(Publicado en la Carta Semanal 674)

El lunes 9 de abril tuvo lugar en Barcelona la entrega de despachos de la 67 promoción de jueces de la Escuela Judicial de Barcelona, celebración que fue presidida por Felipe VI, escoltado por el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes y por el Ministro de Justicia, Rafael Catalá. El acto se celebró en presencia de los jefes de la Guardia Civil, la Policía Nacional y los Mossos d’Esquadra (reorganizados por el 155). También estuvo presente el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, esposo de la directora de la Escuela Judicial y expresidente de la Audiencia de Barcelona que según varios medios de prensa fue la persona más saludada en los momentos previos al acto. El acto –según la crónica publicada en el diario catalán La Vanguardia– sirvió, de hecho, para enaltecer la labor de este juez, en momentos en que, según la misma Vanguardia del día 11 en su editorial dice “que la justicia alemana le ha enmendado la plana”. Llarena estuvo conversando con otros magistrados, vocales del CGPJ y representantes de los cuerpos policiales que acudieron al acto.

El discurso del Rey en este acto judicial solemne recordaba el que pronunció el pasado 3 de octubre, inmediatamente después del referéndum celebrado a pesar de las prohibiciones judiciales, y en el que llamó al Aparato de Estado a cerrar filas en contra de la movilización del pueblo catalán y, en particular, de toda cesión ante la reclamación de derecho a decidir.

En un momento en que el aparato judicial se ha situado en primera fila de la persecución contra los independentistas catalanes, el rey señaló “la confianza y apoyo de la Corona reivindicando la independencia e imparcialidad de los jueces”, a quienes declaró “garantes de la legalidad de la acción de los poderes públicos”. “El juez que forma la escuela es el que se recoge expresamente en la Constitución: independiente, inamovible, responsable y sometido únicamente al imperio de la ley”.

Felipe VI defendió las tareas de los jueces en circunstancias especiales de confrontación entre la judicatura y los representantes del independentismo catalán. En consonancia con ese discurso, el presidente del TS y del CGPJ, Carlos Lesmes, señaló en particular la necesaria firmeza ante los desafíos independentistas.

Se trata de discursos que animan al aparato judicial, en momentos en que resoluciones como la del tribunal alemán que ha desmontado, al menos por el momento, las acusaciones de “rebelión” contra Carles Puigdemont y cuando el Comité de Derechos Humanos de la ONU se ha dirigido al Estado Español, ante una denuncia de los abogados del encarcelado Jordi Sánchez, para que tome las medidas necesarias para que el denunciante pueda “ejercer sus derechos políticos”.

La ofensiva judicial sigue adelante

Jaleado, como hemos visto, por el Jefe del Estado y sus principales dirigentes, el aparato judicial sigue desbocado. Se resiste abandonar su cruzada contra el “separatismo”, sobre todo cuando los gobiernos extranjeros desconfían de la capacidad del gobierno Rajoy de hacer frente a la “cuestión catalana”.

Varapalos como el del Tribunal de Schleswig-Holstein no les impiden seguir con su carrera represiva: el juez Llarena acaba de volver a impedir a Jordi Sánchez salir de prisión para someterse en el Parlamento de Cataluña a una sesión de investidura, mientras los fiscales se reúnen con sus colegas alemanes para entregarles nuevas “pruebas de actos violentos” que justifiquen la acusación de “rebelión” contra Puigdemont y permitan una revisión de la decisión del tribunal alemán de no entregarle a la “Justicia” española por ese supuesto delito. La ofensiva de Llarena y el Tribunal Supremo no es la única. Acabamos de ver cómo la Guardia Civil detiene y los fiscales acusan de “terrorismo” y de “rebelión” a los dos jóvenes de los CDR que, según ellos, han organizado los cortes de tráfico y los bloqueos de los peajes de algunas autopistas de Cataluña. Aunque, por el momento, la Audiencia Nacional no ha avalado las acusaciones y las ha reducido a un posible delito de “desordenes públicos”, se abre una vía más que peligrosa. Cualquier corte de tráfico en una movilización obrera o juvenil y cualquier piquete de huelga que intente bloquear las cocheras de los autobuses o las estaciones de tren se podría ver enfrentado a acusaciones de este tipo. Entretanto, de nuevo dos sindicalistas en juicio, Pablo Alberdi y Jorge Merino, de la CNT, mientras 6 ciudadanos que se resistieron al desalojo en Sevilla de una inmueble ocupado llevan más de un mes en prisión preventiva por “riesgo de fuga” o los 8 jóvenes de Alsasua para quienes la acusación ha convertido una pelea de bar con unos guardias civiles de paisano en una acusación de terrorismo, por la que se les piden penas de entre 62 y 12 años, que suman un total de 375 años y a quienes la juez Carmen Espejel, responsable del caso, mantiene en prisión preventiva. Se da la circunstancia de que esa juez está casada con un coronel de la Guardia Civil. Titiriteros y raperos se ven perseguidos con saña por supuestos “delitos de odio” o de apología del terrorismo.

