(Publicado en la Carta Semanal 585)
Veinte días después de las elecciones del 26 de junio, en las que el PP fue la fuerza más votada pero quedó muy lejos de la mayoría absoluta, parece establecerse un hecho: ninguna de las demás formaciones políticas, ni de derechas ni de izquierdas, está dispuesta a formar parte de un nuevo gobierno de Rajoy.
Ni siquiera Ciudadanos, que comparte con el PP su ideario económico, ni los “nacionalistas” catalanes y vascos que no sólo comparten la política económica, sino que, además, cubriéndose con el manto soberanista, han ido en muchos aspectos aún más lejos como en la aplicación de la LOMCE o de los planes de austeridad (ahí están los fallidos presupuestos de la Generalitat que no se aprobaron porque la CUP los rechazó) quieren gobernar con Rajoy.
Por el momento, todos aseguran que no entrarán en el gobierno y que no apoyarán su investidura. Como mucho algunas formaciones -como Ciudadanos- admiten que están dispuestos a abstenerse, siempre que sean otros los que voten a favor de su investidura. La mayoría insiste en que seguirá votando no.
Pero, responderán algunos, aún queda tiempo para que le apoyen en la investidura. Es verdad que en una segunda o tercera votación pueden abstenerse, permitiendo un gobierno del PP sin mayoría en Cortes que le apoye. Pero en este caso, ¿qué gobierno saldría, sólo con el apoyo de la «asociación de malhechores» que es el PP? Un partido que sólo cuenta electoralmente con el apoyo del 20 por ciento del censo y tiene la hostilidad abierta de la gran mayoría de la población. Un gobierno muy débil para hacer frente a una tarea difícil.
¿Por qué se niegan a apoyarle?
Hay que recordar cuál es el papel del futuro gobierno. El capital financiero y sus instituciones, como la Unión Europea y el FMI, exigen un plan de guerra contra los trabajadores y los pueblos. Obama acaba de venir para, de paso que visita a sus tropas, recordar sus tareas a las formaciones políticas más votadas. La Unión Europea le amenaza con una multa de 2.000 millones, por no haber recortado lo suficiente, exigiéndole un recorte de 15.000 millones de euros adicionales en 2017 para cumplir con los límites del déficit. Además de nuevas “reformas”, es decir, más recortes de derechos laborales y sociales. Y sometiéndole a una estrecha tutela para que ejecute los planes precisos que le vayan dictando.
El problema es que la gente está harta de recortes, y los pueblos están igualmente hartos de ver negados sus derechos a decidir y de todos los atentados a la democracia. La mayoría del Congreso, como recuerdan los sindicatos, ha sido elegida para que derogue la reforma laboral, la ley mordaza, el 315, la LOMCE/3+2, para que cree empleo y rescate la sanidad, etc. Y el derecho a decidir está tan representado que es la llave para un pacto de izquierdas. Aplicar incluso en parte los planes del capital exigiría un acuerdo de todas las fuerzas, y en particular el apoyo activo o pasivo de los partidos que hablan en nombre de la clase trabajadora, la juventud y los pueblos, sobre todo de los sindicatos obreros, poco más o menos que un nuevo Pacto de la Moncloa… pero el patio no está para estos juegos, en todo caso ahora.
El borrador de programa gubernamental que Rajoy ha repartido a los grupos parlamentarios, a poco que se lea entre líneas, es una película de terror. Propone entregar a los banqueros y grandes empresarios todo lo que piden y para ello ajustar hasta donde haga falta las condiciones de vida de la mayoría. Solo un ejemplo, quiere extender y generalizar las rebajas de cotizaciones a las empresas y a partir de eso y de los bajos salarios, calcular pensiones que sean “sostenibles”. Todo son conscientes de que apoyar a un nuevo gobierno del PP, manteniendo todos los recortes y más aún apoyarle en aplicación de recortes nuevos, pondría en peligro a las propias organizaciones. Y como el gobierno no tiene mayoría en Cortes, cada nuevo recorte exigiría nuevos apoyos, comprometiendo a quien los otorgue.
La clase no ha sido derrotada
La clase trabajadora y sus conquistas han sufrido fuertes golpes. En buena medida, los trabajadores se encuentran a la expectativa. No cabe duda de que no tienen instrumentos políticos adecuados (El Partido Socialista está en sus horas más bajas desde la muerte de franco, Izquierda Unida se ha sumergido en la coalición con Podemos abandonando todos los elementos de ruptura que había en su programa y la confluencia “emergente” tiene visos de cartucho mojado). Los sindicatos llevan años sin plantar cara al gobierno de los recortes.
Pero en su conjunto, la clase trabajadora no ha sufrido la derrota aplastante que sería necesaria para aplicar los planes del capital financiero. Al mismo tiempo, los diferentes pueblos que componen hoy este Estado exigen sus derechos sin la tutela ni de la monarquía, ni de Bruselas. Arriba saben que en cualquier momento puede desatarse una explosión social que coloque a las organizaciones sindicales a la cabeza, como ha sucedido en Francia.
Todo ello alimenta el pánico a comprometerse con Rajoy. A la vez que las instituciones del capital financiero exigen y presionan para que se le preste apoyo. En el comité federal del PSOE se ha evidenciado que los voceros del capital y los agentes del aparato de Estado dentro de las organizaciones de los trabajadores tienen dificultades para colar sus exigencias.
La crisis del régimen
La incapacidad de formar una mayoría de gobierno tras dos elecciones sucesivas demuestra que la crisis del régimen no se ha cerrado ni mucho menos. En primer lugar, porque la clave de arco de ese régimen, la Monarquía, ya no es capaz de desempeñar el papel de Bonaparte, mediador entre las clases y las fuerzas políticas y sociales, para contener la dislocación del Estado. A ello se une, agravando la situación, la implosión de la Unión Europea, que se produce a pesar del apoyo unánime de las fuerzas de “izquierdas” y de “derechas” (en el Estado Español, desde el PP a Unidos Podemos), aunque algunos, que parecen no ver lo que tienen ante las narices, pidan «más Europa».
Las dificultades de formar gobierno son en realidad una consecuencia de la crisis del régimen monárquico, en un marco persistente de crisis económica, que no es sino el producto de la descomposición del sistema de propiedad privada de los medios de producción. Los intereses de los trabajadores y de los pueblos demandan que la clase trabajadora se dote de medios para, en alianza con los pueblos, dar una salida a esa crisis.
Lo más urgente es echar a Rajoy del gobierno. Más de 230 sindicalistas, trabajadores, jóvenes de distintas organizaciones y sensibilidades políticas han firmado ya una carta a Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Alberto Garzón pidiéndoles que no permitan que Rajoy gobierne.
A esta petición se adhieren día a día nuevos compañeros y los promotores están preparando delegaciones a cada uno de los destinatarios con esta solicitud: “Nos dirigimos a vosotros para pediros que os pongáis de acuerdo para no permitir, ni por activa ni por pasiva, un nuevo gobierno de Rajoy, para organizar la oposición a esa posibilidad, tanto en las Cortes como en la movilización.”