(Publicado en la Carta Semanal 622)
El gobierno Rajoy, que sólo llegó a constituirse gracias a la abstención decidida por la Gestora del PSOE en contra del mandato de sus electores y la voluntad de la mayoría de militantes del propio Partido Socialista, se prepara para hacer aprobar unos nuevos presupuestos del Estado que mantienen lo fundamental de los recortes, cuando no los agravan, es decir, llueve sobre mojado: revientan las ya desgastadas economías de las familias trabajadoras y los servicios públicos en situación crítica.
Y, sin embargo, no exageramos al afirmar que se trata de un gobierno débil. Una debilidad que se manifiesta a nada que asoma la lucha de clases, dando incluso lugar a victorias parciales inesperadas, como la de los estibadores. La movilización, cuando se produce de manera unitaria y sin limitarse a acciones demostrativas, como en la enseñanza, donde se han dado tres huelgas generales, ha obligado al Gobierno a dar pasos atrás en la aplicación de la LOMCE.
El acuerdo con los principales sindicatos por el cual se va proceder a convocar una Oferta Pública de Empleo no es sino otra muestra de su debilidad.
Un acuerdo que irrita al capital financiero
La semana pasada, se ha anunciado que el Gobierno ha llegado a un acuerdo con CSIF, UGT y CCOO, principales sindicatos de la Función Pública, para lanzar una Oferta Pública de Empleo (OPE) de 250.000 plazas, para estabilizar a otros tantos empleados públicos temporales.
En principio, el acuerdo no haría otra cosa que estabilizar a miles de empleados públicos con nombramientos y contratos temporales, que a menudo se mantienen desde hace años. Es decir, que no crea ni un empleo nuevo y ni siquiera recupera las decenas de miles de empleos perdidos en los últimos años (Según publicaba el diario Expansión, en junio de 2015, las administraciones públicas habían perdido 190.064 trabajadores públicos desde 2011 a marzo de 2015). Y sin embargo, ese acuerdo tan limitado ha desatado las iras del periódico ABC, que arremete contra él en uno de sus dos editoriales del viernes 31 de marzo.
Merece la pena reproducir algunas de las frases de ese editorial, que empieza por decir que “estas medidas avanzan hacia el crecimiento y consolidación del sector público, cayendo de nuevo en errores del pasado, en lugar de aprovechar (…) para llevar a cabo una profunda reforma de la estructura estatal con el fin de aligerar su peso y mejorar su funcionamiento. El incremento del gasto y de los empleados públicos lastra la imprescindible reducción del agujero fiscal”. Más adelante, el editorial se queja de que el acuerdo limita las posibilidades de privatizar servicios, añadiendo que “una oferta pública de esas características significa (…) apostar por un modelo económico basado en un rígido intervencionismo estatal y una elevada carga fiscal, lo cual obstaculiza la creación de riqueza y empleo, en lugar de facilitar la iniciativa privada”. Y acaba por lamentar que se pierde una oportunidad de recortar aún más las plantillas: “España pierde la oportunidad de racionalizar el aparato estatal mediante la eliminación de entes inútiles, la modernización de la Administración y una mayor productividad laboral para ofrecer unos servicios de calidad a menor coste”.
¿Por qué esta furia de ABC? Es evidente que el periódico más afín a la Casa Real no habla por sí mismo, sino en nombre de los intereses del capital financiero, puesto que el acuerdo solo en parte aplica los planes de ese capital financiero, que no se contenta con seguir aplicando la reforma laboral sino que quiere precarizar lo más posible y “abrir a la iniciativa privada”, es decir, privatizar lo más posible en la Sanidad, la enseñanza, los servicios públicos en general. Desde el punto de vista del capital se pierde una oportunidad de oro al estabilizar a 250.000 empleados públicos, consolidando así sus puestos de trabajo y los servicios públicos que cubren.
Y sin embargo, el gobierno Rajoy, agente declarado de ese mismo capital financiero, se ha visto obligado a aceptar ese acuerdo para quitarse presión y poder hacer otras cosas, consumar otros ataques, en primer lugar los ataques al pueblo catalán, pero también la política de recortes.
Los Presupuestos del Estado
Casi al mismo tiempo que se anunciaba el acuerdo sobre la OPE, el Gobierno se disponía a presentar en Cortes su borrador de Presupuestos Generales del Estado, que mantiene y profundiza los ataques a la clase trabajadora en general, a los empleados y empleadas públicos, a los pensionistas.
Los dos millones y medio de personas que trabajan en el sector público esperaban que se comenzara, al menos, a devolver los salarios recortados entre 2012 y 2016, y a recuperar poder adquisitivo. Hace un mes, la Federación de Servicios Públicos de UGT presentaba sus peticiones al Gobierno de cara a los presupuestos de 2017, que incluyen, entre otros aspectos, una mejora salarial para hacer frente a “la pérdida de poder adquisitivo acumulada desde 2012” que, según sus cálculos, “asciende al 13,3%”. En ese 13% cifrado por UGT no se incluye el recorte del 5% que en 2010 decretó el entonces presidente, José Luis Rodríguez Zapatero. El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, condicionaba entonces esa recuperación a un acuerdo plurianual, que exigiría empezar porque se aprobaran los Presupuestos de este año.
