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¿Qué hacer ante la inflación?

Carta Semanal 882 en catalán

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Nuevamente, como en otros momentos históricos, la inflación se dispara en la economía española. De acuerdo con el Índice de Precios al Consumo (IPC), que publica el INE, el aumento acumulado de precios durante los últimos doce meses asciende al 9,8%. El impacto es inmediato sobre las posibilidades de consumo de la clase trabajadora y, por tanto, sobre sus condiciones de vida, que dependen de su salario real, es decir, de su poder de compra. Pero las revisiones salariales, cuando existen, se hacen a año pasado y mientras en 2021 los precios aumentaron oficialmente el 6,5%, la subida nominal de salarios para 2022 que recogen los convenios es del 1,55% en promedio, la de los empleados públicos el 2% y la del salario diferido que son las pensiones el 2,5% con carácter general. Esto es, se imponen unas rebajas salariales del 4,95%, el 4,5% y el 4% respectivamente. La situación es peor para quienes no tienen convenio (1.500.000 según la ministra de Trabajo), a quienes de hecho no se les amortigua o apenas el impacto de la inflación y que, por tanto, verán cómo su capacidad adquisitiva cae más del 6%.

Conviene enfatizar este punto: la inflación -el aumento generalizado de precios- reduce el poder de compra de la clase trabajadora cuando los salarios no aumentan como ella (por eso se llama evolución del  “salario real” a la que pone en relación el “salario nominal” -el efectivamente cobrado en la moneda que sea- con los precios). Pero además reduce un poder de compra ya reducido en los últimos años: entre 2009 y 2019, mientras los salarios nominales aumentan un 8,6%, la inflación es del 12,8%, una caída por tanto de los salarios reales de más del 4%.

En consecuencia, las organizaciones de la clase trabajadora no deben permanecer inmóviles ante esta situación, sino que, de forma acorde con lo que motivó su constitución y debe motivar su existencia hoy, han de reaccionar mediante la movilización que, de forma urgente, luche por la preservación del poder de compra de los salarios frente a la inflación. Precisado esto, conviene abordar las causas del aumento de precios para que, más allá de la medida inmediata mencionada de defensa del salario real, se pueda abrir una salida a los problemas económicos que padece la clase trabajadora, de los que la inflación es sólo uno entre otros.

La inflación, resultado de la dislocación del mercado mundial

¿Por qué se disparan los precios? Esta pregunta sólo puede responderse conociendo cómo se determinan los precio

s, cuáles son sus factores determinantes, para lo que resulta imprescindible el análisis que Marx expone en El capital[1], donde revela que los precios no se determinan de un modo técnico, sino social. Y que no se establecen, fundamentalmente, en el momento del intercambio, sino en la producción, en función de cuánto trabajo cuesta, en cada sociedad y en cada momento, producir cada mercancía. Es la ley del valor, que con la determinación social de los precios identifica que se trata, por tanto, de una determinación conflictiva en una sociedad clasista como es la capitalista. Dicho de otra manera, toda sociedad atrasada como es hoy la capitalista se define por estar presidida por una pugna distributiva (a pesar de las posibilidades que aporta la productividad del trabajo, nada está asegurado, todo depende de cómo le vaya a cada cual en el mercado). Trabajadores y capitalistas pugnan por la distribución del producto, de la tarta, que se divide en una parte de trabajo pagado -el salario, con el que viven los trabajadores-, y una parte de trabajo no pagado -la plusvalía, que se apropian los capitalistas-. Pero los capitalistas pelean también entre sí, por la distribución de la plusvalía total entre sus ganancias individuales. Y todo ello se refleja en los precios.

En el número 110 de nuestra revista teórica, La Verdad, publicamos un artículo titulado “La dislocación del mercado mundial y la crisis del capitalismo”, título que define de forma sintética la situación actual a la que ha conducido la supervivencia del capitalismo:

Caracterizamos como dislocación del mercado mundial el proceso por el que las distorsiones de todo tipo que lo definen, provocando su desbarajuste general, un funcionamiento trabado, irregular, que estrangula los circuitos habituales de valorización del capital, impidiendo, en definitiva, que el mercado mundial albergue un proceso de acumulación del capital mínimamente fluido. Dichas distorsiones no son un resultado circunstancial, sino que reflejan la huida adelante del capital ante la estrechez del mercado mundial para su valorización, en un contexto presidido por la exacerbación de la pugna competitiva entre capitales y la agudización de la lucha de clases. Por tanto, están ligadas al carácter crecientemente contradictorio del capitalismo, expresado en la ley del descenso tendencial de la tasa de ganancia formulada por Marx.

En el desencadenamiento de un proceso inflacionario influyen distintos elementos, incluyendo eventualmente aspectos de demanda, pero lo determinante, el aspecto de fondo es la dislocación del mercado mundial, ligada a la crisis del capitalismo. Es decir, no se trata de que la inflación sea resultado de una conspiración capitalista contra el ingreso de la clase trabajadora, aunque efectivamente se utilice la inflación para ello -así como las políticas que dicen adoptarse contra el aumento de precios- sino que el desbarajuste económico propio del capitalismo es lo que provoca una inestabilidad general que se expresa también en los precios. Esta consideración es importante para entender que la única solución de fondo es, obviamente, la superación del capitalismo que no sólo provoca inflación sino en general una devastación cada vez mayor, una destrucción de fuerzas productivas cada vez más sistemática, concretada en particular en el cuestionamiento de las condiciones de vida de la mayoría. Obviamente que mientras tanto resulta imprescindible luchar por todas las reivindicaciones, incluyendo las más elementales, que permitan a la clase trabajadora sobrevivir.

¿Por qué la inflación se dispara más en la economía española?

Mientras que la inflación aquí trepa al 9,8% interanual en marzo (mayor dato desde 1985), en Alemania se sitúa en 7,6%, en Francia en el 5,1%, en Italia en el 7,0%, en Portugal en el 5,3% y en la zona euro en el 7,5%. Resulta pertinente preguntarse por qué. Al respecto, la primera precisión que ha de hacerse es que la guerra contra Ucrania no explica la inflación, aunque sí contribuya a dispararla. Basta simplemente recordar que la guerra arranca el 24 de febrero y el año 2021 ya había terminado con una inflación del 6,5%. Es falsa por tanto la afirmación de la ministra de Hacienda, Montero, de que “el paquete de medidas que aprobó el Consejo de Ministros viene justamente para hacer frente a esta situación provocada exclusivamente por la guerra de Putin”. Más bien hay que decir que la guerra se utiliza como excusa para camuflar los problemas, así como para intentar aplicar las políticas que exige el capital, a un enorme costo para la clase trabajadora.

