Carta Semanal 826 en catalán
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A simple vista, los hechos a partir de los cuales se ha desencadenado la reciente tormenta política, parecerían una mera anécdota: los dirigentes de Cs de Murcia, que denuncian la corrupción congénita del PP (a buenas horas la descubren) y pactan con el PSOE una moción de censura. Ante lo cual el PP reacciona y hace cambiar de opinión a tres parlamentarios de CS, que habían suscrito y apoyado la moción de censura (para convencerlos, les ofrece tres Consejerías en el gobierno murciano). Pero antes de ese acontecimiento, que haría fracasar la proyectada moción de censura, la Presidenta del Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reacciona echando a los de Cs de su gobierno y convocando elecciones. A la maniobra de Ayuso, Más Madrid y PSOE responden con la presentación de mociones de censura, que crean un embrollo legal porque ha tenido que intervenir el Tribunal Superior de Madrid para dirimir si deben votarse antes de convocar elecciones o no (el pronunciamiento del TSJM ha sido en favor de la celebración de elecciones). El movimiento se extiende a Castilla y León y amenaza con hacerlo a otras comunidades… Todo un vodevil al que asiste atónita buena parte de la población que se convence cada vez más de que ninguno la representa.
Ahora nos llaman a la unidad para echar a Ayuso. Pero todo el mundo sabe que la manera más segura de echar a los franquistas (incluso electoralmente) es la movilización unida, como la gran manifestación por la sanidad pública que ha habido en Madrid este fin de semana.
¿Qué hay detrás de todo esto, de todas las maniobras y contramaniobras a las que asistimos?
Habría que empezar por algo que casi parece obvio: la corrupción es algo inherente al régimen monárquico, que ha heredado hábitos e instituciones de la dictadura. Y la corrupción congénita del PP no es tampoco algo nuevo, por más que los de Ciudadanos parezcan haberlo descubierto ahora (por cierto, que no les impide seguir gobernando con el PP en Andalucía, en el Ayuntamiento de Madrid y en otras muchas instituciones). Basta con ver al respecto el juicio al antiguo tesorero del PP, Luis Bárcenas, que controlaba la caja B de la cual se nutría la dirección histórica del PP, o sea, los seguidores de Aznar. Evidentemente, la corrupción consustancial al régimen, que lo recorre desde la Casa Real al último ayuntamiento, ha contaminado a todos los partidos que viven en sus instituciones, es el precio o el beneficio del apoyo al régimen monárquico.
Se pone de manifiesto, también el verdadero significado de los distintos acuerdos de mantenimiento del régimen. Por ejemplo, el tan cacareado “pacto antitransfuguismo”, que no se aplica, al parecer, a los tres de Cs de Murcia, pero que se hace caer con toda su fuerza sobre los nueve anticapitalistas de Andalucía, que, aun siendo la mayoría del grupo parlamentario, han sido expulsados del mismo como tránsfugas y privados de la inmensa mayoría de sus derechos como parlamentarios.
Pero la crisis actual expresa otra cosa. Por su carácter caótico, fuera de control, es el reflejo directo de la crisis general del régimen, de su descomposición, que afecta en primer lugar a la Casa Real y sus constantes escándalos.
El hecho de que afecte directamente al PP tiene un significado profundo: el PP es la representación política genuina de las instituciones heredadas del franquismo, es la representación de los pilares del Estado. No olvidemos que de su crisis han salido los principales dirigentes de Vox, así como muchos de Cs (una vez que los primeros fundadores en Cataluña se han ido yendo). Todos salen de la misma escuela y casa motriz. Es por ello que el ABC no para de decir que la división en tres derechas lleva a la impotencia, y que no está seguro de que esta crisis, aunque el PP acabe absorbiendo a Cs, se resuelva positivamente para ellos.
