(publicado en la Carta Semanal 481)
33 diputados socialistas se niegan a votar
El 3 de julio, el FMI se felicitaba del “conjunto coherente de reformas” puesto en marcha por el gobierno francés de Hollande-Valls, así como por “el ritmo y los medios de ajuste presupuestario”. Pero le preocupaban las presiones políticas y sociales que podrían oponerse a esas medidas y llamaba al gobierno francés a no ceder.
El día 7, las confederaciones sindicales obreras CGT y CGT-FO decidían no participar en la “conferencia social” convocada para ese día. El objetivo de esa conferencia era formar un comité de seguimiento del “pacto de responsabilidad”, que cabe resumir en: regalar 41.000 millones de euros más a los empresarios en forma de exenciones y bonificaciones fiscales, y recortar 50.000 millones en los servicios públicos y la protección social.
Además, el Gobierno había prometido a los patronos abrir negociaciones con vistas a suspender normas sociales (como la obligatoriedad de comités de empresa) y para “simplificar” el Código Laboral. Hollande argumentaba que había que hacer las reformas para “cumplir los compromisos” con la UE.
El secretario general de la CGT denunciaba que “El pacto de responsabilidad pone en peligro nuestra protección social”, la reforma territorial prevista “se traducirá en una auténtica reconversión de la función pública”. “El Gobierno no puede decidir el calendario, los objetivos, los temas a discutir y pedir que las organizaciones sindicales garanticen la aplicación mediante una negociación condicionada por las imposiciones patronales”.
El secretario general de la CGT-FO señalaba que “A la vista de los sucesivos anuncios” del Gobierno “sin previa consulta con los sindicatos, dada la oferta y el carácter recesivo de los 50.000 millones de reducción de gasto público y social para financiar el pacto, FO ha decidido ausentarse”.
El periódico patronal Les Échos denunciaba que CGT y CGT-FO habían dado una bofetada a Hollande, lo que anunciaba “turbulencias”.
Mientras, la FSU (con peso predominante en la enseñanza) y los “alternativos” de Solidaires se sumaban a las dos confederaciones. Con ello, una amplia mayoría de la representación sindical se negaba a entrar en el supuesto “diálogo social” y el Gobierno se quedaba solo, otra vez, con la patronal y con los sindicatos amarillos CFDT, CSTC y el sindicato de cuadros.
Este fracaso del Gobierno, consecuencia de la lucha de los trabajadores (con importantes huelgas recientes en los ferrocarriles y los ferries) y de su reflejo en las filas sindicales, ponía en entredicho todo el dispositivo corporativista que intenta bloquear la lucha de clases.
Pero el Gobierno se dispone a seguir adelante con las reformas (en particular la “territorial”), lo que anuncia un choque entre clases. Los trabajadores necesitan derrotar esos planes y allanar así el camino para un cambio político.
También en el parlamento
El mismo día la Asamblea Nacional votó la primera norma legal que plasma el “pacto de responsabilidad”: la modificación de presupuestos de la Seguridad Social para regalar millones a los patronos. El Gobierno defendía su política de reducir el coste del trabajo y las cargas fiscales de las empresas, a costa de los ingresos de la Seguridad Social. Pero el grupo socialista se escindió. Algunos diputados denunciaron que el “pacto de responsabilidad” lo había decidido por su cuenta el Presidente y correspondía al credo ideológico de la derecha. Alegaron las exigencias de sus electores a la izquierda en el poder. Finalmente, a pesar de las presiones, 33 diputados socialistas se negaron a votar el proyecto, absteniéndose. Acudió la derecha a apoyar al Gobierno: “El grupo UMP votará a favor […]. Como Vds., estamos totalmente a favor de reducir las cotizaciones patronales”, “Queremos acelerar la aplicación del pacto de responsabilidad”.