La explicación de la mayor inflación española que, por ejemplo, la portuguesa -prácticamente el doble-, se debe sobre todo a la regulación estatal aquí, presidida por el hecho histórico de que las mayores empresas, en gran parte procedentes de las privatizaciones, se han beneficiado de un trato de enorme favor desde el Estado (engrasado personalizadamente a través de las llamadas puertas giratorias). El caso de las eléctricas es inequívoco. La agencia Moody’s explica: “los efectos de la subida de los precios de la energía han sido más pronunciados en España que en el resto de Europa porque la factura de la luz está muy ligada a la evolución de los precios mayoristas del gas. Por ejemplo, en febrero, los precios de la energía en España habían aumentado un 43,7% respecto a febrero de 2021, frente al 32% en la Eurozona”. Así, la electricidad sube un 80% en 2021, frente a un 33% en la zona euro (o los combustibles el 52% frente al 43%). Este lazo tan directo entre grandes empresas y Estado se explica, a su vez, porque los gobiernos se niegan a adoptar las medidas que efectivamente permitirían poner coto a por lo menos este factor inflacionario. Y en este disciplinamiento de los gobiernos europeos la UE desempeña un papel crucial, porque impone una política tarifaria que se convierte en un fardo insoportable, revelándose una vez más su condición de “protectorado de EE. UU.” para favorecer a sus multinacionales.

Qué hacer

El capital exige políticas con las que busca beneficiarse tanto de la inflación como del supuesto remedio contra ella. Promoviendo la idea falsa de que el aumento de precios se debe a un aumento de la demanda, ligado a su vez a los aumentos salariales, formula la idea de una espiral inflacionista, sólo atajable mediante el recorte de salarios (aunque también habla de limitar las ganancias, se trata de mera retórica, estamos por ver alguna vez una medida sustantiva al respecto). Incluso la dotación del acuerdo sobre pensiones, por más limitado que sea en conjunto, ya está cuestionándose por el Banco de España y la prensa, planteando que respetarlo significaría un déficit de más de 13.500 millones de euros. Y en esta orientación se inscribe el “pacto de rentas” que quiere aplicar el gobierno. Es decir, bajo la repetida premisa falaz de que los salarios son responsables de la inflación, se persigue preservar en el tiempo su caída real, que es lo que ocurre cuando los salarios nominales crecen menos que los precios de los productos con los que vive la clase trabajadora.

En otros momentos, que eventualmente podrían volver, con durísimas consecuencias sociales, el capital ha impuesto lo que se conoce como políticas monetaristas, que parten de atribuir la inflación a un exceso de liquidez en la economía. De modo que la inflación se corregiría mediante una política monetaria recesiva, concretada en particular en un aumento de los tipos de interés, ante la que el capital financiero se frota las manos por la posibilidad acrecentada de negocio que se le abre, sirviendo a la vez para debilitar a la clase trabajadora, por el mayor desempleo que deriva del parón de la actividad que suponen esos mayores tipos de interés (ya que desalientan la inversión y el consumo, porque su financiación se encarece). Es lo que ocurrió en Reino Unido a partir del triunfo de Thatcher en las elecciones de mayo de 1979, provocando un efecto nefasto para la clase trabajadora británica y contribuyendo también, decisivamente, a disparar la crisis de la deuda externa que estallaría apenas tres años después.

La perspectiva de la clase trabajadora es la opuesta. Más allá del corto plazo, atajar los problemas de inflación está ligado a atajar los problemas de la explotación, fuerza motriz de la acumulación capitalista. Por eso la expropiación del capital, particularmente en sectores básicos como el energético, las telecomunicaciones o las finanzas, es una reivindicación ineludible si realmente se quieren afrontar los problemas. Mientras tanto, frente al hecho específico de la inflación, una exigencia inmediata debe imponerse: preservar el poder de compra. Por consiguiente, debe reivindicarse, desplegando todos los resortes de los que dispone la clase trabajadora, un mecanismo de revalorización automático del conjunto de los salarios nominales acorde a la subida de los precios. No vale el mal menor -es decir, el mal- de aminorar la parte del poder de compra que la inflación recorta, como cuando se propone una revalorización por la “inflación media”. Tampoco se puede apelar a la cláusula de garantía salarial, tan reducida en los últimos años: mientras antes de 2008 el 70% de trabajadores tenían dicha cláusula en su convenio, hoy, según el Ministerio de Trabajo, son sólo el 16%, apenas 1.200.000.

La reivindicación es elemental: la revalorización de todos los salarios, incluidas por tanto las pensiones, debe garantizar el poder de compra, esto es, alcanzar, como mínimo, el aumento de los precios (que el IPC debe recoger efectivamente). Más aún: la fórmula debe ser un aumento el 1 de enero de cada año de acuerdo con la inflación razonablemente prevista para el año que comienza, con cláusula de revalorización automática a final de año si la inflación efectiva supera la prevista. Se trata de lograr la escala móvil de salarios, esto es, que en los convenios y en los contratos en general se asegure el aumento automático de los salarios en correlación con la elevación del precio de los artículos de consumo. Porque está en juego que la inflación deteriore aún más la situación de la mayoría de la población, quienes vivimos de nuestro salario. Planteamos que las organizaciones que levantó la clase trabajadora actúen fuera de todo supuesto interés común del conjunto de la sociedad, imposible en una sociedad clasista, basada en la explotación (por eso es positivo que las direcciones de CCOO y UGT no acepten, al menos por el momento, un nuevo acuerdo para el empleo y la negociación colectiva que no incorpore cláusulas de revisión obligatorias y generalizadas). Es imprescindible que actúen de forma acorde a su función constitutiva, la defensa de los intereses de la clase explotada, incondicionalmente, hasta el final. Para eso trabajamos.

[1] La potencia del método de Marx no tiene que ver sólo con su solvencia intelectual, complementada por Engels, sino con el hecho de que ellos representan los intereses de la clase trabajadora, que no tiene nada que perder con la comprensión rigurosa de las causas profundas de sus problemas. A diferencia de la burguesía, que dinamita la ciencia económica porque sus privilegios y nuestros padecimientos tienen el mismo origen, que ella necesita esconder.

Què fer davant la inflació?

