Tras la marcha del 22, ¿qué?

(publicado en la Carta Semanal 465)

Carta-465Este sábado cientos de miles de personas se han manifestado en Madrid, dentro de la Marcha de la Dignidad, bajo el lema “pan, trabajo y techo”. Convocaban esa marcha diversas organizaciones, incluyendo –de manera vergonzante, y sin organizar ni autobuses ni cortejos, aunque algunas organizaciones de ambos sindicatos lo hayan hecho- a las direcciones de UGT y CCOO  a través de la llamada Cumbre Social. El manifiesto de convocatoria concluía así: “Una movilización contra el pago de la deuda, por el empleo digno, por la renta básica, por los derechos sociales, por las libertades democráticas, contra los recortes, la represión y la corrupción, por una sociedad de hombres y mujeres libres, una movilización contra un sistema, un régimen y unos gobiernos que nos agreden y no nos representan.

Exigimos, por tanto, que se vayan. Que se vaya el Gobierno del PP y, también, todos los gobiernos que recortan derechos sociales básicos, todos los gobiernos que colaboran con las políticas de la Troika”.

Cientos de miles de personas en las calles, especialmente jóvenes, pero también muchos no tan jóvenes, que han sacado a la calle pancartas y gritado consignas que recogían el conjunto de movilizaciones de la clase trabajadora y la juventud de todo el estado, ondeado un mar de banderas republicanas, y hecho patente su deseo de echar a este gobierno y acabar con su política, y su disposición a movilizarse para ello. Esta disposición contrasta con la actitud de los dirigentes de las principales organizaciones obreras, y en especial, los de UGT, CCOO y el Partido Socialista, dispuestos a dar un balón de oxígeno al gobierno y a mantenerlo, al menos, hasta las elecciones de 2015.

Han sido cientos de miles, pero podían haber sido muchos más, si las principales organizaciones de los trabajadores –y en especial, CCOO y UGT– hubieran convocado a la marcha y se hubieran volcado en organizarla. Muchos de ellos han venido en autobuses desde los cuatro puntos cardinales, pagándose el viaje en la inmensa mayoría de los casos, demostrando sobre todo una cosa: que quienes se quejan de que “la gente no se mueve” se equivocan (o mienten, para encubrir su decisión de no convocarlas a una movilización seria). Si algo ha demostrado la Marcha de la Dignidad es todo lo contrario: la gente está más que dispuesta a echarse a la calle. El problema está en los dirigentes. Como decía el viejo refrán castellano, “qué buen vasallo, si tuviera buen señor”.

Pero esa voluntad de luchar puede estrellarse contra el dispositivo de guerra de las instituciones del capital si no cristaliza en algo absolutamente necesario: la unidad de todas las organizaciones para derrotar, de verdad, al gobierno.

La vuelta de los dirigentes de UGT y CCOO al Diálogo Social

En contraste evidente con lo sucedido el sábado 22, el martes 18 de marzo, el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la Ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, se reunían en el Palacio de la Moncloa con los presidentes de la CEOE, Juan Rosell, CEPYME, Jesús Terciado, y los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y UGT, Cándido Méndez. Tras la reunión, que ha cogido por sorpresa a la inmensa mayoría de cuadros y delegados -y a muchos de los dirigentes- de los dos sindicatos, se emitía un comunicado oficial que decía que “Tras analizar la situación por la que atraviesa el país se han comprometido a impulsar el diálogo social para favorecer el cambio de ciclo económico, la creación de empleo y la cohesión social. Gobierno e interlocutores sociales han coincidido en que es necesario abrir una nueva etapa”

¿Diálogo sobre qué? ¿Está sobre la mesa de ese diálogo la derogación o corrección de la reforma laboral, o la restitución de los derechos y salarios robados a los empleados y empleadas públicos? ¿La retirada de las acusaciones a los 8 de Airbus, la retirada del proyecto de ley-mordaza o de la ley del aborto? ¿La derogación o modificación la Ley Wert o de la nueva ley de régimen local, que amenaza con el cierre o la privatización de muchos de los servicios municipales? Nada de eso. Los dirigentes de UGT y CCOO han decidido volver al diálogo sin exigir al gobierno que retire ni uno solo de esos ataques.

Por el contrario, han decidido hablar de cooperar en la “política europea”:  Para avanzar en ese camino en el marco de las instituciones comunitarias, gobierno e interlocutores sociales han considerado necesario reforzar la concertación permanente entre el Consejo Europeo, el Consejo, la Comisión, el Parlamento, y los interlocutores sociales, en particular en la orientación de los objetivos del semestre europeo”. Han decidido hablar de una reforma fiscal “capaz de reducir el déficit asegurando la financiación de los servicios públicos. El sistema debe apoyar la mejora de la competitividad, impulsar la creación de empleo y proteger a los más débiles de la sociedad”. Han decidido hablar de “evaluar las políticas salariales y de empleo en el sector público” (nada de recuperación de derechos). Y –lo que indignará miles de trabajadores ante los escándalos existentes– han decidido hablar de la “reforma del sistema de formación para el empleo”. En resumen, no han ido a defender reivindicaciones obreras, sino a negociar el desarrollo de los planes del Gobierno y de la Unión Europea, que se centran en imponer a los trabajadores y pueblos del Estado español un nuevo ajuste, o sangría, de 40.000 millones (a costa de los salarios, las cotizaciones sociales, los servicios públicos). Y todo ello sobre la base de la aceptación tácita por parte de los dirigentes sindicales de la contrarreforma laboral, el ataque a los convenios y la nueva reforma de pensiones, que no se ponen en cuestión ni serán objeto de ese “diálogo”.

