Carta Semanal 871 en catalán

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Las cifras del IPC publicadas por el Instituto Nacional de Estadística indican que éste ha sufrido un subida del 6,5%. Si vamos a la inflación media, ésta fue del 3,1%. Los alimentos, que forman parte más importante de la compra de la población trabajadora que otros conceptos, han subido un 5%. Sin embargo, los salarios pactados en convenio subieron de media un 1,47% hasta diciembre de 2021. La subida de salarios queda, incluso, por debajo de las directrices acordadas en el Acuerdo Interconfederal para el Empleo y Negociación Colectiva (AENC) 2018-2020, que proponía subidas salariales del 2%, al que podía sumarse un punto porcentual ligado a la productividad, los resultados empresariales y el absentismo laboral.

Además, de los 2.886 convenios firmados en 2021, sólo el 15,8% (456) tenía una cláusula de garantía salarial según el IPC real,  y, de ellos, sólo 354 contemplan que ésta se aplique con efectos retroactivos.

Es decir, que los asalariados de este país han sufrido en 2021 una pérdida importante del poder de compra de sus salarios (es decir, de sus salarios reales). Para 5 de cada 6 asalariados, va a haber una pérdida del poder de compra de sus salarios reales, que se cifra, nada menos, en un 5% tomando el aumento del IPC acumulado durante el año, pero también hay pérdida, de más de 1,6%, si se toma el IPC medio.

Además, los patronos se resisten con uñas y dientes a reconocer las cláusulas de revisión donde están firmadas. Por ejemplo, en la factoría de Ford en Almusafes, la empresa ha pedido a los trabajadores que renuncien a la revisión salarial, si quieren que la empresa les asigne la fabricación de nuevos modelos. El chantaje supondría renunciar a una media de 2.600 euros anuales por trabajador, a cambio de mantener los empleos. Otro ejemplo que conocemos es el de un hospital de Sevilla, donde la dirección ha anunciado al comité de empresa que va a iniciar un procedimiento de inaplicación de convenio para no pagar la revisión salarial (recordemos que la inaplicación de convenio por decisión unilateral de la empresa no ha sido tocada en el acuerdo “histórico” sobre la reforma laboral).

Las subidas que dependen del Gobierno

En los casos en que la subida salarial depende directamente del Gobierno, la situación es igualmente grave. El salario mínimo subió en 2021 un 1,55%, con efectos desde septiembre, (y no desde enero). La pérdida es de un 4,95% considerando las cifras de final del año (también pérdida considerando el IPC medio, en este caso del 1,55%). En cuanto a los empleados públicos, el Gobierno les ha impuesto, para 2021, una subida del 0,9%, que supone una pérdida de poder adquisitivo del 5,6%. Para 2022, el Gobierno ha impuesto, en una cacicada, sin negociación alguna, una subida del 2%.

Hay que señalar que los únicos empleados públicos que mantienen, o incluso mejoran su poder adquisitivo son los policías y guardias civiles, cuyos sueldos han subido una media del 21,5% entre 2018 y 2021. Dice mucho de un gobierno que reduce los salarios reales de los sanitarios, los enseñantes o los bomberos, y premia sólo a los cuerpos represivos.

En cuanto al salario diferido de los pensionistas, en 2021 el gobierno les va a aplicar una subida total del 2,5%. La Reforma de las pensiones del ministro Escrivá, pactada con las direcciones de los sindicatos CCOO y UGT, hace que, en lugar de aplicarse la subida real del IPC entre diciembre de 2020 y noviembre de 2021 (un 5,5%), se aplique la subida media del IPC en ese periodo (un 2,5%). Por tanto, los pensionistas pierden, entre noviembre de 2020 y noviembre de 2021, un 3% del valor de sus pensiones.

El conjunto de la clase trabajadora ha perdido, por tanto, en 2021, poder adquisitivo de sus salarios en una cuantía incluso superior al 5% en algunos casos.

El Gobierno podría, sin duda, haber atajado esta rebaja generalizada de los salarios reales, interviniendo ante las subidas desorbitadas de los precios. Los alimentos han subido un 3,3% de media. La gasolina ha subido un 24%, el diésel un 25%. La luz, un 46,7%. Pero, en lugar de actuar, ha decidido respetar la sacrosanta “libertad de los mercados”. En cuanto a la electricidad, lo único que ha hecho es bajar los impuestos que la gravan, dinero de menos para la sanidad, la enseñanza, los servicios públicos.

La clase trabajadora que se moviliza por el mantenimiento del poder de compra de sus salarios no ha recibido ningún apoyo del gobierno. Por el contrario, los metalúrgicos de Cádiz, cuya huelga era, básicamente, por motivos salariales, fueron duramente reprimidos, con balas de goma, gases lacrimógenos e incluso el paseo intimidatorio de una tanqueta por las barriadas obreras. Tras finalizar la huelga, la persecución ha continuado, con las detenciones de varios trabajadores, en operaciones con amplio –e innecesario– despliegue policial seguidas de una campaña de calumnias por parte de la policía propia del más rancio franquismo.

