(Publicado en la Carta Semanal 752 – ver en catalán)
Dedicaremos esta Carta Semanal a analizar las distintas reacciones y pronunciamientos que ha suscitado la sentencia del Tribunal Supremo contra los republicanos catalanes. En particular, las de las organizaciones de políticas que hoy representan a la clase trabajadora, y las de los sindicatos y movimientos sociales.
Escribimos sobre el trasfondo de la inmensa respuesta que está dando el pueblo de Cataluña, y de forma más decidida su juventud, que no comenta ni promete, ni amenaza, sino que quiere resolver la situación insostenible.
No vamos a hablar de las reacciones del trifachito franquista, que exige a gritos un nuevo155, “más duro” o incluso un estado de excepción. Quieren llevar hasta el fondo el enfrentamiento con el pueblo catalán, porque necesitan la división de la clase trabajadora y el enfrentamiento entre los pueblos para imponer el programa de ataques masivos a los derechos y conquistas sociales -con la Seguridad Social en lugar destacado- que tienen en la recámara. Pero ante la fuerza que muestran los pensionistas, avanzadilla de los trabajadores, y sobre todo el pueblo catalán, prefieren que el PSOE encabece la cerrazón y brutalidad del régimen.
La vergonzosa reacción del gobierno
Pedro Sánchez y su gobierno se han alineado sin matices con la sentencia y han cerrado el paso a cualquier duda sobre su aplicación. En una comparecencia ante las televisiones, Sánchez ha dicho que reconoce “la labor independiente del Tribunal Supremo que ha trabajado con escrupuloso respeto a sus obligaciones. Dando un ejemplo de autonomía y de transparencia, de garantías y de profesionalidad” Y ha añadido que hay que acatar la sentencia, y que “el acatamiento de la misma significa su cumplimiento. Reitero, significa su íntegro cumplimiento”. Por si quedaban dudas, el Secretario de Organización de PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, explicaba en Los Desayunos de TVE que “la sentencia se tiene que acatar sí o sí”, y que “no procede hablar de indulto” porque no está en la voluntad del Ejecutivo.
En su comparecencia televisiva, Sánchez hablaba de una “nueva etapa”, en la que “el objetivo solo puede ser la restauración de la convivencia en Cataluña. El método será siempre el diálogo y la regla solo puede ser la ley, la Constitución Española”. Vista la reacción multitudinaria del pueblo de Cataluña ante la sentencia, todo parece indicar que eso significa ningún diálogo, y palo y tente tieso. Y gobernar España con un gobierno de guerra contra Cataluña, en el que no caben los derechos democráticos y sociales de los trabajadores y pueblos.
Por este camino, y si se confirma lo que dicen las encuestas, Sánchez se está poniendo muy complicada la formación de un gobierno tras el 10 de noviembre, y se puede ver abocado, como única salida, a una “gran coalición” con los franquistas del PP, que sin duda motivaría una defección masiva de militantes socialistas.
Otras reacciones
Pablo Iglesias, en su facebook, escribía que la sentencia “no pone fin al problema político de fondo, que sigue ahí, irresuelto y agravado por las brechas emocionales producto de la manera equivocada en la que se ha abordado la crisis”. Y añade que “todo el mundo tendrá que respetar la ley y asumir la sentencia, pero a partir de hoy toca arremangarse y trabajar por reconstruir puentes entre una sociedad catalana dividida y entre parte de la sociedad catalana con la sociedad española”. Y pide “abrir una nueva etapa de diálogo que rechace la confrontación y que se marque como objetivo la búsqueda de soluciones políticas y democráticas a un conflicto que nunca debería haber sido judicializado”. Llama la atención que, aunque hace una referencia afectuosa a los presos, se abstenga de pedir su libertad, como exigen hoy millones de catalanes, y el sentido común. Y con el truco de la “sociedad dividida” ignora los derechos de Cataluña y de los pueblos. En 1936, no era una parte de España atacada por otra parte, sino el ataque del imperialismo contra la soberanía de los pueblos de España. Y ahora el ataque es contra el pueblo catalán.
Más desconcertante es lo que dice Alberto Garzón. Tras criticar la sentencia, ha añadido que no se debe utilizar “como arma arrojadiza” los conceptos indulto o amnistía, en vez de usar “de forma adecuada unos términos muy políticos”. Y ha señalado que el indulto puede formar parte de un eventual proceso de negociación. Parece que proponga convertir a los presos en rehenes de esa negociación.
Iñigo Errejón se ha abstenido, también, de pedir la libertad de los presos. Se ha limitado a criticar la sentencia en términos genéricos. “no creo que nadie piense que hoy estamos más cerca del reencuentro. Por eso ahora es cuando más necesitamos de la política. De la política útil, de la que se pone en el lugar del otro y reconstruye puentes. La España en la que creo persuade más que castiga.” La única política “útil” para solucionar los problemas de la inmensa mayoría es la democracia, que empieza rechazando la sentencia del Supremo.
