(Publicado en la Carta Semanal 716 – ver en catalán)

Las distintas derechas que representan al aparato de Estado heredado del franquismo no han aceptado jamás al gobierno de Pedro Sánchez, surgido de la moción de censura votada en el Congreso del 1 de junio. Desde el primer momento han tildado a su gobierno de “ilegítimo” y a Sánchez de “okupa”. Ahora, la decisión de Sánchez de nombrar un “relator” neutral en un intento por mantener el diálogo entre los partidos catalanes los ha llevado a dar un paso adelante con tintes de golpe de Estado.

No le ha valido a Pedro Sánchez ni su apoyo a la aplicación del artículo 155 a Cataluña por parte del gobierno Rajoy, ni la decisión de que la fiscalía mantenga las acusaciones de rebelión contra los republicanos catalanes (y la Abogacía del Estado, la acusación de sedición), ni la ignominiosa decisión de apoyar el golpe de Estado de Guaidó en Venezuela. Tampoco le ha valido la apresurada decisión de anunciar el fin de todo “diálogo” con los republicanos catalanes (una decisión que se opone, seguramente, a los deseos de la inmensa mayoría). Cada cesión de Sánchez ante el aparato de Estado lleva a los representantes del franquismo a incrementar la presión y exigir nuevas concesiones.

Y el aparato de Estado no consiente ninguna cesión que ponga en cuestión la supuesta España “una, grande y libre”, ese lema que en realidad oculta la preservación de las instituciones centrales heredadas del franquismo. En su nombre, Casado y Rivera insisten una y otra vez en la necesidad de aplicar a Cataluña un nuevo 155, pero “más duro”. Junto con ellos, jueces, policías, guardias civiles (como el provocador que difundió una grabación del traslado de los presos republicanos catalanes a Madrid), se alinean tras su jefe Felipe VI, que en su discurso del 3 de octubre de 2017 -dos días después del referéndum catalán- llamaba a rebato a todo el aparato de Estado diciendo que “ante esta situación de extrema gravedad, que requiere el firme compromiso de todos con los intereses generales, es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña, basado en la Constitución y en su Estatuto de Autonomía”.

En realidad, por encima de Casado y Rivera, el verdadero protagonista del acto es Vox, hasta el punto que los organizadores han debido prohibir banderas de partidos y eliminar discursos para que no se haga patente ese hecho.

ABC, portavoz oficioso de la Casa Real, “respalda sin fisuras” la convocatoria de la manifestación, porque “Sánchez no escucha ni a su propio partido, y por eso se ha se ha convertido en una cuestión de Estado que escuche a los españoles en la calle clamar contra su abuso de poder”. El periódico publica un cartel de convocatoria con el lema “Sánchez Dimisión” y está lleno de guiños y llamamientos a diputados y “barones” del PSOE a rebelarse contra Sánchez.

“Echar a Sánchez”, e imponer un programa de reacción rampante

La maniobra del aparato de Estado y sus seguidores no se limita a presionar a Sánchez. Esta vez van más allá. El anuncio de la creación del “relator” llevó de inmediato al PP, Cs y Vox a difundir un llamamiento a la movilización este domingo en Madrid para “echar a Pedro Sánchez de La Moncloa”, aunque finalmente, el lema oficial de la convocatoria ha sido “por una España unida. Elecciones ya”.

Las declaraciones de unos y otros han ido adoptando un tono crecientemente golpista. El líder de Ciudadanos se apresuró a declarar que “hay que echar a Pedro Sánchez”, que, según él, está “humillando” a España. Alberto Rivera habló de crear “un frente cívico” contra el presidente. El dirigente de Vox, Santiago Abascal, se sumó de inmediato: “Hay que echar a este Gobierno traidor que está preso de los golpistas. A los golpistas separatistas solo hay que aplicarles el Código Penal. A Pedro Sánchez parece que también”.

Pablo Casado también ha adoptado un tono “venezolano”, al estilo del golpista Guaidó, en su discurso. En una entrevista a la agencia EFE decía que la situación “es tan grave que no descartamos nada, porque estamos ante una actuación de felonía, de alta traición a España, no se ha visto desde el 23F”, y añadía que “si Sánchez no rectifica tendremos que llamar a los españoles a la calle, es la única fórmula que nos queda para que un presidente del Gobierno mentiroso y felón actúe en beneficio del mandado constitucional con el que juró su cargo”.

Casado defendió un plan de guerra contra el pueblo catalán y contra los republicanos en particular: “hay que aplicar un 155 y el partido que lidere esa respuesta se llevará detrás a la España de los balcones”, y añadió que él “ilegalizaría Arran porque justifica la kale borroka, alienta la violencia en las calles. Por ejemplo, ANC y Omnium Cultural ¿qué están haciendo, o ERC y el PDeCAT, recibiendo fondos públicos teniendo a líderes independentistas ya procesados?”.

Los convocantes de la manifestación no ocultan su programa de ataques directos a las libertades y derechos: anular la autonomía de Cataluña, atacar a los derechos de las mujeres, al derecho al aborto… y cada minuto que pasa añaden nuevas amenazas.  Y se suman a la movilización la falange y lo más florido de la reacción.

