Carta Semanal 899 en catalán
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Este verano, de nuevo, miles de hectáreas se están quemando. En este momento son 228.000 hectáreas, la mayor cifra en 20 años (ya se supera el total de hectáreas quemada en 2012, hasta hora el peor año).
Las políticas de medio ambiente y el control de incendios están, en la España de las autonomías, transferidas, en su mayoría, a los gobiernos autonómicos (el gobierno central ha renunciado a hacer cualquier acción de coordinación global). Y éstos se muestran impotentes para hacer frente a esta situación, por lo que se lanzan a una “guerra” entre los políticos que viven de las instituciones, y que tratan de hacernos creer que ellos no tienen ninguna responsabilidad en esos incendios. En este sentido, podemos oír que es culpa del calentamiento global, de los ecologistas, del otro gobierno….
Calentamiento global y más
No se puede negar el calentamiento global (aunque sí hay quienes discuten de manera razonable cuáles son sus causas), pero el hecho es que millones de hectáreas de bosques están abandonadas. Sin ningún tipo de limpieza ni mantenimiento, convirtiéndolas en fácil pasto de las llamas. Como señala un comunicado de UGT, “el cambio climático provoca fenómenos extremos como las olas de calor que venimos sufriendo, pero las olas de calor no prenden los montes, aunque sí que influyen, de una manera muy clara, en que ardan. Nuestros montes están sometidos a un estrés hídrico muy grande, que los hace más inflamables, lo que, sumado al abandono del mundo rural, al abandono del campo hace que estén llenos de combustible vegetal, listo para arder”.
Echarle la culpa al calentamiento global tiene una ventaja para quienes lo hacen. Permite diluir la responsabilidad y, además, permite hacer campaña en favor de los “necesarios sacrificios” que la población debe asumir. Sacrificios como el cierre de las minas, la reconversión de las industrias a la “economía verde”, con pérdida de miles de puestos de trabajo, o incluso las propuestas ultrareaccionarias de “decrecimiento” -por más que las presenten como el colmo del progresismo-, según las cuales la población trabajadora tiene que aceptar la idea de vivir peor “para salvar el planeta”. Y, además, permite evitar poner el acento sobre la responsabilidad de los gobiernos autonómicos, que en la España de las 17 autonomías de taifas tienen las competencias de medio ambiente.
Lo que ningún gobierno autonómico puede negar es la mala situación de los servicios de prevención y extinción de incendios. Los medios de comunicación han puesto de manifiesto la falta de bomberos forestales (incluso hay parques naturales en que la mayoría de los bomberos son voluntarios), la precariedad extrema de sus plantillas, las malas condiciones de trabajo, el desprecio de los gobiernos autonómicos hacia este colectivo de trabajadores. Los contratan unos meses en verano (a menudo como fijos discontinuos lo que engorda las falsas cifras de contratos indefinidos, que se atribuyen a la última reforma laboral), cobran algo más de 1.000 euros año mes por un trabajo durísimo con jornadas extenuantes, y, como ha sucedido en castilla y León, reciben como comida cuando están pagando incendios unos bocadillos irrisorios. Han tenido que ser los vecinos y algunas ONGs quienes se preocupen de proporcionarles una comida decente. En el comunicado que antes citamos, UGT exige, justamente, “reforzar los operativos de extinción, dotando a estos profesionales, de un marco regulatorio que les dignifique. Es fundamental que estos profesionales tengan contratos estables y condiciones de trabajo dignas y seguras. Los trabajos de extinción de incendios generan numerosos riesgos para la seguridad y salud de los equipos de extinción, precisamente hoy se cumplen 17 años del incendio de Guadalajara en el que fallecieron 9 bomberos forestales y 2 agentes medioambientales”.
La destrucción programada del medio rural y de la producción agrícola
Hay que tener en cuenta que, en buena medida, los montes han dejado de suministrar materias primas estratégicas y por lo tanto en una economía capitalista son espacios marginales. Buena parte de los bosques actuales son el resultado de su sobreexplotación hasta mediados del s. XX. En el estado español hasta los años 50-60, el combustible para cocinar (en las cocinas económicas), en la industria de la cerámica, las panaderías etc., era la biomasa del monte. Ahora se han convertido en espacios “económicamente inútiles”, y, por tanto, abandonados.
