(Publicado en la Carta Semanal 705 – ver en catalán)
El miércoles pasado se anunciaba un proyecto de acuerdo entre la Unión Europea y el gobierno británico sobre las condiciones del Brexit. Un documento de 585 páginas que no se hizo público en espera de que Theresa May, la Primera Ministra británica, lo expusiera a su gabinete. Un editorialista político del diario The Guardian resumía así el anuncio del acuerdo: “El plan de May para el Brexit: un gobierno dividido, un partido dividido, una nación dividida”. Otro diario británico hablaba de May, como una “superviviente”, en tanto que al otro lado del Canal de la Mancha, Le Monde calificaba el acuerdo como un “paso decisivo” e incluso un éxito para May, un éxito de chiste como veremos.
Hay que destacar que este acuerdo era imprescindible para evitar una salida sin acuerdo en marzo de 2019, fecha prevista en los tratados para la salida definitiva de la UE. Pero, un vez que sea aprobado por los jefes de estado europeos, el acuerdo debe luego ser adoptado por el Parlamento británico, una concesión que May se vio obligada a hacer al Partido Laborista y al ala de los “hard Brexiters” (los “duros” pro-Brexit) de su propio partido. Aun así, el anuncio de un acuerdo en el seno del gobierno británico y en la Cumbre Europea prevista para el 25 de noviembre era la última oportunidad de evitar una salida sin acuerdo.
Desde el martes pasado, cuando May anunció una reunión de urgencia de su Gobierno para presentar su plan, comenzaron a aparecer informaciones parciales en la prensa y el grupo de los hard Brexiters, dirigido por el diputado Jacob Rees-Mogg, declaró su oposición. Boris Johnson, exministro de Exteriores, que dimitió de su puesto en julio, ha definido el acuerdo como un “truco de país vasallo”.
May ha pasado un primer apuro en su propio gobierno. La reunión de gabinete celebrada el pasado miércoles con esta cuestión como único asunto del día duró cinco horas y terminó con “una decisión colectiva”. El Guardian ha revelado que once ministros se opusieron al acuerdo durante la reunión, en tanto que diecisiete estuvieron a favor. May se dio por contenta al poder confirmar que ningún ministro había amenazado con dimitir “pese a las decisiones difíciles e incómodas”. Una alegría que debió de durar poco, porque dos días después dimitieron 4 ministros entre ellos el “negociador” del Brexit, Dominic Raab. Jacob Rees-Mogg confirmó inmediatamente su oposición, anunciando que sus partidarios votarán en contra en el Parlamento y que “no le sorprendería” que algunos diputados presentaran una moción de confianza para derribar a May. El DUP, partido unionista de Irlanda del Norte, también ha expresado su oposición al plan gubernamental. Sammy Wilson, uno de sus diputados, ha declarado que “es un acuerdo pobre, un mal acuerdo, el acuerdo que la propia primera ministra anunció que no aceptaría. La gente se va escandalizar con este resultado”. Recordemos que son los 10 diputados del DUP quienes permiten a May disfrutar de una mayoría en la Cámara de los Comunes tras las elecciones de junio de 2017, de resultados catastróficos para los Conservadores. En estas condiciones, el preacuerdo tiene que ser votado en los Comunes, y no es seguro que May consiga la mayoría de los 650 diputados
Por su parte, y de acuerdo con la resolución adoptada por el congreso del Labour Party en septiembre, su secretario general, Jeremy Corbyn, ha declarado que “es un mal acuerdo que no sirve a los intereses del país”, añadiendo que “claramente, si el gobierno es derrotado sobre esta cuestión absolutamente central de su programa, habrá demostrado que es absolutamente incapaz de gobernar e incapaz de resolver las cuestiones prioritarias para el país”.
May esperaba aún poder contar con el apoyo de una minoría de diputados del Labour Party, entre ellos, aquellos que hicieron campaña en 2015 por el Brexit junto a los Conservadores o con el partido de extrema derecha UKIP. Pero también es posible que se decidan finalmente por votar en contra, junto a los hard Brexiters de Jacob Rees-Mogg.
¿Cuál es el contenido del acuerdo?
