Carta Semanal 1099 para descargar en PDF
En 1977-78, frente a un poderoso movimiento que buscaba acabar con todo lo que significaba el franquismo e imponer una verdadera democracia basada en las reivindicaciones sociales y los derechos de los pueblos, los dirigentes del PCE y del PSOE, junto con los de los principales partidos “nacionalistas”, impusieron, a través de los pactos de la Moncloa y la Constitución de 1978, un acuerdo con los representantes del franquismo en descomposición, para dar paso a una Monarquía, presidida por el heredero designado por el propio dictador.
Como parte de ese acuerdo, todo el aparato judicial y represivo del franquismo fue respetado, sin depuración alguna (y sin readmitir a los expulsados por “rojos”, como fue el caso de los militares de la Unión Militar Democrática). La Brigada de investigación Político-Social se convirtió en Brigada de Investigación, los jueces del Tribunal de Orden Público pasaron a la Audiencia Nacional.
Un obstáculo a todo progreso
Oficialmente, se habían convertido, por arte de magia, en “demócratas”. Pero, desde entonces, han actuado como un obstáculo a todo progreso social y como ariete de los partidos franquistas contra todo aquel que ponga en cuestión su “derecho” a gobernar.
El aparato judicial se ha comportado, en todo momento, como enemigo de las mujeres y sus derechos. Durante años, ha consentido los malos tratos y las agresiones, se ha negado a actuar contra ellos, y sólo la presión y movilización social les ha obligado a ir cambiando. Cuando se aprobó la ley del “sólo sí es sí”, decenas de jueces aprovecharon para rebajar las condenas a violadores y agresores sexuales. Entonces descubrimos, además, que la mayoría de condenas por violación se habían hecho con la pena mínima prevista en el código penal, como si los jueces consideraran “excesivas” esas penas.
Con respecto a los derechos sindicales y el derecho de huelga, conocido es cómo jueces y fiscales hicieron campaña, amparándose en el infame artículo 315.3 del código penal, para ilegalizar los piquetes de huelga. Esa campaña se basó en el procesamiento de centenares de sindicalistas. Recientemente, hemos visto las condenas a las 6 de la Suiza. Y suma y sigue.
Y qué decir de los torturadores convertidos en “policías democráticos”, manteniendo sus cargos y sus medallas pensionadas. O de los antidisturbios que actúan con saña contra las movilizaciones obreras y populares, mientras confraternizan con los manifestantes neonazis. Y del acuerdo con la organización neonazi Desokupa para la formación de policías y guardias civiles.
Y una ofensiva contra todo aquel que no acepte el gobierno de los franquistas
Asistimos, en estos momentos, a una ofensiva del poder judicial y los aparatos policiales (UCO, UDEF), que busca acabar con el gobierno de Pedro Sánchez. En ella se inscriben las acusaciones contra la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, el juicio contra Ábalos-Koldo-Aldama, el juicio contra el hermano de Pedro Sánchez, y ahora, lo de Zapatero. No podemos determinar cuánto hay de verdadero o de montaje en cada una de esas “investigaciones” Pero justo es señalar que esa misma “justicia” “sólo parece ciega de un ojo”. Sigue sin poder determinar quién es un tal “M. Rajoy” citado en los papeles de la Gürtel, ha aplazado hasta mediados de 2027, fuera del calendario electoral (y tres años después de que estalló el caso), el juicio contra Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, por fraude fiscal, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal. Recientemente se ha sabido que la UCO espera desde las Navidades la luz verde del juez para investigar un posible soborno del empresario Alberto González Amador a un ejecutivo del grupo Quirónsalud. El Supremo también absolvió a Ana Botella por haber vendido, en 2013, como alcaldesa de Madrid, 1.860 viviendas sociales al fondo buitre Blackstone, por 128,5 millones de euros (a 70.000 euros la vivienda, muy por debajo del precio de mercado). Esas dos varas de medir ponen de manifiesto el carácter político de la ofensiva judicial y policial contra el gobierno, que algunos califican de “golpe de Estado” judicial.
Muchos de esos juicios se basan en la colusión de entes ultrarreaccionarios como Hazte Oir, Manos Limpias, Abogados Cristianos, Liberum, Iustitia Europa (todos ellos presentes como acusaciones particulares en el juicio contra David Sánchez) con el poder judicial.
Recordemos la persecución judicial contra los republicanos catalanes, animada por el propio Rey con su famoso discurso del 3 de octubre de 2017 (que se resumía en “a por ellos”), que llegó a afectar a miles de ciudadanos de Catalunya. Y la resistencia del mismo aparato judicial a aplicar la Ley de Amnistía de junio de 2024, que trataba de poner fin a esa situación. La ley encargó a los jueces su aplicación caso por caso, y recientemente se ha sabido que solo el 52% por ciento de los activistas catalanes han sido amnistiados, y el 38,7% de los cargos públicos, pero la han aplicado ya al 97% de los policías.
