Carta Semanal 876 en catalán
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Según los datos oficiales, publicados por el Instituto Nacional de Estadística, el IPC ha tenido, en 2021, una subida del 6,5%. La mayoría de los expertos atribuyen esa subida a los desmesurados incremento de los precios de los carburantes (un 23,3% para el caso de la gasolina y un 24,14% superior en el caso del gasóleo), y la electricidad (que había aumentado en noviembre del año pasado un 46,7% anual, debido sobre todo al incremento del precio del gas natural y al mecanismo de fijación del precio). Por eso -nos dicen- la inflación subyacente (es decir, la que se calcula excluyendo los precios de los alimentos y la energía), estuvo en 2021 en un 2,1%. El precio de los alimentos habría subido, según los datos de COAG, un 4,56% en 2021.
Los economistas al servicio del capital nos dicen que esa subida de la inflación va a ser transitoria. Así, José E. Boscá, investigador asociado de Fedea y catedrático de la Universidad de Valencia, explicaba en el Economista que prevé “un nivel de precios elevado hasta verano, cuando comenzarán a moderarse”. Y la Funcas dice que las tasas del IPC se mantendrán por encima del 5% en los primeros meses de este año antes de moderarse.
Basándose en esos datos, los mismos economistas advierten contra el “peligro” que supondría trasladar esas subidas a los salarios, porque según ellos, eso “consolidaría la inflación”. Mejor, recomiendan, que los trabajadores y trabajadoras hagan un sacrificio “unos meses”, para que luego la inflación vuelva a su cauce. O que las subidas salariales se basen no en el IPC final, sino en la subida del IPC “medio” en 2021, que estuvo en el 3,1%.
Una propuesta que se basaría en la confianza en las predicciones de esos economistas mercenarios, predicciones que cada día chocan más con la realidad, y que ya alguno de ellos pone en duda. Por ejemplo, el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, dejó caer la semana pasada un sutil cambio de mensaje del organismo sobre el carácter de la inflación, cuando dijo que “quizás la alta inflación no sea tan transitoria como preveíamos hace unos meses”. De hecho, el IPC subyacente ha subido en enero 3 décimas, para ponerse en el 2,4%. Además, la guerra de Ucrania augura un aumento aún mayor de los precios del gas -y, por tanto, de la electricidad- , y probablemente sostenido en el tiempo.
Le ha faltado poco al gobierno por boca de Sánchez después de la reunión (este jueves 24 de febrero) del Consejo de Seguridad Nacional presidido por el rey, para precisar que seremos los trabajadores y los pueblos de España víctimas de la guerra. Claro está, nada comparable al pueblo ruso y ucranio que ponen los muertos. Pero el anuncio de nuevos sacrificios, como consecuencia del aumento masivo de los precios y del rearme en detrimento de los gastos sociales, es una ocasión de oro para el capital financiero y el gobierno “ejecuta”.
Los trabajadores y los pueblos cuando decimos NO a la Guerra, decimos no a sus consecuencias en vidas y en ataques sociales. La guerra sólo beneficia a los monopolios , al capital y los que les sirven
Todo parece indicar que lo que nos dicen y repiten sobre el carácter coyuntural de la inflación es solo propaganda. Por ejemplo el mes de enero, o sea pasadas fiestas, cuando normalmente caen los precios, oficialmente la inflación está al 6,1 por cien.
En segundo lugar, los alimentos ocupan un porcentaje mayor de la compra de las clases trabajadoras, sobre todo las que tiene menores salarios, y los combustibles suponen una parte importante del gasto de la población trabajadora, que en muchos casos se ha visto expulsada de las ciudades y tiene que ir a su trabajo en su coche.
Recurrir a la inflación media como medida de las subidas salariales sin duda tranquilizará a los capitalistas, que reclaman una y otra vez moderación, pero que, mientras tanto, repercuten la subida del 6,5% en los precios finales de sus productos.