Carta Setmanal 882 per descarregar en PDF

Novament, com en altres moments històrics, la inflació es dispara a l’economia espanyola. D’acord amb l’Índex de Preus al Consum (IPC), que publica l’INE, l’augment acumulat de preus durant els dotze últims mesos puja al 9,8%. L’impacte és immediat sobre les possibilitats de consum de la classe treballadora i, per tant, sobre les seves condicions de vida, que depenen del salari real, és a dir, del poder de compra. Però les revisions salarials, quan n’hi ha, es fan a any vençut i mentre que el 2021 els preus van augmentar oficialment el 6,5%, la pujada nominal de salaris per al 2022 que recullen els convenis és del 1,55% de mitjana, la dels empleats públics el 2% i la del salari diferit que són les pensions el 2,5% amb caràcter general. És a dir, s’imposen unes rebaixes salarials del 4,95%, el 4, 5% i 4% respectivament. La situació és pitjor per als que no tenen conveni (1.500.000 segons la ministra de Treball), als que de fet no se’ls esmorteeix o amb prou feines, l’impacte de la inflació i que, per tant, veuran com la seva capacitat adquisitiva cau més del 6 %.

Convé emfatitzar aquest punt: la inflació -l’augment generalitzat de preus- redueix el poder de compra de la classe treballadora quan els salaris no augmenten com ella (per això s’anomena evolució del “salari real” al què posa en relació el “salari nominal” -l’efectivament cobrat en la moneda que sigui- amb els preus). Però a més redueix un poder de compra ja reduït els últims anys: entre 2009 i 2019, mentre els salaris nominals augmenten un 8,6%, la inflació és del 12,8%, una caiguda per tant dels salaris reals de més del 4%.

En conseqüència, les organitzacions de la classe treballadora no han de romandre immòbils davant d’aquesta situació, sinó que, de manera acord amb el que va motivar la seva constitució i ha de motivar la seva existència avui, han de reaccionar mitjançant la mobilització que, de manera urgent, lluiti per la preservació del poder de compra dels salaris davant de la inflació. Precisat això, convé abordar les causes de l’augment de preus perquè, més enllà de la mesura immediata esmentada de defensa del salari real, es pugui obrir una sortida als problemes econòmics que pateix la classe treballadora, la inflació dels quals només és un entre d’altres.

La inflació, resultat de la dislocació del mercat mundial

Per què es disparen els preus? Aquesta pregunta només es pot respondre coneixent com es determinen els preus, quins són els seus factors determinants, per la qual cosa resulta imprescindible l’anàlisi que Marx exposa a El capital[1], on revela que els preus no es determinen de manera tècnica, sinó social. I que no s’estableixen, fonamentalment, en el moment de l’intercanvi, sinó en la producció, en funció de quant de treball costa, a cada societat i a cada moment, produir cada mercaderia. És la llei del valor, que amb la determinació social dels preus identifica que es tracta, doncs, d’una determinació conflictiva en una societat classista com és la capitalista. Dit d’una altra manera, tota societat endarrerida com és avui la capitalista es defineix per estar presidida per una pugna distributiva (tot i les possibilitats que aporta la productivitat del treball, res no està assegurat, tot depèn de com li vagi a cadascú al mercat). Treballadors i capitalistes pugnen per la distribució del producte, del pastís, que es divideix en una part de treball pagat -el salari, amb què viuen els treballadors-, i una part de treball no pagat -la plusvàlua, que s’apropien els capitalistes-. Però els capitalistes es barallen també entre si, per la distribució de la plusvàlua total entre els guanys individuals. I tot això es reflecteix als preus.

Al número 110 de la nostra revista teòrica, La Verdad, publiquem un article titulat “La dislocació del mercat mundial i la crisi del capitalisme”, títol que defineix de forma sintètica la situació actual a què ha conduït la supervivència del capitalisme:

Caracteritzem com a dislocació del mercat mundial el procés pel qual les distorsions de tota mena que el defineixen, provocant el seu desgavell general, un funcionament travat, irregular, que escanya els circuits habituals de valorització del capital, impedint, en definitiva, que el mercat mundial albergeu un procés d’acumulació del capital mínimament fluid. Aquestes distorsions no són un resultat circumstancial, sinó que reflecteixen la fugida cap endavant del capital davant de l’estretor del mercat mundial per a la seva valorització, en un context presidit per l’exacerbació de la pugna competitiva entre capitals i l’agudització de la lluita de classes. Per tant, estan lligades al caràcter creixentment contradictori del capitalisme, expressat a la llei del descens tendencial de la taxa de guany formulada per Marx.

En el desencadenament d’un procés inflacionari influeixen diferents elements, incloent-hi eventualment aspectes de demanda, però el que és determinant, l’aspecte de Fons, és la dislocació del mercat mundial, lligada a la crisi del capitalisme. És a dir, no es tracta que la inflació sigui resultat d’una conspiració capitalista contra l’ingrés de la classe treballadora, encara que efectivament s’utilitzi la inflació per això -així com les polítiques que diuen adoptar-se contra l’augment de preus- sinó que el desgavell econòmic propi del capitalisme és el que provoca una inestabilitat general que també s’expressa en els preus. Aquesta consideració és important per entendre que l’única solució de fons és, òbviament, la superació del capitalisme que no només provoca inflació sinó en general una devastació cada cop més gran, una destrucció de forces productives cada cop més sistemàtica, concretada en particular en el qüestionament de les condicions de vida de la majoria. Òbviament que mentrestant és imprescindible lluitar per totes les reivindicacions, incloent-hi les més elementals, que permetin a la classe treballadora sobreviure.

Per què la inflació es dispara més a l’economia espanyola?

Mentre que la inflació aquí s’enfila al 9,8% interanual al març (major dada des de 1985), a Alemanya se situa en 7,6%, a França al 5,1%, a Itàlia al 7,0%, a Portugal al 5,3% ia la zona euro al 7,5%. Resulta pertinent preguntar-se per què. Sobre això, la primera precisió que s’ha de fer és que la guerra contra Ucraïna no explica la inflació, encara que sí que contribueixi a disparar-la. Només cal recordar que la guerra arrenca el 24 de febrer i l’any 2021 ja havia acabat amb una inflació del 6,5%. És falsa, doncs, l’afirmació de la ministra d’Hisenda, Montero, que “el paquet de mesures que va aprovar el Consell de Ministres ve justament per fer front a aquesta situació provocada exclusivament per la guerra de Putin”. Més aviat cal dir que la guerra s’utilitza com a excusa per camuflar els problemes,

L’explicació de la inflació espanyola més gran que, per exemple, la portuguesa -pràcticament el doble-, es deu sobretot a la regulació estatal aquí, presidida pel fet històric que les empreses més grans, en gran part procedents de les privatitzacions, s’han beneficiat d’un tracte d’enorme de favor des de l’Estat (engrassat personalitzadament a través de les portes giratòries). El cas de les elèctriques és inequívoc. L’agència Moody’s explica que els efectes de la pujada dels preus de l’energia han estat més pronunciats a Espanya que a la resta d’Europa perquè la factura de la llum està molt lligada a l’evolució dels preus majoristes del gas. Per exemple, al febrer, els preus de l’energia a Espanya havien augmentat un 43,7% respecte al febrer del 2021, davant del 32% a l’Eurozona”. Així, l’electricitat puja un 80% el 2021, davant d’un 33% a la zona euro (o els combustibles el 52% davant del 43%). Aquest lligam tan directe entre grans empreses i Estat s’explica, alhora, perquè els governs es neguen a adoptar les mesures que efectivament permetrien posar límit a almenys aquest factor inflacionari. I en aquest disciplinament dels governs europeus la UE exerceix un paper crucial, perquè imposa una política tarifària que es converteix en un fardell insuportable, revelant-se una vegada més la seva condició de “protectorat dels EUA” per afavorir les seves multinacionals. perquè els governs es neguen a adoptar les mesures que efectivament permetrien posar límit a almenys aquest factor inflacionari.

