Carta Semanal 1099 para descargar en PDF
En 1977-78, frente a un poderoso movimiento que buscaba acabar con todo lo que significaba el franquismo e imponer una verdadera democracia basada en las reivindicaciones sociales y los derechos de los pueblos, los dirigentes del PCE y del PSOE, junto con los de los principales partidos “nacionalistas”, impusieron, a través de los pactos de la Moncloa y la Constitución de 1978, un acuerdo con los representantes del franquismo en descomposición, para dar paso a una Monarquía, presidida por el heredero designado por el propio dictador.
Como parte de ese acuerdo, todo el aparato judicial y represivo del franquismo fue respetado, sin depuración alguna (y sin readmitir a los expulsados por “rojos”, como fue el caso de los militares de la Unión Militar Democrática). La Brigada de investigación Político-Social se convirtió en Brigada de Investigación, los jueces del Tribunal de Orden Público pasaron a la Audiencia Nacional.
Un obstáculo a todo progreso
Oficialmente, se habían convertido, por arte de magia, en “demócratas”. Pero, desde entonces, han actuado como un obstáculo a todo progreso social y como ariete de los partidos franquistas contra todo aquel que ponga en cuestión su “derecho” a gobernar.
El aparato judicial se ha comportado, en todo momento, como enemigo de las mujeres y sus derechos. Durante años, ha consentido los malos tratos y las agresiones, se ha negado a actuar contra ellos, y sólo la presión y movilización social les ha obligado a ir cambiando. Cuando se aprobó la ley del “sólo sí es sí”, decenas de jueces aprovecharon para rebajar las condenas a violadores y agresores sexuales. Entonces descubrimos, además, que la mayoría de condenas por violación se habían hecho con la pena mínima prevista en el código penal, como si los jueces consideraran “excesivas” esas penas.