Pero, a la hora de la verdad, y haciendo caso omiso a esa expectativa, el gobierno ha acabado por anunciar una ridícula subida del 1% para 2017, Esto, teniendo en cuenta que la previsión del propio Gobierno es que el IPC esté en el 2%, generaría una pérdida de, al menos, otro punto porcentual en el poder adquisitivo de los funcionarios.
En cuanto a los pensionistas, el gobierno ya ha decretado, haciendo caso omiso de una resolución adoptada por el Congreso de los Diputados, una subida ridícula del 0,25%, que supone acumular una pérdida de poder adquisitivo de un 5% en dos años.
Al mismo tiempo, el Gobierno ha anunciado que este año se recurrirá a un préstamo de 10.129 millones del Ministerio de Hacienda a la Seguridad Social para cubrir –en parte– el déficit de 16.650 millones del sistema de pensiones. Un déficit –recordemos– causado por el propio gobierno, sus políticas de rebajas salariales, de precarización del empleo y de bonificaciones a los empresarios a costa de la Seguridad Social. Un préstamo que dejaría a la caja de la Seguridad Social no sólo vacía sino endeudada, para presionar en favor de un nuevo recorte de pensiones.
Los PGE tampoco prevén una recuperación de la inversión pública, que permitiría crear empleo y mantener unas infraestructuras que empiezan a tener graves problemas de mantenimiento. Al contrario: tomando como punto de partida la inversión efectuada (no la aprobada) en 2016, las modificaciones son a la baja. Ni tampoco recuperar el gasto en servicios esenciales como sanidad, enseñanza, dependencia…
Es evidente que estos presupuestos no solo no tendrían el apoyo de la mayoría de la población sino que, a nivel parlamentario, Rajoy estará obligado a todo tipo de combinaciones, apoyándose en la “tolerancia” de la gestora del PSOE. Pero es que incluso en sus propias filas tampoco despiertan ningún entusiasmo (véase cómo el grupo del PP en el Parlament de la Comunidad Valenciana apoyó con su voto una resolución unánime contra los presupuestos “que marginan a los valencianos”). Y lo mismo le ha sucedido en la Federación de Municipios y Provincias donde los alcaldes del PP se suman la rebelión contra la prohibición de que los Ayuntamientos pueden invertir su superávit, en el caso de que lo tengan
Por eso no es aventurado decir que todo esto puede permitírselo un gobierno con una situación importante de debilidad, precisamente porque los dirigentes de las principales organizaciones que representan a la clase trabajadora y a los pueblos se lo permiten, al no ponerse de acuerdo para negarle el pan y la sal, tanto en el parlamento (donde la Gestora hizo al PSOE aprobar el “techo de gasto” y no para de hacerle favores) como en la calle.
Un balón de oxígeno tras otro
Las movilizaciones de la enseñanza obligaron al gobierno a dar pasos atrás en la aplicación de la LOMCE, pero no a derogarla. Es más, de inmediato el gobierno propuso la creación de una subcomisión parlamentaria con objeto de llegar a un “pacto por la educación”. Una subcomisión que supone un obstáculo para continuar la movilización, y que lleva a buscar un acuerdo con el PP que sin duda le va permitir mantener parte de las medidas de la LOMCE.
Del mismo modo, el acuerdo sobre la OPE parece haber animado a los dirigentes de UGT, CCOO y CSIF a dejar en barbecho la reivindicación de recuperar los casi 200.000 empleos públicos perdidos, y a “dejar pasar” la ridícula subida del 1% y abandonar, en la práctica, aunque no de palabra, la exigencia de recuperación de los salarios recortados.
Al mismo tiempo, es evidente que pretender abordar la situación del Seguridad Social en el marco del Pacto de Toledo, un marco de consenso entre los grupos parlamentarios al que los sindicatos se han remitido de antemano. Un consenso con el PP, con la antigua Convergencia (autora del invento), con el PNV, con Ciudadanos… Como muestra la experiencia, de ese pacto sólo pueden llevar a nuevos recortes. Y, en particular, abrir camino a la actual ofensiva sobre la “inevitabilidad” de pagar las pensiones con impuestos, rompiendo el régimen de reparto y abriendo paso a una reducción de las cotizaciones empresariales y al desguace del régimen de pensiones actual para que los bancos se lucren estafando a los que puedan pagarse un plan privado de pensiones.
¿No sería hora de aprovechar la debilidad del gobierno para unir fuerzas a fin de arrancar las reivindicaciones que la inmensa mayoría reclama, y acabar con este gobierno aborrecido? Es lo que se preguntan miles de militantes obreros.