(Publicado en la Carta Semanal 645)

Este fin de semana, 1.500 personas abarrotaban una sala en Madrid en un acto por el derecho del pueblo catalán a decidir. 40.000 se manifestaban en Bilbao por el mismo motivo. Todo ello a pesar de que las principales organizaciones no convocaban.

En su empecinamiento contra el derecho a decidir del pueblo catalán, y en particular contra la convocatoria del referéndum del 1 de octubre, el aparato de Estado se ha lanzado con todas sus fuerzas contra el pueblo y las instituciones de Cataluña. Y de paso contra las libertades democráticas, el derecho de reunión y la libertad de expresión.

Las cuentas de Cataluña han sido intervenidas por el Estado, asumiendo directamente el Ministerio de Hacienda los pagos, previa autorización del propio ministerio.

En los últimos días, el fiscal general del Estado se ha reunido con los responsables de los Mossos de Esquadra, la Guardia Civil, la Policía, para darles instrucciones precisas: toda la fuerza del aparato represivo debe destinarse a requisar carteles de propaganda y papeletas de voto, secuestrar urnas, cerrar webs, impedir por la fuerza la celebración del referéndum. Los fiscales de Cataluña, a su vez, han transmitido las órdenes a todas las policías locales.

Setecientos cincuenta alcaldes que han dado su apoyo al referéndum van a ser citados por los fiscales para declarar (de hecho, para ser amenazados en primera persona). La Fiscalía General ha dado instrucciones de que los alcaldes que se nieguen a acudir voluntariamente sean detenidos por los mossos ejerciendo de policía judicial. Al mismo tiempo, actos políticos de apoyo al derecho a decidir han sido prohibidos en Madrid, en Gijón, en Vitoria…

El taparrabos democrático del régimen ha caído

A la muerte de Franco, los responsables de las principales organizaciones que hablaban en nombre de la clase trabajadora, junto con los “nacionalistas”, pactaron con la representación del aparato de estado franquista la llamada “transición democrática”. El franquismo moribundo aceptaba los derechos democráticos, de manifestación, de reunión, de huelga… que los trabajadores, la juventud y los pueblos de todo el Estado habían impuesto en la práctica (“el derecho de huelga se conquista haciendo huelgas”), y a cambio se aceptaba el mantenimiento de lo esencial del aparato de estado franquista y, en particular, su aparato judicial y represivo , sin depuración alguna. El ejército del 18 de julio, ni tocarlo (de modo que permaneció como “vigilante” de todo el proceso, con la amenaza permanente de golpe de Estado si se salía algo de su guión). Las fortunas amasadas bajo la protección de la dictadura -algunas de ellas iniciadas sobre la base del trabajo esclavo- y sus chanchullos (de los que deriva la actual corrupción) fueron respetadas. La reivindicación obrera y popular de amnistía política fue condicionada a la aceptación de que la Ley de Amnistía fuera, de hecho, una “ley de punto final” para los crímenes del franquismo. Y todo bajo la corona de Juan Carlos de Borbón, heredero, a la vez, de la dinastía borbónica y de Francisco Franco.

Todo esto fue impuesto a los trabajadores y los pueblos por los dirigentes del PCE y del PSOE, bajo el mando de Santiago Carrillo y Felipe González, y por los dirigentes del PNV y de Convergencia i Unió. Tan sólo un sector del nacionalismo vasco se opuso hasta el final. El POSI, fundado al final de esa “transición”, denunció entonces que la Monarquía era incompatible con los derechos de los trabajadores y los pueblos. Algunos nos tomaron por locos. Hoy, el taparrabos democrático del Régimen ha caído, y éste intenta imponerse por la fuerza rompiendo papeletas, deteniendo a alcaldes, confiscando urnas, prohibiendo actos e imponiendo la censura sobre los medios de comunicación.

