(Publicado en la Carta Semanal 556)
La mañana siguiente a las elecciones, una noticia del diario El País explicaba cómo recibe el capital financiero los resultados electorales. “La Bolsa cae y la prima de riesgo sube ante la incertidumbre política” A su vez, Financial Times abría su edición con un titular “España encabeza la inestabilidad política después de las votaciones”. La inmensa mayoría de “comentaristas” se pregunta -con razón- qué gobierno puede formarse ante el empate entre las sumas de diputados obtenidos por PP + Ciudadanos, de un lado, y PSOE + Podemos, de otro, y la imposibilidad de formar una mayoría suficiente sin contar con los diputados “nacionalistas”, y en particular los de Cataluña. Esta preocupación trasluce el temor de que nadie se atreva a aplicar los presupuestos de Rajoy ni los 10.000 millones de recortes adicionales que Bruselas reclama. Y sobre todo el temor de que una caída de Rajoy de pie a una irrupción de reivindicaciones que desestabilice al régimen monárquico. Todo lo cual hace no sólo que la formación de cualquier gobierno se haga cuesta arriba, sino que cualquier “combinación parlamentaria” tenga visos de no ser más que una “solución” a corto plazo.
La caída de la Bolsa y la subida de la prima de riesgo muestran el temor del capital financiero ante este resultado electoral, expresión de la crisis del régimen monárquico en España, crisis que es paralela a la de todos los regímenes europeos sometidos a los imperativos de guerra y miseria del capital financiero internacional y sus instituciones: FMI, OTAN, Unión Europea.
Los franquistas y la derecha han sido duramente castigados
La subida de la participación electoral, que en esta ocasión ha sido de más del 73%, expresa sin ninguna duda que la mayoría de la población trabajadora busca una salida positiva y democrática después de la pesadilla y catástrofe de 4 años de gobierno Rajoy, que como servidor del régimen monárquico y del capital financiero, y por tanto, portavoz de la UE y la OTAN, no ha dudado en aplicar los peores planes antiobreros y antisociales, recortando salvajemente los presupuestos de los servicios públicos y los derechos de sus trabajadores y trabajadoras, desmantelando el Estatuto de los Trabajadores, procesando a cientos de sindicalistas, aprobando leyes liberticidas, negando los derechos de los pueblos, amenazando con embarcar al país en guerras al servicio del imperialismo…
Los resultados electorales representan un fuerte castigo al partido que es la máxima expresión del régimen monárquico: EL PP, heredero del franquismo, que ha perdido 3.400.000 votos, la tercera parte de los que tuvo en 2011. Pero también han sido castigados el conjunto de los partidos que firmaron el Pacto de la Moncloa de restauración monárquica, y han defendido durante años el marco constitucional derivado de esos pactos: el PSOE, Convergencia y también IU.
Particularmente significativo es el castigo al PSOE, a pesar de estar en la oposición. Ha perdido 1.500.000 votos con respecto a 2011 (más del 20% de los votos), y hay que recordar que entonces sus resultados ya habían sido los peores de su historia. Este partido se ha visto lastrado por la política abiertamente monárquica de Rubalcaba y Pedro Sánchez. Los trabajadores no se han convencido de que este partido hubiese roto con la política de recortes de ZP y a ello se añade su posicionamiento contra los derechos de los pueblos en connivencia con el PP, particularmente contra el pueblo catalán, que ha hundido al PSC (que ha perdido 330.000 votos, un 36% de los que tuvo en 2011). Esta política, que ha culminado en el apoyo a la política “antiyihadista” de Rajoy y a sus recursos al Tribunal Constitucional contra el Parlament de Catalunya, ha impedido que el PSOE desempeñe el papel de enlace entre los derechos de los trabajadores y las aspiraciones de los pueblos.
La cuestión nacional y los derechos de los pueblos, en el centro
La cuestión nacional ha estado en el centro de la situación política en los últimos meses, especialmente en lo que se refiere a Cataluña, expresando la incompatibilidad entre la Constitución monárquica de 1978 y los derechos de los pueblos que forman parte del estado español.
La subida espectacular de ERC (que ha incrementado sus votos casi un 150%) a costa de Convergencia (que ha perdido la mitad de los suyos), y las de las agrupaciones electorales que defienden el derecho a decidir en Catalunya (En Comú Podem), Euskadi (Podemos), País Valencià (Podemos- Compromís) y Galicia (Podemos-En Marea-ANOVA-EU), muestran que esta aspiración democrática es determinante para abrir una salida positiva a la crisis.
Los propios resultados electorales ponen esta cuestión en el centro. Una posible coalición PP-Ciudadanos chocaría con el obstáculo, si quisieran formar gobierno, de que precisarían de los votos (o, al menos, de la abstención) de los diputados de ERC, Convergencia y el PNV, algo difícil de conjuntar con su negativa absoluta a reconocer los derechos de los pueblos. Pero una coalición PSOE-Podemos-Agrupaciones necesitaría responder al compromiso de respetar el derecho a decidir que han expresado en su programa Podemos y las Agrupaciones, así como del apoyo de esas mismas fuerzas “nacionalistas” a que nos hemos referido antes.
