toma de posición clara y rotunda de las 200 organizaciones de la Unidad Social que aquí reproducimos abre el camino a que las reivindicaciones y derechos que los trabajadores y el pueblo chileno reclaman encuentren una vía de combate para su satisfacción.
DECLARACIÓN DE UNIDAD SOCIAL DE RECHAZO AL ACUERDO DE PAZ Y NUEVA CONSTITUCIÓN
Como Unidad Social que agrupa a más de 200 organizaciones sociales, sindicales, de DDHH, medioambientales, pueblos originarios, poblador@s, migrantes, del sector salud, de personas con discapacidad, feministas, de la educación universitaria y secundaria, profesores y académic@s, queremos señalar nuestro rechazo al “Acuerdo por la Paz y nueva constitución”. Este acuerdo de madrugada entre Partidos Políticos, sin la participación y legitimidad de quienes hemos participado de las movilizaciones, fue construido mientras literalmente se reprimía y violaba sistemáticamente los Derechos Humanos, se hizo entre en cuatro paredes y a espaldas de los movimientos sociales.
Es expresivo de este origen que el Acuerdo incluya mecanismos que rechazamos enfáticamente: 1) Un quórum elevado que perpetúa el veto de las minorías. 2) Discrimina menores de 18 años. 3) No contempla mecanismos de participación Plurinacional y de Paridad de Género. 4) Establece un mecanismo de representación y elección funcional a los partidos políticos que han sido responsables de la actual crisis político y social.
Que la asamblea constituyente sea una necesidad transversal sólo puede entenderse como fruto de la movilización popular. Este avance del pueblo implica una ruptura con el modelo neoliberal impuesto en Dictadura y consolidado por los gobiernos de la Concertación y la Derecha durante los últimos 30 años. En este momento debemos ser capaces de transitar irrenunciablemente hacia una Asamblea Constituyente Plurinacional y Paritaria.
La criminal represión contra los pueblos, ejercida por el Gobierno, las FFAA y carabineros, tiene responsables políticos que no pueden quedar en la impunidad y que deben ser juzgados de manera inmediata. Es fundamental la conformación de una “Comisión de Verdad y Justicia» y el cese inmediato a toda política de criminalización y represión a movimientos y luchadores sociales. Ninguna Democracia se puede construir sobre la impunidad.
Aún en contexto de represión y terrorismo de Estado, a lo largo del país se ha generado un proceso de deliberación inédito en participación a través de Cabildos, Asambleas Territoriales, y los trawün, que están construyendo democráticamente nuestras propuestas de transformaciones necesarias para una nueva sociedad.
Por los motivos expuestos, hacemos un llamado a mantener la movilización por una verdadera Asamblea Constituyente Plurinacional y Paritaria, y por una Agenda inmediata de restitución de derechos sociales y contra la precarización de la vida y crisis socioambiental. Junto a esto, llamamos simultáneamente a frenar la agenda legislativa neoliberal del ejecutivo, retirando proyectos como por ejemplo el TPP11, la Ley de Integración Social y la Ley de Sala Cuna Universal
Es por ello que en los próximos días haremos un llamado a la población y organizaciones sociales a una nueva Huelga General y jornada de protestas. Asimismo presentaremos una propuesta de Asamblea Constituyente Plurinacional y un programa de transformaciones elaborado por los movimientos sociales.
UNIDAD DE SOCIAL