El programa de reformas y de estabilidad del nuevo gobierno

(Publicado en la Carta Semanal 732ver en catalán)

(Esta semana, como Carta Semanal, reproducimos un artículo publicado en Información Obrera, nº 338)

El 30 de abril, dos días después de las elecciones generales, el Gobierno envió a Bruselas, a la Unión Europea, la Actualización del Programa de Estabilidad 2.019-2.022 y el Programa Nacional de Reformas de 2019. Dando así cumplimiento a la obligación de todos los Estados miembros de presentar dichos documentos básicos para la coordinación de las políticas económicas de la UE.

El Programa de Estabilidad 2.019-2.022

Como ejes del programa se propone garantizar la estabilidad económica y financiera, reforzar la cohesión social y abordar reformas estructurales como la baja productividad o el alto nivel de deuda pública.

El Programa de Estabilidad prevé la reducción paulatina del déficit público hasta alcanzar en 2.022 el equilibrio presupuestario, lo que permitirá al gobierno “acelerar la reducción de la ratio de deuda pública sobre el PIB, hasta situarse por debajo del 90%”. En 2019, se prevé un déficit del 2%, pues “los ingresos públicos aumentarán y el gasto publico se reducirá ligeramente, hasta el 39% y el 41% del PIB, respectivamente”.

A destacar que, al fijarse la distribución del déficit público de 2018, un 2,48% del PIB, entre las diferentes administraciones públicas, se hace una distribución engañosa del mismo. Se imputa a la Seguridad Social un déficit del 1,41% del PIB. Decimos engañosa por la errónea contabilización de la financiación del Estado a la Seguridad Social, pues según el artículo 109.2 de la Ley General de la Seguridad Social, tal financiación ha de hacerse por aportaciones, no por préstamos, y como resultado de esa manipulación aparece la Seguridad Social indebidamente endeudada y deficitaria, mientras que la Administración Central del Estado figura con un déficit convenientemente rebajado.

Se establecen en los Ministerios límites para el inicio de nuevos expedientes de gasto. La parálisis de la inversión pública, necesaria para la creación de empleo de calidad, es una de las muestras de la lejanía gubernamental de los problemas reales de la sociedad.

El plan supone en esencia en reducir gastos para pagar la deuda y, respecto a las pensiones, consiste en continuar ignorando la obligación de recoger como gasto del Presupuesto del Estado. no como préstamo, las aportaciones obligatorias del Estado a la Seguridad Social.

La reforma laboral y el “olvido” de su derogación

El Programa de Reformas del gobierno no pone en su agenda la derogación de las reformas laborales aborrecidas por toda la clase obrera y sus organizaciones.

Son las reformas laborales impulsadas por la Unión Europea las que han facilitado la ofensiva contra las condiciones de trabajo y los derechos sociales, han debilitado la negociación colectiva y los salarios, y con la reducción salarial han arrastrado a la baja la financiación de las pensiones por su efecto en las cotizaciones sociales.

Proceso que obviamente conduce a debilitar a las organizaciones obreras.

La ultraactividad de los convenios, la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, la derogación de la reforma laboral, la derogación de la reforma de pensiones, son entre otras las reivindicaciones pendientes.

En lugar de abordar la derogación de ese legado, el gobierno propone la creación de un grupo de expertos para llevar a cabo los trabajos y estudios preparatorios para la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores.

En el Programa de Reformas para 2019 se dice: “es necesario combatir la dualidad del mercado de trabajo y la precariedad en el empleo, para lo cual se proponen medidas para el impulso de la contratación indefinida y la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores del Siglo XXI”.

La derogación de las reformas de pensiones no está en la agenda del Gobierno

Nada se dice tampoco de la derogación de las reformas de pensiones que tanto rechazo han concentrado. En el Programa de Reformas se detallan todas las medidas acometidas por el gobierno desde la moción de censura que tumbó a Rajoy, pero el conjunto de esas medidas reposaba en el compromiso de la derogación de la jubilación a los 67 años y la derogación de la reforma de Rajoy, con su índice de actualización al 0,25% y su factor de sostenibilidad de empobrecimiento de las pensiones.

La ruptura del Pacto de Toledo permitió ver claramente la voluntad de la mayoría de los allí reunidos de cambiar el modelo actual de Seguridad Social y reducirlo al nivel de pensiones mínimas, para así abrir espacio a los fondos privados de pensiones.  Y ese modelo allí diseñado, cuyo rechazo provocó la explosión del consenso, recibe ahora los apoyos del gobierno: “Así, la Comisión del Congreso para el Seguimiento del Pacto de Toledo, cuyos trabajos avanzaron a buen ritmo hasta el anuncio de la convocatoria de elecciones generales el 28 de abril, y el diálogo social proporcionan el marco óptimo para abordar este proceso”. Y entre las medidas se cita “la revisión de los gastos” y “la adaptación de diferentes parámetros del sistema” de la Seguridad Social.

