(publicado en la Carta Semanal 514)
Hace tres años los trabajadores y el pueblo de Andalucía dieron la mayoría a los partidos que se reclamaban de la defensa de los trabajadores, y sobre la base de esa mayoría, el PSOE e Izquierda Unida formaron gobierno en Andalucía. En aquel momento 1700 trabajadores firmaron una carta a los parlamentarios de IU y del PSOE en la que se decía: “el mandato electoral del pueblo andaluz os obliga a defender los servicios públicos, sin aceptar los recortes que pretende imponer Rajoy para contentar a Bruselas y a los mercados financieros. Que hagáis una política socialista, una política de izquierdas que no acepte las imposiciones de los mercados”.
Tres años han pasado desde entonces, y la población puede constatar que lo que ha hecho este gobierno no es cualitativamente distinto de lo que han hecho el gobierno Rajoy y otros gobiernos del PP. No vamos a negar que ha habido alguna medida positiva, pero también hay que constatar que han aplicado graves recortes en la sanidad, la enseñanza y a los empleados públicos.
¿Por qué ha sucedido esto? Para nosotros no es una cuestión de maldad, sino de orientación política. Les sucede lo mismo que le está pasando al gobierno de Grecia: que aceptando el marco de los planes dictados por la Unión Europea y el gobierno Rajoy no se puede hacer otra política
Ahora, de nuevo el PSOE, IU y otras fuerzas que pretenden representar a la mayoría trabajadora piden el voto a la mayoría andaluces.
Compartimos las aspiraciones de la mayoría. Sin embargo planteamos una cuestión: si renuevan la mayoría y forman de nuevo gobierno, ¿qué garantiza ahora la satisfacción de las reivindicaciones? Sólo si se niegan a someterse a la disciplina de Bruselas y de Rajoy es posible otra política
¿Hay un imperativo legal que obliga a hacer recortes? Este es el chantaje del gobierno y de la Unión Europea que sólo puede ser enfrentado llamando a la movilización de los trabajadores del pueblo andaluz y de todos los pueblos del Estado.
Una crisis de representación política de los trabajadores y los pueblos
En los últimos años hemos visto cómo las instituciones del capital financiero dictan a todos los gobiernos de Europa su política o incluso imponen a sus representantes al frente de los gobiernos. Es el antidemocrático gobierno de los mercados que se ejerce a través de la Unión Europea, el Banco Central y el FMI.
El gobierno de Zapatero después del giro del 10 de mayo del 2010 presentando el Plan deajuste se sometió sin matices a esos dictados, lo que significó en palabras de Cándido Méndez (por ejemplo) una quiebra política, llevando al Partido Socialista a su peor derrota electoral desde la muerte de Franco y abriendo la puerta a gobiernos de la derecha franquista, primero en ayuntamientos y autonomías y luego en el gobierno del Estado.
El gobierno de coalición PSOE-IU ha aplicado las mismas políticas, aplicando los recortes “por imperativo legal” y aplicando incluso a los empleados públicos recortes aún mayores que el gobierno Rajoy.
Aplicando esa dictadura de los mercados, el pago de la deuda externa y la reducción del déficit, se imponen planes de ajuste que llevan a la destrucción de la enseñanza, la sanidad y todos los servicios públicos, al recorte de salarios y pensiones, y a la anulación de todos los derechos arrancados por los trabajadores. Estos últimos años hemos conocido grandes movilizaciones contra esta política, pero la dirección de las organizaciones levantadas por los trabajadores, tanto partidos como sindicatos han considerado que esta política era inevitable y como mucho pedían que se aplicara más gradualmente y se alargaran los plazos de este estrangulamiento. La desafección actual ante los partidos es producto de esta política. Es por ello que hay que ayudar a definir cuales son los ejes de una política favorable a los trabajadores y los pueblos:
- En defensa de los servicios públicos. ¡Ningún recorte! ¡Fuera los planes de ajuste! ¡La deuda no se paga!
Para bajar los impuestos a los capitalistas y rescatar a los banqueros, los gobiernos han contraído una enorme deuda pública. Los bancos y las agencias de calificación suben continuamente los intereses de esa deuda y exigen que se pague a costa de desmantelar la sanidad pública, la enseñanza, la dependencia y todos los servicios públicos.
