(Publicado en la Carta Semanal 706 – ver en catalán)

El próximo 2 de diciembre se celebran las elecciones autonómicas andaluzas, anticipadas por la Presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ante la pérdida del apoyo de Ciudadanos, que le impedía aprobar los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2019.

Dejemos claro, para comenzar, que no se trata de unas elecciones a un Parlamento soberano, ni de lejos. En la “Monarquía de las autonomías”, no solo no hay derecho a decidir sino que los pueblos y regiones no tienen autonomía real, un ámbito en el que decidan sin injerencias sino que las leyes de estabilidad y las leyes “armonizadoras” les marcan hasta el detalle lo que han de imponer a los ciudadanos, ayuntamientos, etc. Eso no quita la responsabilidad de los gobiernos que deciden adaptarse y someterse a ese marco antidemocrático (podrían rebelarse contra esa situación, y organizar desde cada gobierno –autonómico o municipal– la lucha contra ella). El principal obstáculo a las reivindicaciones de la población trabajadora está en la Monarquía y sus instituciones, incluido el sometimiento a la Unión Europea y su “austeridad”. Hay que allanar el camino a la República.

Hay que recordar que el PSOE gobierna la Comunidad Andaluza desde hace 40 años. Muchos de ellos en solitario y en algunas legislaturas con el apoyo (o la participación en el gobierno) del Partido Andalucista, Izquierda Unida o Ciudadanos.

Los partidos de la derecha, PP y Ciudadanos (con el añadido de Vox, ahora) basan su programa de “cambio” en la reducción generalizada de impuestos a los más ricos. Una propuesta que, de aplicarse, pondría en peligro la prestación de servicios públicos esenciales, como la Sanidad, la Enseñanza, la Dependencia. Servicios que, además, en muchos casos proponen privatizar en mayor o menor medida. Por tanto, debe quedar claro que no corresponde a los intereses de ningún trabajador o trabajadora dar su voto a la derecha. Pero, ¿es suficiente con esto? Lo sucedido en estos años demuestra que no basta con dar el voto a las organizaciones que, presentándose como “de izquierdas” piden el voto de las personas trabajadoras.

¿Qué esperan los trabajadores de los partidos que hablan en su nombre?

En las elecciones andaluzas de 2012 el PSOE perdió la mayoría absoluta y gobernó en coalición con Izquierda Unida, que ocupó la Vicepresidencia de la Junta y varias consejerías. Ese gobierno de coalición fue el que aplicó todos los recortes. Así, bajó el salario a los empleados públicos, pasó a todos los interinos a una jornada del 90% (en la sanidad bajó a los contratados temporales a una jornada del 75%), aplicó el aumento de jornada de 35 a 37,5 horas semanales que decidió Rajoy, y lo hizo en las peores condiciones para las plantillas (eliminado miles de contratos temporales), redujo drásticamente las inversiones en sanidad y enseñanza…

Tras las elecciones de 2015, Susana Díaz ha gobernado estos últimos años con el apoyo externo de Ciudadanos, que ha forzado reducciones de impuestos (cuando los servicios públicos necesitan desesperadamente más personal e inversiones) y privilegios para las entidades privadas que se benefician de las externalizaciones de servicios. Y el gobierno de Susana Díaz ha devuelto con cuentagotas y de manera incompleta los derechos recortados. Y, mientras bajaba impuestos como el de sucesiones (para quienes reciben una herencia de más de 500.000 €), ha seguido con los recortes de presupuesto. El presupuesto nominal –que había bajado entre 2010 y 2016– ha subido en 2017 y 2018. Pero no ha sido así con respecto al PIB: en 2010 el presupuesto sanitario suponía un 6,7% del PIB andaluz, en 2014 –año del mayor recorte presupuestario– estaba en un 5,9% del PIB y en 2017 –cuando, supuestamente, se estaba “recuperando de los recortes”– había caído a un 5,8%.

Por tanto, la experiencia de estos últimos años demuestra que no basta con cerrar el paso a las “derechas” en las elecciones: los gobiernos supuestamente “de izquierdas” han aplicado los recortes del gobierno del PP, sin resistencia alguna, a veces incluso peores recortes que los que el propio Rajoy imponía.

Por tanto, a los trabajadores y trabajadoras de Andalucía, que no pueden, por supuesto, permitir un gobierno de PP-Ciudadanos, no les bastaría con colocar en el Palacio de San Telmo un nuevo gobierno del PSOE, o un gobierno de coalición del PSOE y de Adelante Andalucía (la marca de Unidos Podemos en las elecciones), que repitiera la nefasta experiencia de 2012-2015. Necesitan actuar de manera independiente para conseguir un gobierno que dé satisfacción a sus necesidades y reivindicaciones.

El programa que la población trabajadora necesita

Los trabajadores y trabajadoras, la juventud, los jubilados y personas dependientes, necesitan un gobierno que responda a sus necesidades. Un gobierno que recupere todos y cada uno de los puestos de trabajo perdidos en la Sanidad Pública, la Enseñanza y la Dependencia, que ponga en marcha un presupuesto extraordinario de inversiones en servicios públicos esenciales (sólo en la sanidad se ha dejado de invertir 2.000 millones entre 2012 y 2018, lo que suma el equivalente a 5 veces el presupuesto de inversiones de 2010, último año previo a los recortes). Es una cuestión urgentes, porque los servicios públicos, tras años de recortes, están en una situación muy grave.

Para que eso sea posible, es necesario que el gobierno que se forme desafíe y combata la Ley de Estabilidad Presupuestaria, instrumento que ata de pies y manos a todo gobierno y le obliga a aplicar los recortes exigidos por el capital financiero y auspiciados desde Bruselas, asfixiando a los servicios públicos y recortando los derechos de sus trabajadores. Por lo tanto, las candidaturas que defiendan a los trabajadores deben propugnar un plan de lucha conjunto con los trabajadores y pueblos de Cataluña, de Madrid y de todos los pueblos contra la austeridad que el Estado y la Unión Europea propone, por la libertad. En lugar de caer en el enfrentamiento con el pueblo catalán y la división que nos perjudica a todos.

Las organizaciones obreras y, en primer lugar, los sindicatos, deben, en cualquier circunstancia, mantener su independencia con respecto a las candidaturas y al futuro gobierno y poner en primer lugar las necesidades y reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras.

En todas las organizaciones y en todos los centros de trabajo y de estudio, en todas las barriadas de población trabajadora, hay que hacer campaña, recoger firmas, aprobar mociones y resoluciones, para exigir que se forme en Andalucía un gobierno que responda a las necesidades de la población trabajadora, en la lucha común de trabajadores y pueblos por las libertades y los derechos, que allana el camino a la República.