Carta Semanal 896 en catalán
Carta Semanal 896 para descargar en PDF
Durante los días 12, 13 y 14 de julio ha tenido lugar en el Congreso de los Diputados lo que se llama el “Debate sobre el Estado de la Nación”. Recordemos que esta fórmula parlamentaria, introducida en 1983, bajo el primer gobierno de Felipe González, busca en realidad dar al Congreso de los Diputados una apariencia de vida parlamentaria que no tiene. Porque la realidad es otra, las Cortes otorgadas tienen unos poderes muy limitados, aunque tienen una gran utilidad política, es la instancia en la cual se escenifica el “consenso” entre los representantes del aparato de Estado heredado del franquismo, particularmente el PP y a otro nivel Vox y los representantes de los partidos que tienen su origen (bastante lejano) en las masas trabajadoras y los pueblos tradicionalmente oprimidos por el franquismo, en particular Cataluña y el País vasco. El carácter “otorgado” del Congreso de los Diputados se ha confirmado una vez más en las 41 resoluciones votadas el 14 de julio: No son vinculantes, o sea que el Gobierno puede o no ponerlas en la práctica. Pero cuando las Cortes legislan también lo hacen dentro de unos límites. El estado de la Nación no incluye los dictados de Bruselas, ni el estado de los presupuestos militares. Las Cortes aceptaron a Felipe VI como rey una vez que los tres ejércitos lo reconocieron como capitán general.
El Gobierno Sánchez/Díaz tenía una necesidad política de organizar este debate (que no obedece a ninguna obligación constitucional) después de las últimas semanas en que se han sumado actuaciones brutales por parte del gobierno. De entrada el acuerdo con Marruecos contra el sentir expresado por el Congreso, y su consecuencia la masacre de Melilla (el 24 de junio), saludada por Sánchez. Paralelamente la organización de la cumbre de la OTAN el 29 y 30 de junio y la decisión –sin pasar por ningún debate, ni decisión parlamentaria– de aumentar de inmediato en mil millones el gasto en armamento y de ampliar la base de Rota, como anunciaron allí Sánchez y Biden.
Estas actuaciones han significado un verdadero golpe a las relaciones entre la mayoría social y el Gobierno, al aparecer este cada vez más, en los hechos y en las palabras, alienado con la política de guerra de la administración norteamericana y los intereses del capital financiero. Cuestión que integra el enaltecimiento de la Monarquía y el rey como capitán general en jefe de las Fuerzas Armadas. Otra cuestión que escapa completamente al control parlamentario, o sea, a los supuestos representantes de la soberanía nacional.
Las medidas propuestas por el Gobierno
Según la presentación de Pedro Sánchez podemos definirlas en 6 grandes ejes.
– apoyo a Ucrania y a su candidatura a la Unión Europea. Que incluye el envío de armas (sobre las cuales no existe ningún control de a dónde van, ni quién las utiliza) obviando el hecho de que el Estado ucraniano está considerado como uno de los más corruptos de Europa, que antes de la guerra con su política de privatización y apertura al capital internacional había prohibido 11 organizaciones, negaba las libertades sindicales y políticas, tenía una pobreza masiva y había provocado la huida de 800.000 emigrantes. Ahora, con la invasión del ejército de Putin que ha agravado este proceso destructivo, la fuga de refugiados y apertura brutal al capital internacional han empujado al exilio a más de 6 millones de ciudadanos, un cuarenta por ciento de la clase obrera. Y son ya 17 las organizaciones políticas prohibidas, incluyendo prácticamente todas las de izquierdas
– Medidas llamadas “sociales”, como rebajas del 5 por ciento del IVA de la electricidad, los céntimos de la gasolina y diesel, los bonos de transportes, y ayudas.
– Nuevo impuesto a la banca, caracterizado por la Unión Europea como “inconcreto y difuso” y a las empresas energéticas.
La suma total sería conseguir 7.000 millones hasta finales del 2024. Si comparamos estas cantidades a conseguir con los beneficios reales y nuevos de estas empresas esta cantidad se queda en el “chocolate del loro”. Según agencias especializadas, esto significaría entre el 4 y el 14% de los beneficios de las empresas. Añadamos que prácticamente todos los gobiernos europeos, de derecha, de coalición, de izquierda aplican las mismas medidas que no ponen en ningún momento en cuestión la acción y beneficios de las multinacionales, que son las principales responsables de la inflación. Un estudio reciente muestra que el 83 por ciento de la inflación real es producto de los beneficios empresariales.
