Sumisión al plan de ajuste o soberanía de Cataluña

Más allá de la primera crisis del pacto CiU-ERC

Tan sólo cien días después de la firma del Acuerdo para la transición nacional y para garantizar la estabilidad parlamentaria del Govern de Catalunya, firmado el 19 de diciembre pasado por Artur Mas y Oriol Junqueras, en nombre de CiU y ERC respectivamente, éste se encuentra al borde de la ruptura. En efecto, el pacto entre ambos para iniciar la llamada “transición nacional” que incluía un calendario para la consulta y toda una serie de medidas orientadas a la creación de un Estado propio en el marco de la UE, pende ahora mismo de un hilo. Suceda lo que suceda, esto expresa contradicciones Insalvables.

El motivo aducido por unos y otros para la crisis del pacto es el de la aprobación de los presupuestos, a los que ERC pone reparos porque incluyen más recortes a la sanidad y a la enseñanza, que hay que añadir a la supresión de otra paga extra a los funcionarios de la administración autonómica. Recordemos que el pacto CiU-ERC fue presentado por sus promotores (con el apoyo de ciertos sectores mediáticos) como la continuidad de la multitudinaria manifestación del último 11 de septiembre. En nuestra Carta Semanal número 401 afirmábamos que, lejos de representar las aspiraciones del pueblo catalán, el contenido del pacto entre CiU y ERC le daba la espalda, al conducir el deseo expresado por cientos de miles hacia hacía la vía muerta de la UE, y la asunción de sus políticas.

Sólo tres meses después, y por si hubiera alguna duda, ha quedado claro que la fracción catalana de la burguesía española está dispuesta a anteponer la aplicación de los planes de la UE, al más mínimo paso en defensa de las aspiraciones nacionales del pueblo catalán. Sólo tres meses después ha quedado clara la utilización por parte de la fracción catalana de la burguesía española (una vez más) de las aspiraciones del pueblo catalán como instrumento de presión para conseguir alguna ventaja. El problema es que, ahora, ventajas o una situación más favorable, es muy difícil de conseguir sin romper con determinados compromisos que atan a los gobiernos y les obligan a agravar la recesión (y por tanto extremar el riesgo de la explosión social por reducir el déficit aunque sea más lentamente). Por otro lado, no ya la realización de una consulta para decidir el futuro de los catalanes (una reivindicación democrática elemental), sino incluso el largo camino preparatorio choca con la política de la UE de sostener el aparato de Estado que viene de la dictadura. Ciertamente, no es nuevo: ya estaba implicado en el Acuerdo del 19 de diciembre aunque ERC lo ignorara o quisiera ignorarlo.

Porque la situación de ERC es también comprometida. Después de haber aceptado, en aras de la respetabilidad ante Bruselas, las reglas de la troika (en versión flexible), ¿qué va a hacer ahora? ERC se jactaba de haber rebajado los recortes sociales a 3.000 millones en 2013 (¡una barbaridad, que el pueblo no puede aceptar!), ahora Montoro agita el señuelo de rebajarlo a 1.800 (que sigue siendo insoportable para la mayoría obrera y popular)… si frenan el supuesto “soberanismo”. ¿Se atreverán Junquera y las asambleas de ERC a enfrentarse a la Troika, a esa UE en la que buscaban la legitimación?

En definitiva, la lucha de clases (una vez más, también), el rechazo social de los recortes, se ha cruzado por medio. Los presupuestos, elemento clave en la política de cualquier gobierno, es posible que tengan que aprobarse… sin el voto favorable del partido que supuestamente había de dar estabilidad al gobierno! Artur Mas ya lo advirtió aunque otros no quisieran entenderlo. Gobernar para el capital financiero tiene ese problema: hay que tomar decisiones que suponen nuevas agresiones a los trabajadores, a los servicios públicos esenciales, a la democracia. Y que con ello desacreditan la engañosa bandera soberanista en que el Gobierno se había envuelto.

Después de conocerse las entrevistas secretas entre Rajoy y Mas (en las que éste pide a Rajoy un alargamiento del plazo para reducir los déficits, que supondría unos recortes de 1.800 millones en vez de 4.400) y el anuncio de ERC de que tal vez no vote favorablemente los presupuestos del gobierno, tanto el PSC como el PP han corrido a ofrecer diálogo. Se han ofrecido a Mas para substituir al socio “inestable”, a cambio de poner sordina al derecho a decidir, en un caso, o a que se olvide definitivamente de él, en otro. Y a cambio también de ofrecerse para votar favorablemente unos presupuestos que extremarán las medidas de ajuste. Eso sí, en nombre (el PSC) de otros “recortes” más sociales. Una vez más el PSC (igual que Rubalcaba) prefiere actuar como agente del Gobierno central: apoyando a Mas, entrando en su gobierno, si éste se subordina a Rajoy. El atolladero es importante entre los firmantes del Acuerdo para la estabilidad: nadie puede volver sobre sus propios pasos sin romperse más de un hueso. Han intentado el camino truculento de presentarse como supuestos abanderados de los derechos nacionales dejando a un lado los derechos sociales.

Hay que salir de la trampa de la troika. El pueblo de Cataluña, como todos los pueblos, necesita ser soberano para poder defender la sanidad y la enseñanza públicas, las pensiones, las prestaciones sociales que garanticen unas condiciones dignas para los que tengan necesidad de ellas. Necesita la soberanía para poder defender el empleo y el salario, para acometer medidas de urgencia para salir del agujero al que nos ha conducido la aplicación sumisa de los planes de la Troika. Para enfrentarse a la banca e impedir los desahucios que dejan en la calle a cientos de familias después de haberlas esquilmado con hipotecas de usura.

Sólo la clase obrera puede defender de forma consecuente el derecho a decidir, o sea a la autodeterminación. Por ello cobra más actualidad que nunca la iniciativa en Cataluña de más de un centenar de responsables sindicales que exigen a los diputados del Parlamento catalán que se reclaman de la democracia y del derecho a decidir, que actúen en consecuencia, anulando todas aquellas medidas contrarias a los intereses de la mayoría social y aprobando otras que restituyan lo que se ha perdido. En unidad con el resto de trabajadores y pueblos del estado español.

La moción aprobada por la CATP en el marco de la Conferencia Obrera Europea celebrada en Tarragona los pasados días 15, 16 y 17 de marzo, en defensa del derecho de autodeterminación, a desarrollar en todo el estado, tiene una importancia extrema. Es la bandera de enganche de todos aquellos militantes del movimiento obrero que consideran que el derecho de los pueblos a decidir libremente su futuro no sólo incumbe a la clase obrera, sino que sólo puede ser resuelta por ella. Los últimos acontecimientos en Cataluña no hacen más que confirmarlo

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