Para pagar esa deuda y reducir los déficit públicos, miles de profesores, médicos y enfermeros deben ser despedidos, servicios sanitarios cerrados, el derecho a la salud cuestionado.
Afirmamos que esa deuda no es del pueblo andaluz, que no puede aceptarse ningún sacrificio para pagarla, que no puede aceptarse ningún recorte, ningún plan de ajuste.
- Por el empleo. En defensa de la economía productiva. ¡Prohibición de ERES y despidos! ¡Reforma agraria!
En nombre de la “competitividad” y la “libre circulación de capitales”, la industria andaluza ha sido desmantelada. Los astilleros y las minas, cerrados, empresas rentables como Delphi o Visteon deslocalizadas. Un 40% de los andaluces y andaluzas en edad de trabajar están en paro.
¡Basta ya! No puede aceptarse esa lógica de la competitividad que sacrifica el empleo y los salarios para que las empresas repartan más dividendos que nunca o cierren. El gobierno de Andalucía no puede legalizar ni un solo ERE más, las empresas que cierran o se deslocalizan deben ser incautadas y mantenerse abiertas bajo control de sus trabajadores.
Los EREs y despidos deben ser prohibidos en todas las empresas, declaren o no beneficios.
Hace falta un gran plan de empleo público, financiado con un impuesto sobre las grandes fortunas y empresas, del que forme parte una política de construcción de infraestructuras socialmente útiles y vivienda social. En todo caso, el subsidio de desempleo debe durar todo el tiempo que el trabajador esté sin empleo.
La agricultura de Andalucía, condenada a la muerte por la Unión Europea y las multinacionales de la distribución (salvo unos cuantos latifundios y cultivos intensivos), debe ser defendida. Hace falta una reforma agraria que nacionalice las grandes propiedades e industrias agrarias y confíe su gestión a cooperativas de jornaleros. Para garantizar a los agricultores un precio justo por sus productos, hay que expropiar las grandes distribuidoras y crear una distribuidora andaluza que garantice, además, al consumidor unos precios más bajos.
- Derecho a la vivienda
La especulación con la vivienda ha esclavizado a miles de trabajadores con hipotecas y ahora está desahuciando a muchos de ellos, mientras más de un millón de pisos vacíos están en manos de la banca. La dación en pago (quedarse sin casa a cambio de no pagar más hipoteca) no es la solución. Supondría que el trabajador pague las consecuencias de la especulación. Nadie puede ser desahuciado para garantizar los beneficios de los banqueros.
El interés social exige que esas viviendas apalancadas en manos de la banca sean expropiadas para constituir un gran parque de viviendas de alquiler baratas.
- Banca Pública. Nacionalización de bancos y Cajas de Ahorro
La experiencia demuestra que el poder de la banca se impone sobre la sociedad, que los especuladores dictan la política, cierran el grifo del crédito, ponen en la calle a miles de trabajadores echándolos de sus viviendas. Hay que acabar con la dictadura de los banqueros. ¡Ni un céntimo de ayudas a los bancos! Hay que crear una gran banca pública sobre la base de parar la privatización de las Cajas de Ahorro y nacionalizarlas, junto con los bancos.
- Defensa de los salarios y convenios colectivos. Defensa de las pensiones
El capital financiero y la Unión Europea exigen bajar los salarios, eliminar los convenios colectivos sectoriales para recortar salarios y derechos empresa a empresa, retrasar la jubilación y recortar las pensiones.
Frente a ellos, afirmamos que los salarios no son los responsables de la crisis, al contrario, han bajado año tras año en términos reales, mientras los beneficios empresariales han subido.
Por ello, defendemos la anulación de la rebaja de salarios de los empleados públicos, la revalorización automática de salarios en función de la inflación, la subida inmediata del salario mínimo a 1.000€, como reivindican los sindicatos.
Todos los recortes de derechos laborales deben ser anulados, Todas las reformas laborales, derogadas. Hay que volver al Estatuto de los Trabajadores de 1980.
El recorte del derecho a la jubilación tiene que ser anulado, y la pensión mínima equiparada al salario mínimo.