Què fer

El capital exigeix ​​polítiques amb què busca beneficiar-se tant de la inflació com del suposat remei contra ella. Promovent la idea falsa que l’augment de preus es deu a un augment de la demanda, lligat alhora als augments salarials, formula la idea d’una espiral inflacionista, només tallable mitjançant la retallada de salaris (encara que també parla de limitar les guanys, es tracta de mera retòrica, estem per veure alguna vegada una mesura substantiva sobre això). Fins i tot la dotació de l’acord sobre pensions, per més limitat que sigui en conjunt, ja s’està qüestionant pel Banc d’Espanya i la premsa, i planteja que respectar-lo significaria un dèficit de més de 13.500 milions d’euros. I en aquesta orientació s’inscriu el “pacte de rendes” que vol aplicar el govern. És a dir, sota aquesta repetida premissa falaç de que els salaris són els responsables de la inflación, es persegueix preservar en el temps la seva caiguda real, que és el que succeeix quan els salaris nominals creixen menys que els preus dels productes amb els que la classe treballadora viu.

En altres moments, que eventualment podrien tornar, amb duríssimes conseqüències socials, el capital ha imposat el que es coneix com a polítiques monetaristes, que parteixen d’atribuir la inflació a un excés de liquiditat a l’economia. De manera que la inflació es corregiria mitjançant una política monetària recessiva, concretada en particular en un augment dels tipus d’interès, davant la qual el capital financer es frega les mans per la possibilitat de negoci creixent que se li obre, servint alhora per debilitar la classe treballadora, per la desocupació més gran que deriva de l’aturada de l’activitat que suposen aquests tipus d’interès més grans (ja que descoratgen la inversió i el consum, perquè el seu finançament s’encareix). És el que va passar al Regne Unit a partir del triomf de Thatcher a les eleccions de maig de 1979,

La perspectiva de la classe treballadora és l’oposada. Més enllà del curt termini, aturar els problemes d’inflació està lligat a aturar els problemes de l’explotació, força motriu de l’acumulació capitalista. Per això, l’expropiació del capital, particularment en sectors bàsics com l’energètic, les telecomunicacions o les finances, és una reivindicació ineludible si realment es volen afrontar els problemes. Mentrestant, davant del fet específic de la inflació, una exigència immediata ha d’imposar-se: preservar el poder de compra. Per tant, s’ha de reivindicar, desplegant tots els ressorts de què disposa la classe treballadora, un mecanisme de revaloració automàtic del conjunt dels salaris nominals d’acord amb la pujada dels preus. No val el mal menor –és a dir, el mal d’aminorar la part del poder de compra que la inflació retalla, com quan es proposa una revalorització per la “inflació mitjana”. Tampoc no es pot apel·lar a la clàusula de garantia salarial, tan reduïda els últims anys: mentre abans del 2008 el 70% de treballadors tenien aquesta clàusula en el seu conveni, avui, segons el Ministeri de Treball, són només el 16%, només 1.200 .000.

La reivindicació és elemental: la revaloració de tots els salaris, incloses per tant les pensions, ha de garantir el poder de compra, és a dir, assolir, com a mínim, l’augment dels preus (que l’IPC ha de recollir efectivament). Encara més: la fórmula ha de ser un augment l’1 de gener de cada any d’acord amb la inflació raonablement prevista per a l’any que comença, amb clàusula de revaloració automàtica a final d’any si la inflació efectiva supera la prevista. Es tracta d’aconseguir l’escala mòbil de salaris, és a dir, que als convenis i als contractes en general s’asseguri l’augment automàtic dels salaris en correlació amb l’elevació del preu dels articles de consum. Perquè està en joc que la inflació deteriori encara més la situació de la majoria de la població, els qui vivim del nostre salari. Plantegem que les organitzacions que va aixecar la classe treballadora actuïn fora de tot suposat interès comú del conjunt de la societat, impossible en una societat classista, basada en l’explotació (per això és positiu que les direccions de CCOO i UGT no acceptin, almenys per moment, un nou acord per a l’ocupació i la negociació col·lectiva que no incorpori clàusules de revisió obligatòries i generalitzades). És imprescindible que actuïn d’acord amb la seva funció constitutiva, la defensa dels interessos de la classe explotada, incondicionalment, fins al final. Per això treballem. basada en l’explotació (per això és positiu que les direccions de CCOO i UGT no acceptin, almenys de moment, un nou acord per a l’ocupació i la negociació col·lectiva que no incorpori clàusules de revisió obligatòries i generalitzades). És imprescindible que actuïn d’acord amb la seva funció constitutiva, la defensa dels interessos de la classe explotada, incondicionalment, fins al final. Per això treballem. basada en l’explotació (per això és positiu que les direccions de CCOO i UGT no acceptin, almenys de moment, un nou acord per a l’ocupació i la negociació col·lectiva que no incorpori clàusules de revisió obligatòries i generalitzades). És imprescindible que actuïn d’acord amb la seva funció constitutiva, la defensa dels interessos de la classe explotada, incondicionalment, fins al final. Per això treballem.

[1]La potència del mètode de Marx no té a veure només amb la seva solvència intel·lectual, complementada per Engels, sinó amb el fet que ells representen els interessos de la classe treballadora, que no té res a perdre amb la comprensió rigorosa de les causes profundes de problemes. A diferència de la burgesia, que dinamita la ciència econòmica perquè els seus privilegis i els nostres patiments tenen el mateix origen que ella necessita amagar.