– Búsqueda de un Pacto de Rentas, que incluya los dividendos. Pacto que se presenta ya como contradictorio con las reivindicaciones elementales, presentadas por los sindicatos, de aumento de salarios y pensiones conforme a la inflación (estamos en una inflación de 10,2 en junio, con una previsión de 8,2 para el conjunto del 2022 y la media de aumento de salarios según convenio no supera el 2,4 por ciento, y las dos terceras partes no tienen cláusula de revisión salarial). Cláusula anulada por las reformas laborales de Zapatero y Rajoy, que siguen sin ser derogadas. Esta política no es original del gobierno Sánchez-Díaz, la intentan aplicar todos los gobiernos. Por ejemplo, el gobierno Macron en Francia: por primera vez el conjunto de los sindicatos franceses ha adoptado una declaración común planteando que no quieren ‘bonos’, ni primas, sino verdaderos aumentos de salarios.
– Diversas medidas genéricas de la llamada “transición energética” que después se resumen en un plan de ahorro de energía a concretar en septiembre, aparte de la consolidación de 67.000 sanitarios – que es obligada, por una sentencia europea ante las demandas por la precariedad masiva en las administraciones públicas. O sea, nada nuevo.
– De paso se habla de aumento del gasto en defensa en nombre de la creación de empleo, y se anuncian una serie de leyes llamadas positivas y de nuevos derechos. Memoria democrática, Ley del amianto, LGTBI.
Las 41 resoluciones votadas
Primero a resaltar dos resoluciones esenciales, la de aumento del gasto militar votada por PSOE/PP, y la preparación de la presidencia de la UE por España (en el segundo semestre de 2023).
A esto se añade que prácticamente todas las medidas de “seguridad y defensa” propuestas por el PP son admitidas por el Gobierno. Entre ellas el reforzamiento de la base de Rota.
El voto general de 186 a favor, 57 en contra (VOX) y 108 abstenciones tiene una clara lectura política.
Este gobierno es el único posible para el capital financiero y la Monarquía. Forzar hoy nuevas elecciones y una derrota del PSOE, llevaría a la derecha franquista a asumir el gobierno en condiciones muy difíciles, sin tener las relaciones que tiene el actual gobierno con las direcciones sindicales y con los partidos catalanes y vascos (no es casual que este 15 de julio se reanude el diálogo con el Govern de Cataluña)
El título del editorial del ABC de este 15 de julio es clarificador: “La abstención del PP, ayuda a Sánchez contra la crisis”.
Otras leyes
Mención aparte merece la ley de Memoria Democrática. Además de la responsabilidad del Estado en las exhumaciones, “ha sido objeto de un verdadero rifirrafe” el alcance de la anulación de sentencias franquistas. La ley reitera siete veces la ilegalidad de los juicios franquistas hasta el 1977, mandata para la anulación de sus sentencias y la justa reparación a sus víctimas. Las medidas que toma, ¿bastarán para doblegar en los hechos al aparato judicial franquista? En una próxima Carta Semanal tendremos ocasión de pronunciarnos al respecto.
Una primera conclusión
Que se añade a la anterior sobre la necesidad de que este Gobierno continúe. Pero nosotros nos situamos en el punto de vista de los intereses de los trabajadores y los pueblos.
Durante este periodo las reivindicaciones han sido claras:
– Derogación de las reformas laborales
– Aumento de salarios y pensiones según el IPC real
– Auditoría a la S. Social, retirada/derogación de las leyes Escrivá.
– Derogación de la ley Mordaza y toda la legislación represiva
– Salir de la OTAN, fuera las bases norteamericanas.
– Fin de la persecución judicial a los nacionalistas catalanes y otros.
– Restablecimiento de los servicios públicos en particular Sanidad y educación. Acabar con los recortes.
– Legalización de los inmigrantes sin papeles, fin de la sobreexplotación. Fuera las vallas y fuera el ejército de la frontera de Ceuta y Melilla.
Es fácil constatar que las resoluciones votadas en general no responden a verdaderas reivindicaciones, son las limosnas que todos los gobiernos de la UE aplican, y que intenta ocultar la política belicista que destruye derechos, conquistas… En estos momentos en que ha estallado el escándalo de UBER, plantear las verdaderas reivindicaciones es la obligación de toda organización o militante que diga defender los intereses de la mayoría.
Valga un ejemplo claro para expresar nuestra posición: apoyamos la convocatoria del movimiento de pensionistas para realizar una marcha estatal el próximo 15 de octubre en Madrid, en la que se necesita vincular la lucha por la recuperación del poder adquisitivo de las pensiones y la de los salarios frente a la galopante inflación. Además de continuar con la exigencia de auditoría de las cuentas de la Seguridad Social incumplida por el gobierno Sánchez a pesar de haber sido aprobada por ley, así como rechazar los Fondos de Pensiones Privados de Empleo que se inscriben en la perspectiva de un proceso de privatización de la Seguridad Social.