Carta Semanal 921 en catalán

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A comienzos del mes de diciembre, un enfrentamiento entre el presidente de Perú, Pedro Castillo, y el congreso dominado por una mayoría parlamentaria de derecha daba lugar a la apertura de una grave crisis política.

Ante la amenaza de “golpe blanco” del Congreso contra Castillo, con la tercera votación de su “vacante” (juicio político), el  todavía presidente declaró la disolución del Congreso, la declaración de un estado de excepción y elecciones anticipadas con carácter constituyente. Al hacerlo Castillo intentó utilizar una disposición constitucional ya utilizada por algunos de sus predecesores (como Martín Vizcarra en 2019). Pero el aparato judicial y militar se negó a seguir a Castillo, quien fue arrestado por su propia escolta.

El congreso declaró presidenta de Perú a Dina Boluarte, vicepresidenta de la candidatura de Castillo, pero que había roto con su gobierno.  El gobierno de Estados Unidos se apresuró a reconocerla, como la nueva presidenta de Perú. Le siguieron la mayoría de países latinoamericanos. Y el gobierno de coalición “progresista”. Pero el pueblo peruano no aceptó ni la presidencia de Dina ni que se mantuviera el mandato de un congreso cuya popularidad era, incluso, mucho menor que la de Castillo (las encuestas le daban un 4% de aprobación popular).

De inmediato comenzaron las manifestaciones y bloqueos de carreteras, sobre todo en el sur del país, como en Ayacucho y Puno.

La demanda de elecciones a una Asamblea Constituyente

El 8 de diciembre, una declaración de “El Trabajo”, una tribuna libre de la lucha de clases animada por los militantes de la sección peruana de la 4ª Internacional, afirmaba:

“Ningún golpe o contragolpe es una solución a los grandes problemas del país, ni a las reivindicaciones urgentes de los trabajadores, campesinos y la nación.  Hoy, ¡es urgente que el pueblo tenga la capacidad de decidir ante un congreso impopular con menos de un 5% de respaldo popular, convocando a elecciones para una Asamblea Constituyente soberana ahora! “

 Por su parte, la CGTP, principal organización sindical del país, declaraba el 7 de diciembre “que la constante inestabilidad   política, social y económica del Perú tiene sus raíces en la espuria Constitución de 1993, que es urgente crear un nuevo contrato social en el que prevalezcan los intereses del pueblo y no de los grupos de poder económico que detentan el control de nuestro país”. Para luego agregar que “debemos estar movilizados y vigilantes del   respeto irrestricto de la democracia y los derechos laborales, por una reforma política, una nueva constitución y la anticipación de las elecciones generales”.

Una brutal represión

El gobierno de Dina Boluarte respondió a las movilizaciones populares –que califica de “actos vandálicos- con una brutal represión a manos del ejército y de la policía. El gobierno reconoce 21 muertos, aunque las organizaciones populares hablan de más de 30. La CGTP declaró en un comunicado que “condena enérgicamente el cruel asesinato de nuestros hermanos en protesta, acusándolos de “vándalos” y “terroristas” para justificar su represión. Tarde o temprano, los autores intelectuales y materiales responderán ante los tribunales de justicia por estos crímenes de lesa humanidad”.

Boularte decretó el 14 de diciembre el Estado de Emergencia Nacional, buscando recuperar el control interno del país a través de las fuerzas policiales y las Fuerzas Armadas. Al mismo tiempo, intentando frenar las movilizaciones, que exigían elecciones inmediatas, anunciaba el adelanto de elecciones para abril de 2024 y luego para diciembre de 2023. La CGTP respondió a esta declaración convocando a una Jornada Nacional de Lucha para el día 15, exigiendo el cierre del Congreso, el adelanto de las elecciones para el año 2023 y la convocatoria de una Asamblea Constituyente.

Por su parte, los compañeros de El Trabajo declaraban el 14 de diciembre “que es una necesidad materializar el acuerdo del 14 de mayo de la Asamblea Nacional de los Pueblos, en el sentido de que se convoque un Encuentro Nacional en Lima por la Asamblea Constituyente Soberana. Este acuerdo del Encuentro por la Asamblea Constituyente ha sido recientemente aprobado, democráticamente, por la Asamblea Popular de Lambayeque, así como en el mismo sentido se han pronunciado la CGTP de Huancayo, CGTP Chimbote, CGTP Lambayeque, FENTAP, y otras organizaciones representativas del país. Es urgente dar pasos prácticos para materializar esta orientación y sobre este escenario principal luchar por la más amplia centralización de las organizaciones en lucha por la solución de sus reivindicaciones”.

Llamamos la atención sobre la forma que toma la movilización de los trabajadores y el pueblo peruano, echando mano a formas de organización, Frentes de defensa, Asambleas populares, que integran a los sindicatos y todas las organizaciones populares, o sea, de trabajadores, pero también de campesinos, comerciantes… que retoman en este sentido las movilizaciones de los años 70 que vieron la constitución  de una Asamblea  Popular Nacional, formas de hecho de poder.

Organizar la solidaridad

En el Estado Español, desde el CATP se han organizado  a finales de 2022 delegaciones a la embajada de la República de Perú y a los consulados de Barcelona, Bilbao, Sevilla y Valencia, en las que han participado sindicalistas, miembros del movimiento pensionista y militantes peruanos residentes en España. En esas delegaciones se ha expresado el rechazo a la represión y, desde el respeto al derecho del pueblo de Perú a decidir su futuro sin injerencias externas, el apoyo a las reclamaciones de la CGTP y las organizaciones populares de Perú.

El 3 de enero conocíamos un llamamiento a la solidaridad internacional que firmaban dirigentes de la CGT y de organizaciones populares del sur de Perú (donde continúa la movilización popular y hay una declaración de huelga general), pero también de militantes y dirigentes del centro del país, lo que muestra la unidad de los trabajadores y las organizaciones con los “hermanos del sur”.  Los militantes peruanos escriben: “nos dirigimos a nuestros hermanos y organizaciones sociales del mundo entero para solicitarles su solidaridad con las luchas del pueblo peruano sublevado desde el 7 de diciembre contra el golpe parlamentario a Pedro Castillo, contra la instalación de un gobierno de facto con Dina Boluarte y la instauración de un estado de emergencia con toque de queda que ha puesto el país bajo el control de las fuerzas armadas y policiales”, y señalan que “la lucha continúa. Los representantes sindicales y populares de las Regiones del sur han acordado en una Asamblea Macro Regional reunida en Arequipa, realizar una huelga indefinida a partir de mañana 04 de enero. Igualmente, en todo el país habrán movilizaciones populares, la CGTP ha convocado a una Asamblea Nacional de Delegados para determinar el impulso de un Paro Nacional y existe un llamado desde Arequipa para preparar una Marcha masiva de los 4 Suyos a Lima”. Y concluyen con esta petición: “Saludamos las diversas expresiones de solidaridad con la lucha de nuestro pueblo producidas en diversos países como España, Chile, Argentina y hacemos un llamado a todas las organizaciones del mundo a multiplicar e intensificar esta solidaridad con las luchas y el clamor de justicia, democracia y soberanía del pueblo peruano”.

Creemos que, desde todas partes, hay que responder a esta llamamiento, apoyar las movilizaciones que inmigrantes peruanos y latinoamericanos están organizando en diversas ciudades del Estado, y aprobar resoluciones de instancias sindicales y organizaciones populares en apoyo a la lucha del pueblo peruano y las demandas de sus organizaciones.