¿Al servicio de quién?

La huida masiva de grandes empresas que trasladaron su sede fuera de Cataluña a finales de 2017 demostró la verdadera opinión de la burguesía “catalana” sobre los derechos del pueblo de Cataluña.

Tras el acto judicial a que nos referíamos al comienzo de esta Carta, la prensa nos informa de que el Rey mantuvo una cena “privada” en su residencia oficial en Barcelona con los dirigentes del Banco de Sabadell, Abertis, Seat, Gas Natural, Catalana Occidente, Planeta, Fomento del Trabajo, o sea lo más granado de la supuesta burguesía “catalana”.

Como en 1936 y en los cuarenta años de dictadura, los grandes capitalistas -también los de Cataluña- se arriman al ejército franquista, al poder judicial, al aparato de Estado heredado del dictadura sin depuración alguna, al “jefe del Estado” y sus sucesores, para que proteja sus intereses.

Hay que acabar con este Aparato de Estado

Los poderes reales del Estado, heredados del franquismo, con un gobierno de testigo y las instituciones de la “democracia” (parlamentos, autonomías…) languideciendo, aparecen de nuevo como lo que son: instituciones al margen de la voluntad popular y al servicio del capital financiero.

Hay que señalar que bajo este régimen, el juez Llarena y Felipe VI, que no han sido elegidos por nadie (bueno, al padre de Felipe VI le designó Franco como heredero), se arrogan el derecho de decidir por encima de los elegidos por el pueblo catalán y por todos los pueblos.

Es una obligación para que el movimiento obrero y sus organizaciones, para que los elegidos por los ciudadanos para representar a los trabajadores y los pueblos, se pongan a la cabeza de la lucha contra la represión. Porque los trabajadores necesitan de las libertades democráticas, arrancadas por el propio movimiento obrero en su lucha contra la dictadura. De ahí la importancia de la manifestación del 15 en Barcelona, con la participación de UGT, CCOO y otras organizaciones sindicales. A pesar de la furibunda campaña del aparato de Estado, de los medios de comunicación y de unos pocos dentro del movimiento obrero, Los trabajadores de vanguardia no olvidarán la política seguida por los dirigentes de organizaciones que se dicen defensores de las libertades al haber apoyado sin vergüenza al Rey y sus jueces o que decidieron mirar hacia otro lado en nombre de una supuesta “agenda social”.

Hay que saludar también la actitud de Ada Colau y Roger Torrent de no acudir a rendir pleitesía a Felipe VI por su actitud del 3 de octubre, lo que ha hecho que en esta última visita del Rey no se haya invitado a ninguna autoridad elegida del pueblo de Cataluña. Ha estado el rey prácticamente solo con las autoridades del aparato de Estado central.

Esta crisis muestra el problema de fondo: la Monarquía, un régimen ajeno a los trabajadores y a los pueblos, incompatible con libertades y derechos. De ahí la actualidad de la lucha por la República en el 87 aniversario de su proclamación y los avances en la participación, sobre todo de la juventud. Mientras, cientos de miles de ciudadanos de Cataluña exigían la libertad de los presos políticos de la Monarquía.