(Publicado en la Carta Semanal 431)
A medida que se van acortando los plazos marcados por el gobierno de Artur Mas y sus socios de ERC para decidir la fecha de la consulta “soberanista”, va quedando más claramente expresado qué es lo que entienden por el derecho a decidir.
El secretario de Organización de CDC, Josep Rull, acaba de manifestar que para realizar la consulta “ni siquiera es necesario modificar la Constitución”, y que “no tiene ningún sentido que el séptimo país en generar riqueza de Europa, que es Cataluña, tenga un 24 por ciento de personas en riesgo de pobreza. Esto sólo se explica por la dependencia del Estado español”. Naturalmente, no se dice ni una palabra de lo que está significando la UE, ni de los planes de ajuste que impone la Troika a todos los gobiernos. Tampoco de las leyes de Estabilidad Presupuestaria –votadas favorablemente por los diputados de CiU en las Cortes- que dejan en poco más que figuras decorativas a todos los ministros de finanzas de cualquier gobierno, y que reducen de manera ostensible la soberanía de los pueblos, de los que tiene Estado propio y de los que no. De igual manera, no se dice nada acerca de los objetivos de déficit –consecuencia de lo anterior- asumidos por todos los gobiernos, que ahogan a la población trabajadora y llevan a la destrucción de las conquistas sociales y a continuos recortes. Para el gobierno de la Generalitat y para los dirigentes de CDC y ERC, la “dependencia del Estado español” lo explica todo. Que el Estado español se ha configurado históricamente como un estado opresor, parasitario, que ha expoliado durante siglos a todos(sin distinción) los pueblos de España, lastrando sus posibilidades, es un hecho indiscutible. Como lo es también que el régimen actual de la Monarquía, sirvió de parapeto a las burguesías vasca y catalana contra la clase obrera que enarboló la bandera de la emancipación social y nacional, durante el período llamado de la “transición” y también después.
Combate Socialista n.º 21
Pulsa sobre la imagen para descargar el pdf
La crisis mortal que vive el régimen surgido del franquismo, agravada con los efectos de la crisis capitalista, arrastra y afecta a todos los partidos que apoyaron el pacto constitucional de 1978. Que en función de las circunstancias actuales, una parte de la fracción catalana de la burguesía española haya decidido cambiar de gendarme es un hecho que puede constatarse a través de sus declaraciones y actuaciones. Sin embargo, ¿qué hay detrás de todas ellas? ¿El “pleito” con el Estado español, es para liberar al pueblo catalán? ¿es, como dicen, para hacer frente a la crisis en mejores condiciones y no tener que recurrir a los recortes salariales de los empleados públicos de la Generalitat o a las reducciones presupuestarias en la Sanidad y en la Enseñanza? Nada más lejos de la realidad.
El secretario de Organización de CDC ha declarado que no es necesario modificar la Constitución para que pueda celebrarse una consulta, y que para que ésta pueda realizarse se requiere de una “decisión política y no jurídica”. En la misma línea, aunque con matizaciones, el informe del “Consejo Asesor para la Transición Nacional de Cataluña”, afirma que existen vías legales –por tanto, de acuerdo con el marco político-jurídico actual- para que Cataluña pueda celebrar la consulta a la que está comprometido Artur Mas. Añade que, si éstas fracasan, también existen otras alternativas no legales pero si legítimas que irían desde la celebración de unas elecciones plebiscitarias a la declaración unilateral de independencia por parte del Parlamento de Cataluña, todo ello buscando siempre el amparo internacional, léase de la UE. Como si la UE estuviera muy preocupada por el futuro del pueblo de Cataluña y el de otros pueblos!
Por su parte, ERC en su reciente “Conferencia Nacional por la República Catalana” ha aprobado una ponencia política en la que habla sin tapujos de recurrir a la “vía Kosovo” si es preciso, mientras que la secretaria general de este partido afirma que recurrirán a lo que “haga falta para que los ciudadanos puedan decidir”. Un objetivo loable si no fuera porque lo que proponen significa todo lo contrario. Kosovo es hoy en día, preciso es recordarlo, un protectorado USA (el imperialismo americano tiene aquí la base más grande en el continente europeo) en manos de las bandas mafiosas del UCK que realizaron una auténtica limpieza étnica contra la población no albanesa, y que han convertido el país en uno de los centros principales del tráfico de drogas, armas, personas y hasta órganos, con el beneplácito de la UE. ¿Es este el futuro que propone ERC para Cataluña? Suponemos que no, pero las palabras tienen un significado.