Mientras el IPC anual ha subido un 6,5%, el IPC “medio” un 3,1%, el IPC “subyacente” va ya por el 2,4%, y el IPC de los alimentos ha subido más del 5%, los salarios pactados en convenio subieron de media un 1,47% hasta diciembre de 2021. La subida de salarios queda, incluso, por debajo de las directrices acordadas en el Acuerdo Interconfederal para el Empleo y Negociación Colectiva (AENC) 2018-2020, que proponía subidas salariales del 2%, al que podía sumarse un punto porcentual ligado a la productividad, los resultados empresariales y el absentismo laboral. Se tome el instrumento de medida que se tome, el poder de compra de los salarios ha caído y sigue cayendo.
Y son muy pocos los convenios que tienen una revisión de su subida salarial según el IPC. De los 2.886 convenios firmados en 2021, sólo el 15,8% (456) tenía una cláusula de garantía salarial según el IPC real, y, de ellos, sólo 354 contemplan que ésta se aplique con efectos retroactivos. Hay que recordar que, en el último Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva (AENC), los dirigentes de UGT y CCOO aceptaron que no se incluyeran cláusulas de revisión. Esto se ha cumplido a rajatabla, y, por contra, la subida “recomendada” del 2-3% no se ha cumplido. Un dato para retener a la hora de hacer balance de los ANC.
Pero, incluso, donde hay cláusula de revisión, está por ver si se cumple. Veamos el caso de la fábrica de Ford en Almusafes, donde la empresa ha pedido a los trabajadores que renuncien a la revisión salarial, si quieren que la empresa les asigne la fabricación de nuevos modelos. O el convenio de la Dependencia, donde la patronal se niega a aplicar la subida del 6,5%, que según el texto del convenio estaba condicionada a que el PIB subiera más del 2%, alegando que las cifras del PIB definitivo no se publican hasta el 25 de marzo. Entretanto, las empresas preparan masivas inaplicaciones del convenio, aprovechando que la reforma laboral “histórica” dejó sin tocar ese mecanismo en manos de los patronos (Artículo 82 del Estatuto de los Trabajadores). Lo mismo puede ocurrir en otros sectores.
La trampa de la inflación media
Durante decenios, las cláusulas de revisión de los convenios colectivos, que existían de manera generalizada hasta 2008, se basaban en el IPC real de final de año. Ahora hay toda una ofensiva para que la referencia para las subidas salariales sea el IPC medio. Lo que está detrás de esa pretensión no es otra cosa que el hecho de que, mientras la subida del IPC anual a 31 de diciembre de 2021 ha sido del 6,5%, la subida media del IPC a lo largo del año fue del 3,1%. Son 3,4 puntos de diferencia.
Los pensionistas ya han sufrido las consecuencias de esta propuesta. Hasta la reforma de pensiones de Rajoy (2013), se aplicaba a las pensiones la actualización a la inflación real anual, medida a 30 de noviembre. Con esa norma, las pensiones deberían haberse actualizado en un 5,5%.
La Reforma de las pensiones del ministro Escrivá, pactada con los sindicatos, y que supuestamente derogaba la reforma de 2013, en lugar de recuperar este método de revalorización, hace que se aplique la subida media del IPC en ese periodo (un 2,5%). Por tanto, los pensionistas pierden, entre noviembre de 2020 y noviembre de 2021, un 3% del valor de sus pensiones con respecto a la norma anterior.
Algunos dirigentes sindicales ya abogan por eliminar la referencia al IPC real y tomar como referencia el IPC medio (véase, a este respecto, el Informe presentado por el Secretario General de CCOO ante el Consejo Confederal del Sindicato). Sería aceptar, de entrada, una pérdida del 3,4% de poder adquisitivo.