Hay que defender los salarios, también ante la subida del IPC

Carta Semanal 876 en catalán

Carta Semanal 876 para descargar en PDF

Según los datos oficiales, publicados por el Instituto Nacional de Estadística, el IPC ha tenido, en 2021, una subida del 6,5%. La mayoría de los expertos atribuyen esa subida a los desmesurados incremento de los precios de los carburantes (un 23,3% para el caso de la gasolina y un 24,14% superior en el caso del gasóleo), y la electricidad (que había aumentado en noviembre del año pasado un 46,7% anual, debido sobre todo al incremento del precio del gas natural y al mecanismo de fijación del precio).   Por eso -nos dicen- la inflación subyacente (es decir, la que se calcula excluyendo los precios de los alimentos y la energía), estuvo en 2021 en un 2,1%. El precio de los alimentos habría subido, según los datos de COAG, un 4,56% en 2021. Sigue leyendo

Cal defensar els salaris també davant la pujada de l’IPC

Carta Setmanal 876 per descarregar en PDF

Segons les dades oficials, publicades per l’Institut Nacional d’Estadística, l’IPC ha tingut, el 2021, una pujada del 6,5%. La majoria dels experts atribueixen aquesta pujada als desmesurats increments dels preus dels carburants (un 23,3% per al cas de la gasolina i un 24,14% superior en el cas del gasoil), i l’electricitat (que havia augmentat el novembre de l’any passat un 46,7% anual, sobretot per l’increment del preu del gas natural i el mecanisme de fixació del preu). Per això -ens diuen- la inflació subjacent (és a dir, la que es calcula excloent-ne els preus dels aliments i l’energia), va estar el 2021 en un 2,1%. El preu dels aliments hauria pujat, segons les dades de COAG, un 4,56% el 2021.

Els economistes al servei del capital ens diuen que aquesta pujada de la inflació serà transitòria. Així, José E. Boscá, investigador associat de Fedea i catedràtic de la Universitat de València, explicava a l’Economista que preveu “un nivell de preus elevat fins a l’estiu, quan començaran a moderar-se”. I la Funcas diu que les taxes de l’IPC es mantindran per sobre del 5% els primers mesos d’aquest any abans de moderar-se.

Basant-se en aquestes dades,els mateixos economistes adverteixen contra el “perill” que suposaria traslladar aquestes pujades als salaris, perquè segons ells, això “consolidaria la inflació”. Millor, recomanen, que els treballadors i treballadores facin un sacrifici “uns mesos”, perquè després la inflació torni a la llera. O que les pujades salarials es basin no a l’IPC final, sinó a la pujada de l’IPC “mitjà” el 2021, que va estar al 3,1%.

Una proposta que es basaria en la confiança en les prediccions d’aquests economistes mercenaris, prediccions que cada dia xoquen més amb la realitat, i que ja alguns posen en dubte. Per exemple, el vicepresident del BCE, Luis de Guindos, va deixar caure la setmana passada un canvi de missatge subtil de l’organisme sobre el caràcter de la inflació, quan va dir que “potser l’alta inflació no és tan transitòria com preveíem fa uns mesos”. De fet, l’IPC subjacent ha pujat al gener 3 dècimes, per posar-se al 2,4%. A més, la guerra d’Ucraïna augura un augment encara més gran dels preus del gas -i, per tant, de l’electricitat- , i probablement sostingut en el temps.

Ha faltat poc al govern per boca de Sánchez després de la reunió (aquest dijous 24 de febrer) del Consell de Seguretat Nacional presidit pel rei, per precisar que serem els treballadors i els pobles d’Espanya víctimes de la guerra. És clar, res comparable al poble rus i ucrani que posen els morts. Però l’anunci de nous sacrificis, com a conseqüència de l’augment massiu dels preus i del rearmament en detriment de les despeses socials, és una ocasió d’or per al capital financer i el govern “executa”.

Els treballadors i els pobles quan diem NO a la Guerra, diem no a les conseqüències en vides i en atacs socials. La guerra només beneficia els monopolis , el capital i els que els serveixen

Tot sembla indicar que allò que ens diuen i repeteixen sobre el caràcter conjuntural de la inflació és només propaganda. Per exemple el mes de gener, és a dir passades festes, quan normalment cauen els preus, oficialment la inflació està al 6,1%.

En segon lloc, els aliments ocupen un percentatge més gran de la compra de les classes treballadores, sobretot les que tenen menors salaris, i els combustibles suposen una part important de la despesa de la població treballadora, que en molts casos s’ha vist expulsada de les ciutats i ha d’anar a la seva feina en cotxe.

Recórrer a la inflació mitjana com a mesura de les pujades salarials sens dubte tranquil·litzarà els capitalistes, que reclamen una vegada i una altra moderació, però que, mentrestant, repercuteixen la pujada del 6,5% en els preus finals dels seus productes.

Mentre l’IPC anual ha pujat un 6,5%, l’IPC “mitjà” un 3,1%, l’IPC “subjacent” ja va pel 2,4%, i l’IPC dels aliments ha pujat més del 5% ,els salaris pactats en conveni van pujar de mitjana un 1,47% fins a desembre de 2021. La pujada de salaris queda, fins i tot, per sota de les directrius acordades a l’Acord Interconfederal per a l’Ocupació i Negociació Col·lectiva (AENC) 2018-2020, que proposava pujades salarials del 2%, al qual es podia sumar un punt percentual lligat a la productivitat, els resultats empresarials i l’absentisme laboral. Es prengui l’instrument de mesura que es prengui, el poder de compra dels salaris ha caigut i segueix caient.

I són molt pocs els convenis que tenen una revisió de la pujada salarial segons l’IPC. Dels 2.886 convenis signats el 2021, només el 15,8% (456) tenia una clàusula de garantia salarial segons l’IPC real, i només 354 consideren que aquesta s’apliqui amb efectes retroactius. Cal recordar que, a l’últim Acord Interconfederal per a la Negociació Col·lectiva (AENC), els dirigents d’UGT i CCOO van acceptar que no s’incloguessin clàusules de revisió. Això s’ha complert rigorosament, i, per contra, la pujada “recomanada” del 2-3% no s’ha complert. Una dada per retenir a l’hora de fer balanç dels ANC.

Però, fins i tot, on hi ha clàusula de revisió, cal veure si es compleix. Vegem el cas de la fábrica de Ford a Almusafes, on l’empresa ha demanat als treballadors que renunciïn a la revisió salarial, si volen que l’empresa els assigni la fabricació de nous models. O el conveni de la Dependència, on la patronal es nega a aplicar la pujada del 6,5%, que segons el text del conveni estava condicionada al fet que el PIB pugés més del 2%, al·legant que les xifres del PIB definitiu no es publiquen fins al 25 de març. Mentrestant, les empreses preparen massives inaplicacions del conveni, aprofitant que la reforma laboral “històrica” va deixar sense tocar aquest mecanisme a les mans dels patrons (Article 82 de l’Estatut dels Treballadors). El mateix pot passar en altres sectors.

