(Publicado en la Carta Semanal 573)

La victoria judicial de los 8 de Airbus –fruto de la movilización unida, con los sindicatos al frente, y con el apoyo de todas las fuerzas políticas que se reclaman de la defensa de los trabajadores– no es, ni mucho menos, el final de la batalla. Aún quedan cientos de trabajadores y sindicalistas procesados (la cifra que manejan CCOO y UGT es de 300, pero cada día tenemos noticias de nuevos casos no “censados”, y hay que sumar al menos otro centenar de activistas y de miembros de otros sindicatos).

Además, sigue habiendo seis condenados, con sentencias en firme a prisión, como los cuatro de Pontevedra y dos de Granada, y se suman nuevas condenas con multas, a las ya producidas a los 5 de Arcelor, o a la ex secretaria de CCOO de Baleares (aunque, en este caso, el fiscal no se conformó con la multa y recurrió exigiendo una pena de prisión), como la más reciente del trabajador afiliado a la UGT en SEAT (Barcelona). En los casos de condenados a prisión, la mayoría esperan que se resuelva la solicitud de indulto, que fue prometido hace meses por el Ministro de Justicia a los dirigentes de UGT y CCOO, pero que no acaba de materializarse.

Y –no podemos olvidarlo– hay compañeros que ya están en prisión, como Andrés Bódalo, responsable del SAT de Jaén, condenado a 3 años de prisión, y como Alfonso Fernández Ortega, “Alfon”, joven que participó en un piquete de una huelga general y que fue víctima de un montaje policial, que lleva ya casi un año en prisión sometido a un régimen durísimo de aislamiento, pues ha sido considerado por la “justicia” como terrorista.

Aunque tarde, las grandes confederaciones han acabado por reaccionar ante esta campaña organizada contra el derecho de huelga, levantando la campaña “huelga no es delito”, que exige la derogación del artículo 315.3, y cuya culminación, hasta ahora, han sido las movilizaciones organizadas en torno al juicio de los 8 de Airbus. Una campaña que no puede decaer, sino que por el contrario debe continuar y profundizarse. E incluir la defensa de otros procesados o condenados, como Bódalo y Alfon.

Hay una mayoría en Cortes que permitiría la derogación

Tras las elecciones del 20 de diciembre se abrió una ventana de esperanza, puesto que existe en el Congreso de los Diputados una mayoría suficiente que permitiría derogar el artículo 315.3 del Código Penal.

Hay que recordar que ese artículo 315.3 persigue las supuestas “coacciones para secundar una huelga”. Ese artículo es una herencia franquista, puesto que proviene del artículo 496 del viejo Código Penal de 1976 (es decir, del franquismo moribundo, cuando aún eran ilegales los sindicatos y las huelgas). El objetivo declarado de ese artículo era “hacer frente a la creciente actividad agresiva de grupos organizados que se autodenominan piquetes de extensión de huelga”.

De hecho, se han presentado varias iniciativas parlamentarias para su derogación. Una proposición de ley del PSOE y otras de Podemos y ERC, están aún en tramitación. Una proposición no de ley de ERC, presentada posteriormente, ha sido ya debatida y aprobada el 30 de marzo en la Comisión de Empleo del Congreso de los Diputados, con todos los grupos a favor y con los únicos votos en contra del PP (28 votos a favor de PSOE, Podemos En Comú-Podem-En Marea, ERC, PNV, Democracia y Libertad, Bildu, IU y grupo mixto, Ciudadanos y 15 votos en contra del Partido Popular).

En este caso, la proposición ya aprobada, insta al gobierno a: “suprimir el apartado 3 del artículo 315 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal”, “instar al Ministerio Fiscal a realizar las actuaciones que corresponda con el objeto de sobreseer las causas en tramitación así como para revisar las sentencias condenatorias dictadas de conformidad al apartado 3 del artículo 315 de la ley orgánica10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal que se deroga, para anular las condenas y restaurar o indemnizar por los daños ocasionados”.

Ahora bien, una proposición de ley lo que hace es instar al gobierno a que haga algo. Y una propuesta de ley necesita, para su tramitación, de un informe del gobierno. Si no se forma gobierno y las Cortes son disueltas, ante una convocatoria de nuevas elecciones, ambas iniciativas legislativas decaerían y habría que empezar de cero en las nuevas Cortes cuando se constituyeran. Y entretanto, la maquinaria judicial sigue adelante, los procesos progresan y van cayendo nuevas condenas. Y se corre el peligro de que los condenados con condena suspendida, en espera de la respuesta a sus peticiones de indulto, acaben por ingresar en prisión.