Para empezar a aplicar el ajuste, tras esa reunión, Patronal y Sindicatos han anunciado que es necesario avanzar hacia un nuevo ‘Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva’, que, apostando por la mejora de las condiciones generales de la economía, continúe favoreciendo, de forma equilibrada, la competitividad de la misma”. O sea, más sacrificios salariales y de derechos en nombre de la “competitividad”, cuando los datos dicen que por cada euro que han dejado de ganar los capitalistas por la crisis, los trabajadores hemos perdido 14.

Esta decisión de retomar el diálogo con el gobierno se da justo cuando luchas como la de la Sanidad y los barrenderos y jardineros de Madrid o la del barrio del Gamonal de Burgos demuestran que la política del PP y la del gobierno pueden ser derrotadas si se impone la unidad, justo cuando la gran manifestación del 22 de marzo demuestra que la gente está dispuesta a luchar.

La decisión de volver al “diálogo social”, supone, en la práctica, dar un balón de oxígeno al Gobierno para que pueda seguir con sus ataques a los trabajadores, mantener los que ya ha aplicado y seguir adelante con los que prepara. En la situación actual, esta decisión supone un verdadero ataque a los sindicatos, que puede llevar a cientos de compañeros a romper con las organizaciones. Y también supone un apoyo al Gobierno en sus ataques a los pueblos.

Precisamente, la decisión de Toxo y Méndez de volver a sentarse con el Gobierno viene en el mejor momento para Rajoy, con una situación en Cataluña fuera de control, con la resistencia de la clase trabajadora en ascenso y que exige a sus sindicatos la acción unida; con un hundimiento económico que no cesa a pesar de los discursos oficiales y una crisis institucional agravada a la que se naden el resurgimiento de los sectores abiertamente golpistas, Rajoy ha hecho lo que durante dos años ha negado: reunir a los sindicatos, para establecer un Pacto social y formar con Rubalcaba un verdadero gobierno de coalición “en la sombra”.

Y Rubalcaba a hacer el trabajo sucio a Rajoy

Sólo hay algo que se hunda tan rápido como la popularidad de Rajoy: la del dirigente de la supuesta “oposición”, Rubalcaba, que se compromete a respetar al gobierno hasta 2015. El primer punto del apoyo de Rubalcaba al Gobierno (además de promover el pacto social) ha sido el acuerdo para que el 8 de abril el Congreso de los Diputados de un solemne NO a la exigencia multitudinaria del pueblo catalán de efectuar una consulta para decidir. Esta provocación sería el pistoletazo de salida de una campaña de división de los trabajadores y enfrentamiento entre los pueblos sin precedentes por parte del PP, el aparato de Estado, los medios de comunicación… y Rubalcaba. En virtud de ese acuerdo, el martes 18 Rubalcaba se reunió en Barcelona con los dirigentes de UGT y CCOO de Cataluña, Joan Carles Gallego y José Álvarez, a quienes citó en la sede del PSC. El contenido de este dialogo es diáfano. Después de la reunión, Maurici Lucena, portavoz del PSC,  hizo públicas unas declaraciones en las que criticaba a los sindicatos por pronunciarse y mantener esta posición en relación al derecho a decidir. Curioso del portavoz de un aparato sometido a Ferraz , contrario  a los derechos nacionales y a los sociales.

Para acabar con el coro de defensores, Cayo Lara se pronuncia el viernes 14 contra la posibilidad de que Cataluña ejerza su soberanía y que él es partidario de una consulta “legal” o sea, contra toda posibilidad de consulta.

¿Cómo resolver la contradicción?

Existe una contradicción flagrante entre la disposición de la clase trabajadora y la juventud a luchar, demostrada en cada lucha, y en la Marcha del 22, y la actitud de los dirigentes. Para algunos, no tiene ninguna importancia, pero la inmensa mayoría sabe que en esta lucha global –como en cada lucha particular– no podemos vencer sin la unidad, y que esa unidad no puede, hoy, hacerse sin contar con la principal fuerza organizada de la clase trabajadora, los sindicatos CCOO y UGT.

Resolver esta contradicción, luchar por imponer la unidad por las reivindicaciones, frente a la voluntad de los dirigentes de sacrificar las reivindicaciones para salvar al régimen, es la tarea central de los militantes obreros para el próximo periodo. Una tarea que sólo puede abordase apoyándose en los trabajadores, y en primer lugar en las bases y cuadros de UGT y CCOO, para hacer con ellas campaña para obligar a Toxo y Méndez a romper la tregua y el diálogo con el gobierno y a organizar, junto con el conjunto de organizaciones de la clase, muchas acciones como la marcha del 22, o incluso una Huelga General que obligue al Gobierno a anular todos los recortes impuestos y los nuevos planes o a dimitir.

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