Carta Semanal 1098 para descargar en PDF
En las últimas semanas se han disparado las movilizaciones en defensa de la enseñanza pública. Huelga indefinida estatal en las escuelas infantiles de menores hasta los 3 años, desde el pasado 7 de mayo. Huelga indefinida de toda la enseñanza pública no universitaria en la Comunidad Valencia desde el 11 de mayo. Huelgas en Cataluña desde febrero, huelga en Aragón los días 19 y 20 de mayo. Y todo ello coronado con grandes movilizaciones, especialmente potentes en Valencia, pero también importantes en las comunidades citadas, así como en Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha y Madrid. Y precisamente en Madrid, siguiendo el ejemplo de la Comunidad Valenciana, los principales sindicatos (CCOO, UGT y por su parte CGT), las familias (CONFAPA) y coordinadoras como Menos Lectivas han anunciado una huelga indefinida al comienzo del próximo curso.
¿Qué significan estas movilizaciones en el contexto mundial actual? Cuando las guerras se extienden y gobiernos de distintos colores políticos declarados acuerdan gigantescos aumentos del gasto militar y cambios legislativos en pro de una mayor militarización de la sociedad.
Movilizaciones con reivindicaciones legítimas
Junto a las reivindicaciones específicas en cada caso, hay una serie de reivindicaciones que convergen en torno a la mejora de las condiciones laborales, la calidad de la docencia, la financiación adecuada y el funcionamiento democrático de los centros.
Condiciones laborales: recuperación del poder adquisitivo, reducción de jornada lectiva y de carga burocrática y administrativa, equiparación salarial al alza entre territorios y etapas, estabilización de interinos y reducción de temporalidad, más personal docente y de apoyo, sustituciones inmediatas de bajas.
Calidad de la docencia: reducción de ratios alumnado/profesorado, más atención individualizada (en particular ante las necesidades especiales), mejor inclusión, aumento del personal de orientación y apoyo psicológico, “pareja educativa” en 0-3 (dos docentes en cada aula).
Financiación adecuada: aumento de la financiación, detener la privatización y, por tanto, contra la ampliación de los conciertos y por el mantenimiento de la oferta pública, mejorando las infraestructuras (incluyendo la climatización de los centros) y defensa de la escuela rural.
Medidas democráticas: participación real del profesorado y también del alumnado y de las familias, igualdad territorial en el acceso a la educación y defensa de las lenguas cooficiales, gestión democrática de los centros, negociación real con sindicatos y comunidades educativas.
Además, en la educación Infantil 0-3 se reivindica su pleno reconocimiento como etapa educativa, la universalización del acceso a ella, la integración de escuelas y redes municipales en el sistema público, el fin de las externalizaciones y las subcontrataciones y la mejora de las categorías profesionales. En la Formación Profesional, el incremento de plazas públicas, más profesorado, menor dependencia de externalización empresarial, mejores infraestructuras. En la universidad, se reivindica la financiación necesaria, la reducción de la precariedad, la mejora del sistema de becas, etc.
¿Qué significa la enseñanza pública?
El conocimiento incluso básico -saber cálculo, leer comprensivamente, etc.- es un elemento de primera importancia para que cualquier trabajador pueda desenvolverse con cierta solvencia en la sociedad capitalista (más que “desenvolverse” debería decir “defenderse”, ante la vulnerabilidad que padecen en la sociedad capitalista quienes no son propietarios de medios de producción). Le permite, además, acceder a algunas conquistas culturales y artísticas alcanzadas por la humanidad, que son negadas para quienes no tienen ese conocimiento (aunque también ocurre que, a pesar de que el desarrollo de las fuerzas productivas que hace posible esas conquistas haya sido fruto exclusivamente de la clase trabajadora, ésta es excluida de su acceso a ellas por el precio que se les impone en su mercantilización). Además de todo esto, el acceso al conocimiento facilita a un trabajador, en su interacción con sus hermanos de clase, la comprensión de las causas de sus padecimientos y, por tanto, su organización para combatirlas.
Por eso, la reivindicación del acceso a la enseñanza -a la instrucción- forma parte de los primeros programas del movimiento obrero, en torno a los cuales la clase obrera se organiza políticamente. Por ejemplo, en el programa fundacional del PSOE, en 1879, se consigna la importancia de la enseñanza, al proclamar la aspiración a “la constitución de la sociedad sobre la base de la federación económica, de la organización científica del trabajo y de la enseñanza integral para todos los individuos de uno y otro sexo”.
¿Puede el mercado asegurar el acceso a la educación a la clase trabajadora? Salta a la vista que no. En el mercado se accede a mercancías, lo que exige su pago y, por tanto, la imposibilidad de acceso a quienes padecen la explotación. Es por esto por lo que la aspiración a la educación se plasma en la reivindicación de la gratuidad de la escuela. Como se recoge en el programa del PSOE aprobado en su primer congreso, en 1888, año también de la fundación de la UGT: “el establecimiento de escuelas de primera y segunda enseñanza, así como profesionales, debiendo ser gratuitas”.