A pesar de la tan llevada y traída separación de fuentes, para la contratación de trabajadores se mantienen los incentivos no financiados por la imposición general sino por las cotizaciones.  El Gobierno escribe a Bruselas que: “Uno de los pilares de estas políticas activas son los incentivos a la contratación, a través de bonificaciones y reducciones en las cuotas de la Seguridad Social.  Estos incentivos, para los cuales existe un crédito de 2.600 millones de euros en el presupuesto de 2018 prorrogado en 2019, suponen una minoración de los ingresos por cotizaciones sociales”.

Se anuncia la asunción por parte del Gobierno del modelo de pensiones diseñado y rechazado del Pacto de Toledo y se sigue la vieja política de saqueo a las cotizaciones sociales, financiando con ellas la política de apoyo al empleo que debe financiarse con los recursos del Presupuesto del Estado y no con los del Presupuesto de la Seguridad Social.

La mochila austriaca y la destrucción de los derechos al trabajo estable

Ya la anterior Ministra de Trabajo del PP Fátima Báñez, Ciudadanos y la CEOE propusieron la aplicación de la llamada “mochila austriaca” como medida de privatización de las prestaciones. Ahora, es el Gobierno quien asume la propuesta de canalizar hacia el mercado de capitales las eventuales indemnizaciones por despido de los trabajadores.

Ante la situación de segmentación del mercado de trabajo, la reducción de tipos de contratos, ”para contribuir significativamente al dinamismo laboral”, el Programa de Reformas propone “abordar la implantación gradual de un sistema de cuentas individuales de capitalización para la movilidad a través de la creación de un Fondo que permita a los trabajadores hacer efectivo el abono de las cantidades acumuladas a su favor en los supuestos de despido improcedente, de movilidad geográfica, para el desarrollo de actividades de formación o en el momento de su jubilación.

En Austria en 2003 con el objetivo de reducir “rigideces del mercado de trabajo” se implantó un sistema por el que cada trabajador tiene una cuenta individual de indemnización por despido que se nutre de aportaciones del empresario a un Fondo que invierte en el mercado financiero.

En caso de despido el trabajador puede disponer de esa cuenta en concepto de indemnización por despido. Es como un plan de pensiones rescatable en caso de despido, que también puede servir como un complemento a su pensión. Pero de este modo se facilita al empresario el despido de cualquier trabajador, ya que tiene la indemnización por despido ya dotada de fondos.

Las “rigideces del mercado de trabajo” que se quieren eliminar constituyen el núcleo de los derechos adquiridos por los trabajadores: el derecho al trabajo, a la seguridad y estabilidad en el puesto de trabajo, su rechazo al despido libre, la necesidad de que el despido de un trabajador cumpla requisitos legalmente establecidos. Se trata de una propuesta de destrucción de los derechos y garantías arrancados, y un ataque a las organizaciones obreras levantadas en la lucha por consolidar los derechos de la clase obrera. La propuesta del gobierno a favor de la mochila austriaca es un ataque sin precedentes a los derechos de la clase obrera y sus organizaciones y un nuevo intento de favorecer al sector financiero al implantar lo que puede considerarse un fondo de pensiones camuflado.

En conclusión, las propuestas de reformas para 2019 del Gobierno, imputando a la Seguridad Social déficits que son de otras Administraciones Pública, su “olvido” de la derogación de las reformas laborales y de pensiones, y el apoyo a la mochila austriaca, pintan el cuadro de lo alejado que está el Gobierno de las aspiraciones expresadas por las reivindicaciones y movilizaciones obreras y de pensionistas. Aspiraciones que constituyen el mandato que han dado a ese gobierno los millones que fueron a votar el 28 de abril para cerrar el paso a las derechas y a sus políticas.

Tras las elecciones se constata que sí hay mayoría para derogar el legado de reformas heredadas y satisfacer las reivindicaciones obreras y democráticas.

ÚLTIMA HORA

El programa de reformas demuestra la voluntad de la dirección del PSOE de Sánchez de acomodarse completamente a las exigencias del capital financiero y sus instituciones. Sin embargo, el gobierno aún no está formado y las expectativas de los trabajadores van en un sentido contrario. Estamos en vísperas de un choque, nosotros nos situamos en el movimiento que va a exigir al gobierno responder a las reivindicaciones. No somos ni “neutros” ni defensores del gobierno porque sea de izquierdas contra la “extrema derecha”.

Por ello tras la confirmación del gobierno en funciones de que no planteará la derogación de la reforma laboral, supeditando las eventuales modificaciones a la elaboración a medio plazo de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, se crean unas condiciones que obligan a sindicalistas, trabajadores y jóvenes a organizar la exigencia política al Gobierno y a la mayoría que echó a Rajoy, la derogación de su herencia respecto a la reforma laboral, las de pensiones, la LOMCE, el 315.3 del Código Penal y la libertad de los presos republicanos catalanes.

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