Una pérdida de poder adquisitivo que viene de lejos

Hace años que los salarios vienen perdiendo poder de compra. Según datos de la Agencia Tributaria, su crecimiento medio ha sido del 10,2% entre 2007 y 2020 –incluidos trabajadores públicos y privados, así como directivos y empleados rasos, más vulnerables al despido cuando viene una crisis–, mientras que en ese periodo la inflación repuntó, según el INE, un 20,3%, prácticamente el doble.

En 2007, el salario medio anual más bajo estaba en la hostelería con 14.000 euros, un 31% por debajo de la media. En 2019, último año del que se dispone ese dato, apenas había subido a 14.561 euros anuales, y su distancia con la media se había agrandado al 40%.

La participación de los salarios en la Renta Nacional era de más del 60% en 1985, del 55,6% en 1990, el 53,5% en el año 2000, el 50,2% en 2010, del 46% en 2018.

En paralelo, la rentabilidad del capital no ha dejado de crecer: quienes están en el lado opuesto de la escala, los más pudientes, han visto cómo las inversiones en Bolsa –los parqués internacionales ya valen el doble que en el peor momento de la pandemia- y, sobre todo, en ladrillo, no han dejado de crecer.

Las reformas laborales de los distintos gobiernos han sido el principal instrumento del capital parar imponer estas rebajas salariales. Y, sin embargo, el reciente acuerdo deja intactas todas ellas, y sólo modifica algunos aspectos de la de Rajoy, dejando en manos de la patronal numerosos instrumentos de “flexibilidad” que les permiten oponerse a la recuperación de los salarios e imponer nuevas rebajas. En estos momentos, la prioridad del Gobierno es imponer la convalidación parlamentaria del acuerdo. El interés de la clase trabajadora es que esta reforma no sea aprobada.

Todos los defensores del capital, contra la subida de salarios

Trabajadores y pensionistas se plantean, ahora, cómo recuperar el poder de compra de sus salarios y pensiones. Contra esa legítima pretensión se han levantado en tromba los defensores de los intereses del capital financiero. Los economistas, las instituciones y los medios de comunicación al servicio del capital arremeten contra una eventual subida de salarios, porque según ellos, abriría una “espiral de subida” de salarios y precios. Es decir, que proponen que la clase trabajadora sacrifique sus salarios reales incluso más del 5% “por el bien común”, en espera de que los precios bajen. Ninguno de estos hipócritas defiende una bajada por ley de los precios, que evitaría esa supuesta “espiral”.

La patronal CEOE ha defendido que una subida salarial “desmedida” generaría desempleo y volvería permanente un fenómeno como la inflación, que ahora consideran transitorio. La misma opinión que lleva meses repitiendo el Banco Central Europeo.

Tampoco parece que los principales dirigentes de UGT y CCOO estén por la labor. Chema Martínez, secretario general de la Federación de Servicios de CCOO, opinaba que no hay que acompañar la subida de la inflación subiendo los salarios al mismo nivel en un momento en que está disparada, “pero sí garantizar que los salarios recuperen poder adquisitivo en un horizonte de dos o tres años vista”, cuando los precios podrían moderarse.

Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, reclamaba al Gobierno “que se ahorre consejos: no puede pedir a los ciudadanos que no se traslade la inflación a los salarios, no les puede pedir que puedan comprar menos, poner menos tiempo la calefacción porque sus salarios pierden poder adquisitivo, cuando el peso de la energía ya lo estamos pagando todos, y el de la alimentación, no se puede pedir que no repercutan en los salarios los incrementos de la inflación”. Pero tras decir que el aumento de los salarios tiene que tener relación con la inflación, ahora del 6,7%, no se trata de reclamar esa subida, sino que “el margen lo dará la cláusula de revisión salarial”, una cláusula “pura”, “retroactiva”, que, en su opinión, “no puede inquietar” a quienes defienden que la inflación desbocada es transitoria pero que dará certidumbre a los trabajadores si ésta sube. Y propone una cifra de alza salarial basada en la inflación media de 2021, del 3,1% con esa cláusula de revisión. En todo caso, lo que propone Álvarez sería perder dinero ahora con la esperanza de recuperarlo luego.

Pagan los salarios como pagan las pensiones con el acuerdo que han firmado.

La movilización por una subida generalizada de salarios, una necesidad

En Alemania, donde la inflación en 2021 ha sido del 4,7% – casi dos puntos menos que en España– la clase trabajadora ha iniciado un movimiento de huelgas para exigir subidas salariales. El sindicato IG Metall, el mayor de Europa, ha dicho que “los trabajadores sólo quieren la parte del pastel que les corresponde”.  Un movimiento similar se desarrolla en los EE.UU..  Los sindicatos españoles deberían tomar ejemplo. Para la clase trabajadora, que vive de vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario, una subida generalizada de los salarios y pensiones es algo imprescindible, que, en primer lugar recupere el poder de compra perdido todos estos años y, en segundo lugar garantice salarios reales dignos para todos.