Todas las combinaciones posibles tropiezan con esta cuestión, porque no se puede gobernar ni sostener un país en enfrentamiento permanente con los pueblos que lo componen. No puede haber un salida a la crisis política sin dar solución a las aspiraciones nacionales de los pueblos, y en primer lugar, del pueblo catalán.
Algunas posibles opciones
Ante la crisis del régimen, algunos portavoces de la burguesía, la UE, el capital y el régimen han adelantado una posible solución matemática a los resultados electorales: una “gran coalición” PP-PSOE que permitiera formar un gobierno “estable” de salvación del régimen y dispuesto a aplicar las exigencias que la UE ha puesto sobre la mesa del nuevo gobierno. Esta “solución” también es la propuesta de la CEOE y del Ibex 35. Supondría una verdadera traición a los millones de personas trabajadoras que han votado al PSOE para echar a Rajoy del gobierno (como prometía una y otra vez Pedro Sánchez durante la campaña electoral), y abriría, posiblemente, una profunda crisis, o incluso la liquidación del Partido Socialista. ¿Qué estabilidad puede dar el desgastado y desacreditado PP? Lo que sucede es que el capital solo busca remedio a sus males destruyendo todo resto de las organizaciones y conquistas obreras. Quienes desde el PSOE afirman que “el PP ha ganado las elecciones y debe gobernar” están promoviendo la destrucción de su propio partido.
Existe otra posible solución matemática: un acuerdo del PSOE con Podemos y las Agrupaciones, con el apoyo de ERC, que permitiría imponer la derogación del conjunto de contrarreformas de Rajoy, de la LOMCE, el decreto 3+4, la Ley Mordaza, la contrarreforma laboral (también la de Zapatero, por cierto)… y poner en marcha medidas económicas de urgencia para paralizar los desahucios, crear empleo, garantizar subsidios para las personas desempleadas y recuperar los servicios públicos puestos en peligro por los recortes, anular los procesos a los más de 300 sindicalistas. Pero este paso exigiría en primer lugar, si se quiere contar con el apoyo de ERC, modificar la política de apoyo al régimen y de negación del derecho a decidir del pueblo catalán.
En todo caso, permitir -aunque sea con su abstención o con su división- que Rajoy forme gobierno existiendo una mayoría obrera y popular de diputados y diputadas suficiente para impedirlo sería una traición a la voluntad de los más 13 millones de trabajadores y jóvenes que fueron el pasado día 20 a depositar sus votos para echarle y demoler su obra de destrucción.
La única salida real pasa por acabar con el régimen
Los trabajadores y trabajadoras, la juventud, los pueblos, esperan de las organizaciones y candidaturas en las que han depositado su confianza una respuesta a sus reivindicaciones mas sentidas: derogación de la reforma laboral, creación de empleo, subsidio a los parados, restablecimiento de los servicios públicos, anulación de los presupuestos de 2016, derogación de las leyes liberticidas, derogación del artículo 315.3 del Código Penal y anulación de los procesos a los más de 300 sindicalistas procesados por su actividad sindical, reconocimiento del derecho de los pueblos, retirada de los marines destacados en Rota y Morón para organizar la guerra en África, salida de la OTAN…
¿Es esto posible en el marco del régimen de la Monarquía con sus instituciones heredadas del franquismo, y sometido a la Unión Europea y la OTAN? Hay compañeros que han votado contra el PP y que confían en las promesas de los dirigentes de un cambio dentro de la Monarquía. Nosotros entendemos que la experiencia acumulada desde 1978 nos dice que no. La crisis del régimen, agravada por los resultados electorales, exige replantear la disyuntiva abierta después de la muerte de Franco.
Cualquier solución favorable a los intereses de la población trabajadora es inseparable del establecimiento de la democracia, es decir, que exigiría elecciones a una verdadera asamblea constituyente basada en proclamar la República y garantizar el ejercicio del derecho de los pueblos, no como esta vez, que primero impusieron la sucesión de Felipe VI, amordazaron al pueblo catalán para que no hiciese su referéndum y en esta situación viciada organizan las elecciones.
Nosotros entendemos que se trata de allanar el camino para abrir la vía a la República de los pueblos y para los pueblos, a la Unión libre de Repúblicas, única garantía de la unidad de los trabajadores y la soberanía de los pueblos.
Para la sección de la IV Internacional en el Estado español, que lucha por forjar la alianza entre los trabajadores y los pueblos, estas elecciones muestran la necesidad de buscar vías para combatir por forjar esta alianza en las nuevas condiciones en que millones de trabajadores y jóvenes sienten la crisis del régimen monárquico opresor, al que más que nunca el capital financiero exige que haga un papel de Bonaparte para frustrar las ansias de emancipación social de los trabajadores y nacional de los pueblos.
Comité Ejecutivo del POSI (21 de diciembre de 2015)