(publicado en la Carta Semanal 455)

El pasado mes de diciembre ha sido un mes de duros ataques a la clase trabajadora, así como a sus conquistas sociales y democráticas.

Se han aprobado los Presupuestos del Estado y de las diferentes Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, todos ellos adaptados a la reforma de la Constitución que impone el pago de la deuda y de sus intereses por encima de cualquier gasto social y de los salarios de las plantillas del sector público. Unos presupuestos, por tanto, que en todos los casos consolidan y profundizan los recortes en los servicios públicos y mantienen la congelación salarial, los recortes de derechos y la reducción de plantillas de los 2.500.000 empleados y empleadas públicos. Y que suponen una subida ínfima del 0,25% para las pensiones (es decir, una nueva pérdida del poder adquisitivo de los y las pensionistas)

Pocos días antes de empezar el mes, el 28 de noviembre, el Congreso aprobaba definitivamente la Ley Wert. El 19 de diciembre se aprobaba la reforma de las pensiones. El 21 de diciembre se aprobaba el Decreto Ley 16/2013, que supone una mini reforma laboral y el 27 de diciembre, la nueva Ley de Administración Local, que supone, en palabras de Montoro, un recorte de 7.129 millones de euros en los gastos de ayuntamientos y diputaciones. Y el 27 de diciembre se aprobaba una nueva congelación del salario mínimo (que ha subido, en los tres últimos años, un ridículo 0,6%).

Además, en diciembre el Gobierno daba a conocer el proyecto de reforma del Código Penal y el de la Ley de Seguridad Ciudadana y anunciaba una ley de servicios mínimos contra las huelgas, tres normas que supondrían, si se aprueban, gravísimos recortes a los derechos de manifestación, expresión, reunión y huelga, arrancados en la lucha contra el franquismo y a la muerte del dictador. Para terminar el mes, el 28 de diciembre se hacía público el anteproyecto de ley contra el derecho al aborto.

Y el 19 de diciembre, la campaña contra los sindicatos llegaba a su culmen (por el momento) con la ocupación por parte de 60 agentes de la Guardia Civil, a las órdenes de la juez Alaya, de la sede de UGT de Andalucía.

Todo ello a manos de un gobierno cuya gestión desaprueba, según las encuestas, el 78% de los ciudadanos y cuyo miembro mejor valorado (la ministra Ana Pastor) cuenta con una aprobación del 32% (que es el triple casi del 13% que aprueba a Wert o Gallardón).

Ante estos datos, cabe preguntarse ¿cómo es posible que suceda esto? Una cosa está clara: si el movimiento obrero no se une para hacer frente a esta marea reaccionaria, van a acabar con todas las conquistas sociales, laborales y democráticas. Y con las organizaciones de los trabajadores. Es decir, van a llevar a cabo el programa de Franco, sin necesitar de resucitar al dictador.

De la pasividad de los dirigentes de CCOO y UGT…

Las escasas, dispersas y divididas movilizaciones de los empleados y empleadas públicos contra su nueva congelación salarial, que han congregado un público francamente reducido, convocara quien convocara (en la mayoría de los casos ha habido convocatorias por separado de UGT y CCOO, de la CSIF, de los sindicatos corporativos y de los sindicatos “más de izquierda”) mostraban en los rostros de las personas participantes hartazgo, decepción y hasta resignación. Y es que se trataba, en el conjunto de convocatorias, de una respuesta ritual que parecía buscar sólo hacerse una foto con la pancarta, y en ningún caso buscar la unidad para conseguir una movilización eficaz que pudiera derrotar a los recortes de los gobiernos.

Sin duda, ha habido declaraciones de rechazo de los dirigentes. Pero los trabajadores y trabajadoras no esperan de sus organizaciones que se dediquen a comentar la situación (por contundentes y radicales que puedan ser los comentarios), sino que trabajen para cambiarla.

Sin embargo, los dirigentes de UGT y CCOO parecen estar impregnados de la “doctrina Rubalcaba”: no hay que preocuparse, porque todas estas leyes serán derogadas en 2016, cuando el PP pierda las elecciones de 2015. O sea, que hay que tragárselas hasta 2016. Y hasta entonces, nada de organizar la movilización unida y contundente que podría echar atrás todos estos ataques y contrarreformas. O sea, dejarlas pasar con la promesa de que en 2016 se eliminarán.