Tampoco parece que, más allá de la galería, los representantes de la “izquierda” se acaben de tomar en serio esta cuestión. Según los trámites preceptivos, el Congreso dio al Gobierno un plazo para informar sobre las proposiciones de ley orgánica de derogación del 315. Cubierto ese trámite (no sabemos si hubo respuesta del Gobierno o no), la proposición de ley orgánica del PSOE está pendiente de toma en consideración por el pleno desde el 17 de marzo, la de Podemos desde el 30 de marzo y la de ERC desde el 20 de abril. La mesa no lo ha incluido en ninguno de los 8 plenos celebrados en el mes de abril. Tampoco sabemos de protestas del PSOE ni de Podemos al respecto, o si entra en los tratos que han hecho dando preferencia a una proposición de cada grupo. El hecho es que el Congreso ha dejado esto paralizado durante un mes y medio.

Para los ya condenados, también para Bódalo y Alfon, la única solución inmediata que permitiría librarlos o sacarlos de la cárcel sería un indulto. Pero un indulto depende del gobierno.

En este terreno, como en otros, desaprovechar la mayoría existente en Cortes y no formar el gobierno de izquierdas que esa mayoría sigue haciendo posible, significa mantener el 315.3 (y, por tanto, la amenaza permanente contra el derecho de huelga, la criminalización permanente de la actividad misma de los sindicatos), mantener bajo la amenaza de prisión o multa, o en la cárcel, a los militantes obreros condenados o procesados, mantener la Ley Mordaza y el funcionamiento actual del aparato del Estado.

La defensa de los sindicatos y de las reivindicaciones exige dar un paso adelante

La persecución judicial, policial y gubernativa contra los piquetes y la movilización no va a cesar por sí misma. La situación del país y las necesidades del capital exigen esta campaña. El capital y los gobiernos que le sirven necesitan paralizar a los sindicatos para acabar con las conquistas sociales de la clase trabajadora, y para recortar nuestros derechos y salarios. Y más cuando el capital financiero y sus instituciones internacionales, como el FMI y la Unión Europea, exigen al gobierno que al fin se forme (cuando sea) un ajuste duro de decenas de miles de millones de euros.

Una ofensiva combinada que incluye medidas como la reforma laboral, para acabar con la negociación colectiva, la campaña mediática (que combina las acusaciones de corrupción con el silencio organizado de la movilización y los actos sindicales), y la campaña represiva. Hoy, muchos trabajadores y sindicalistas se preguntan si las acciones que organizan o planean podrían ser perseguidas con el 315.3 o con la Ley-Mordaza.

Tras las importantes movilizaciones y actos organizados por las confederaciones sindicales, como las manifestaciones en Getafe y en Madrid ante el juicio a los 8 de Airbus en febrero, todo el movimiento obrero ha celebrado su absolución como un triunfo. Sin embargo, la sentencia establece que los “hechos” por los que mantuvo procesados durante más de cinco años a los de Airbus, que criminalizan el derecho de huelga, sí se produjeron. Por eso, resulta sorprendente que la campaña sindical por la derogación del 315.3 se haya relajado desde entonces y más sorprendente aún cómo las instancias dirigentes de nuestros sindicatos parecen resignarse ante la perspectiva de que no se forme un gobierno que permita la derogación de las reformas laborales y del 315.3. Sin duda, los secretarios generales han hecho declaraciones y gestiones para que tal gobierno se forme, pero ¿no exigiría la situación actual una convocatoria de movilizaciones para reclamar un acuerdo entre Sánchez e Iglesias que permita derogar ya el 315.3 y las reformas laborales y no dejar estas cuestiones vitales a la lotería de unas nuevas elecciones, cuyo resultado nadie puede adivinar?

¡Unidad en defensa de los sindicalistas y militantes perseguidos!

Los 300, los procesados de otros sindicatos, Bódalo y Alfon, son el resultado y las víctimas de la misma persecución contra la movilización y los sindicatos. En todas partes, desde todas las organizaciones obreras, con la mayor unidad, hay que continuar y organizar la campaña de acción y movilización para exigir que la huelga no sea un delito, y para ello exigir la derogación del 315.3, la anulación de todos los procesos y condenas, la amnistía de los ya condenados. No puede haber una campaña Alfon, otra campaña Bódalo y otra campaña 300.

En la Zona Sur de Madrid, sindicalistas comprometidos con la campaña 300 han levantado un comité sindical por la libertad de Andrés Bódalo. ¿Por qué no puede esa iniciativa extenderse a otros lugares? Porque la campaña del SAT tiene más difícil triunfar si no se apoya y refuerza con la lucha por los 300, si se aísla de la lucha general en defensa de la libertad de huelga, del derecho de manifestación, de las libertades arrancadas por el movimiento obrero.