(Publicado en la Carta Semanal 560)
El pasado día 19, 1.500 personas abarrotaban el Auditorio de CCOO de Madrid (hubo que habilitar una segunda sala que también rebosó de público) en un acto organizado por las confederaciones de CCOO y UGT como parte de la campaña “huelga no es delito”.
En ese acto participaron sindicalistas procesados por sus actuaciones en piquetes de huelga, los secretarios generales de UGT y CCOO, representantes del sindicalismo internacional, así como intelectuales y artistas. El objetivo del mismo era exigir la derogación del artículo 315.3 del Código Penal, así como la anulación de los procesos y condenas contra más de 300 sindicalistas en aplicación de ese precepto, muestra de la intimidación del aparato judicial y policial contra la libertad sindical y el derecho de huelga.
Una legislación franquista contra el derecho de huelga
Hay que recordar que el artículo 315.3 del C. Penal proviene del antiguo artículo 496 del viejo Código Penal, introducido en la agonía del franquismo, en julio de 1976, con el objetivo de “hacer frente a la creciente actividad agresiva de grupos organizados que se autodenominan piquetes de extensión de huelga”. Antes de esa fecha, jueces y policías no necesitaban perseguir específicamente los piquetes, puesto que simplemente todas las huelgas eran ilegales. Ahora bien, ese precepto fue mantenido hasta 1995, y en esa fecha, cuando se promulga el calificado como “el Código Penal de la democracia”, se convierte en el actual 315.3.
Hasta que no llegó el gobierno Rajoy el 315.3 casi no se aplicó. Pero a medida que se intensifican los recortes sociales, y con ellos las movilizaciones obreras contra ellas, el gobierno ha redoblado la ofensiva contra la libertad sindical: mientras la reforma laboral vacía de gran parte de su contenido la negociación colectiva, el gobierno Rajoy moviliza a la policía y a los fiscales para criminalizar a los sindicalistas, como medida de chantaje para someter a los sindicatos. El aparato policial y el judicial, procedentes de la dictadura, se emplean a fondo. Así ha ido aumentando el uso del artículo 315.3, hasta llegar a la cifra de más de 300 sindicalistas procesados. Recogiendo los testimonios de estos compañeros, se comprueba que estamos ante una acción concertada de los policías y la fiscalía para perseguir a los piquetes de huelga, con acusados elegidos por los policías entre los dirigentes sindicales (como es el caso de los 8 de Airbus, todos ellos miembros del comité de empresa, “seleccionados” por los testimonios de los policías de entre los más 150 componentes del piquete), con testimonios falsos e incluso absurdos, como el compañero al que acusan de haberle roto un dedo a un policía con el palo de una bandera (que es de plástico) y con identificaciones que se adivinan milagrosas ¿cómo pueden identificar con absoluta seguridad los policías a una persona en el tumulto de una carga policial que se hace sin aviso previo y por la espalda de los miembros del piquete?
Fiscales, jueces y policías usan y abusan de esa legislación franquista y de esos métodos franquistas. Al fin y al cabo, son los cuerpos judiciales y represivos heredados del franquismo sin depuración alguna. Cuerpos incompatibles con la libertad sindical contra la que combatieron con uñas y dientes durante cuarenta años, y que les fue impuesta durante la “Transición” por la movilización obrera.
El derecho de huelga y los piquetes son perseguidos no sólo en España. El gobierno Cameron acaba de aprobar una ley que restringe gravemente ese derecho, mientras que en Francia, acaban de ser condenados a prisión trabajadores de Goodyear por su actuación en un piquete. El 20 de noviembre, en un acto en el Centro “Abogados de Atocha” de CCOO, en Madrid, que contó con el apoyo de las confederaciones de UGT y CCOO, se constituyó una Comisión Internacional de solidaridad con los 300 procesados y por la derogación del artículo 315.3.
¿Qué respuesta?
Durante meses, los principales dirigentes de UGT y CCOO parecen haberse tomado esta cuestión con bastante parsimonia. Se han dejado pasar prácticamente en silencio –o al menos, sin una respuesta contundente y centralizada– decenas de juicios y condenas. A quienes les pedían una respuesta más firme la respondían con palabras tranquilizadoras, asegurando que mediante el diálogo con el gobierno se iba a conseguir la derogación del 315.3 y, en todo caso, los indultos para los ya condenados y condenadas. Nada de eso ha sucedido. La reforma del CP llevada a cabo por el PP ha mantenido el artículo, sólo rebajando un poco las penas. Y no ha habido ni un indulto.
En el acto del día 19, al que hemos hecho referencia al comienzo, los compañeros procesados que tomaron la palabra, sin excepción, se dirigieron a los partidos que hablan en nombre de la población trabajadora para exigirles la derogación inmediata del 315.3. recordemos que los programas electorales del PSOE y de UP-IU incluían la derogación del 315.3.
Al día siguiente, el grupo parlamentario socialista registraba en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley Orgánica de derogación del artículo 315.3. Su texto: “Se suprime el apartado 3 del artículo 315 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal. Disposición transitoria. Revisión de sentencias. Los jueces o tribunales procederán a revisar las sentencias firmes dictadas de conformidad a la legislación que se deroga”.
Sin duda alguna, un paso adelante más que necesario. Las anteriores propuestas parlamentarias del Partido Socialista quedaron en nada por la mayoría absoluta del PP, ahora esto ha cambiado. Pero la propuesta puede quedarse en testimonial o tardar meses en hacerse realidad. En todo caso, el actual momento de incertidumbre política no puede ser excusa para bajar la guardia y detener la campaña. Todo lo contrario. Los grupos parlamentarios están constituidos legalmente y pueden adoptar leyes. Hay una mayoría que se ha pronunciado por la derogación. Es el momento de que lo hagan, porque el capital, la UE reclaman profundizar la reforma laboral y eso conlleva ir más lejos en el ataque a la libertad sindical. El gobierno en funciones tiene capacidad de dilatar meses la tramitación de la propuesta del PSOE. Los procesados, en el acto del día 19, insistían: es preciso que se forme un gobierno “progresista” que anule el 315.3 y todas la contrarreformas y recortes.
Compañeros sindicalistas nos anuncian que se ha celebrado en el Centro Cívico de Sants, en Barcelona, un acto por la derogación del 315.3, con presencia de dirigentes de UGT y de diputados del PSC y de ERC. Un acto similar se prepara en la sede de UGT de Sevilla. El 5 de febrero la Comisión Internacional formada en el acto del día 20 de noviembre convoca un mitin internacional en Madrid con presencia de sindicalistas de varios países. Y los sindicatos han programado para los días siguientes, entre otras cosas, una manifestación en el centro de Madrid y una manifestación en Getafe.
La campaña debe continuar.