Qué han dicho los sindicatos
Como viene siendo habitual, las Confederaciones estatales y sus secciones de Cataluña han tenido reacciones distintas. Así, UGT a nivel estatal ha llamado a acatar la sentencia, aunque ha considerado que las penas de prisión “empeoran y retrasan una solución política”. Y ha añadido que “las consecuencias de esta sentencia no pueden capitalizar toda la atención ni en Cataluña ni en el conjunto de España hasta el extremo de ocultar una vez más los problemas de las personas, como los salarios, las pensiones, la precariedad laboral, las políticas de igualdad o sociales o el restablecimiento de derechos”. Por su parte, UGT de Cataluña ha declarado que la sentencia del Supremo “impide que haya normalidad política” en la comunidad. Y ha exigido “diálogo” a los partidos y “especialmente a los gobiernos central y catalán”, para acordar “una solución política inmediata a la situación de prisión”.
En tanto que la confederación de CCOO ha rechazado que se pueda pensar que “el Código Penal resolverá lo que la política ha sido hasta ahora incapaz de canalizar”. Y ha llamado a “resituar los problemas en términos de diálogo político”.
Tanto UGT como CCOO de Cataluña han suscrito un manifiesto en el que se manifiesta “nuestro desacuerdo con la sentencia, que no resuelve el conflicto político, y denunciamos la injusticia a la que se enfrentan todas las personas condenadas. Denunciamos las consecuencias graves que esta sentencia tiene sobre los derechos políticos de la ciudadanía y los derechos de manifestación, de expresión, de libre asociación y de disidencia política, suponiendo un retroceso para la calidad democrática de nuestra sociedad. Denunciamos las graves consecuencias que la sentencia tiene para la normalidad política en Cataluña y sus efectos para el autogobierno de la Generalitat” y se añade que “Trabajaremos por la libertad de los condenados desde amplios espacios de consenso sociales y políticos en Cataluña y España”.
Más reacciones
El catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo, ha señalado que se ha utilizado la acusación de rebelión -que, en su opinión, todos, incluso el Tribunal Supremo, sabían que no se sostenía- para hurtar la competencia sobre el juicio a los tribunales de Cataluña y para que el Tribunal Supremo pudiera “manejar el proceso a su antojo y para acabar convirtiendo de rebote una protesta multitudinaria, pero pacífica, en un delito no de desobediencia, sino de sedición”.
Por su parte, la PAH ha señalado que la sentencia del Supremo establece que el delito de sedición se comete ahora “también cuando los agentes tienen que claudicar y desistir de cumplir la orden judicial de que son portadores ante la constatada actitud y oposición a su ejecución por un conglomerado de personas en clara superioridad numérica”. Y añaden que “desde la PAH llevamos más de 10 años ejerciendo la desobediencia civil a diario para frenar el drama que suponen los desahucios en este Estado. Es por eso que, vemos con preocupación el retroceso de nuestros derechos que significa la sentencia”, y se preguntan si “¿Penar con prisión a personas por ejercer sus derechos? ¿Es sedición manifestarse para desobedecer una orden judicial? ¿Es entonces sedición concentrarse para parar un desahucio?” para concluir que “nosotras seguiremos en la calle parando desahucios y desobedeciendo leyes injustas, y si para la justicia esto es sedición, seremos sediciosas”.
La PAH pone en dedo en la llaga. Las libertades no son divisibles, y la sentencia contra los republicanos catalanes es una sentencia contra todos los que osen desafiar al régimen, a sus leyes y a sus decisiones judiciales. Por eso, todos los demócratas, todas las organizaciones del movimiento obrero deben ser unánimes en su rechazo a la sentencia y su exigencia de libertad inmediata para los presos. Por tanto deben rechazar el lugar que el Gobierno les ofrece en un frente ‘democrático’ contra el pueblo catalán.
Esta semana hemos vivido en Cataluña una movilización de características distintas. La juventud masivamente ha reaccionado contra las sentencias franquistas desbordando todas las previsiones y la capacidad de encuadramiento de los partidos catalanes. “Somos pacíficos, pero no gilipollas”. Exigen una República del pueblo contra la policía “nacional o catalana”.
La mayoría de la clase obrera de Cataluña y de todo el Estado no ha tenido los medios para reaccionar, pero no nos engañemos, la brutal propaganda monárquica no aplastará el descontento y malestar.
Las movilizaciones en Cataluña anuncian las masivas batallas que se preparan en todo el Estado y que plantearán a las organizaciones un dilema vivencial: o ponerse a la cabeza o arrastrarse detrás del régimen y el capital financiero. Por nuestra parte, nos situamos al lado de las reivindicaciones y derechos, por la libertad de los presos, por el derecho a decidir, por la defensa de las pensiones… en contra de la violencia del Estado y sus instituciones.