(Publicado en la Carta Semanal 747 – ver en catalán)
La más grave de las crisis políticas recientes ha desvelado el verdadero papel de la Monarquía en el entramado institucional.
Contra lo que dicen sus partidarios y corifeos, el “árbitro y moderador” que la Constitución establece no es neutral, ni puede serlo.
Además de ser “el mando supremo de las Fuerzas Armadas”, preside el Consejo de Seguridad Nacional que aúna a las instituciones clave, y habla por ellas.
La Constitución dice que “la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey”. No es una formalidad.
Cada año, el Rey preside la Apertura del Año Judicial. La sesión de este año ha sido reveladora. Además del Rey, estaban todas las autoridades del aparato judicial.
El discurso de la Fiscal General
La Fiscal General, María José Segarra, lanzó un mensaje central: “todos” tienen “la imperiosa obligación de acatar la sentencia” que dictará próximamente el Tribunal Supremo en la causa del ‘procés’ independentista en Cataluña, “sea cual sea el sentido de la misma”. “Ha defendido que la actuación del sistema judicial en este caso ha consistido en la “aplicación serena, firme y rigurosa de la Ley”, con un juicio celebrado “bajo los más amplios estándares de transparencia, accesibilidad y garantías de las partes”, lo que sólo puede ser interpretado como “la más viva afirmación” del Estado de Derecho.
“Una convivencia que, desde el respeto a la diversidad y al a libertad de opinión, habrá de seguir siendo garantizada en todo el territorio nacional mediante la única forma posible en un estado democrático”, el respeto a la Ley.” (Citas de Abogacía Española)
Muchas falsedades. La Fiscal General exige acatar la sentencia “sea el que sea” su sentido.
Pero el 3 de octubre de 2017, el segundo heredero del dictador lanzó un mensaje a la nación declarando la guerra a los representantes del pueblo catalán invitando a tomar medidas como el 155, y en particular apelaba a la judicatura para su guerra “a por ellos”. La sentencia no será “la que sea”, sino que su contenido está dictado.
En segundo lugar, ningún órgano judicial ha abierto siquiera diligencias por los abusos que pisoteando las leyes han hecho los gobiernos en Cataluña pisoteando el Estatuto. Fue escandaloso en el caso de Rajoy, pero recientemente diversos ministros del Gobierno han afirmado la discriminación a la que someten a las instituciones catalanas por el color político de sus titulares. Ningún órgano judicial ha intervenido contra el abuso de tener arbitrariamente en la cárcel a diputados elegidos por el pueblo que deberían estar gobernando, a eurodiputados como Junqueras.
Así se aplica el llamamiento del Rey
Así se aplica el llamamiento del Rey del 3 de octubre. No solo ataca a los pueblos (entre ellos al pueblo catalán) sino que sus órdenes centralizan esos ataques. Recordemos que el aparato judicial avala y aplica las Reformas Laborales, la Ley Mordaza, criminaliza los piquetes de huelga, pero en cambio libra a los bancos de devolver hipotecas abusivas.
Es justo que, en estos dos años, los máximos representantes de la Generalitat, del Parlament y del Ayuntamiento de Barcelona se hayan negado a participar en la ceremonia de recibimiento del Rey en sus visitas.
Lo que resulta incomprensible es que dirigentes de partidos que se llaman democráticos y progresistas recurran al Rey para que éste intervenga (aún más) en la formación del Gobierno. El gobierno lo eligen las Cortes, elegidas por los ciudadanos. Al Rey, nadie le ha elegido. Es el heredero de Franco, antes que Rey es capitán general de los ejércitos. ¿Cómo demócratas pueden decir que “pedirán a Felipe VI que ejerza su papel de mediación y arbitraje”?
¿Dónde reside la soberanía? ¿En el mandato de los electores o en las instituciones que vienen de la Dictadura? ¿Hay que exigir que los elegidos formen gobierno y cumplan sus promesas? Pero el Rey ha interferido, no solo en el cabildeo de sus rondas sino ordenando que se forme gobierno para que no haya elecciones. ¿En nombre de quién habla? ¿Es el portavoz de ciertos bancos? ¿De los sectores que predominan en el aparato de estado que viene de la dictadura? Estábamos acostumbrados a que las derechas acudiesen al Rey, pero es alarmante que supuestos demócratas y progresistas incurran en lo mismo.
Los hechos muestran de nuevo que el “árbitro y moderador”, como la Constitución designa al Rey, no es que no sea neutral, es que no puede serlo. Por más que El País determine en qué casos el Rey puede pisotear la democracia. No puede serlo por más que algunos catedráticos pongan condiciones para que en este régimen y con esta Constitución, la Monarquía de los herederos de Franco pueda ser neutral. “No puede ser, y además es imposible”, como decía aquel.