Carta Semanal 922 en catalán
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En las elecciones presidenciales de Brasil, celebradas en octubre de 2022, Lula, candidato del partido de los Trabajadores (PT) venció con un 50,9% de los votos frente al 49,1% de Bolsonaro (dos millones de diferencia). Pero el ultraderechista, que había hecho campaña denunciando que iba a haber un fraude en las elecciones, nunca ha aceptado plenamente los resultados.
Recordemos que quien sí llegó a la presidencia por medio de actuaciones fraudulentas fue el propio Bolsonaro, hace cuatro años, cuando el aparato judicial impidió que se presentara Lula como candidato (las encuestas le daban como ganador), por supuestos delitos de corrupción (Lula fue incluso condenado, sin ninguna prueba real, pero la condena fue posteriormente anulada).
Siguiendo a Bolsonaro, muchos de sus partidarios no han reconocido el resultado de las elecciones presidenciales. Han protagonizado cortes de carreteras, paros patronales, y otras medidas. Y han multiplicado los llamamientos a que el ejército interviniera para impedir la toma de posesión de Lula.
A pesar de todo, Lula tomó posesión como presidente el pasado 1 de enero, acompañado por cientos de miles de manifestantes.
Miles de partidarios de Bolsonaro acampan desde que se hicieron oficiales los resultados electorales, ante el Cuartel General del Ejército, en la capital federal, Brasilia. También acampan ante cuarteles en otros lugares del país. Les financian algunos empresarios, que han pagado también los autobuses para su desplazamiento.
El asalto a sedes gubernamentales
El domingo 8 de enero, en Brasilia, los bolsonaristas salen de su lugar de acampada, para dirigirse tranquilamente a pie a la plaza de los Tres Poderes, donde se encuentran las sedes de la presidencia, el congreso y el tribunal supremo federal. Se les unen los que han llegado unos 150 autobuses para sumarse a la movilización La Policía Militar del Estado[1] los escolta como si nada, lo cual no es de extrañar, ya que el secretario estatal en funciones de Seguridad Pública del Distrito Federal le dice al gobernador en un mensaje de audio -desvelado por Folha de S.Paulo- que los manifestantes, con los que han negociado, avanzan pacíficamente.
En la plaza de los Tres Poderes, avanzan en masa y superan fácilmente la barrera de unos pocos agentes que protegen el Congreso, invadiendo el edificio. También asaltan el palacio presidencial de Planalto, y la sede del Tribunal Supremo, donde llegan hasta el salón de plenos. Y todo ello a pesar de que el servicio secreto ABIN (por sus siglas en portugués) había alertado a diversos organismos de seguridad sobre el riesgo de que en las próximas horas hubiera asaltos a edificios públicos
Seis horas después, Lula ordena a las fuerzas de seguridad que intervengan. Hacen un enorme despliegue y poco a poco van retomando el control.
La pasividad del gobierno
Mientras todo esto sucede, el gobierno de Lula tarda en reaccionar. Recordemos que es un gobierno de “unidad nacional”, que incluye incluso a ministros que votaron por la destitución de Dilma Roussef y a antiguos bolsonaristas. El ministro de Agricultura es Carlos Fávaro, un gran terrateniente que fue presidente de la asociación de productores de soja y maíz del estado de Mato Grosso, uno de los graneros del país. El de defensa, José Múcio Monteiro, según explica El País “se mueve bien en ambientes militares”, y su nombramiento fue elogiado incluso por el vicepresidente de Bolsonaro, el general Hamilton Mourão.
La prensa explica que la tardanza en responder del gobierno se debe a discrepancias internas. El ministro de Justicia, Flavio Dino, defendía recurrir a la fuerza si los manifestantes no se dispersaban, mientras el de Defensa, José Múcio, abogaba por evitar la confrontación a toda costa ¡mientras los asaltantes controlaban las sedes de la presidencia, el congreso y el poder judicial!
¿Y ahora?
Lo sucedido pone de manifiesto la complicidad de sectores del aparato de Estado con los asaltantes, y la debilidad del gobierno en su respuesta.
Según El País, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva “sospecha de los militares, sospecha de la policía militarizada del Distrito Federal y de su gobernador; sospecha de los servicios de inteligencia, del expresidente Jair Bolsonaro, pero también de integrantes de su propio Gobierno”. Inmediatamente después de los sucesos, lanzó afirmaciones muy duras. “El ejército sabía lo que se tramaba y mostró complacencia con los manifestantes”. “Ningún general se ha movido para decir que esto no puede ocurrir”. “Ningún cuartel hizo nada. Esto estaba previsto. La gente estaba frente a los cuarteles”. Pero luego, tanto él como su gobierno parecen estar dando marcha atrás. El ministro de Relaciones Institucionales, Alexandre Padilha, según la prensa “matizó las frases del presidente y explicó que hay sospechas de ‘contaminación bolsonarista’ en algunos militares, pero que el Gobierno mantiene la confianza en la institución.
Se ha detenido a Augusto Vieira, comandante de la Policía Militar (PM) de Brasilia (que, como hemos señalado, se limitó a acompañar a los manifestantes y opuso poca resistencia su asalto). También, se ha ordenado el ingreso en prisión también a Anderson Torres, ex ministro de Justicia de Bolsonaro y que estaba a cargo de la seguridad en Brasilia el 8 de enero. Porque está claro que el gobierno del Distrito Federal de Brasilia colaboró con los bolsonaristas que organizaron el asalto.