Casado no se limitó a pedir echar a Sánchez del gobierno. También hizo un llamamiento a los “barones” socialistas a repetir la “operación gestora”: “Me gustaría que el PSOE sensato pusiera pie en pared, como hizo en el Comité Federal que depuso a su secretario general”. Un llamamiento al que no hicieron oídos sordos los dirigentes del PSOE más vinculados al aparato de Estado franquista, encabezados por el infame Alfonso Guerra que, en la presentación de un libro en el Congreso, decía que “Aprobar un presupuesto es vital para un gobierno. Mantener la dignidad de la nación es una prioridad que empequeñece la adversidad de una votación contraria a las cuentas del Estado”

A Guerra le siguieron los de siempre. Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, pedía la convocatoria urgente del consejo territorial del partido (que reúne a los gobernantes autonómicos socialistas y a sus líderes regionales) para abordar de inmediato las demandas de los independentistas catalanes y la respuesta del Gobierno y de la propia formación. Page se cuidaba muy mucho de pedir la convocatoria del órgano de dirección del PSOE, el Comité Federal, y pedía tratar el tema entre “barones”. A Page se le sumaron el presidente aragonés, Javier Lambán, el diputado y expresidente de Castilla-La Mancha José María Barreda y la diputada socialista Soraya Rodríguez, que fue portavoz del grupo parlamentario durante la época de la Gestora (y que tuvo, entonces, que salir por pies de la sede del PSOE en Valladolid ente gritos de militantes que la llamaban “traidora”).

Pablo Casado se apresuró a pedir a García-Page, Lambán y Fernández Vara, que se sumaran a la causa, pidiéndoles que “ayuden a echar al okupa de La Moncloa”.

La concentración ha tenido un eco bastante limitado

A pesar de las gruesas frases con que los convocantes han intentado alimentar la movilización, a pesar de los autobuses gratis, y del apoyo de todas las cloacas de la extrema derecha y el aparato de Estado, los convocantes no parecen haber tenido la afluencia que esperaban. Habían elegido como lugar de reunión la Plaza de Colón, un espacio en que caben cientos de miles de personas, y se han quedado muy lejos de llenarla, Aunque hablad de 200.000 asistentes, medios como El Mundo -abierto defensor de la movilización- hablan de “decenas de miles”. ABC habla de “miles”.

No parece, no obstante, que los convocantes vayan a cambiar de táctica. Más bien, parecen considerar la manifestación de hoy como un primer paso

¿Qué salida?

Sánchez está experimentando en carne propia como todo retroceso del gobierno es aprovechado como es lógico para exigir más, porque muestra su debilidad ante el aparato de Estado y sus representantes. De nada le ha valido el apoyo al 155 en octubre de 2017 ni su inhibición ante el inminente juicio a los republicanos catalanes en el Supremo, ni la ruptura de toda negociación con los catalanes. La Monarquía, el aparato del Estado y sus seguidores políticos, que, en última instancia, consideran una usurpación todo gobierno que no sea “de los suyos”, no pueden admitir ningún resquicio de negociación sobre el tema catalán, como no pueden admitir la subida del salario mínimo o la derogación -por parcial que sea- de la reforma laboral o la Ley Mordaza. No les vale el sometimiento al 90% de sus exigencias. Quieren el 100%.

Hace unos días, CC.OO. y UGT de Cataluña reiteraban, en un comunicado sobre el juicio a los catalanes, que el “problema político” entre Cataluña y el resto de España no debió judicializarse sino abordarse en la política, apostando por dar una oportunidad al “diálogo y la negociación” y pedían a los gobiernos de Cataluña y España que “propicien un clima y escenarios que la faciliten”. A lo que ambos sindicatos prometían contribuir, “en un espacio amplio de la sociedad civil y política de Catalunya”.

Frente a esta demanda de las dos principales organizaciones obreras de Cataluña, que representa la voluntad de más del 80% de la población de Cataluña, que quiere poder decidir libremente sobre su futuro, la decisión del gobierno Sánchez de poner una vela a dios y otra al diablo – compartida por buena parte de los dirigentes de las diversas organizaciones obreras- ha demostrado ser un callejón sin salida. Que conduce, además, a la caída del gobierno Sánchez y a la preponderancia de un aparato franquista envalentonado que se lanza a una ofensiva de tintes golpistas con un programa de ataques directos contra todos los derechos de los trabajadores y los pueblos del Estado.

El sábado, en la manifestación convocada por los taxistas en Madrid, y el domingo se han reunido, probablemente, más manifestantes en defensa de la Sanidad Pública en Santiago de Compostela y Teruel que en la convocatoria de las derechas en Madrid, lo que demuestra la voluntad de la inmensa mayoría de defender sus derechos y conquistas. En esta situación, llama la atención la pasividad con que los dirigentes de las principales organizaciones que representan a los trabajadores han abordado esta amenaza. Tras la entrada de Vox en el Parlamento de Andalucía, Pablo Iglesias llamaba a una “alerta antifascista”. Ahora, cuando la reacción se echa a las calles, nadie responde. Se trata de una ofensiva frente a la que la clase trabajadora y sus organizaciones no pueden permanecer indiferentes, no pueden limitarse a contemplar cómo se organiza la más negra reacción sin mover un dedo para organizar la respuesta.