(Publicado en la Carta Semanal 702 – ver en catalán)

Ha sucedido a la vista de todos. El pasado día 18, la Sala Tercera de lo Contencioso del Tribunal Supremo decide que deben ser los bancos –y no los clientes– quienes paguen el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados en el caso de la constitución de una hipoteca. Se basa para ello el tribunal en un criterio lógico: como es el banco el que obtiene beneficios de la hipoteca, debe ser él quien pague el impuesto, por lo tanto ese artículo del reglamento era contrario a la ley. De inmediato, la Banca da la alarma, se queja de que iban a perder más de 7.000 millones. La Bolsa reacciona: los especuladores, que piensan que eso va suponer pérdida de beneficios de los bancos, hacen que el valor de éstos se desplome. La alarma crece y, de inmediato, el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, Luis Díez-Picazo, ante la supuesta “enorme repercusión económica y social”, decide paralizar la aplicación de la sentencia y que sea el pleno de la Sala, que se reunirá el 5 de noviembre, quien decida sobre el caso.

Para millones de ciudadanos, la supuesta “independencia” de la Justicia queda al descubierto. El columnista de El País, Josep Ramoneda, en un artículo titulado, significativamente, “¿Quién manda aquí?” escribe que “una bajada de la cotización de los bancos consiguió en un día lo que centenares de miles de votantes y de manifestantes catalanes no han logrado con la prisión preventiva de los presos independentistas: que el Supremo aprecie ‘enorme repercusión económica y social’ (…) volvemos a la pregunta de siempre: ¿Quién manda? Cuando se cuestiona la independencia real del poder judicial se mira de reojo al ejecutivo, pero son otros muchos los poderes –locales e internacionales– que merodean en torno a los jueces.”

Señalemos que Luis Díez-Picazo ha hecho carrera como profesor universitario, y hasta hace poco impartía clases en el Centro Universitario de Estudios Financieros (Cunef), financiado por la Asociación Española de Banca (AEB).

¿Separación de poderes?

Hay que dejar claro que nosotros no compartimos la pretendida separación de tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) propuesta por Montesquieu y en la que, supuestamente, se basa la democracia burguesa. Como revolucionarios estamos por una Justicia que dependa del Pueblo, o sea, por jueces electos y revocables, en las mejores tradiciones revolucionarias. Sobre todo en el caso del Estado español, donde, quienes defienden la “independencia” de la Justicia bajo el régimen de la Monarquía, lo que están defendiendo es la independencia del aparato judicial heredado del franquismo, sin depuración alguna, frente a la sociedad, y por encima de ella.

Pero es que aquí nos encontramos que este Estado burgués, en su forma más degenerada de régimen monárquico, que ha mantenido la continuidad de la justicia franquista, no respeta ni siquiera su pretendida independencia.

¿Cómo puede invocarse, entonces, la “independencia” de la Justicia para que el Gobierno Sánchez no pueda tomar medidas en favor de los presos republicanos catalanes? Medidas que, como señala cada vez más gente, son absolutamente necesarias para restablecer la convivencia y poder buscar una salida democrática a las aspiraciones del pueblo catalán.

Quienes invocan, en este caso, la independencia de la Justicia se ponen en ridículo. A los ojos de millones, la justicia de nuestro país es buena para perseguir a sindicalistas, raperos y políticos catalanes, a Andrés Bódalo, Alfon o los jóvenes de Alsasua, pero absolutamente incapaz de defender a las mujeres violadas o maltratadas. Una Justicia que obedece a la banca, al capital financiero, y al Rey, que le encargó, en su discurso del 3 de octubre, tras el referéndum catalán, que –con las demás instituciones– lo dejara todo “atado y bien atado” en relación a la “cuestión catalana”. Es una justicia totalmente independiente, pero del pueblo, de la soberanía popular. En democracia, todos los poderes del Estado deberían depender de la soberanía popular. Pero Monarquía es, claro está, lo contrario de democracia. Y de derechos de los trabajadores y los Pueblos.

En vísperas del proceso contra los republicanos catalanes

Entre los más lúcidos defensores del Régimen, no pocos se lamentan de lo “inoportuno” de este asunto del Supremo, justo a poco de empezar el juicio contra los catalanes.

