Carta Semanal 1100 para descargar en PDF
En los próximos días, representantes de COESPE tienen previsto hacer entrega de los cientos de firmas y pronunciamientos de instancias sindicales y organizaciones sociales contra las sanciones impuestas a pensionistas, en aplicación de la Ley Mordaza, y por la derogación de esa ley, que acaba de cumplir 11 años, sin que se haya materializado ninguna de las promesas de derogación. Repasamos algunas cuestiones sobre esa ley represiva.
Una ley que facilita la represión policial de las movilizaciones obreras y populares
El 30 de marzo de 2015 se promulgaba la Ley Orgánica 4/2015 de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, y de la reforma del Código Penal. La aprobación de esta ley estableció un nuevo marco jurídico para facilitar la represión de las protestas populares, ya que incrementa las competencias de los cuerpos policiales, y empeora las condiciones de defensa de la clase trabajadora.
Con la Ley Mordaza, se abre, para delitos y faltas que hasta entonces se castigaban por la vía penal, la posibilidad de sancionarlas por vía administrativa, concretamente en el caso de los derechos de protesta, opinión y manifestación.
En la vía penal antes existente, la persona denunciada podía ejercer su derecho a la defensa: tenía la presunción de inocencia y, por tanto, el denunciante tenía la obligación de ofrecer pruebas de la infracción penal.
Con la ley Mordaza, es la propia policía la que denuncia, y la autoridad gubernativa (delegación o subdelegación del Gobierno) castiga directamente, sin sentencia del juez. Esto se basa en la presunción de veracidad de las fuerzas de seguridad, ya presente desde la “Ley Corcuera” de 1992.
Además, la ley aumentó la cuantía de las multas, de modo que algunas son superiores a las que se incluían en el antiguo Código Penal.
La ley no sólo ha aumentado el número de infracciones. Además, el paso a la vía administrativa ha disminuido el derecho a la defensa del sancionado, ya que esa vía administrativa ofrece al acusado la posibilidad de admitir la infracción y pagar la mitad de la multa. El sancionado se ve obligado a elegir entre dar por buena la sanción, y abonar el 50%, o presentar un recurso de incierto resultado, o recurrir a la vía judicial, teniendo que pagarse un abogado, y demostrar con pruebas que el policía miente, porque si no prevalece su presunción de veracidad.
Se genera un mecanismo que permite, reprimir la manifestación y la protesta de una forma más automática, rápida y sistemática, porque las sanciones son mayores y se simplifica y acelera mucho el proceso. De ahí el nombre de “ley mordaza”, porque se trata de una ley destinada a aumentar la autoridad, la arbitrariedad y la discrecionalidad de la policía, para restringir los derechos de manifestación, protesta y expresión.
No es de extrañar que se haya cobrado cientos miles de denunciados y sancionados, y se haya convertido en una máquina de recaudar. En el total de los diez primeros años, con gobiernos de diferente signo, se han incoado cerca de dos millones y medio de infracciones de la ley mordaza, concretamente 2.483.751, con un importe global que asciende a 1.493,1 millones de euros.
Cientos de miles de sancionados
Durante los primeros nueve años y medio de vigencia de la Ley Mordaza (desde el 1 de julio de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2024), se abrieron casi tres millones de expedientes (2.924.631). Eso sin contar los abiertos en el País Vasco, Navarra y Cataluña (que pueden suponer un 20% más). Y van en aumento: 327.761 sanciones en 2024, es decir, 43.249 más que el año anterior; un 15% más de sanciones y se ingresaron a cuenta de ellas casi 29 millones de euros más que el año anterior.
El consumo o tenencia de drogas en espacios públicos –que no es delito, sólo el tráfico, es materia penal- continúan siendo la causa de la mayoría de las sanciones (desde la entrada en vigor de la ley, el consumo de drogas en la calle ha representado siempre más del 60% de las sanciones), ya que representan el 73,2% de los expedientes infractores registrados en 2024. Ese año las fuerzas de seguridad pusieron 239.890 multas por tales motivos, 41.070 más que en 2023, con un importe total de 155,7 millones de euros, 24,9 millones más que el ejercicio anterior. En diez años de vigencia de la ley han superado el millón y medio de infracciones, con las que se han recaudado prácticamente mil millones de euros, exactamente 995,2. Y es que la multa varía entre 601 y 20.000 euros, 30.000 si se reincide.
En los primeros diez años de vigor de la ley se han impuesto 688.672 sanciones (26,99% del total) en aplicación de los artículos relacionados con la actividad política, a través de las cuales el gobierno ha recaudado 311 millones de euros (24,06% del total recaudado). Además, el número de sanciones relacionadas con la actividad política presenta una tendencia creciente: entre 2016 y 2023, este tipo de sanciones ha aumentado un 42,92%.
