(Publicado en la Carta Semanal 621)

La decisión adoptada por el Tribunal Supremo de Venezuela de asumir las competencias de la Asamblea Nacional ha desatado las iras de toda la reacción. El Supremo venezolano tomó esa decisión en respuesta al desacato de ese parlamento a varias de sus decisiones. El detonante ha sido la decisión de admitir como miembros de pleno derecho a tres parlamentarios de la región de la Amazonía, cuya elección había sido anulada por la Sala Constitucional del Tribunal. La Asamblea, por tanto, desacataba el dictamen del Supremo, que prohibía su admisión.

Esa decisión del Supremo ha sido anulada después por el propio Tribunal, a instancias del Consejo de Seguridad de Venezuela, después de que la fiscalía venezolana declarara que se trataba de una “ruptura del orden constitucional”

El País, enemigo jurado del gobierno venezolano desde siempre (ya en 2002 aplaudió abiertamente el fracasado golpe de Estado contra Chávez, titulando su editorial “golpe a un caudillo”), publicaba este 31 de marzo un editorial bajo el título “Golpe de Estado en Venezuela. Nicolás Maduro consolida una dictadura”. El periódico dice en ese editorial que “es un auténtico golpe de Estado para el que no cabe la más mínima matización (…) el retroceso de Venezuela hacia una dictadura constituye una tristísima noticia y arroja preocupantes sombras sobre el futuro del país”.

Por su parte, el editorial de ABC de ese mismo día decía que “la decisión del Supremo venezolano de usurpar las competencias del Parlamento y otorgar poderes extraordinarios a Nicolás Maduro es un hecho, sin precedentes, que constituye en esencia un golpe de Estado”.

Estos medios no hacen otra cosa que hacerse eco de lo que ha planteado el gobierno de los Estados Unidos, que ha pedido “al Gobierno de Venezuela que permita a la Asamblea Nacional democráticamente elegida desempeñar sus funciones constitucionales, celebrar elecciones lo antes posible e inmediatamente liberar a todos los presos políticos”. Como Mariano Rajoy, que, en su cuenta de Twitter, ha expresado que “si se rompe la división de poderes, se rompe la democracia. Por la libertad, la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela”.

El expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, por su parte, declaró que la sentencia es “un elemento más” del conflicto que se vive en Venezuela y que procede del “antagonismo intenso” entre dos maneras de entender el país. Y añadió que sigue trabajando por un acuerdo entre gobierno y oposición venezolanos, lo que exige “prudencia, discreción y paciencia”.

Todo este rasgar de vestiduras se produce en la misma semana en que el diputado del PDECAT, Francesc Homs, ha sido expulsado por el Tribunal Supremo español de su escaño en el Congreso de los Diputados por haber participado en la organización de la consulta del 9 de noviembre. Es decir, por un “delito” de naturaleza política. Un hecho que ha sido aprobado entusiásticamente por los mismos medios que arremeten contra la “dictadura venezolana”. ¿Hay que recordar que la presidencia del Congreso de los Diputados impidió, incluso que el viceportavoz Campuzano pudiera hablar en defensa de Homs en el hemiciclo?

Continuación de una ofensiva

La ofensiva desatada el día 31 en la prensa española sigue a un mes de marzo que, en palabras del periódico obrero venezolano “El Trabajador”, “ha empezado con todos los hierros en la escalada desestabilizadora”. Ese medio recuerda que el Secretario de la OEA, Luis Almagro, “retoma su ofensiva contra Maduro de la mano de Donald Trump, [Almagro] volvió al ruedo político ejerciendo presión contra Venezuela luego que Donald Trump diera luz verde con su política injerencista en el país, exigiendo ‘elecciones libres’ declarando que: ‘Primero hay que restablecer la democracia, devolver la decisión soberana al pueblo y, a partir de ahí tendrá que haber diálogo, pero hoy simplemente el diálogo ha sido una excusa para seguir violando la Constitución’”.

La postura de Almagro sigue a un ataque anterior de la Casa Blanca, que el 14 de febrero decidió imponer sanciones económicas al vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, a quien el Departamento del Tesoro USA atribuye un “significativo papel en el narcotráfico internacional”. El Departamento de Estado USA, por su parte, acusa a El Aissami de mantener estrechos vínculos con la organización Hezbolá, y el gobierno de la República Árabe de Siria. Es decir, que los EE.UU. consideran a Venezuela -citamos de nuevo a El Trabajador- “no solamente narco-Estado entonces, sino narco-terrorista-Estado”. Unas acusaciones que recuerdan las que en su día formuló el gobierno Bush contra el presidente panameño, Manuel Noriega -sin que por nuestra parte hagamos comparación alguna entre Noriega y Maduro- para justificar la posterior intervención militar contra Panamá.

Bajo la batuta de Donald Trump, toda la orquesta de políticos latinoamericanos subordinados entra en escena. Tras las comunicaciones telefónicas de Trump con los mandatarios de Perú, Colombia, Argentina y Panamá, y la de su vicepresidente Mike Pence con el presidente de Brasil, todos se apresuran a pedir la aplicación de la “Carta Democrática” de la OEA a Venezuela, como maniobra para una nueva ofensiva contra la nación venezolana. Algo que ya había aprobado el Senado de EEUU, unánimemente.

La mayoría opositora de la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó de inmediato un proyecto de acuerdo que propone la Carta Democrática Interamericana como mecanismo de “resolución pacífica de conflictos en aras de restituir el orden constitucional en Venezuela”.

La aplicación de la Carta Democrática supondría la suspensión temporal de la participación de Venezuela en la OEA, y requeriría el voto de dos tercios de los países miembros de la Organización. Recordemos que Cuba fue excluida de la OEA, a instancias de los EE.UU., entre 1962 y 2009.

Recordemos que la conspiración no se detiene en las maniobras parlamentarias o las presiones políticas. El Trabajador recuerda que “varios medios han estado señalando sobre la existencia de ruidos de sables y participación de algunos sectores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en planes conspirativos. Igualmente hay actores políticos que han estado buscando plantearle a las Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) un falso dilema: que se incorporen a derrocar el Gobierno de Maduro para salir de esta ‘crisis’ que actualmente vivimos, o evitar la intervención internacional que conjure la guerra civil que algunos sectores trabajan decididamente”.

¡Manos fuera de Venezuela!

Los militantes de la Cuarta Internacional, sin identificarnos con la política concreta de Nicolás Maduro, como no lo hicimos con la de Chávez, compartimos lo que proponen los compañeros que editan El Trabajador, cuando señalan que “hoy el dilema para el chavismo sigue abierto: profundizar el proceso y nacionalizar los bancos, controlar y nacionalizar el comercio exterior, poner fin a la especulación de los capitalistas en el manejo de los precios; eso requiere confrontar no sólo a la derecha servil del imperialismo, sino también al ala burguesa que opera dentro del chavismo, ese es el gran desafío que tiene abierto el proceso bolivariano”.

Pero, por encima de cualquier consideración, defendemos incondicionalmente el derecho de los pueblos -por tanto, el derecho del pueblo de Venezuela- a decidir libremente su presente y su futuro. Lo que en el caso de Venezuela supone rechazar categóricamente todas las injerencias externas del imperialismo, de sus esbirros y de los medios de comunicación puestos a su servicio.

En el momento en que los trabajadores de la mayoría de países de América Latina, desde México a Chile, pasando por Argentina y Brasil, se levantan por sus reivindicaciones y contra la injerencia imperialista, la exigencia elemental de cualquier trabajador apegado a sus derechos, y para cualquier demócrata, se resume en una frase: ¡manos fuera de Venezuela!