El pueblo de Cataluña, como todos los pueblos de España y de Europa, oprimidos nacionalmente, tiene derecho a decidir libremente su futuro. Y ello es incompatible con los tratados y acuerdos de la Unión Europea, como lo es también con la Constitución monárquica, por mucho que el secretario de organización de CDC y el comité de “sabios” encabezado por un ex-presidente del Tribunal Constitucional español, hayan afirmado que es posible la realización de un derecho democrático en el actual marco político. Sin ir más lejos, el mismo marco que permitió que el Tribunal Constitucional anulara en el 2010 partes del texto del Estatut aprobado en el 2006 por el pueblo de Cataluña. El mismo marco que lanza una provocación tras otra contra las aspiraciones nacionales y que puede, llegado el caso –como reconoce el mismo informe antes aludido- suspender la autonomía de Cataluña, inhabilitar a su presidente e incluso meterlo en prisión, si el desafío contra el Estado se materializa.
Sí, es verdad, formalmente pueden celebrarse todas las consultas habidas y por haber. El problema es en que condiciones se dan y para qué. Librarse del yugo de la Monarquía española para someterse directamente al yugo de la UE, ofreciendo esta salida como una opción “soberanista” es una falacia que no solucionará la grave situación que viven los trabajadores y la mayoría de la población actualmente. Continuar sometidos a las instituciones del capital financiero, aunque sea sin intermediarios –el Estado español- es una opción que objetivamente solo favorecerá aquellos sectores a los que ya les va bien tal dominación. Pero los trabajadores, el pueblo de Cataluña, quieren la soberanía, la necesitan no de manera simbólica –como quieren algunos, reducida a una bandera y un himno y a toda una colección de mitos- sino efectiva: para luchar contra los planes de ajuste, para derogar la reforma laboral, para defender las pensiones amenazadas nuevamente, para garantizar una sanidad y una enseñanza públicas, para mantener los servicios básicos para la población, para ofrecer un futuro a los jóvenes. En suma, para defenderse de la Troika y de los gobiernos(incluido el de Mas) que aplican servilmente sus dictados. Sí, justamente para defenderse de aquellas instituciones a las que ciertos “soberanistas” han conferido la facultad de velar por un derecho democrático. Y para hacer esto, es una evidencia que se necesita la unidad de toda la clase obrera del Estado español y de todos los pueblos de Europa.
Naturalmente, esta es una vía que no contempla ni el Gobierno de la Generalitat ni su socio en la “oposición”, la ERC. Pero es una vía que los que hablan en nombre de los trabajadores, de la democracia y del derecho a decidir, deberían hacer suya porque no hay otra salida para la clase obrera. Recientemente se ha constituido en Cataluña el “Pacto Nacional por el derecho a decidir” que agrupa a unas 40 entidades y partidos en torno a la iniciativa del Gobierno de la Generalitat. Entre las organizaciones que participan están CCOO y UGT, junto con algunas patronales, que como la PIMEC (pequeña y mediana empresa) se ha distinguido por su defensa de la reforma laboral contra la que CCOO y UGT convocaron una huelga general. ¿No deberían CCOO y UGT, junto con el PSC, y el resto de fuerzas de izquierda exigir que el Gobierno que está por el derecho a decidir de los catalanes, declare sin más demora que pone fin a la política de recortes y que no aceptará ninguna disposición que obligue a confeccionar unos presupuestos que no recojan todas las necesidades sociales? Tal posición acabaría sin duda con la ceremonia de la confusión que se ha instalado en las organizaciones que se reclaman de los trabajadores y ayudaría a abrir una perspectiva real y consecuente con el principio que ha guiado siempre al movimiento obrero: no hay emancipación nacional sin emancipación social, ni emancipación social sin emancipación nacional.