¿Qué impide formar un Gobierno favorable a los trabajadores echando al PP?

(Publicado en la Carta Semanal 566)

Carta-566Esta semana se ha celebrado la primera tanda de la investidura con el fracaso esperado de la candidatura de Pedro Sánchez.

Así, al cabo de dos meses y medio de haber sido derrotado por una gran mayoría de electores, Rajoy y el PP siguen en el Gobierno, la grave situación social y económica de la población no se endereza, la convivencia entre los pueblos se sigue deteriorando, el régimen descompuesto de la Monarquía sigue contaminando todo como si no hubiese salida, como si a los trabajadores no nos sobrasen fuerzas y voluntad para salir de este atolladero. Incluso, al día siguiente, una encuesta (no más creíble que otras) amenazaba con una mayoría absoluta de PP-C’s si se repiten las elecciones.

La investidura no ha acabado con el gobierno PP, en primera instancia, por el programa y la alianza con que el candidato se presentó. Como analizaba la anterior Carta Semanal, el Acuerdo con Ciudadanos profundizaría los recortes de Rajoy e impide una solución democrática de la cuestión catalana. Ese acuerdo vuelve la espalda al mandato del 20D.

El candidato Sánchez osó decir a los trabajadores y pueblos que tienen que elegir entre Rajoy o el pacto con Ciudadanos, que prolonga en lo sustancial la política de Rajoy. ¿En nombre de qué, si la mayoría ha dicho no a los recortes y sí a la fraternidad entre pueblos?

Los grupos del Congreso obedecen a intereses que no son los de los pueblos. No justificamos a Podemos, pero el primer responsable de la división que bloquea a la izquierda es la dirección del Partido Socialista, que por no enfrentarse a los bancos y a los franquistas prefiere que siga el PP antes que pactar con Podemos y otras fuerzas.

Persistir en la renuncia

Hasta hoy, en conjunto, la dirección socialista opta por mantener la política aplicada en particular desde mayo de 2010, cuando el gobierno Zapatero decidió someterse a las órdenes del capital financiero y las Cortes aprobaron el primer plan de austeridad y una reforma laboral. En aquel momento el Secretario General de UGT, Cándido Méndez, declaró que aquello era una ruptura con los trabajadores y organizó, junto con CCOO, la huelga general del 29 de setiembre del mismo año. Los dirigentes socialistas continúan también la política de Zapatero sobre el Estatuto de Cataluña que tanto daño ha causado.

Ambas opciones hicieron perder al PSOE en 2011 más de 4 millones de votos (con respecto a 2008), dando mayoría absoluta a Rajoy. Éste, el peor gobierno desde la dictadura, profundizó la misma política y, en particular, impuso una nueva reforma laboral que ha provocado una situación no sólo de paro generalizado sino de rebaja salarial y precarización extrema.

Tras el 20 de diciembre

El resultado del 20D –o sea, la derrota del PP– expresó en las urnas el rechazo generalizado a estas políticas, después de que las múltiples movilizaciones no consiguieron hacer retroceder al gobierno Rajoy, en particular porque faltó la voluntad de unificar esas movilizaciones y llevarlas hasta la victoria: tras la huelga general de noviembre de 2012, nuestros dirigentes sindicales abandonaron la vía de la movilización y optaron por volver a la senda fracasada del “diálogo social”, decretando, de hecho, una tregua al gobierno.

Esta política de destrucción de las conquistas sociales, bases materiales de la convivencia entre los pueblos, facilitó también el crecimiento de los partidarios de la independencia en Cataluña, pues los pueblos no ven perspectivas de una lucha encabezada por los trabajadores y sus organizaciones en todo el Estado contra el desastre de los gobiernos de la Monarquía.

