Carta Semanal 841 en catalán

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El gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado en el Consejo de Ministros del 22 de junio conceder indultos a “los nueve” presos republicanos catalanes, unos indultos por demás limitados, que sólo afectan a las penas de prisión, pero no a las de inhabilitación o las supuestas responsabilidades económicas, que no cubren a otros procesados por el 1 de octubre del 17, tampoco a los republicanos exiliados ni a los cerca de 3.000 catalanes procesados por los mismos motivos.

Dado lo tímido de la medida, que se ajusta a la ley vigente, llama la atención la desmedida y furibunda reacción de los tres partidos franquistas, con estruendoso acompañamiento de todos los medios de comunicación franquistas. En los primeros momentos, esa campaña la hicieron suya Felipe González, los presidentes de Castilla la Mancha y Extremadura, entre otros, pero posteriormente ese sector del PSOE ha bajado el volumen por el ridículo que estaban haciendo al recibir el Gobierno apoyos internacionales e incluso de sectores empresariales y de la Iglesia.

La comparecencia de Pablo Casado el lunes 21 ante los diputados, senadores y parlamentarios europeos de su partido dio lugar a unas encendidas declaraciones de alto contenido franquista. Calificó la decisión promovida por Pedro Sánchez como un «desacato a la legalidad», un «desfalco a la soberanía», cuyo objetivo era preparar un «cambio de régimen».

Hasta ahí podríamos pensar en la pugna con Vox, en la búsqueda de un rédito electoral, aunque sea cargando las tintas. Pero Casado no se detuvo en el ataque al Gobierno, sino que extendió sus alegatos guerracivilistas en un ataque inmisericorde a la «supuesta sociedad civil rota y débil entregada a un Gobierno con dinero y sin principios», atacó a los asistentes al acto del Liceo en que Sánchez habló de los indultos como “una platea subvencionada por los fondos europeos”, volvió a referirse a los empresarios que defienden los indultos como lobbies “en búsqueda de fondos europeos”, arremetió contra la patronal catalana calificándola como “los que se fueron de Cataluña para mantener la cuenta de resultados frente al independentismo, y ahora pretenden que nos vayamos de Cataluña para mantener la cuenta de resultados de Sánchez con el independentismo».

En dura competencia con Casado, los portavoces de Vox subieron el tono. El diputado Gil Lázaro tildó al gobierno de “mentiroso, indigno, traidor, cobarde y miserable”, y los supuestos liberales de Ciudadanos, por boca de su portavoz Edmundo Bal, calificaron a los indultos de “vergüenza. Y todo por comprar cuatro escaños separatistas”. Inés Arrimadas y otros dos diputados de C‘s han anunciado la interposición de recurso ante el Supremo, en el que pedirán como medida cautelar que los independentistas regresen a la cárcel mientras el tribunal resuelve sobre sus alegaciones.

La crisis del Estado se extrema

La campaña de división, que viene de lejos, en particular con el Estatuto y luego con el referéndum, el juicio y las sentencias, ha alcanzado en estas semanas una tensión y brutalidad sin precedentes.

Recordemos que el propio Tribunal Supremo, cabeza de todo el aparato judicial que viene de la dictadura, dio el tono con un informe sobre la propuesta de indultos. Además de calificaciones absolutamente injustificadas, el Supremo cuestionaba el derecho del Gobierno a aprobar los indultos, sin ninguna base jurídica, sin más razón que las posiciones políticas de los franquistas. Es la línea de considerar ilegítimos a las autoridades y razones que no sean continuadores de la dictadura. Pocas veces se había expresado tan crudamente.

Casado primero, y con más cornetas Ayuso, comprometieron directamente al rey, al pretender que el Gobierno le hacía firmar unos indultos contra la conciencia del rey, que como personaje público no tiene conciencia (es “irresponsable”), sino que cumple lo que el Gobierno le pone para firmar. La Casa Real no ha rechazado este proceder.

Añádanse los alegatos contra empresarios y eclesiásticos antes citados para una escenificación de guerra civil.

Es un montaje falso, que no corresponde a las fuerzas franquistas ni al contexto.

Pero tiene graves consecuencias. En primer lugar, por la influencia en la población civil, en la que el auge del sentir antiindultos es insólito. Pero también en todas y cada una de las instituciones, tensadas incontroladamente. Nos abocan a enfrentamientos impredecibles.

¿Todo esto es para tapar el escándalo del PP, los policías, los sectores del aparato de Estado y los jefes empresariales pringados en la corrupción?

Es una razón, pero insuficiente.

La cuestión catalana y la fragilidad del régimen monárquico

Evidentemente, lo que preocupa los representantes políticos del aparato de Estado franquista no son los más que limitados indultos, sino el peligro de que éstos abran la puerta a otras medidas políticas, acordes con la voluntad mayoritaria del pueblo catalán de poder ejercer su derecho a decidir, medidas que desde luego no están en la agenda del gobierno Sánchez.