El parany de la inflació mitjana

Durant decennis, les clàusules de revisió dels convenis col·lectius, que existien de manera generalitzada fins al 2008, es basaven a l’IPC real de final d’any. Ara hi ha tota una ofensiva perquè la referència per a les pujades salarials sigui l’IPC mitjà. El que està darrere d’aquesta pretensió no és res més que el fet que, mentre la pujada de l’IPC anual a 31 de desembre de 2021 ha estat del 6,5%, la pujada mitjana de l’IPC al llarg de l’any va ser del 3,1%. Són 3,4 punts de diferència.

Els pensionistes ja han patit les conseqüències de la proposta. Fins i tot la reforma de pensions de Rajoy (2013), s’aplicava a les pensions l’actualització a la inflació real anual, mesurada el 30 de novembre. Amb aquesta norma, les pensions s’haurien d’haver actualitzat en un 5,5%.

La Reforma de les pensions del ministre Escrivà, pactada amb els sindicats, i que suposadament derogava la reforma del 2013, en lloc de recuperar aquest mètode de revaloració, fa que s’apliqui la pujada mitjana de l’IPC en aquest període (un 2,5% ). Per tant, els pensionistes perden, entre el novembre del 2020 i el novembre del 2021, un 3% del valor de les seves pensions respecte a la norma anterior.

Alguns dirigents sindicals ja advoquen per eliminar la referència a l’IPC real i prendre com a referència l’IPC mitjà (vegeu, sobre això, l’Informe presentat pel secretari general de CCOO davant del Consell Confederal del Sindicat). Seria acceptar, d’entrada, una pèrdua del 3,4% de poder adquisitiu.

Les pujades dels empleats públics i de l’SMI

El govern de coalició treu pit amb les pujades de l’SMI. Però aquest, el 2022, va pujar tan sols un 1,58%, amb efectes des del setembre (i no des del gener). Això suposa per al milió i mig de treballadors i treballadores afectats una pèrdua de poder de compra d’un 5,12% considerant les xifres de final de l’any. El 2022 ha pujat un 3,63%, cosa que deixa sense recuperar el poder adquisitiu perdut. I ni tan sols cobreix les previsions d’inflació per a aquest any, que el Banc d’Espanya situa al 3,7%.

L’anomenat Ingrés Mínim Vital (IMV), les pensions mínimes i les no contributives es revaloritzaran un 3% el 2022, també per sota de la inflació prevista pel BdE. Les pensions contributives, mig punt menys.

Pitjor és la situació dels empleats públics, a qui el Govern va imposar, sense cap negociació amb els sindicats, una pujada del 0,9% el 2021, que ha suposat una pèrdua de poder adquisitiu del 5,6%. Per al 2022, el Govern ha imposat, en una nova cacicada sense cap negociació, una pujada del 2%, és a dir, 1,7% menys que la inflació prevista pel BdE. Acumularien, en només dos anys, una pèrdua del 7,3% dels salaris reals.

Com assenyalem en una nostra Carta Setmanal 870, del 17 al 23 de gener de 2022 (que recomanem rellegir http://posicuarta.org/cartasblog/en-defensa-del-poder-de-compra-de-salarios-y-pensiones/ ), la pèrdua del poder de compra dels salaris ve de lluny. Un 10,1% entre el 2007 i el 2020. I la participació dels salaris a la Renda Nacional ha caigut – d’acord amb AMECO (UE)- d’un 67,5% el 1978 a un 60,4% el 1985i un 52, 8% el 2018, últim any abans de la pandèmia.

Mobilització unida per la recuperació del poder de compra dels salaris!

Molts convenis, per exemple el del metall de Barcelona, ​​han arribat a la seva caducitat. Aquest afecta 200.000 treballadors. La patronal es nega a actualitzar les taules salarials (aquest dilluns 21 ja hi va haver una concentració sindical davant de l’oficina de la patronal catalana). La pèrdua de poder adquisitiu dels salaris -com a mitjà de “combatre” la inflació- serà la política de la Patronal, afavorida pels organismes internacionals -l’FMI i la UE- que no van dubtar a felicitar el govern per la reforma laboral , però li exigeixen continuar les reformes, en particular les pensions (pels seus “excessius costos” -per això la petició d’augmentar a 35 anys el còmput de la pensió) i augmentar l’IVA o sigui els impostos indirectes que, a causa del seu caràcter no proporcional a la riquesa personal, castiguen especialment l’ingrés de la classe treballadora.

Com hem assenyalat, tota la classe treballadora ha estat colpejada per la carestia de la vida. En especial, els treballadors amb salaris més baixos, que han de gastar un percentatge més gran dels seus salaris en alimentació, combustibles i energia.

Han estat colpejats tots els components de la classe treballadora: pensionistes, empleats públics, i laborals (amb salaris de conveni o amb l’SMI), aturats, i en general tots aquells els salaris dels quals no es revaloritzin almenys amb l’augment de la inflació.

Mentre les direccions d’UGT i CCOO parlen d’un nou ANC amb pujades del voltant del 3%, amb clàusula de revisió o sense, molts es pregunten: No seria hora d’organitzar la mobilització unida de tots aquests sectors de la classe treballadora en defensa una pujada del 6,5%?

Potser és una petició excessiva, com diran alguns? No, és el que és estrictament necessari per no perdre més poder de compra, perquè les condicions de vida de treballadores i treballadors no empitjorin per aquesta via. La lluita pel poder de compra ha de ser, per tant, un eix de les mobilitzacions necessàries per les reivindicacions de la classe treballadora, conjuntament amb la d’una auditoria efectiva dels comptes de la Seguretat Social -que faci el Tribunal de Comptes, a la línia plantejada per la COESPE-, i amb la de la plena derogació de les reformes laborals del 2010 i 2012, com planteja la campanya que impulsa el CATP.

En defensa del poder de compra de salarios y pensiones

Carta Semanal 871 en catalán

Carta Semanal 871 para descargar en PDF

Las cifras del IPC publicadas por el Instituto Nacional de Estadística indican que éste ha sufrido un subida del 6,5%. Si vamos a la inflación media, ésta fue del 3,1%. Los alimentos, que forman parte más importante de la compra de la población trabajadora que otros conceptos, han subido un 5%. Sin embargo, los salarios pactados en convenio subieron de media un 1,47% hasta diciembre de 2021. La subida de salarios queda, incluso, por debajo de las directrices acordadas en el Acuerdo Interconfederal para el Empleo y Negociación Colectiva (AENC) 2018-2020, que proponía subidas salariales del 2%, al que podía sumarse un punto porcentual ligado a la productividad, los resultados empresariales y el absentismo laboral.

