Carta Semanal 910 en catalán
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A pesar de la maniobra del gobierno de anunciar una subida del 8,5% para las pensiones, la manifestación del 15 de octubre, convocada por las principales organizaciones de pensionistas, fue un rotundo éxito. Especialmente, por una mayor participación de trabajadores en activo y de sindicalistas. Pero eso no significa que desaparezcan las presiones para un fuerte recorte de las pensiones.
Por un lado, la Unión Europea exige al gobierno que cumpla su compromiso de reducir el gasto en pensiones, ya sea elevando a 35 años el periodo de cómputo de la pensión o por otro mecanismo. Y, por otra parte, precisamente la persistencia de la movilización de los pensionistas –que preparan nuevas jornadas de movilización para el mes de noviembre- obliga a redoblar la campaña de presión sobre el gobierno para que deje de marear la perdiz y aplique los recortes a que se ha comprometido el ministro Escrivá, y, como complemento, la campaña de intoxicación de la opinión pública con el mito de que el sistema público de pensiones es “insostenible”.
En un mercado mundial que se contrae, el capital financiero tiene avidez por meter mano a los miles de millones de la seguridad social para sus fondos de pensiones, a pesar de la falta de rentabilidad de éstos (véase su casi quiebra actual en Gran Bretaña y las pérdidas de casi un 10% acumuladas este año en España)
Las movilizaciones continuas de los pensionistas con las plataformas, la participación creciente de grupos de trabajadores y sindicalistas, la crisis política abierta en el propio gobierno que llegó a su culmen cuando una mayoría parlamentaria votó, el 21 de diciembre de 2021, la auditoría de la caja de la Seguridad Social que el gobierno se niega a llevar a cabo, explican la campaña desaforada contra los pensionistas como privilegiados.
Por tanto esto indica que la auditoría es el centro de la batalla, así como la relación de la exigencia de aumento de salarios.
La batalla por la auditoría es una batalla política. No es simplemente la demostración quie el sistema es sostenible, sino que demostraría la podredumbre de la instituciones que desde la dictadura, bajo la cual se impuso la creación de la seguridad social, las instituciones, han actuado para permitir que todos los gobiernos echaran mano de la caja de los mayores.
A esto se suma lo que en realidad rige los presupuestos del estado, la ocultación de gastos, cómo hemos comprobado en Defensa, en la Casa Real, en realidad en todo el sistema.
El Banco de España, una vez más, al ataque
La experiencia ha demostrado que la supuesta independencia de los bancos centrales respecto de los gobiernos y de los pueblos permite su absoluta dependencia de las necesidades del capital financiero.
En esta ocasión, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha intervenido, una vez más, para defender la necesidad de un pacto de rentas y de que éste incluya a las pensiones. Durante su intervención en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados, Hernández de Cos ha pedido que los hogares, las empresas y los gobiernos tienen que actuar, pidiéndoles “que asuman una pérdida de renta”. Y ha insistido de manera especial en que también han de hacerlo los pensionistas, al afirmar los efectos de “riesgo” que, según él, tendrá la revalorización de todas las pensiones en función de la evolución de la inflación, con la subida prevista del 8,5% para el próximo año.
Hernández de Cos, a quien el pueblo no ha elegido, se ha permitido dar lecciones a todos los grupos parlamentarios sobre las “señales” que hay que dar para atajar la inflación. Ha dicho que la inflación supone que “hay una pérdida de bienestar sí o sí”, y que “principalmente empresas y hogares, pero también las Administraciones Públicas” deben “interiorizar la pérdida de renta que implica el encarecimiento” de las materias primas que importa España y el efecto de la inflación y, por ello, “lo único que podemos hacer es repartir el coste”. Para Hernández de Cos, este reparto se materializaría en el pacto de rentas, que podría adoptarse solo en el sector privado, pero ha defendido que “sería un mensaje mucho más potente de desindexación de la economía en un contexto de inflación muy elevada que también cubriera el sector público”, afectando a “funcionarios y pensionistas”.
La advertencia sobre los funcionarios no parece tan necesaria después de la firma de un acuerdo que supone una pérdida de al menos un 6% de su poder adquisitivo. Tal vez por eso, el presidente del Banco de España ha insistido más en los pensionistas.
Resignándose, aparentemente, ante lo inevitable, Hernández ha pedido, hipócritamente, por proteger a los pensionistas más vulnerables, con una revalorización de las prestaciones mínimas el próximo año en línea con la inflación, estimada en un 8,5%. Pero ha pedido que ese mantenimiento del poder adquisitivo no afecte al resto de pensiones.