El Tribunal Supremo “independiente”, siguiendo las órdenes del Rey, se ha empeñado, contra viento y marea, en defender la aplicación a Oriol Junqueras y sus compañeros del delito de rebelión, el que acarrea las penas más graves, con el fin de ahondar el foso de enfrentamiento con el pueblo catalán, haciendo imposible toda solución democrática.

Para la Monarquía es vital mantener la calificación del “delito de rebelión” elegida a falta de otra mejor, como su trinchera, y cualquier cesión se le antoja debilidad. El Gobierno Sánchez, elegido por una mayoría en Cortes que no comparte ese proyecto, está atenazado por su sumisión al “marco constitucional”, que le coloca a merced de todas las presiones del aparato de Estado, los medios y las fuerzas económicas. No se atreve ni a sugerir a la Fiscalía un posible paso atrás. Se inventan, para eso, una supuesta “independencia de la fiscalía”, algo insólito cuando al Fiscal General del Estado lo nombra el Gobierno y éste nombra de manera jerárquica a los demás escalones de la Fiscalía. Y algunos le aprietan también con presiones para que tampoco se atreva a dar instrucciones al Abogado del Estado, convertido, así, por la histeria de los franquistas, en “independiente” del Gobierno. A pesar de que la Abogacía del Estado tiene una relación con el Gobierno como la de un abogado y su cliente, la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, defendió el viernes tras el Consejo de Ministros que la abogacía del Estado está trabajando únicamente con “criterios técnicos y jurídicos, con imparcialidad”

Por si acaso, el aparato franquista se ha asegurado de que la acusación de rebelión la mantenga la esperpéntica “acusación particular” de Vox, que defiende que nadie se mueva un milímetro de la defensa de la España “Una, Grande y Libre”.

Hay que dar importancia a que Pedro Sánchez, en el Pleno del Congreso, se haya enfrentado directamente al Supremo y a su propia Fiscalía: “Fíjese, señor Esteban (…). En 1994 el señor Trillo hizo una enmienda en la que decía que el delito de rebelión es inherente a un golpe de Estado que se tiene que dar por militares o por civiles armados a la orden de militares”.

Después de eso, el Gobierno ¿se negará a mover un dedo para impedir la farsa del juicio a los dirigentes catalanes como hasta hoy los hechos indican?

Sin duda, Sánchez conoce la fuerza del aparato de Estado, de los bancos y las multinacionales.

Precisamente, para defender la libertad de los pueblos del Estado español, tiene que apoyarse en la fuerza de los trabajadores y de los pueblos. Y ahí las responsabilidades no terminan en Sánchez. El conjunto de fuerzas políticas y sindicales creadas por los trabajadores, y otras fuerzas democráticas, que han exigido la libertad de los presos, que están en contra del dispositivo monárquico, ¿van a permitir que se perpetre un juicio en condiciones de manipulación abierta por parte de fuerzas reaccionarias?

La exigencia de libertad para los presos, de poner fin a la persecución judicial, es una bandera necesaria para todos los trabajadores del Estado y sus organizaciones. No es una cuestión “catalana” o que sólo tenga que ver con el conflicto catalán. Una condena a los republicanos catalanes sólo va a envalentonar a los neofranquistas y será utilizada para profundizar los ataques políticos y sociales contra todos los trabajadores y contra los demás pueblos. ¿Quién va a ir a las elecciones municipales y autonómicas a derrotar a la derecha después de dejar pasar esto? ¿Qué fuerza tendrían los sindicatos para negociar frente a una patronal que defiende las medidas de Bolsonaro en Brasil y en España?

Los que entendemos que la única salida de la situación es la República, debemos hacer como señalaba el manifiesto aprobado en la Coordinadora Ampliada del CATP reunida el pasado 20 de octubre “Hemos decidido agruparnos para actuar en común y buscar acuerdos con otras organizaciones, colectivos, plataformas para promover la lucha unida por los derechos y libertades y allanar el camino a la República”. Unir fuerzas para recuperar la fraternidad entre pueblos, para que se devuelva el dinero detraído a los que han suscrito hipotecas. Unir fuerzas para que los restos del dictador no vuelvan a Madrid. Unir fuerzas para impedir el juicio amañado contra los dirigentes catalanes.