Tampoco olvidamos la impunidad con que policías y jueces dejaron actuar a los manifestantes de ultraderecha en la sede del PSOE de Ferraz o a los acosadores de Pablo Iglesias y su familia.
Recordemos, también, todo el lawfare desencadenado contra Podemos, cuando el partido tenía grandes expectativas electorales. Más de 20 procesos y querellas archivadas.
A ello hay que sumar la condena del entonces diputado Alberto Rodríguez, que llevó a su expulsión del Congreso, con el solo testimonio de un policía, los procesos contra Mónica Oltra y Vicky Rosell, y un largo etcétera.
Hablemos de los juicios por los ERE de Andalucía, procedimientos desarrollados por la juez Alaya en completa sintonía con los distintos momentos electorales, y que culminaron en la llamada “pieza política” en que la Audiencia Provincial de Sevilla condenó a 19 ex altos cargos de la Junta, incluidos los expresidentes Manuel Chaves (inhabilitación) y José Antonio Griñán (cárcel). El Tribunal Constitucional anuló las condenas por malversación, ordenando emitir nuevas sentencias, pero la Audiencia de Sevilla intentó anular esa sentencia recurriendo al TJUE.
La justicia franquista, sea cual sea el juez, escoge sus víctimas y el momento para intentar ejecutarlas. «El que pueda hacer, que haga» de Aznar, corresponsable de la agresión militar contra Irak, que destruyó el país y provocó centenares de miles de muertos.
El aparato judicial se ensaña con las investigaciones por corrupción contra las izquierdas y,e n particular, contra el gobierno de Pedro Sánchez. Pero pasa la mano con otras muchas. La corrupción es inherente al régimen. Es un hilo podrido que viene de la “transición”, que no depuró las instituciones del Estado, sino que garantizó su continuidad bajo la pátina constitucional.
Este régimen es la corrupción: los mecanismos provenientes del franquismo permiten el enriquecimiento escandaloso del 2% de la población. El 25% de la economía está “sumergido” para quebranto de los trabajadores, de las arcas públicas y los servicios sociales, lo que permite que cada año decenas de miles de millones desaparezcan en paraísos fiscales. Se calcula que hay medio billón de euros fuera de España. Las empresas del Ibex apenas pagan impuestos.
Ahora tienen un objetivo: acabar con el gobierno
A Sánchez no se le perdona -incluso en algunos sectores de su partido- que sea un obstáculo para llegar a una entente PP-PSOE, que reeditara los Pactos de Estado de antaño. No se le perdona la Ley de Memoria Democrática, pese a sus insuficiencias. Y, sobre todo, no se le perdona que pusiera al monarca en la tesitura de tener que firmar la ley de Amnistía.
Se le ataca porque se ha enfrentado a Trump, ha denunciado la guerra ilegal contra Irán y el genocidio contra el pueblo palestino, y ha negado la autorización para utilizar las bases americanas en España. No en vano, la embajada americana ha suministrado “información” para la investigación sobre Zapatero
Cierto es que el gobierno de Pedro Sánchez, aunque ha realizado gestos y atendido reivindicaciones de los trabajadores (SMI, subida pensiones según IPC, etc.,), se ha mostrado más que timorato a la hora de resolver los problemas de este país. Muchos militantes socialistas se preguntan por qué no se responde a esta ofensiva.
Parar la ofensiva, acabar con los poderes franquistas
Si alguien cree que se va a poder parar la ofensiva franquista, o va a poder protegerse de sus consecuencias, proclamando “confianza absoluta en la justicia y en el Estado de derecho”, o invocando la bandera de “tolerancia cero con la corrupción”, y concediendo al mismo tiempo a determinadas instituciones del Estado la capacidad de luchar contra aquella, o está ciego, o no quiere ver.
Nadie puede poner la cabeza debajo del ala, creer que la tormenta pasará. Se trata de la supervivencia de los trabajadores y los pueblos, de sus derechos, incompatibles con la monarquía y sus jueces. Del derecho a la vivienda, a las pensiones públicas, a salarios suficientes, a la sanidad, la educación y las libertades para defenderlos. Y, por tanto, acabar con la política de guerra y de rearme.
Se trata de poner en marcha la más amplia movilización para pararles los pies.
Esta es la obligación de todas las organizaciones que se digan defensoras de la mayoría social.
Por nuestra parte, nos comprometemos a desarrollar la más amplia acción en este sentido. Pero, a nuestro juicio, lo único que puede acabar con estos poderes antidemocráticos es acabar con el régimen, imponer la ruptura, la República.