La gobernabilidad
Pedro Sánchez no deja de declarar que necesita un PP fuerte. Lo necesita para restablecer el consenso del 78, porque su objetivo –para el que cuenta con el apoyo (no sin contradicciones) de UP- es salvaguardar la Monarquía y vehiculizar la política que exige el capital financiero. Ahí están sus medidas económicas, las ayudas a las empresas, la operación SEAT, con el Rey y la Volskwagen, la maniobra para dejar en manos de la Iglesia Católica los más de 35.000 inmuebles inmatriculados apoyándose en la modificación del Ley Hipotecaria que hizo Aznar en 1998 [1]al tiempo que mantiene las reformas laborales y utiliza el Estado de alarma para controlar y aterrorizar a las masas, y romper las movilizaciones, aplicando a fondo la ley Mordaza (las promesas de derogarla parecen haberse ido por el sumidero).
La crisis de las derechas afecta a todos los partidos que han ligado su actuación a la defensa de este régimen. A todos los partidos, incluidos los catalanes, que, «confiando» en Europa, se oponen a una política que busque la alianza con los trabajadores y los demás pueblos en torno a las exigencias sociales de defensa de los servicios públicos, reivindicaciones democráticas de libertades y derechos de los pueblos. En particular contra la justicia franquista.
En estas condiciones, una «salida parlamentaria» no es más que un subterfugio con poco recorrido. Y más aún si recordamos los resultados en Cataluña con el aumento brutal de la abstención de masas como rechazo a las instituciones y los partidos que las sostienen.
El gobierno, que cuenta con el apoyo incondicional de los aparatos sindicales, que se traduce en su negativa a toda movilización –más allá de las mínimas acciones demostrativas del 11 de febrero y 11 de marzo- y/o huelga, al mismo tiempo decide derogar el 315.3 del código penal, cuestión que es al mismo tiempo una victoria y una maniobra para permitir a los aparatos presentarse como conseguidores de esta reivindicación, producto, según ellos, del «dialogo social».
Intentar impedir una explosión social
Todos son conscientes de que las medidas liberticidas del estado de Alarma no son suficientes para impedir la resistencia.
No es una anécdota, la victoria de John Deere, las movilizaciones de los jóvenes particularmente en Cataluña, las de los médicos y el personal sanitario, muestran que, a pesar de los ataques a las libertades, la movilización aparece como la única salida para hacer retroceder a los planes de despidos, al desmantelamiento de la sanidad pública y de la enseñanza… y demuestran, además, que se puede vencer.
Agrupar políticamente para la acción
Las conclusiones de la coordinadora del CATP del 20 de febrero plantean una salida de combate y de organización.
Lo cual no excluye una posición revolucionaria ante posibles elecciones.
Ningún trabajador o joven vería con buenos ojos el mantenimiento de Ayuso, pero ninguna o poca confianza suscitan los partidos que desde el gobierno central apoyan o aplican políticas similares, y lo más grave, justificándose cínicamente en nombre de la lucha contra la pandemia.
La situación es absolutamente inestable. La reacción de todos los prebostes del régimen y de sus medios de comunicación a las manifestaciones de los jóvenes, la misma prohibición de las manifestaciones del 8M, demuestra el miedo que tienen a una explosión social. La prohibición de manifestaciones muestra, además, la tentación de ir casi a un estado de sitio. Una línea que se inscribe plenamente en la política de todos los gobiernos europeos, porque los planes de destrucción del capital financiero, en un mercado mundial en plena guerra, exigen acabar con todas las libertades para poder ser impuestos.
En este marco, es necesario afirmar que hoy es más que nunca inseparable el combate por las libertades de expresión, de reunión y manifestación, imprescindibles para la organización del combate por los derechos sociales, por las reivindicaciones, para abrir una salida favorable a los trabajadores y los pueblos. Libertades que hoy están todas en cuestión. Defenderlas hoy exige plantear el combate para acabar con la Monarquía, para abrir la vía a la república del pueblo y de los pueblos.
[1] Desde 1946, utilizando diversas leyes franquistas, se calcula que son más de 100.000.