Podrán decirnos que la culpa es de los trabajadores y trabajadoras, de su “pasividad” de su “falta de repuesta” a las convocatorias. Ahí están las movilizaciones masivas de la enseñanza o la exitosa huelga de los barrenderos y jardineros de Madrid para desmentir semejantes argumentos: la gente responde cuando la convocatoria tiene objetivos claros y ve voluntad de los dirigentes de  las organizaciones de ir hasta el final.  Y cuando puede, impone la unidad.

Naturalmente, muchos afiliados y cuadros de UGT y CCOO se impacientan, piden otra política, se estrellan –por el momento– contra la falta de una corriente organizada que recoja estas aspiraciones dentro de sus organizaciones.

… a las maniobras de los sindicatos “rojos”

Muchos trabajadores, y especialmente muchos jóvenes, indignados con la pasividad cómplice de Toxo y Méndez, buscan cómo cambiar la situación. Y aquí intervienen los dirigentes de CGT, SAT… los sindicatos “radicales”.

Una propuesta se ha levantado: una gran marcha “por la Dignidad” para el 22 de marzo, con la intención declarada de congregar en Madrid a un millón de personas. Sus objetivos declarados, “no al pago de la deuda ilegitima, defensa de los servicios públicos, rechazo de todos los recortes y empleo o renta social garantizada”. No vamos a discutir ahora sobre estas propuestas (aunque el término “deuda ilegítima” nos suscita la duda de si existe una “deuda legítima” que justifique los sacrificios de salarios y servicios públicos), pero sí se nos plantean algunas cuestiones.

Vaya por delante que la idea de una gran marcha unitaria a Madrid que concentre la lucha contra todos los recortes nos parece muy interesante. Pero sólo puede ser útil si de verdad es una marcha unitaria, que agrupe al conjunto de los trabajadores con su organizaciones.  Y parece que no es este el objetivo de sus organizadores.

 Esa propuesta de marcha podría ser una oportunidad para avanzar hacia la necesaria unidad, o convertirse en un obstáculo para la misma. Depende de cómo se plantee. Compañeros de Andalucía que han asistido a la presentación de la marcha que han hecho responsables del SAT en algunas localidades, nos hacen llegar datos francamente preocupantes. En lugar de hacer un esfuerzo real para que participen todos los sindicatos (lo que exigiría dirigirse desde todas partes a los dirigentes de UGT y CCOO para que convoquen y encabecen esa movilización) se ha dicho que “en ningún caso se permitirá” la presencia de los dirigentes de UGT y CCOO en la marcha en igualdad de condiciones con otras organizaciones. Y nos preguntamos ¿cómo es posible una unidad que deje fuera a los dos millones de afiliados y los más de 200.000 delegados de CCOO y UGT, es decir, a la inmensa mayoría de trabajadores sindicados y de activistas sindicales? ¿No se abre el peligro de que la marcha se convierta en una marcha contra UGT y CCOO y por tanto, contra la unidad de la clase trabajadora, al grito de “dónde están, no se ven, CCOO y UGT”? ¿No es eso contradictorio con la unidad que necesitamos para derrotar al Gobierno y que hasta ahora no ha sido posible?

¿Unidad por la base?

Alguno nos responderá que los militantes de UGT y CCOO no tienen prohibida su presencia en la marcha, que se trata de buscar la “unidad por la base”. Pero el movimiento obrero tiene una larga experiencia de qué supone eso. La “unidad por la base”, el “frente único por la base” fue la táctica nefasta aplicada por los dirigentes del PC alemán bajo el dictado de Stalin en los años 30 para negarse a luchar por la unidad de comunistas y socialdemócratas contra la amenaza del nazismo. El resultado fue, como todos sabemos, la victoria de Hitler, el aplastamiento de los obreros alemanes. ¿Vamos a repetir a otra escala una experiencia nefasta,  que llevó a la clase trabajadora a las más duras derrotas?

Para los trabajadores, para todos los sectores oprimidos de la sociedad, para los pueblos que sufren la opresión de la Monarquía, no hay salida realista si no es a partir de la exigencia de la unidad de todas las organizaciones que se reclaman y tienen su origen en el movimiento de la clase obrera y en el movimiento de emancipación de los pueblos en torno a una salida democrática. Y esto implica en lo inmediato recoger las reivindicaciones más sentidas: retirada de todos los planes de ajuste y privatización, retirada de las leyes antidemocráticas, defensa de los sindicatos y derecho de autodeterminación de los pueblos. Este es el combate que corresponde a las necesidades de la mayoría.