(Publicado en la Carta Semanal 794 – ver en catalán)

Comité Ejecutivo del POSI, sección de la IV Internacional en el Estado español – 6 de agosto de 2020

Toda la prensa ha anunciado el lunes 3 de agosto, reproduciendo un comunicado de la Zarzuela, que el rey emérito Juan Carlos I huye de España, se supone que a la República Dominicana, aunque según su abogado sigue a “disposición judicial”.

Toda la prensa, con pocas excepciones, echa las campanas al vuelo saludando la acción valiente del padre y el hijo, y la complicidad del gobierno de Pedro Sánchez.

Al margen de las anécdotas y detalles que llenan los medios de comunicación, lo que está en marcha es una enorme operación de salvamento del régimen monárquico, instaurado por Franco. Los medios de comunicación internacionales, haciéndose eco de los intereses del capital financiero, de los gobiernos europeos, de las instituciones internacionales y evidentemente de las heredadas de la dictadura, apoyan e impulsan esta operación.

Todos son conscientes de que está amenazada la Monarquía, clave de bóveda del Estado español, en un momento crítico de la crisis del imperialismo y de todos los Estados imperialistas, acelerada por la pandemia.

El derrumbamiento económico de España, en un marco de descomposición del mercado mundial, es producto no solo de la agravación de la crisis del sistema capitalista sino también del desarrollo extremo del parasitismo de la economía, que ha sido la tónica de los 40 años de juancarlismo. La entrada en la Comunidad Económica Europea en 1986 y la instauración del euro en 1999 han impuesto el desmantelamiento de la industria (su peso pasó del 32% del PIB en el año 80 al 12% ahora). España se ha transformado en un país “de turismo”, de agroexportación facilitada por los salarios de miseria y la sobreexplotación de la  mano de obra inmigrante, de exportación de coches producidos en España por las multinacionales. A ello se añade el debilitamiento extremo de servicios públicos esenciales como la sanidad, por las políticas de gobiernos de todos los colores, centrales y autonómicos, al dictado de la UE, es decir del FMI, y cuyas consecuencias está pagando la población al precio de decenas de miles de muertos, y del tratamiento indigno de los ciudadanos mayores.

La agravación de la crisis del régimen monárquico

La crisis económica, que ha seguido al desastre sanitario (producto de los recortes), ha acelerado una crisis política que toca de lleno al régimen monárquico.

La huida de Juan Carlos I, después de su abdicación en junio de 2014, cuestiona toda la reforma del franquismo, anuncia la caída de los borbones, de su papel como capitanes generales que pretendían atemorizar a los pueblos –como hizo Felipe VI en su discurso del 3 de octubre de 2017 contra el pueblo catalán–, de los borbones jefes de los jueces que persiguen las libertades de la juventud e incluso de los elegidos por el pueblo. Caerían así los agentes y comisionistas privilegiados de los Estados Unidos y las multinacionales en España

Con ellos se cuestionan también los pactos de la Moncloa y la política de los dirigentes de los partidos y organizaciones, incluidos los que se reclaman de los trabajadores, que pilotaron la transición atados a los franquistas. Los sucesores actuales de estos dirigentes siguen sosteniendo a la Monarquía. Lo reivindica el editorial de ABC –portavoz oficioso de la Casa Real– del 5 de agosto que concluye diciendo: “El jefe del Ejecutivo (o sea, Sánchez) expresó ayer su apoyo al sistema de libertades y de derechos del 78 y a la Monarquía Parlamentaria, y desde aquí lo celebramos”.

La responsabilidad del gobierno Sánchez es total

Las declaraciones altisonantes del PP, de Vox o de Ciudadanos, mostrando su carácter franquista, no pueden ocultar que el primer responsable de la huida es el Gobierno, que apoyado en las Cortes y el aparato judicial, pilota la maniobra para salvar al régimen. Directamente preparando la huida, o con supuestos debates o comisiones parlamentarias para marear la perdiz e intentar engañar al pueblo. La vicepresidenta Carmen Calvo, que aparece como portavoz de la operación, insistió ayer miércoles en que Juan Carlos no está huido, ratificando las declaraciones del Tribunal Supremo de que no está imputado (obviamente si ellos no le imputan…).