El problema es que la Monarquía y su constitución son absolutamente incompatibles con el derecho de los pueblos a decidir libremente su futuro. Y los franquistas lo saben. No en vano, así lo impusieron en los pactos de la Moncloa, para que todo quedara “atado y bien atado” (y así lo aceptaron en esos pactos los dirigentes del PSOE, el PCE y los principales partidos vascos y catalanes).

Cuando hablan de “constitucionalismo” y “unidad de España”, en realidad salen en defensa de la preservación de las instituciones heredadas de la dictadura franquista, con el rey a la cabeza, y de los intereses que éstas representan: el núcleo central del capital financiero.  Temen que se abra una rendija por donde las aspiraciones del pueblo de Cataluña, y de todos los pueblos, puedan decidir lo que les concierne.

En segundo lugar, esta campaña franquista sirve para cerrar filas en torno a una exigencia: que estos indultos sea un punto final, en el momento en que 3.000 ciudadanos catalanes siguen encausados, en que decenas son llamados a comparecer y el Tribunal de Cuentas se cierne como ave de rapiña sobre dirigentes catalanes incautando sus propiedades, como sucede con el antiguo Consejero de Economía Mas Colell, que dejó sus cargos políticos en 2016.

No quieren que se deshaga el trabajo de los cuerpos represivos, de la fiscalía y del aparato judicial, que actuaron siguiendo las instrucciones del rey, expresadas en su famoso discurso del 3 de octubre de 2017, en el que los lanzó contra los millones que votaron en el referéndum del 1 de octubre y, en especial, contra los republicanos catalanes. Quieren garantizar el enfrentamiento permanente con el pueblo catalán, y con ello la división de los trabajadores.

Porque las instituciones del régimen no puede resistir que los pueblos decidan.  ¿Puede resistir esto el aparato judicial? ¿Pueden resistirlo unas fuerzas armadas financiadas con el dinero que no hay para las necesidades sociales más elementales? ¿Puede resistirlo el poder oculto de la Iglesia (aunque parte de sus jefes no quieran comprometerse con los franquistas)?

Las instituciones del régimen tienen dificultad en soportar el alud de exigencias de la mayoría social. De ahí que los propios dirigentes del PP oscilan entre reclamar 20 veces por minuto la dimisión del Gobierno y las alusiones a colaborar, sin decirlo, para chupar de los fondos. Amenazan, pero están inseguros y se dividen las diversas instituciones a cada paso.

Alarma en el imperialismo

Entre otros casos similares, llama la atención el apoyo del Financial Times a los indultos. Ultraconservador, ese portavoz de la Bolsa de Londres, teme que los intereses del capital financiero resulten perjudicados por la situación de inestabilidad y enfrentamiento que sus devotos franquistas promueven en España. Es el mismo sentir de muchos empresarios españoles, catalanes o no, de obispos y otras fuerzas del orden.

Biden no siguió ese camino por estar preocupado por otros intereses internacionales, algunos se lo reprocharán.

El capital que el Financial Times representa es brutal por naturaleza, no se mueve por ningún sentir democrático, pero busca la estabilidad y le parecen descabellados los criterios del aparato franquista que viene de la dictadura.

Los trabajadores son enemigos de esa gente, pero han de tener en cuenta que ello contribuye a debilitar aún más el régimen. Dadas las presiones contrarias, el monarca mira con un ojo a su agente Lesmes, presidente del Supremo, y con el otro a sus padrinos de la Bolsa de Londres.

El interés de los trabajadores

El movimiento obrero necesita unir fuerzas para defender sus intereses, de manera destacada la democracia, la libertad e igualdad de los ciudadanos y los pueblos.

El apoyo de los dirigentes sindicales a los indultos es bien poco en el momento en que hay que tocar a rebato para unir todas las fuerzas obreras y democráticas para cerrar el paso a los enemigos de la libertad. Cualquier comedimiento ante el despotismo franquista no debería caber en las organizaciones, pues lo van a pagar los trabajadores bien caro.

El movimiento necesita combatir por la unión libre de los pueblos del Estado español, lo que solo puede garantizarse en un marco republicano. No defiende la independencia, pero sí el derecho del pueblo catalán, de los pueblos a decidir su relación con los otros pueblos pueda ejercerse, hasta el punto de que si lo deciden, se separen. Para que ello sea posible, combatimos para que la clase obrera (como clase que es única en todo el Estado), y sus organizaciones, se pongan a la cabeza de la defensa de las libertades, única manera de asegurar su unidad y la fraternidad entre los pueblos.

Amnistía, lucha contra la represión y derecho de autodeterminación no son meros eslóganes, ni responden a una fórmula mecánica heredada de los clásicos del marxismo, sino que son cuestiones esenciales a defender para mantener la unidad de los trabajadores, para poner a la clase obrera al frente de la lucha de todos los oprimidos por la democracia y los derechos, contra el aparato de Estado defensor del capital financiero y enemigo de toda la población trabajadora.

Ni hay derechos sociales sin derechos nacionales, y viceversa. La emancipación de la clase trabajadora, y la unión libre de pueblos, son objetivos que sólo pueden ser conseguidos por medio de la movilización unida de los trabajadores y los pueblos forjando su alianza.