La falta de respeto a la autoridad (artículo 37.4, que la considera infracción leve, con multa de 100 a 660 euros) ha sido la sanción más aplicada de entre los artículos relacionados con la actividad política; en total, 197.086 veces. Se trata de un concepto absolutamente difuso, que se ha aplicado a un conductor que se dirigió a un policía municipal llamándole “colega” o a quienes se han dirigido a los cuerpos represivos en catalán, gallego o euskera. En 2024, 21.512 sanciones, 748 menos, pero con una cuantía global que superó en más de medio millón de euros a lo recaudado en 2023.
El segundo artículo de la ley objeto de más expedientes sancionadores en este apartado es el 36.06, que califica como infracción grave (de 601 a 30.000 euros) la desobediencia o resistencia a la autoridad en el ejercicio de sus funciones, así como la negativa a identificarse o la alegación de datos falsos o inexactos en el proceso de identificación. A causa de su incumplimiento se pusieron 18.693 multas, 200 menos que el año anterior, pero con un valor total superior en 420.000 euros. Según datos del Ministerio de Interior, las faltas de respeto y la desobediencia a las fuerzas del orden ocasionaron, sólo en 2024, en total la imposición de 40.205 sanciones, con una cuantía que alcanzó los 17,6 millones de euros.
En estos diez años, 47.686 sanciones han sido impuestas por causar “desórdenes en la vía pública”, que incluyen sanciones por celebración de reuniones en lugares de tránsito público o manifestaciones no autorizadas, así como causar desórdenes en espacios o establecimientos públicos. En 2024, no han sido muchas las sanciones por este último motivo, 6.500, pero su importe global aumentó en cerca de un millón de euros hasta alcanzar los 4,3 millones.
Son multas que asfixian a organizaciones que convocan movilizaciones, como es el caso del grupo vecinal No a la Tala en Madrid, que acumula 20.000 euros en multas por negarse a la tala de más de 1.000 árboles en sus vecindarios. O como el Sindicato de Vivienda de Carabanchel, han acumulado más de 44 mil euros en multas sólo desde 2021, o los 21.000 euros en multas por la protesta de estudiantes del grupo Defendemos Palestina ante la visita de la Embajadora de Israel en la Universidad Complutense.
Promesas de derogación siempre incumplidas
Pedro Sánchez prometió durante la campaña electoral de 2016 derogar la ley, y lo volvió a prometer en las dos campañas de 2019. Como lo han hecho Sumar, Podemos, y varios de los partidos nacionalistas de izquierda.
De hecho, ha habido varias propuestas de derogación. Por ejemplo, en 2021, el PSOE y UP pactaron una propuesta de reforma limitada de la Ley Mordaza, que modificaba algunas cuestiones, pero no derogaba completamente el texto.
En 2021, 2023 y 2024, sindicatos y asociaciones policiales se han manifestado contra tentativas de reforma de la ley mordaza, que, según ellos, perjudicaban “directamente la eficacia policial, con la consiguiente desprotección de la sociedad».
El PSOE, Sumar, EH Bildu y el PNV registraron una Proposición de Ley de reforma de la ley en octubre de 2024, pero los trámites parlamentarios en la comisión correspondiente llevan meses paralizados.
En todo caso, hay que señalar que, en flagrante contradicción con las promesas de derogación, en los diez años de la Ley Mordaza, ha sido precisamente el “gobierno progresista” quien más ha aplicado la Ley Mordaza. Cerca del 75% de las sanciones de la Ley Mordaza se han impuesto durante el mandato de Pedro Sánchez. En gobiernos de coalición del PSOE con Podemos, primero, y con Sumar, después. Entre 2015 y 2018, bajo el gobierno Rajoy, se interpusieron 765.416 multas por violaciones de la ley mordaza, y en los seis años posteriores, entre 2019 y 2024, ya con Pedro Sánchez de presidente, se tramitaron 1.718.335.
¡Basta de demoras y excusas! ¡Derogación, ya!
Sindicatos, activistas, movimientos sociales de todo tipo coinciden en la necesidad de derogar la ley mordaza para restaurar el derecho de reunión, manifestación y protesta arrancado por la movilización a la muerte de Franco. Recordamos que una campaña unitaria consiguió derogar el artículo 315.3 del Código Penal, que perseguía a los piquetes de huelga.
El gobierno debe cumplir de inmediato sus promesas de derogación. Y, mientras ésta se produce, debe ordenar a las delegaciones del gobierno dejar de aplicar, de inmediato, la Ley Mordaza contra las protestas y movilizaciones sociales. Se habla de hacer frente a la derecha y a la extrema derecha, pero si realmente se quiere vencerlos, hay que movilizar a la población trabajadora respondiendo a las exigencias de la mayoría, y la derogación de la ley mordaza forma parte de ellas.