- Que paguen los poderosos y los ricos!
La política fiscal en España se basa en que los impuestos los paguen los trabajadores, mientras que a las empresas y las grandes fortunas se les rebajan continuamente y se les consiente un gigantesco fraude. ¡Hay que acabar con esto! De inmediato, los impuestos a las empresas y a las SICAV deben ser equiparados a los aplicados a los salarios.
Hay que poner en marcha un plan contra el fraude fiscal empresarial aumentando para ello la plantilla de inspectores de Hacienda.
- Paz y solidaridad
El Reino de España se ha sometido a la OTAN y mantiene tropas de ocupación en Afganistán, Líbano, Haití y otros países. Miles de marines se van a desplegar en las bases de Rota y Morón para intervenir en el norte de África, para imponer la destrucción de esos países, como ha sucedido en Libia. Hay que acabar con todo eso. ¡Salida inmediata de la OTAN! ¡Desmantelamiento de las bases militares de Rota, Morón y Gibraltar! ¡Fuera el escudo antimisiles!
Defendemos el apoyo a la lucha de los pueblos del Norte de África y rechazamos toda intromisión del imperialismo, ya sea en forma de intervención militar o de sometimiento a Tratados de Asociación o de Libre Comercio.
- Defensa de las organizaciones de los trabajadores
Afirmamos que los trabajadores necesitamos organizaciones para defendernos. Rechazamos la campaña contra los sindicatos emprendida por los medios de comunicación del capital.
Al mismo tiempo, somos conscientes de que es preciso, más que nunca, defender la independencia de nuestras organizaciones, sometidas por los dirigentes a la política de la Unión Europea y de la Confederación Europea de Sindicatos.
Luchamos por recuperar los sindicatos para la lucha de los trabajadores, contra los Pactos Sociales, contra los EREs, por la retirada de la firma del Pacto de Pensiones, por la democracia sindical, por la regeneración de las organizaciones.
Defendemos la existencia de partidos y organizaciones independientes del Estado y de sus instituciones, financiados y gobernados por sus afiliados. Rechazamos toda subvención del Estado a partidos y sindicatos.
- Democracia es República
Las medidas, necesarias, que planteamos, no son posibles si se respeta el régimen de la Constitución de 1978, monarquía presidida por el heredero nombrado por Franco, y si se mantiene la sumisión a las reglas de la Unión Europea, construida para asegurar la dominación del capital financiero. En ese marco no cabe democracia ninguna
Por tanto, defendemos que es precisa la ruptura democrática, la República, la Unión libre de repúblicas de los pueblos de España, que sólo puede imponer el pueblo con su lucha en la calle. Del mismo modo, afirmamos que no cabe ninguna reforma de la Unión Europea para que sirva a los intereses de los trabajadores y los pueblos, que es preciso romper con la Unión Europea, sus tratados y sus instituciones, para levantar otra Europa, basada en la unión libre y fraternal de los pueblos y naciones de Europa.
La unidad de las organizaciones exige la ruptura con la política impuesta por la Unión Europea
Lo más sencillo para los trabajadores sería que los grandes partidos, que han levantado, emprendieran la lucha decidida por la satisfacción de las reivindicaciones, por tanto en ruptura con Rajoy y la Unión Europea. Todo lo contrario solo generará más frustración.
Esta frustración hace que surjan organizaciones, que partiendo de la indignación de la mayoría, proponen que la solución sería limpiar las instituciones de corruptos, diciendo que el problema no es de derechas ni de izquierdas, ni de obreros y burgueses, sino sustituir los corruptos por gente honesta. Como si el problemas fueran las personas y no el régimen político que está al servicio de la minoría de capitalistas.
La candidatura socialista y republicana que proponemos plantea la necesaria unidad de todas las organizaciones de la clase obrera y de los pueblos. Unidad solo posible sobre la base de la ruptura con el régimen monárquico, con la Unión Europea y el FMI, y que plantea la necesidad de derribar ya al Gobierno, desde hoy, sin esperar a las elecciones generales. La candidatura busca ayudar a resolver la falta de representación política que sea fiel a los intereses de los trabajadores y los pueblos.