Las subidas de los empleados públicos y del SMI
El gobierno de coalición saca pecho con las subidas del SMI. Pero éste, en 2022, subió tan sólo un 1,58%, con efectos desde septiembre, (y no desde enero). Lo que supone para el millón y medio de trabajadores y trabajadoras afectados una pérdida de poder de compra de un 5,12% considerando las cifras de final del año. En 2022 ha subido un 3,63%, lo que deja sin recuperar el poder adquisitivo perdido. Y ni siquiera cubre las previsiones de inflación para este año, que el Banco de España sitúa en el 3,7%.
El llamado Ingreso Mínimo Vital (IMV), las pensiones mínimas y las no contributivas se revalorizarán un 3% en 2022, también por debajo de la inflación prevista por el BdE. Las pensiones contributivas, medio punto menos.
Peor es la situación de los empleados públicos, a quienes el Gobierno impuso, sin negociación alguna con los sindicatos, una subida del 0,9% en 2021, que ha supuesto una pérdida de poder adquisitivo del 5,6%. Para 2022, el Gobierno ha impuesto, en una nueva cacicada sin negociación alguna, una subida del 2%, o sea, 1,7% menos que la inflación prevista por el BdE. Acumularían, en sólo dos años, una pérdida del 7,3% de sus salarios reales.
Como señalamos en una nuestra Carta Semanal N.º 870, Del 17 al 23 de enero de 2022 (que recomendamos releer http://posicuarta.org/cartasblog/en-defensa-del-poder-de-compra-de-salarios-y-pensiones/ ), la pérdida del poder de compra de los salarios viene de lejos. Un 10,1% entre 2007 y 2020. Y la participación de los salarios en la Renta Nacional ha caído – de acuerdo a AMECO (UE)- de un 67,5% en 1978 a un 60,4% en 1985y un 52,8% en 2018, último año antes de la pandemia.
¡Movilización unida por la recuperación del poder de compra de los salarios!
Muchos convenios, por ejemplo el del metal de Barcelona, han llegado a su caducidad. Este afecta a 200.000 trabajadores. La patronal se niega a actualizar las tablas salariales (este lunes 21 ya hubo una concentración sindical frente a la oficina de la patronal catalana). La pérdida de poder adquisitivo de los salarios -como medio de “combatir” la inflación- va a ser la política de la Patronal, auspiciada por los organismos internacionales -el FMI y la UE- que no dudaron en felicitar al gobierno por la reforma laboral, pero le exigen continuar las reformas, en particular las pensiones (por sus “excesivos costes” -de ahí la petición de aumentar a 35 años el cómputo de la pensión) y aumentar el IVA o sea los impuestos indirectos que, debido a su carácter no proporcional a la riqueza personal, castigan especialmente al ingreso de la clase trabajadora.
Como hemos señalado, toda la clase trabajadora ha sido golpeada por la carestía de la vida. En especial, los trabajadores con salarios más bajos, que deben gastarn un porcentaje mayor de sus salarios en alimentación, combustibles y energía.
Han sido golpeados todos los componentes de la clase trabajadora: pensionistas, empleados públicos, y laborales (con salarios de convenio o con el SMI), desempleados, y en general todos aquellos cuyos salarios no se revaloricen al menos con el aumento de la inflación.
Mientras las direcciones de UGT y CCOO hablan de un nuevo ANC con subidas de alrededor del 3%, con o sin cláusula de revisión, muchos se preguntan: ¿No sería hora de organizar la movilización unida de todos esos sectores de la clase trabajadora en defensa de una subida del 6,5%?
¿Acaso es una petición excesiva, como dirán algunos? No, es lo estrictamente necesario para no perder más poder de compra, para que las condiciones de vida de trabajadoras y trabajadores no empeoren por esta vía. La lucha por el poder de compra debe ser, por tanto, un eje de las necesarias movilizaciones por las reivindicaciones de la clase trabajadora, conjuntamente con la de una efectiva auditoría de las cuentas de la Seguridad Social -que realice el Tribunal de Cuentas, en la línea planteada por la COESPE-, y con la de la plena derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012, como plantea la campaña que impulsa el CATP.