Además, de los 2.886 convenios firmados en 2021, sólo el 15,8% (456) tenía una cláusula de garantía salarial según el IPC real,  y, de ellos, sólo 354 contemplan que ésta se aplique con efectos retroactivos.

Es decir, que los asalariados de este país han sufrido en 2021 una pérdida importante del poder de compra de sus salarios (es decir, de sus salarios reales). Para 5 de cada 6 asalariados, va a haber una pérdida del poder de compra de sus salarios reales, que se cifra, nada menos, en un 5% tomando el aumento del IPC acumulado durante el año, pero también hay pérdida, de más de 1,6%, si se toma el IPC medio.

Además, los patronos se resisten con uñas y dientes a reconocer las cláusulas de revisión donde están firmadas. Por ejemplo, en la factoría de Ford en Almusafes, la empresa ha pedido a los trabajadores que renuncien a la revisión salarial, si quieren que la empresa les asigne la fabricación de nuevos modelos. El chantaje supondría renunciar a una media de 2.600 euros anuales por trabajador, a cambio de mantener los empleos. Otro ejemplo que conocemos es el de un hospital de Sevilla, donde la dirección ha anunciado al comité de empresa que va a iniciar un procedimiento de inaplicación de convenio para no pagar la revisión salarial (recordemos que la inaplicación de convenio por decisión unilateral de la empresa no ha sido tocada en el acuerdo “histórico” sobre la reforma laboral). Sigue leyendo

En defensa del poder de compra de salaris i pensions

Carta Setmanal 870 per descarregar en PDF

Les xifres de l’IPC publicades per l’Institut Nacional d’Estadística indiquen que aquest ha patit una pujada del 6,5%. Si anem a la inflació mitjana, aquesta va ser del 3,1%. Els aliments, que formen part més important de la compra de la població treballadora que d’altres conceptes, han pujat un 5%. Tot i això, els salaris pactats en conveni van pujar de mitjana un 1,47% fins al desembre de2021. La pujada de salaris queda,fins i tot, per sota de les directrius acordades a l’Acord Interconfederal per a l’Ocupació i Negociació Col·lectiva (AENC) 2018- 2020, que proposava pujades salarials del 2%, al qual es podia sumar un punt percentual lligat a la productivitat, els resultats empresarials i l’absentisme laboral.

A més, dels 2.886 convenis signats el 2021, només el 15,8% (456) tenia una clàusula de garantia salarial segons l’IPC real, i només 354 consideren que aquesta s’apliqui amb efectes retroactius.

És a dir, que els assalariats d’aquest país han patit el 2021 una pèrdua important del poder de compra dels seus salaris (és a dir, dels seus salaris reals). Per a 5 de cada 6 assalariats, hi haurà una pèrdua del poder de compra dels seus salaris reals, que es xifra, ni més ni menys, en un 5% prenent l’augment de l’IPC acumulat durant l’any, però també hi ha pèrdua, de més de 1,6% si es pren l’IPC mitjà.

A més, els patrons es resisteixen amb dents i ungles a reconèixer les clàusules de revisió on estan signades. Per exemple, a la factoria de Ford a Almusafes, l’empresa ha demanat als treballadors que renunciïn a la revisió salarial, si volen que l’empresa els assigni la fabricació de nous models. El xantatge suposaria renunciar a una mitjana de 2.600 euros anuals per treballador, a canvi de mantenir les feines. Un altre exemple que coneixem és un hospital de Sevilla, on la direcció ha anunciat al comitè d’empresa que iniciarà un procediment d’inaplicació de conveni per no pagar la revisió salarial (recordem que la inaplicació de conveni per decisió unilateral de l’empresa no ha estat tocada a l’acord “històric” sobre la reforma laboral).

Les pujades que depenen del Govern

En els casos en què la pujada salarial depèn directament del Govern, la situació és igualment greu. El salari mínim va pujar el 2021 un 1,55%, amb efectes des del setembre (i no des del gener). La pèrdua és d’un 4,95% considerant les xifres de final de l’any (també pèrdua considerant l’IPC mitjà, en aquest cas del 1,55%). Pel que fa als empleats públics, el Govern els ha imposat, per al 2021, una pujada del 0,9%, que suposa una pèrdua de poder adquisitiu del 5,6%. Per al 2022, el Govern ha imposat, en una cacicada, sense cap negociació, una pujada del 2%.

Cal assenyalar que els únics empleats públics que mantenen, o fins i tot milloren el seu poder adquisitiu són els policies i guàrdies civils, els sous dels quals han pujat una mitjana del 21,5% entre el 2018 i el 2021. Diu molt d’un govern que redueix els salaris reals dels sanitaris, els ensenyants o els bombers, i premia només els cossos repressius.

Pel que fa al salari diferit dels pensionistes, el 2021 el govern els aplicarà una pujada total del 2,5%. La Reforma de les pensions del ministre Escrivá, pactada amb les direccions dels sindicats CCOO i UGT, fa que, en lloc d’aplicar-se la pujada real de l’IPC entre el desembre del 2020 i el novembre del 2021 (un 5,5%), s’apliqui la pujada mitjana de l’IPC en aquest període (un 2,5%). Per tant, els pensionistes perden, entre el novembre del 2020 i el novembre del 2021, un 3% del valor de les seves pensions.

El conjunt de la classe treballadora ha perdut, per tant, el 2021 poder adquisitiu dels seus salaris en una quantia fins i tot superior al 5% en alguns casos.

El Govern podria, sens dubte, haver aturat aquesta rebaixa generalitzada dels salaris reals, intervenint davant de les pujades desorbitades dels preus. Els aliments han pujat un 3,3% de mitjana. La gasolina ha pujat un 24%, el dièsel un 25%. La llum, un 46,7%. Però, en lloc d’actuar, ha decidit respectar la sacrosanta “llibertat dels mercats”. Pel que fa a l’electricitat, l’únic que ha fet és baixar els impostos que la graven, diners que faltaran per a la sanitat, l’ensenyament, els serveis públics.

La classe treballadora que es mobilitza pel manteniment del poder de compra dels salaris no ha rebut cap suport del govern. Per contra, els metal·lúrgics de Cadis, la vaga dels quals era, bàsicament, per motius salarials, van ser durament reprimits, amb bales de goma, gasos lacrimògens i fins i tot el passeig intimidatori d’una tanqueta per les barriades obreres. Després de finalitzar la vaga, la persecució ha continuat, amb les detencions de diversos treballadors, en operacions amb ampli –i innecessari– desplegament policial seguides d’una campanya de calúmnies per part de la policia pròpia del franquisme més ranci.