El 20 de diciembre cambió o, mejor dicho, mostró –en el espejo deformado de la representación parlamentaria– el cambio en la situación. Desde el punto de vista político e incluso parlamentario sólo hay dos posibles salidas: aceptar la opción del capital financiero, la UE, el FMI, y la camarilla González de pacto PP-PSOE (añadiendo a Ciudadanos). O, por el contrario, anular todos los recortes y reconocer el derecho a decidir del pueblo catalán, lo que podría permitir aglutinar a la mayoría del Congreso, sustituir al gobierno del PP y establecer un gobierno que cumpla las reivindicaciones sin excusas ni demora. Permitiría sobre todo levantar las fuerzas de los trabajadores y la juventud para abrir una nueva época cuya llave sería proclamar la República y levantar unas Cortes Constituyentes en que los pueblos, soberanos, decidan libremente cómo quieren organizarse.

Para la inmensa mayoría, hay cuestiones que no pueden esperar

Sea el que sea el resultado de las maniobras y combinaciones parlamentarias, para los trabajadores, para la juventud, para los pueblos, es urgente y posible empezar a tomar medidas para revertir la política aplicada estos 6 años.

La victoria de los trabajadores de Airbus en su juicio indica que es posible y necesario imponer la fuerza y la voluntad de la mayoría en todos los terrenos.

Tras ellos se han levantado los trabajadores de Altadis de Logroño contra el cierre. Los de la acería de Sestao contra el cierre “temporal”. Trabajadores de Navarra contra el cierre de Faurecia. La huelga indefinida de los trabajadores de basuras de Málaga. Y en particular los trabajadores del Metro, de los autobuses y de las cercanías de Barcelona, yendo a la huelga a pesar de todas las presiones.

Este impulso de los trabajadores que ya no aguantan más llega hasta el Congreso con mociones y propuestas de los sindicatos y de todo tipo de colectivos, dirigidas a los grupos parlamentarios para que deroguen las reformas laborales, el artículo 315.3 y la ley mordaza, la LOMCE y el decreto 3+2. Estudiantes y profesores se manifiestan.

Y sin embargo las Cortes no actúan, ¿por qué? Legalmente, nada impide que las Cortes se reúnan y legislen. Pero no se reúnen ni el pleno del Congreso ni las Comisiones para dictaminar y aprobar las proposiciones de ley presentadas. La mesa de unión nacional del Congreso tiene secuestrada a la Cámara. El obstáculo es político.

De entrada, reside en la voluntad acérrima de la dirección del PSOE, y de las otras fuerzas en diverso grado y formas, de mantener las directrices del capital financiero, expresadas en el plan de estabilidad de la UE, al que el acuerdo PSOE-Ciudadanos jura fidelidad. El obstáculo es la voluntad de proteger el régimen de la Monarquía que se ha demostrado incompatible con los derechos de los pueblos.

Lo muestra la voluntad de la dirección del PSOE de enfrentarse a los trabajadores, incluso jugando con las palabras: antes era derogar la reforma laboral ahora es suprimir cuatro aspectos, con el argumento, más que curioso, de no dejar ningún vacío legal. Y para poder mantener esa política se aferran a C’s y rechazan la unidad con Podemos y los demás.

En esta vía, la dirección del PSOE cuenta con todas las complicidades. Empezando por los líderes de Podemos que afirman que comparten en gran medida el programa económico y social socialista pero en cambio buscan el enfrentamiento no con Sánchez y González sino con los militantes y electores socialistas.

La batalla por la unidad, por el frente único obrero

El desarrollo de los acontecimientos muestra y demuestra que no es posible dar un vuelco a la situación si no es a partir de la acción unida de los trabajadores por sus reivindicaciones y por los derechos democráticos, arrastrando y poniendo a los sindicatos a la cabeza, exigiendo a los responsables políticos, a los diputados, que echen al PP formando un gobierno que cumpla las reivindicaciones.

En particular, la división creada en el mismo Congreso por el apoyo de la dirección del PSOE al régimen monárquico contra la soberanía de los pueblos muestra la necesidad del combate común de todos contra el régimen monárquico.

El comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos (CATP) acaba de propugnar la acción común para lograr la unidad de los trabajadores y los pueblos con sus organizaciones. Propone debatir, agrupar y organizar. Cuenta con el apoyo de todos los militantes de la IV Internacional en el Estado Español.

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