En la constitución republicana de 1931 -artículo 48- se reconoce este derecho en los siguientes términos:
El servicio de la cultura es atribución esencial del Estado, y lo prestará mediante instituciones educativas enlazadas por el sistema de la escuela unificada. La enseñanza primaria será gratuita y obligatoria. Los maestros, profesores y catedráticos de la enseñanza oficial son funcionarios públicos. La libertad de cátedra queda reconocida y garantizada. La República legislará en el sentido de facilitar a los españoles económicamente necesitados el acceso a todos los grados de enseñanza, a fin de que no se halle condicionado más que por la aptitud y la vocación. La enseñanza será laica, hará del trabajo el eje de su actividad metodológica y se inspirará en ideales de solidaridad humana. Se reconoce a las Iglesias el derecho, sujeto a inspección del Estado, de enseñar sus respectivas doctrinas en sus propios establecimientos.
En la constitución monárquica de 1978 -artículo 27- se incrusta la conquista, aunque con vía de fuga para el capital (porque se abre la vía a los conciertos y a las supersticiones religiosas en las aulas):
Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza (…). Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita (…) Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales (…). Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca.
En definitiva, la enseñanza pública se constituyó históricamente como conquista social, en tanto que único posible garante del derecho democrático a la educación. Nunca alcanzó el nivel que permitiera afirmar que toda la población tenía acceso a ella con independencia el nivel de riqueza familiar. Pero sí permitió, en una medida considerable, en el caso español, el acceso de la clase trabajadora a la enseñanza incluso en el nivel universitario, por más que fuera en menor proporción que el de las otras clases sociales. Es por lo que la enseñanza pública como la sanidad pública y otros servicios sociales son caracterizados como salario indirecto.
Sin embargo, en la actualidad se producen cambios que implican un retroceso en dichas conquistas sociales. Distintos gobiernos atienden el llamamiento del capital financiero que, a través de los grandes fondos de inversión, busca oportunidades de negocio también en la enseñanza: por ejemplo, ya hay 18 universidades privadas que ofrecen un combo de FP + grado universitario ante la insuficiente oferta de plazas públicas de FP (es el caso de la Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo, ligada a MEDAC, cadena de FP comprada por el fondo estadounidense KKR). Hay en esto una responsabilidad política de los gobiernos que, de facto, actúan como cómplices del gran capital, recortando severamente los fondos presupuestarios para la enseñanza pública. No elucubramos al respecto del objetivo destructivo de los ataques a la enseñanza pública. La situación actual de la Universidad Complutense lo ejemplifica de una manera dramática, en tanto ya están produciéndose cierres de títulos de posgrado, de turnos de estudio y de asignaturas optativas, con la consecuente intensificación del trabajo y la amenaza de una merma de la calidad de la actividad docente e investigadora de la universidad.
Deben satisfacerse las reivindicaciones y ello exige un giro político drástico en los presupuestos: ¡no al gasto militar!
El conjunto de las reivindicaciones expuestas son legítimas y, por tanto, deben ser satisfechas. La enseñanza pública necesita un auténtico plan de choque (como la sanidad pública y también los demás servicios públicos, que deben serlo realmente, en particular la vivienda). Una dotación de fondos que provea de todo el personal y todos los medios materiales que resultan necesarios para que pueda desempeñar su función social de proveer el acceso a la enseñanza al conjunto de la población. Además de la derogación de todas las leyes regresivas.
Pero esto choca con un problema que se expresa de forma muy nítida en términos aritméticos. ¿Cómo se puede financiar la satisfacción de las reivindicaciones y, más ampliamente, el mencionado “plan de choque”? Obviamente deben tomarse los recursos de donde están. Según la Comisión Europea, las rentas del capital aumentaron desde 1978 del 33 al 44% del PIB, mientras que los salarios cayeron del 67 al 56%. Por otra parte, según la Agencia Tributaria, mientras el tipo efectivo medio del IRPF para asalariados está en el 12%-15%, los grandes grupos empresariales disfrutan de tipos efectivos sobre beneficio contable en torno al 6-7%. Sin duda hay mucho que hacer por este lado pero, en todo caso y ya, es imprescindible modificar drásticamente la estructura del gasto público.
El compromiso de dedicar el 2% del PIB a gasto militar acordado en 2014 ya era un elemento de barbarie. Su más que duplicación, para que se eleve al 5% que impuso Estados Unidos en 2025 es literalmente incompatible con las legítimas aspiraciones de la clase trabajadora. Hay que tener en cuenta que ese 5% respecto al PIB supone más del 10% del gasto público total. Gasto militar: es decir, gasto cuyo mejor uso es que quede obsoleto, porque si se utiliza sólo “aporta” destrucción.
Por tanto, lo que está en juego en las movilizaciones por la enseñanza pública, como también en las que luchan por la sanidad, las pensiones o la vivienda públicas, es el combate contra la barbarie a partir de la reivindicación de las conquistas históricas de la clase trabajadora en su combate por la vida digna. En este sentido, nosotros, la sección española de la IV Internacional, luchando por la enseñanza pública nos inscribimos en el movimiento internacional contra la guerra y el rearme, así como contra el genocidio de Palestina y los ataques a las conquistas obreras y democráticas. Y, en particular, apoyamos la celebración de la conferencia y el mitin contra la guerra de los próximos 19 y 20 de junio, en donde está confirmada la intervención de Daniel Kebede, Secretario General del Sindicato Nacional de Educación británico (con cerca de 500.000 afiliados), y de Graziamaria Pistorino, Secretaria Nacional de la Federación de Trabajadores del Conocimiento de la CGIL italiana (más de 200.000 afiliados).