Algunos -muy pocos- han explicado otra de las causas de la extensión incontrolada de los incendios: están abandonadas millones de hectáreas de tierras que antes fueron cultivadas, y que cuando lo estaban imponían una solución de continuidad entre las zonas de bosque y matorral, limitando la extensión de los incendios. Según el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), la superficie sin aprovechamiento se eleva a cerca de 2,23 millones de hectáreas, lo que representa un 7,4% de la superficie total. Incluye tierras de cultivo, plantaciones de frutales y zonas de pasto.
De esta superficie total sin aprovechamiento, cerca del 48% del total, con casi 1,1 millones de hectáreas, corresponden a superficie de tierras de cultivo, otro 43,2% y 963.001 ha son superficie de cultivos permanentes, y el 9,1% restante y 202.651 ha pastos permanentes.
Dentro de la superficie sin aprovechamiento en los cultivos permanentes, más de la mitad son frutales; otro 26,5% son de olivar; un 13,2% son de viñedo, y el 5,8% restante son de cítricos
Al mismo tiempo, el medio rural pierde continuamente población. España está a la cabeza en despoblación del medio rural en Europa. De ser uno de los países con mayor porcentaje de población rural a su entrada en la UE, actualmente sólo Bélgica y Holanda mantienen un porcentaje menor.
El medio rural español va camino de la marginalidad y la despoblación. Así, sólo el 19,68 % de la población española en el año 2018 vive en el medio rural. La despoblación se inició en los años 60, con la industrialización y emigración a las ciudades, pero no ha parado desde la entrada en le UE. Nos dijeron que iba a suponer un maná para la agricultura española, pero a fines de los ochenta España contaba con cerca de un 10% de población activa agraria, y hoya sólo menos de un 6%. En 1980 vivían en el medio rural 2.317.500 personas. En 2002 sólo vivían en el campo 1.114.700. Y las tasas de paro entre esta población pasaron en esos años del 4,9 al 15,1%.
Esa desertización productiva y poblacional del campo español, que lo convierte en pasto de los incendios, tiene un responsable que todos los políticos se cuidan mucho de citar: la Unión Europea y su Política Agraria Común (PAC). La PAC ha incentivado el abandono de tierras de cultivo, ha impuesto cupos de producción que hacen que España sea deficitaria en productos como la leche y los cereales (España tendrá que importar este año más de la mitad de los que consume). En beneficio de las multinacionales americanas de los alimentos (que, según algunas noticias, han comprado recientemente millones de hectáreas de cultivo en Ucrania). La PAC es responsable de buena parte de la despoblación y abandono del medio rural. Y, por tanto, de la extensión de los incendios. La Unión Europea no tiene una política forestal común. Se trata de una cuestión que ni siquiera se menciona en sus tratados.
Las empresas de distribución, que controlan los precios de los productos agrícola e imponen a los agricultores y ganaderos precios que no compensan los gastos y los esfuerzos de producir (mientras especulan con los precios de venta al consumidor, provocando la subida del IPC de los alimentos) , son también responsables del abandono de la producción agraria. No basta con hacer votar leyes que supuestamente impidan la venta a pérdidas. La única salida es la nacionalización de las empresas distribuidoras, crear empresas estatales de distribución de alimentos que consigan precios justos para los productores y los consumidores.
El abandono de los cultivos ha llevado a un enorme aumento de las zonas de matorral y de bosques. Según datos del Banco Mundial, España ha ganado un 33,6% por ciento de superficie forestal desde 1990. Concretamente ha pasado de un 27,65% de territorio natural cubierto por bosque en 1990 a un 36,9% en 2016. Europa tiene más masa forestal de la que tenía hace siglos“. Por ejemplo, en Francia ha pasado, desde 1980 a la actualidad, de un 25,9% del total del territorio a un 31%.
De este modo, lo que ocurre en España se repite en la Unión Europea. Según los datos de Copernicus (programa de la UE para el control de medio ambiente), la superficie abrasada se multiplica por tres respecto a la media de los últimos 15 años por estas fechas.
Mantener y recuperar la producción agraria e industrial
Frente a la dictadura de las multinacionales agrarias, impuesta por medio de la PAC, y a las amenazas de destrucción de la industria, escudándose en la “economía verde”, defender el empleo y el futuro de la clase trabajadora exige mantener y recuperar la producción agrícola e industrial. Es responsabilidad de las organizaciones de la clase trabajadora organizar la lucha unida en defensa de los puestos de trabajo, contra los cierres de empresas industriales, en defensa de precios justos para los productos del campo.