El gobernador ha insistido en que “el gasto público debería evitar el uso generalizado de cláusulas de indexación automáticas en un contexto en el que el margen” del Estado “se encuentra muy constreñido por el abultado endeudamiento público”. Esa desindexación (no actualización automática con la inflación) “se puede hacer compatible” con proteger a los más vulnerables, es decir,”que las pensiones mínimas se indicen (al IPC) pero quizá no el resto”.
Al banco de España se unen los expertos de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que proponen “abaratar la factura” de las pensiones, con una subida selectiva del 11% para las pensiones mínimas y del 2,5% para las que superen los 1.400 euros, con lo que según ellos, se recortaría el gasto de pensiones en 6.225 en 2023, y en diez años, en 68.000 millones “que podrían destinarse a programas que beneficien a los jóvenes, como la amortización de deuda pública”.
ABC se suma a la campaña
Por su parte, el diario ABC –considerado por muchos como portavoz oficioso de la Casa Real- publicaba el pasado 17 de octubre un editorial y un largo artículo. El editorial, con un título engañoso, según el cual “Las pensiones medias triplican a los salarios”, afirmación absolutamente falsas, ya que el salario medio es de 24.009,2 euros, la pensión media de jubilación, de 19.100 €, y la pensión media del sistema de 15.256 euros anuales.
La noticia explica, desmintiendo al editorial, que, en la última década, las pensiones medias en España han crecido más del triple que los salarios. Lo cual no impide que ABC pontifique que “estos datos deberían poner en alerta a todos los agentes sociales sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones”.
Pero al propio ABC se le escapa el porqué de esta diferencia de crecimiento de salarios y pensiones. No es que las pensiones hayan crecido mucho (al contrario, sufrieron una congelación con Zapatero, y subieron sólo un 0,25 mientras duró la reforma de pensiones de Rajoy, y han vuelto a perder poder de compra en 2022), sino que, como reconoce la noticia, “los salarios han sufrido en la última década el impacto del enorme desempleo que se generó durante el segundo mandato de Rodríguez Zapatero y el ajuste de costes laborales que efectuaron las empresas durante la recuperación posterior. A esto se suma que el empleo recuperado a partir de 2013 cuenta con salarios, por lo general, más bajos que en los años previos a la crisis, que este empleo ha crecido más rápido en sectores con escaso valor añadido y que el salario de los jóvenes es bajo y precario, lo que frena el crecimiento del sueldo medio”.
Eso no impide a ABC pedir que se elimine el “sistema de reajuste automático” de las pensiones según el IPC (que no es tal), “que el Gobierno no haya querido considerar la posibilidad de tocarlo, por motivos claramente electoralistas”.
No cabe duda de cuál es la causa de que las pensiones suban más que los salarios y mantengan la actualización según el IPC: la existencia de un movimiento de pensionistas que, pese a sus debilidades, ha mantenido un principio: que gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden, y lo ha apoyado en la movilización unida. Lo que señala la responsabilidad de los dirigentes delas principales organizaciones sindicales, que acaban de firmar un acuerdo que supone pérdida de poder adquisitivo para los tres millones de empleados públicos, y que se muestran partidarios del pacto de rentas, como Hernández de Cos.
Frente a la confusión organizada, la auditoría
Se comprende, en este marco, que el gobierno, que intenta imponer el recorte de pensiones que ha comprometido con la Unión Europea, se niegue a cumplir el acuerdo parlamentario que obliga a realizar una auditoría pública de las cuentas del Seguridad Social, auditoría que demostraría que el sistema es perfectamente sostenible, porque se han sacado de su caja – lo reconoce el propio Tribunal de Cuentas – cientos de miles de millones para “gastos impropios” no relacionados con las pensiones. Por eso, la exigencia de auditoría forma parte esencial de la lucha en defensa del sistema público de pensiones, y no se debe abandonar ni relegar.
En esta batalla política, impulsar la participación en las movilizaciones organizadas por la COESPE y demás plataformas es vital. Pero, insistimos, se trata de una batalla política que debe incluir señalar la responsabilidad de los parlamentarios, la exigencia a ellos para que cumplan lo que votaron organizando delegaciones, pronunciando instancias sindicales, donde sea posible, grupos de trabajadores, obrando para que actúen en común constituyendo desde arriba y desde abajo un potente agrupamiento de sindicalistas y trabajadores en defensa del sistema público de pensiones, por la auditoría.