Una pèrdua de poder adquisitiu que ve de lluny

Fa anys que els salaris perden poder de compra. Segons dades de l’Agència Tributària, el creixement mitjà ha estat del 10,2% entre el 2007 i el 2020 –inclosos treballadors públics i privats, així com directius i empleats rasos, més vulnerables a l’acomiadament quan ve una crisi–, mentre que en aquest període la inflació va repuntar, segons l’INE, un 20,3%, pràcticament el doble.

El 2007, el salari mitjà anual més baix era a l’hostaleria amb 14.000 euros, un 31% per sota de la mitjana. El 2019, darrer any de què es disposa aquesta dada, amb prou feines havia pujat a 14.561 euros anuals, i la seva distància amb la mitjana s’havia engrandit al 40%.

La participació dels salaris a la Renda Nacional era de més del 60% el 1985, del 55,6% el 1990, el 53,5% l’any 2000, el 50,2% el 2010, del 46% el 2018.

En paral·lel, la rendibilitat del capital no ha deixat de créixer: els que estan al costat oposat de l’escala, els més acabalats, han vist com les inversions a Borsa –els parquets internacionals ja valen el doble que en el pitjor moment de la pandèmia – i, sobretot, el totxo, no ha deixat de créixer.

Les reformes laborals dels diferents governs han estat el principal instrument del capital per imposar aquestes rebaixes salarials. I, tanmateix, el recent acord deixa intactes totes elles, i només modifica alguns aspectes de la de Rajoy, deixant a les mans de la patronal nombrosos instruments de “flexibilitat” que els permeten oposar-se a la recuperació dels salaris i imposar noves rebaixes. A hores d’ara, la prioritat del Govern és imposar la convalidació parlamentària de l’acord. L’interès de la classe treballadora és que aquesta reforma no sigui aprovada.

Tots els defensors del capital, contra la pujada de salaris

Treballadors i pensionistes es plantegen, ara, com recuperar el poder de compra dels seus salaris i pensions. Contra aquesta pretensió legítima s’han aixecat en tromba els defensors dels interessos del capital financer. Els economistes, les institucions i els mitjans de comunicació al servei del capital carreguen contra una eventual pujada de salaris, perquè segons ells, obriria una “espiral de pujada” de salaris i preus. És a dir, que proposen que la classe treballadora sacrifiqui els seus salaris reals fins i tot més del 5% “pel bé comú”, tot esperant que els preus baixin. Cap d’aquests hipòcrites defensa una baixada per llei dels preus, que evitaria aquesta suposada “espiral”.

La patronal CEOE ha defensat que una pujada salarial “desmesurada” generaria atur i tornaria permanent un fenomen com la inflació, que ara consideren transitori. La mateixa opinió que fa mesos que repeteix el Banc Central Europeu.

Tampoc no sembla que els principals dirigents d’UGT i CCOO estiguin per la feina. Chema Martínez, secretari general de la Federació de Serveis de CCOO, opinava que no cal acompanyar la pujada de la inflació pujant els salaris al mateix nivell en un moment en què està disparada, “però sí garantir que els salaris recuperin poder adquisitiu en un horitzó de dos o tres anys vista”, quan els preus es podrien moderar.

Per part seva, el secretari general d’UGT, Pepe Álvarez, reclamava al Govern “que s’estalviï consells: no pot demanar als ciutadans que no es traslladi la inflació als salaris, no els pot demanar que puguin comprar menys, posar menys temps la calefacció perquè els seus salaris perden poder adquisitiu, quan el pes de l’energia ja ho estem pagant tots, i el de l’alimentació, no es pot demanar que no repercuteixin en els salaris els increments de la inflació”. Però després de dir que l’augment dels salaris ha de tenir relació amb la inflació, ara del 6,7%, no es tracta de reclamar aquesta pujada, sinó que “el marge el donarà la clàusula de revisió salarial”, una clàusula “pura “, “retroactiva”, que, segons la seva opinió, “no pot inquietar” els que defensen que la inflació desbocada és transitòria però que donarà certesa als treballadors si aquesta puja. I proposa una xifra d’alça salarial basada en la inflació mitjana del 2021, del 3,1% amb aquesta clàusula de revisió. En tot cas, el que Álvarez proposa seria perdre diners ara amb l’esperança de recuperar-los després.
Paguen els salaris com paguen les pensions amb l’acord que han signat.

La mobilització per una pujada generalitzada de salaris, una necessitat

A Alemanya, on la inflació el 2021 ha estat del 4,7% – gairebé dos punts menys que a Espanya– la classe treballadora ha iniciat un moviment de vagues per exigir pujades salarials. El sindicat IG Metall, el més gran d’Europa, ha dit que “els treballadors només volen la part del pastís que els correspon”. Un moviment similar es desenvolupa als EUA. Els sindicats espanyols haurien de prendre exemple. Per a la classe treballadora, que viu de vendre la seva força de treball a canvi d’un salari, una pujada generalitzada dels salaris i pensions és imprescindible, que, en primer lloc recuperi el poder de compra perdut tots aquests anys i, en segon lloc garanteixi salaris reals dignes per a tots.

Ante las próximas elecciones andaluzas

(publicado en la Carta Semanal 514)

Carta-514Hace tres años los trabajadores y el pueblo de Andalucía dieron la mayoría a los partidos que se reclamaban de la defensa de los trabajadores, y sobre la base de esa mayoría, el PSOE e Izquierda Unida formaron gobierno en Andalucía. En aquel momento 1700 trabajadores firmaron una carta a los parlamentarios de IU y del PSOE en la que se decía: “el mandato electoral del pueblo andaluz os obliga a defender los servicios públicos, sin aceptar los recortes que pretende imponer Rajoy para contentar a Bruselas y a los mercados financieros. Que hagáis una política socialista, una política de izquierdas que no acepte las imposiciones de los mercados”.

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El derecho a la negociación colectiva está en peligro

(publicado en la Carta Semanal nº 420)

Carta Semanal 420Cuando se implantó el euro –los billetes y monedas empezaron a circular en enero del 2002–, eliminando las monedas nacionales y la posibilidad de devaluación, el presidente del Bundesbank (banco central de Alemania) Hans Tietmeyer, señaló que a partir de ese momento el único mecanismo de ajuste sería el valor de la fuerza de trabajo. La adopción de una moneda única en un área con gran disparidad de niveles de productividad, salarios e inflación conduce, necesariamente, a una carrera por la competitividad mediante la rebaja de  salarios.

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