Esto plantea la contradicción existente entre el mandato que los diputados y demás electos reciben del pueblo y la imposibilidad de ejercer este mandato en el marco de estas instituciones, pilares del régimen monárquico; plantea, en definitiva, la incompatibilidad entre democracia y la herencia franquista.

El carácter espurio del Congreso de los Diputados ha aparecido con toda claridad, atado como está a las instituciones heredadas de la dictadura. Para los trabajadores y los pueblos de España es más necesario que nunca abrir el camino a la República, convocar Cortes Constituyentes que den el poder a los pueblos, que instauren la democracia, satisfagan las reivindicaciones de la mayoría, organicen la República basada en el derecho de autodeterminación de los pueblos.

¡Basta!

Para los trabajadores, para los pueblos, para la juventud, para los parados, para los pensionistas, para todos los sectores oprimidos de la ciudad y del campo, no hay diferencia entre el hijo y el padre. No se trata de una crónica de “sucesos” más o menos frívolos, se trata de que ya no han podido ocultar más el carácter corrupto de la Monarquía y del capital financiero. ¿Quién puede ocultar que las grandes empresas del IBEX 35 son las beneficiadas de la crisis, a costa del pueblo trabajador, que la CEOE dicta al gobierno exenciones de impuestos y que no se anulen las reformas laborales, que los gobiernos europeos en el Consejo Europeo imponen condiciones antiobreras a las supuestas ayudas?

La “huida” de Juan Carlos pone aún más al descubierto el carácter corrupto de este régimen, enemigo de los derechos sociales y democráticos; pone aún más al descubierto el entramado institucional en que se basa el poder del capital financiero, de la gran banca y las multinacionales. Para protegerse del desastre económico, de la descomposición social, los trabajadores y los pueblos están confrontados a la necesidad de acabar con este régimen.

Qué quiere decir REPÚBLICA hoy, aquí, en el Estado español

República no es cambiar un rey por un presidente: es el poder para el pueblo, para los trabajadores y trabajadoras y los pueblos

República es acabar con las instituciones franquistas, como el aparato judicial.

República quiere decir derechos sociales, sindicales y democráticos, derogación de las contrarreformas, prohibición de los despidos.

República es la paz, restablecer la sanidad, la enseñanza pública.

República es derogar la ley mordaza, liberar a los presos políticos y acabar con todas las leyes represivas.

República es reconocer el derecho de autodeterminación de los pueblos, para hacer posible así la unión libre de pueblos soberanos.

Sólo la acción de los trabajadores y los pueblos puede traer LA REPÚBLICA

En el día de hoy, en que se anuncian las primeras manifestaciones en varias ciudades del Estado contra la Monarquía y por la República, en que organizaciones como las Juventudes Socialistas y muchas otras e instancias sindicales como las CCOO de Navarra se pronuncian por la República, en que el Parlament de Cataluña está convocado este viernes para tratar sobre el tema (recordemos que en el 2018 ya se pronunció por la República…)

En este movimiento que ya está en marcha, que aspira a acabar con el régimen, se combinan las aspiraciones de los pueblos, en primer lugar el pueblo de Cataluña, las reivindicaciones de los trabajadores, la juventud y la población, en una situación de conjunto que busca la alianza para enfrentarse juntos al régimen.

Todos estos acontecimientos muestran el camino para acabar con la Monarquía, para avanzar hacia la República, que no sera producto de una maniobra o pacto de palacio sino la expresión democrática de la mayoría social.

Todas las organizaciones que dicen hablar en nombre de los trabajadores y los pueblos están confrontadas al siguiente dilema: o seguir atados a este régimen, aunque sea con medidas que pretenden democratizar lo indemocratizable o ponerse al servicio del movimiento de masas para proclamar ya la REPÚBLICA.

Este es el camino en el que se integran en España los partidarios de la sección de la Cuarta Internacional, apoyando y participando en todas las movilizaciones que vayan en este sentido.