El núcleo de los desacuerdos está en lo que respecta a Irlanda del Norte y el hecho de que, cuando el Reino Unido se sitúe fuera de la UE, habría que restablecer los controles aduaneros y de identidad en la frontera con la República de Irlanda. El acuerdo prevé el establecimiento de una “red de seguridad en el Mar de Irlanda”, y, de hecho, Irlanda del Norte seguiría dentro del Mercado Común, y los controles de aduanas se aplicarían al comercio entre ésta y la Gran Bretaña. Para los defensores de la ocupación de Irlanda del Norte, se trataría de un paso inaceptable hacia la separación del Reino Unido. Además, Gran Bretaña seguiría durante un periodo indefinido, hasta la firma de un nuevo acuerdo comercial, dentro de la unión aduanera de la UE, y se compromete a respetar la reglamentación europea, a no revisar las normas medioambientales y sociales para no dar ventajas competitivas a sus empresas, y a adoptar varias directivas relativas a los impuestos. Además, un comité paritario del Reino Unido y la UE decidirá la fecha de salida del Gran Bretaña de la unión aduanera. Un acuerdo en estos términos se opone frontalmente a los proyectos de los hard Brexiters, para quienes el Brexit debería permitir al Reino Unido convertirse en un paraíso fiscal totalmente desreglamentado, que podría acoger a los capitales especulativos del mundo entero, y que podría firmar acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos y los países de la Commonwealth.
Finalmente, el acuerdo no adopta ninguna decisión con respecto a muchas cuestiones comerciales importantes, que quedan reservadas para un futuro acuerdo comercial. Entretanto, la UE restablecerá las tarifas aduaneras sobre las exportaciones de pescado de Gran Bretaña, que prohibirá el acceso a sus aguas territoriales a los pescadores europeos. Se trata de un punto de desacuerdo importante entre la UE y el Reino Unido, que exporta la mayoría de su pesca a los países de la UE, por más de 1.000 millones de libras esterlinas al año. Otro punto de tensión es el acceso de los bancos de la City al mercado financiero europeo. El acuerdo prevé un acceso limitado equivalente al derecho de acceso de los bancos americanos y japoneses. La firma del abogado internacional, Hogan Lovells, estima que el acuerdo cubre solamente un cuarto de las actividades financieras entre el Reino Unido y la UE.
El gobierno de May está lejos de haber superado una crisis en la que lo que está en juego, en última instancia, es el lugar de los grandes grupos financieros dentro del mercado mundial. Michel Barnier, negociador jefe de la UE, ha llamado al parlamento británico “a asumir sus responsabilidades”, pero se ha visto obligado a confesar que “será difícil transformar este acuerdo provisional en acuerdo definitivo (…). El camino es largo y será tal vez difícil garantizar una salida de la UE en buen orden.”
La podredumbre de la Unión Europea
Hace una semana explicábamos en la Carta semanal cómo las políticas de la Unión Europea y los gobiernos que se someten a ella, que destruyen las conquistas sociales, base de la civilización, llevan a Europa al caos. Cada día que pasa se hace más evidente que las instituciones de la UE, al servicio del capital financiero, están en plena descomposición. Esta situación es producto doble, por una parte, de los intereses contradictorios de las burguesías nacionales, los monopolios y los intereses de la burguesía norteamericana que, con Trump, contrariamente a lo que sucedía en el pasado, prefiere prescindir de la UE y, por otro lado, la oposición de los pueblos, creciente desde el referéndum de 2005 contra el Tratado constitucional europeo.
Cada vez está más claro que los intereses contradictorios de las burguesías impiden la unificación de Europa. Y, sin embargo, la economía europea es un todo, los intercambios de todo tipo son imprescindibles para la supervivencia de pueblos y naciones. Las fronteras de los Estados nacionales son frenos al desarrollo. Pero el capitalismo, es decir, la propiedad privada de los medios de producción, no puede resolver esta contradicción. Por esto la supuesta unificación por arriba es caótica y multiplica el caos actual.
Frente a esta situación, no cabe ninguna salida nacional, ninguna vuelta a la peseta, la lira o el franco. Como señalaba Trotsky en 1940, “La unificación económica es para Europa cuestión de vida o muerte. Pero realizar esa tarea no incumbe a los actuales gobiernos, sino a las masas populares, encabezadas por el proletariado. Europa ha de convertirse en los Estados Unidos Socialistas, si no quiere convertirse en la tumba de la vieja civilización.” Palabras, hoy, si cabe, más actuales. Esta es la base material del internacionalismo, de la necesidad del combate unido de los trabajadores y los pueblos de Europa contra el capital, sus instituciones y gobiernos.