Ni derechos obreros, ni derechos nacionales, ni derechos democráticos

Este verano hemos visto lo que ha sucedido con al huelga de los vigilantes del aeropuerto del Prat. Unos trabajadores y trabajadoras cuyo derecho de huelga ha sido reiteradamente negado. Primero, por la imposición de unos servicios “mínimos” del 90%. Luego por la actuación de la Guardia Civil directamente como esquiroles, y, finalmente, por la imposición de un laudo arbitral de obligado cumplimiento -mecanismo franquista donde los haya- contra el que está prohibido hacer huelga.

Contra el derecho de huelga se levantan jueces, fiscales y policías, procesando, al amparo del franquista artículo 315.3 del Código Penal, a más de 300 sindicalistas por organizar huelgas.

El Tribunal Constitucional, que ha avalado todos y cada uno de los ataques a los derechos de los trabajadores, las reformas laborales, las rebajas salariales y de derechos a los empleados públicos (rompiendo acuerdos de negociación), y que “deja pasar” la Ley Mordaza, la LOMCE y otros ataques, posponiendo el estudio de los recursos contra ellas hasta las calendas griegas, se apresura a anular acuerdos del Parlamento Catalán sobre el referéndum y a desatar la represión contra quienes los elaboran, tramitan y publican. Todo ello con el apoyo unánime de las asociaciones de jueces y fiscales.

Jueces de Madrid, Gijón, Vitoria y otro sitios se apresuran a prohibir actos convocados en defensa del derecho a decidir del pueblo catalán y se anuncia que van a intentar prohibir los actos de campaña en Cataluña. El derecho de reunión es laminado por el aparato judicial. Como lo es el derecho de expresión con la incautación de carteles y folletos y el cierre de webs.

Llama la atención el apoyo de Pedro Sánchez a estas medidas ¿dónde quedó el “no es no” al gobierno Rajoy? Como llama la atención el silencio de los sindicatos ante los ataques a los derechos democráticos. ¿Cuánto van a tardar en aplicarse medidas similares contra las huelgas y movilizaciones obreras?

Y, sin embargo, la resistencia se organiza y extiende en todo el Estado

En Cataluña, por supuesto, donde el sábado 16 se reunían en Barcelona más de 750 alcaldes para defender el derecho a votar, y donde cada día se suman más (el ejemplo más significativo es la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau). Y donde unos días antes, el jueves 14, se reunían en Tarragona más de 8.000 personas en el inicio de la campaña de Cataluña.

Pero también fuera de Cataluña. En Bilbao, más de 40.000 personas se manifestaban el mismo sábado en defensa del derecho del pueblo catalán a decidir libremente. En Valencia, en Málaga, en Sevilla, en Asturias… donde se organizan actos unitarios en defensa del derecho a decidir, de la democracia. En Madrid, como señalábamos al principio, más de 1.500 en un acto, a pesar de que las prohibiciones de cesión de locales municipales han obligado a cambiar e improvisar el lugar de celebración.

El aparato de Estado busca derrotar a la Generalitat y al pueblo catalán, y si lo consigue, aprovechará su posición de fuerza para lanzar nuevos ataques a los derechos obreros, a las pensiones… Quienes dicen que lo de Cataluña no afecta al movimiento obrero, se equivocan. El 2 de octubre pueden verse atacados por el gobierno si éste triunfa contra el pueblo catalán.

La partida no está decidida. La resistencia que se organiza en Cataluña, en el País Vasco, en los actos de todo el Estado, puede derrotar al gobierno. Es preciso, en todas partes, dar un paso adelante, en defensa de la democracia, del derecho de reunión, de la libertad de expresión, de los derechos de loso pueblos, y de la unidad de la clase trabajadora contra el enemigo común, el aparato de Estado y el Gobierno Rajoy.

Los 1.500 de Madrid, los 40.000 de Bilbao podrían ser decenas, cientos de miles, si las principales organizaciones que representan a los trabajadores dieran un paso adelante y convocaran, en la tradición de defensa de las libertades democráticas que ha caracterizado al movimiento obrero. Sin duda, a poco que empujaran en ese sentido, la ofensiva del Gobierno y el aparato de Estado podría ser derrotada y la fraternidad entre pueblos, reforzada.