El presidente Lula ordenó, después del asalto, la intervención federal para asumir el control de la seguridad pública en Brasilia y el resto del Distrito Federal hasta el 31 de enero. Pero el gobierno no se limita a perseguir a los golpistas. De hecho, también están prohibidas las manifestaciones de las organizaciones obreras (había un llamamiento a una concentración en Brasilia el miércoles pasado, y se ha reconvertido en un acto simbólico para el domingo 15)
Se ha abierto una investigación sobre la financiación de los bolsonaristas acampados, sobre quién pagó los autobuses para su desplazamiento, y sobre quién ordenó y organizó el asalto. Se habla de una posible reorganización de los servicios secretos, a los que ve demasiado cercanos al poder militar. La Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) depende del Gabinete de Seguridad Institucional (GSI), la ex Casa Militar. El vicepresidente Geraldo Alckmin, había propuesto terminar con una estructura organizativa que se considera una “rémora de la dictadura militar” que gobernó Brasil, entre 1964 y 1985. El ministro de Justicia, Flavio Dino, dijo a O Globo que se debe “seguir el modelo internacional y tener una inteligencia estatal civil”, ya que “la formación de muchos militares brasileños aún se remonta a la Guerra Fría y a la visión de la supuesta amenaza comunista. Esto contamina el servicio de Inteligencia”.
Pero no es sólo el ejército. Todas las instituciones del Estado, heredadas de la dictadura militar y que no sufrieron depuración alguna, son un obstáculo para cualquier política en favor de la mayoría trabajadora de Brasil. No olvidemos la presencia de decenas de militares en el gobierno de Bolsonaro, y las actuaciones del poder judicial para forzar la destitución de la presidenta Dilma Roussef y para enviar a prisión a Lula -por falsas e infundadas acusaciones de corrupción- e impedir que se presentara a las elecciones presidenciales. De ahí la exigencia, que levantan miles de militantes de Brasil, de una Asamblea Constituyente para acabar con todas las rémoras de la dictadura.
Ahora se multiplican las presiones, desde fuera y desde dentro del gobierno, para que el gobierno modere su actitud, en bien de la supuesta “reconciliación nacional”.
Lo que opinan nuestros corresponsales en Brasil
Diálogo y Acción Petista, agrupamiento del PT en el que participan los militantes de la IV Internacional en Brasil difundió una declaración, inmediatamente después de los hechos. Reproducimos su texto:
FRENTE AL ATAQUE FASCISTA EN BRASILIA
Diálogo y Acción Petista se dirige a todos los miembros del PT para compartir la indignación contra la fácil invasión de miles de vándalos de las sedes del poder, ayer, 8 de enero, en Brasilia, un ataque cuyo objetivo político era el nuevo gobierno. Junto con la dirección del partido, llamamos a la defensa del gobierno. Junto con Lula, acusamos a Bolsonaro de ser responsable de esta acción fascista.
Esta operación golpista aún no está clara en todos sus aspectos, pero, por el momento, ha fracasado. Por lo tanto, ha llegado el momento de que el gobierno pase a la ofensiva para hacer valer su mandato, que goza del apoyo popular.
Los actos de vandalismo OSCURANTISTA perpetrados contra el patrimonio nacional deben ser castigados.
El Estado debe ser DESBOLSONARIZADO. Esto significa limpiar la cadena de mando policial y militar que, por complicidad u omisión, ha permitido tales actos. Tras la intervención decretada por el presidente Lula en la Seguridad Pública del Distrito Federal (DF) y la suspensión por parte del Tribunal Federal Supremo (STF) del gobernador Ibaneis, el mantenimiento en su puesto del ministro de Defensa, José Múcio, encargado de custodiar el Palacio de Planalto, es motivo de sorpresa.
También es necesario llegar a los que han financiado esta gran operación nacional y golpista, que deben ser castigados, incluso con la CONFISCACIÓN (indisponibilidad de sus bienes de acuerdo con los términos de la ley). Las multas simples no les impedirán seguir actuando para desafiar al gobierno nuevamente, como ya están anunciando. No hay unión ni pacificación posible. Es hora de cortar el mal de raíz.
¡NO A LA AMNISTÍA, GOLPISTAS EN PRISIÓN!
También es necesario llevar a cabo el calendario de MOVILIZACIONES populares que hoy comienza en diferentes ciudades con el fin de aislar a los fascistas y expulsarlos de las calles. El gobierno, queremos creer, sabrá cómo llevar adelante la agenda de MEDIDAS populares y compromisos de campaña donde pueda poner su principal apoyo. No confiamos en el discurso actual de los aliados de Bolsonaro que aún están en las elecciones. Hemos asistido, toda la semana pasada, a todas las presiones del “mercado” para someter al gobierno a la austeridad fiscal. ¡Mientras que las medidas sociales urgentes y conocidas están en la agenda!
Finalmente, llamamos a todos a la acción unida, e invitamos a aquellos que estén interesados a discutir con nosotros en las reuniones del Grupo Central de DAP las emergencias de la situación.
Enero 9, 2023
¡ACTUAR COMO EL PT ACTUABA!
Diálogo y Acción Petista
[1] Recordemos que Brasil es un Estado Federal, y que las competencias de policía corresponden a los Estados.